Argentina: El acuerdo
con Repsol y la impunidad ambiental
Por Observatorio
Petrolero Sur
La
negociación del gobierno argentino con Repsol, para cerrar el proceso de
expropiación de YPF, enmarca en la ‘Razón Petrolera ’, una lógica que privilegia los
derechos adquiridos por la empresa sobre cualquier otro derecho.
A principios
de 2012, en vísperas de la expropiación parcial de las acciones de YPF en poder
de Repsol, la desinversión y fuga de capitales, sumado a los pasivos
ambientales resultantes de la actividad de esta empresa, fueron presentados
para respaldar una decisión, de por sí, soberana. Las denuncias de las
comunidades directamente afectadas por la explotación de hidrocarburos en sus
territorios, que desde los años ’90 habían sido desatendidas y criminalizadas,
fueron utilizadas como argumento para minimizar la valoración del paquete
expropiado. Guillermo Coco, ministro de Energía, Ambiente y Servicios Públicos
de Neuquén, proyectó en 1.500 millones de dólares el pasivo ambiental que tenía
YPF-Repsol (Río Negro, 15/05/2012). En ese sentido trascendió que un inventario
elaborado por la Subsecretaría de Medio Ambiente de Santa Cruz le atribuía a
Repsol un pasivo ambiental valuado en 500 millones de dólares. El listado de
irregularidades incluía unas 1.700 piletas mal desechos saneadas, sobre un
total de 5.000 que la empresa tiene en la provincia. En tanto
el ministro de Planificación, Julio De Vido, por esos días afirmaba: “Vamos a
acogernos a lo que plantee la ley que fijará el valor (de la compañía). Pero el
desastre en que dejaron la infraestructura de producción tiene su costo y lo
van a tener que pagar, porque el medio ambiente no se rifa, tiene precio”
(Revista 23, 25/04/2012).
Los daños
socio-ambientales, externalizados a partir de políticas públicas que durante
dos décadas redujeron al plano de lo simbólico la aplicación de normas
ambientales, controles, sanciones y remediación, se transformaron en letra
fuerte del relato del momento. Un relato que condenaba a Repsol pero que
exculpaba a quienes desde la función pública, por acción u omisión, también
debían responder por esos pasivos.
Poco
después de consumada la expropiación los pasivos ambientales volvieron a las
sombras, en la actual negociación con Repsol brillan por su ausencia y tampoco
hay en marcha un plan de remediación. El relato actual apunta a dar señales al
mercado, decirle que Argentina es un país que garantiza la seguridad jurídica y
se ajusta a la ley –aunque todavía no está claro si el Tribunal de Tasación va
a intervenir en determinar el monto indemnizatorio o será a través de una
negociación entre las partes, ni tampoco si se va a dar intervención en la
negociación a las provincias que integran el directorio de YPF.
Dar señales al mercado para que las
inversiones lleguen al país y así resucitar Vaca Muerta, nivelar la balanza
comercial energética, lograr el autoabastecimiento y generar saldos
exportables; de eso se trata nuestra soberanía. Una soberanía que no se sonroja
si para alcanzar esos objetivos se articula profundamente con las
trasnacionales del sector hidrocarburífero.
En un contexto donde se pretende
transformar a Argentina en un país petrolero, a partir del desarrollo masivo de
yacimientos no convencionales, no sólo se le dice a las corporaciones que en el
país se da seguridad al capital –más allá de cualquier discurso amenazante–
sino también, que se garantiza la externalización de los impactos, es decir, la
impunidad ambiental.
Buenos
Aires, 4/12/2013.
Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Noticias/Argentina_El_acuerdo_con_Repsol_y_la_impunidad_ambiental