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14 de julio de 2018

III. La UNASUR, al centrarse en IIRSA, va contra la Patria Grande.

La intermitente guerra del agua
Prólogo a ¿”La pachamama otra clase está”?
de José Luis Saavedra
6 de junio de 2018
Por Raúl Prada Alcoreza
 
Hay que tratar de entender cómo funciona el poder, esa máquina abstracta de las dominaciones polimorfas; cómo funciona en sus despliegues singulares; cómo combina de manera barroca distintas figuras el ejercicio de la política. Cómo, por ejemplo, se combina un discurso de convocatoria popular, la práctica de una forma gubernamental clientelar, el ejercicio desfachatado de políticas, que continúan los mismos caminos que los gobiernos derrocados, sobre todo en lo que respecta al modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente; acompañado por una administración irresponsable de los recursos del Estado, además de venir asistido todo esto por la apropiación privada de riqueza, canalizando la misma mediante la participación personal en el “negocio”; es decir, la ejecución del proyecto público convertido en “negocio”, tanto por los jerarcas y funcionarios de alto rango, como por las empresas involucradas, que se benefician con concesiones y contratos displicentes.
 
Podemos también sugerir otro perfil de combinaciones barrocas; por ejemplo, el discurso liberal o neoliberal, según el caso, el ejercicio de la malla institucional de acuerdo a las reglas del mercado, la política económica del libre mercado, la libre empresa y la competencia, la apertura al capital trasnacional en condiciones de altos incentivos y restricciones para la tributación estatal; acompañando estas práctica “pragmáticas” con beneficios privados, encubiertos por transacciones empresariales, aunque también, como en el otro caso, con transferencias a cuentas personales. Ambas composiciones discursivas, de prácticas discursivas y de prácticas de poder son barrocas; la diferencia radica en el formato, en el perfil y en el contenido de la composición. No solamente en la ideología particular de legitimación. Se trata de expresiones políticas, que, aunque de diferente composición y combinación, son similares en cuanto a pertenencia al círculo vicioso del poder.
 
Ahora, en este ensayo, volveremos a ocuparnos de la primera composición de poder; no sólo porque se trata de la referencia connotada de la forma de gubernamentalidad clientelar del “gobierno progresista”, sino porque manifiesta de manera más elocuente el ejercicio mismo del poder, en las formas dramáticas más desbocadas.
 
Un estilo del barroco político populista
En una composición barroca como la populista habría que preguntarse no sólo cómo funciona una combinación tan heteróclita, sino qué es lo que prepondera en la composición, dependiendo de la coyuntura o quizás de lo que pone en práctica esta forma de gubernamentalidad clientelar. ¿El discurso de convocatoria en momentos de ofensiva, aunque también en momentos de premura, de crisis, de merma agobiante de la convocatoria? ¿El ejercicio de los circuitos prebéndales y clientelares cuando se requiere preservar bajo control a una masa crítica de adherentes? ¿Las formas paralelas de poder, que empujan al enriquecimiento privado a costa del Estado y a nombre del “proceso de cambio”? ¿Las ceremonialidades del poder orbitando alrededor del núcleo solar del mito, encarnado narrativamente en el caudillo? Quizás se haga hincapié en alguna de estas tendencias, dependiendo de las exigencias de la coyuntura, sin que las otras dejen de entrelazarse y reforzarse, reforzando, en su momento, a la tendencia de emergencia. Pero, a lo que apuntamos es a cómo funcionan los componentes en semejante combinación, aunque dependa el perfil configurado de la coyuntura. Por ejemplo, el discurso de la convocatoria no sólo sirve para lograr mantenerla, sin para legitimar el mismo ejercicio del poder. Hasta aquí, lo consabido. Pero, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, el discurso de convocatoria con las prácticas de apropiación privada de los recursos y riquezas del Estado, de la manera como se acostumbra, monetizando estas apropiaciones? Se podría acudir a la deducción inmediata de que se legitima o, mejor dicho, encubren los actos mismos de corrupción y corrosión institucional; sin embargo, si fuese así, queda pendiente qué sentido entonces adquiere el discurso en esta articulación perversa entre discurso y práctica paralela.
 
El análisis político toma al discurso político por sus enunciados, por lo que dice; sin embargo, cuando se usa el discurso de esta manera, conectado con las prácticas paralelas, el enunciado mismo se evapora, el sentido pretendido del discurso se pierde; queda como un hueco abierto. ¿Con qué se llena este hueco? Lo que se dice transmite no exactamente lo que se dice, sino lo que se hace, aunque aparezca no en su evidencia, sino en su máscara discursiva. Lo que se dice parece decir, mas bien, puedo decir lo que quiera, lo que significa: puedo hacer lo que quiera. Entonces, al hacer lo que quiera, puedo decir lo que quiera; lo que importa es lo que hago cuando lo digo, diga lo que diga. Lo que hago aparece como lo digo; lo que digo es el hecho incontestable del poder, del ejercicio del poder.
 
El político en el poder actúa y habla; parece que no se puede separar su acción de su evocación. No en el sentido de que cuando habla es para encubrir o si se quiere, para decirlo de manera pedestre, para “mentir”, sino en el sentido que el habla, en este caso, transmite otro sentido, el del acto que habla y dice: puedo hacer lo que quiero diciendo lo que quiera. En este caso, el habla esta implicado y condicionado por el acto mismo, forma parte del acto, como una percusión del mismo. El que habla, en estas condiciones, transmite un mensaje, no propiamente político, tampoco ideológico, sino el mensaje del poder, del ejercicio del poder, si se quiere, la verdad descarnada del poder: el poder hace lo que quiere.
El discurso de convocatoria forma parte de la conducta misma del político. El significado del discurso político no se encuentra en el enunciado o la enunciación, sino en la acción que dice: lo hago y digo cualquier enunciación, lo que muestra que puedo hacer lo que quiero diga lo que diga. Al decirlo duplico el acto en el espacio de la enunciación.
Esta parece ser la clave para descifrar la función del discurso de convocatoria en las prácticas políticas clientelares. El concepto de corrupción, aplicado en el análisis político, supone una disyunción entre discurso y práctica política; es decir, en pocas palabras, se hace algo distinto a lo que se dice; no se cumple con la Ley, con el compromiso político, con la institucionalidad establecida. Sin embargo, en la compleja composición de la práctica política parece que no se separan discurso y práctica, que conforman un nudo de entrelazamientos insoslayable. Entonces el discurso adquiere no solo otra tonalidad en el campo político, sino incluso otras significaciones prácticas. En la práctica política no se separan discurso no solo de práctica discursiva sino de práctica política; no se separa, en el ejercicio de poder, la dominación de facto no se separa de la dominación ejercida a través de un uso singular del lenguaje. No se usa, en este caso el lenguaje, para, exactamente, “mentir”, sino, mas bien, para reforzar el acto en el discurso político.
Es por eso que cuando un vicepresidente “revolucionario” controla o se compra la empresa de barcazas que transportan la exportación de soya por el río Paraguay, no le parece contradictorio ni heteróclito ser el propietario efectivo o el accionista mayor y a la vez decir que esta en marcha el “proceso de cambio” del “socialismo comunitario”. Es más, fustigar a la “clase media” por “conservadora” y “colonial”. Pues el discurso emitido no dice exactamente lo que expresa la enunciación, sino dice otra cosa, dice que yo hago lo que quiero y digo lo que quiero porque soy “revolucionario”. Ser “revolucionario”, entonces, adquiere otra significación, pierde el significado heredado de la narrativa romántica y de la narrativa insurgente; en el acto-discurso, en el discurso convertido en parte del acto, adquiere el significado de soy el cambio de élite, soy la nueva élite “revolucionaria”, pues he venido montado en el caballo de la revolución, de la insurrección popular. Entonces la insurrección popular, que antecede al “gobierno popular”, es motivo suficiente para ungirlo de “revolucionario” y ungir de “revolucionarios” a sus gobernantes. Ciertamente el sentido de cambio se estrecha a la connotación circunscrita de cambio de élite, pero esta reducida connotación basta para mantener la palabra, que ha perdido la fuerza de la metáfora romántica, que sirve no tanto para legitimar lo que se hace, sino para duplicar lo que se hace, el acto descarnado de poder.
 
Se puede comenzar a entender también por qué se deriva en una administración displicente y hasta bochornosamente irresponsable. En estas condiciones descritas, ¿qué se administra? Ciertamente los bienes y recursos del Estado; pero, ¿cuál es el sentido de pertenencia que se asume? La Constitución dice que es el pueblo boliviano el propietario de los recursos naturales, que el Estado es un mero administrador. Pero, como la nueva élite es ungida de “revolucionaria”, la posesión efectiva la tienen los administradores, quienes pueden tomar las acciones de emergencia que son necesarias en un periodo álgido como el del “comunismo de guerra”, cuando se le entrega todo el poder concentrado al “comité central”. Obviamente esta comparación es insostenible, pues el “comunismo de guerra” correspondió a la guerra civil que enfrentaron los bolcheviques, ante una invasión imperialista a la Patria Socialista, apoyando al ejército de los “rusos blancos”, resabios zaristas. Empero, en el imaginario de la nueva élite cualquier analogía, por más lejana y de atisbo tenga, basta para ungir a la concentración inconsulta de poder del gobierno popular y de su estructura palaciega de cierto halo histórico de la primera revolución proletaria triunfante. Sin embargo, lo que no hay que olvidar es que si bien se dice en la enunciación del lenguaje que hacemos lo mismo que hacen los bolcheviques en un momento de emergencia para defender la Patria Socialista y salvar la revolución, efectivamente se dice: estamos en el poder y hacemos lo que queremos, pues el poder sirve para eso.
 
Lo que se administra son las posesiones de la nueva élite, posesiones estatales, que asumen como si fuesen propiedad privada de la casta gobernante. Esta administración es importante, no sólo por lo que se refiere al enriquecimiento privado, sino por los recursos necesarios para reproducir las extensas redes clientelares. Lo que importa es esto, la reproducción de la masa clientelar, incluso, mejor, invertir en su expansión. Lo demás no importa tanto; las tareas encomendadas por el Estado, la administración pública, la administración de las empresas públicas, en el sentido recomendado, buscando la eficiencia y eficacia, el ahorro y los mejores beneficios y de calidad para el Estado.
 
Estas tareas encomendadas por la Constitución son colaterales. Lo importante es hacer funcionar el aparataje clientelar; se pueden construir elefantes blancos, no importa; lo que se busca es la circulación monetaria de los flujos que financian la reproducción de la máquina clientelar. Como se dice popularmente, para muestra basta un botón. Sin recurrir a ejemplos conocidos de corrupción y corrosión institucional, los más connotados por los medios de comunicación, incluso sin recurrir a lo que estos medios no ven, la magnitud del control trasnacional a través de la incorporación de gobernantes y jerarcas de la administración pública a sus planillas, además de la incidencia del lado oscuro del poder, vamos a referirnos a un ejemplo, mas bien, anecdótico, que ilustra elocuentemente lo que ocurre. En una economía extractivista administrada por un Estado rentista las fichas ambientales son cruciales para habilitar precisamente la explotación de los recursos naturales. Que cuando la empresa contratada para hacer el diagnóstico de impacto ambiental pide la información técnica y los mapas por donde pasarán los senderos de exploración, después los caminos, las instalaciones de la maquinaria extractivista, se le entrega, en vez de una documentación técnica, basada en los propios estudios de la empresa estatal, en este caso YPFB, un informe hecho desde el Google Earths, estamos ante el hecho insólito; dato escabroso de a donde ha llegado la desidia y la negligencia. Esto no quiere decir que probablemente no solo no cuentan con esos estudios, esa información técnica, sino sobre todo que no les importa lo que pase en cuanto a impacto ambiental; por eso, tampoco es importante entregar estudios geológicos y geográficos que se requieren. Se trata meramente de trámites administrativos, como cuando se llenan formularios; todo para cumplir. De lo que se trata es de hacer marchar el proyecto a como de lugar. Este ejemplo anecdótico muestra patentemente el carácter de esta administración pública. No está precisamente para velar por los intereses ya no solo del Estado sino del mismo pueblo, que es el propietario de los recursos naturales, sino que está para hacer que la máquina clientelar funcione.
 
Estamos, entonces, ante una administración pública cuya tarea es hacer que funcione la máquina clientelar; su tarea es garantizar que esto ocurra. Mientras esto pasa, entonces, la administración de la maquina clientelar cumple; es eficiente en este sentido. Aunque nos sorprenda lo que pasa, no hay, en consecuencia, de qué sorprenderse; estamos ante discursos políticos que dicen otra cosa diferente a la enunciación, estamos ante un aparato administrativo público que no administra lo público sino las posesiones de la nueva élite política y económica. Quizás sea esta la razón por la que la administración pública clientelar funcione como lo hace; desde la perspectiva normativa e institucional, de una manera catastrófica; pero, desde la perspectiva de la gubernamentalidad clientelar funciona como corresponde. Ahora, en lo que sigue, no vamos a dar otros ejemplos anecdóticos, ni mostrar otros botones; lo que haremos es concentrarnos en la problemática del agua, la crisis anticipada del agua. Recurriremos al libro de José Luis Saavedra ¿”La pachamama otra clase está”?, donde se describe la reciente crisis del agua, sus causales, sus impactos, sobre todo lo que hace evidente, la cuestionable administración estatal, además de sus complicidades innegables con las expresas trasnacionales extractivistas, que derrochan el agua y la contaminan, contaminando cuencas y territorios aledaños y lejanos.
 
Interrupción de los ciclos del agua
Los ciclos del agua forman parte de los ciclos vitales, cualquier interrupción redunda en los otros ciclos entrelazados. Por eso los ciclos del agua como los otros ciclos son vitales. Cuando se interrumpen por efectos sociales, como por ejemplo cuando se talan los bosques, es cuando se interrumpe el ciclo, es decir, cuando se corta el circuito de la evo-transpiración. Entones asistimos de pleno a la crisis del agua. Esto es lo que se siente cuando el agua escasea en las ciudades, cuando se siente las sequía en zonas geográficas identificadas. Empero, cuando esto se ahonda por el efecto de una administración lamentable, que no tienen en cuenta el ciclo mismo del agua, los efectos adquieren la dimensión de la escasez demoledora del agua. Las ciudades son las primeras en sentirlo. La crisis del agua en la ciudad de La Paz y en otras ciudades de Bolivia develan las grandes falencias del “gobierno progresista”.
El “gobierno progresista” no sólo no previó lo que se venía, sino que se convirtió en un factor de del desenlace dramático de la escasez del agua. La administración pública del agua contribuyó al desenlace de la crisis, no sólo por la cuestionable administración, sino porque desató otros factores que repercutieron en la crisis.
 
Crisis del agua
Tenemos que hablar de los ciclos del agua, pues nos encontramos ante procesos de reproducción del agua, a través de la evaporación y transpiración; el ciclo del agua forma parte de los ciclos vitales articulados e integrados ecológicos. Cuando se interrumpe el proceso del ciclo del agua se afecta a su reproducción, esta interrupción, por cierto es parcial, pues si sería una interrupción absoluta ya no habría tal reproducción ni el ciclo del agua. Las interrupciones parciales del ciclo del agua afectan notoriamente a su reproducción y como el ciclo del agua está entrelazado a los demás ciclos vitales, las interrupciones parciales en el ciclo del agua afectan a los demás ciclos ecológicos. Lo mismo ocurre con las interrupciones parciales en los demás ciclos, que derivan no solo en la incidencia particular de la reproducción del ciclo sino en la reproducción de los demás ciclos vitales. Por ejemplo, la tala de bosques incide preponderantemente no solamente en el ciclo biológico de los bosques, sino en el ciclo del agua, en el ciclo del aire, en el ciclo de los suelos. De esta manera, se afecta notoriamente al sistema de vida planetario.
 
El sistema-mundo capitalista, en la medida que se ha venido expandiendo, consolidando y desarrollando, ha incidido notoriamente en la acumulación de interrupciones parciales de los ciclos vitales; en lo que respecta al ciclo del agua, ha venido afectando notoriamente los procesos de reproducción. No hablamos solamente del incremento del consumo del agua, sino de los efectos de la contaminación y depredación en la reproducción del ciclo del agua. El modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente ha afectado preponderantemente en los modos de la reproducción del ciclo del agua, en la evaporación y transpiración. Se estima que las sociedades humanas ya enfrentan lo que se denomina la escasez del agua dulce; se estima que esta situación se ha de venir agravado a tal punto que los estados van a enfrentar la guerra del agua.
 
¿”La pachamama otra clase está”? comienza con la crisis del agua en la ciudad de La Paz. El gobierno atribuye la disminución dramática del agua de la represa de Hampaturi al “cambio climático” y oculta, al decirlo, su desastrosa administración; tanto de la empresa encargada como de los ministerios que tienen que ver con la administración del bien liquido. El libro se propone demostrar las causales económicas, sociopolíticas y ambientales de la crisis del agua, además de las falencias y errores administrativos, sobre todo cuando la escasez del líquido elemento se muestra en su más grave ausencia. Al final se propone plantear algunas soluciones perentorias.
Entre las causales económicas se encuentra el modelo extractivista como núcleo de una estrategia depredadora y destructiva; entre las causales sociopolíticas se encuentra en el centro de la devastación el Estado rentista; entre las causales ambientales se hallan los efectos de la crisis ecológica, efectos alarmantes como el deshielo de las cumbres de la cordillera, así como la extensión intermitente de la sequía, acompañada paradójicamente por inundaciones paulatinas, convirtiendo a unas zonas en anunciados desiertos y a otras en zonas de inundación. Nos detendremos a analizar el factor del modelo extractivista de la economía dependiente y el carácter rentista del Estado-nación subalterno.
Modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente
La conquista y la colonia del quinto continente, lo que se llama por los propios, los nativos y mestizos asumidos por las territorialidades del continente, que asumen la defensa de la vida, Abya Yala, ha instaurado un modelo económico, por así decirlo, que es el substrato de la economía-mundo capitalista y, por lo tanto, del sistema-mundo capitalista; este es el modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente. Sabemos que al hablar de modelo lo hacemos metafóricamente, pues, en efecto, no ha sido, si se quiere, de manera deductiva lo que ha ocurrido, sino, mas bien, de manera inductiva. Las oleadas de conquista y de colonización, que datan desde el siglo XVI, han venido conformando este denominado modelo, en principio, en forma de enclaves, sobre todo en las playas, haciendo como cabeceras de playa; después, en la medida que se adentraban al interior del continente, los puertos de desembarque se conectaban con la expansión de la colonización. Se puede decir que es con la conquista de Tenochtitlán cuando se conquista propiamente toda una región, incluida la metrópoli administrativa, además del sistema de comunicaciones y redes y circuitos socio-demográficos-culturales de la civilización de Mesoamérica. La conquista efectuada se consolida con el primer virreinato ibérico, el Virreinato de Nueva España.

Los siguientes virreinatos y capitanías casi repiten los mismos procedimientos de conquista; terminan implantando en el continente un modelo administrativo colonial, que corresponde a algo parecido a estados absolutistas extraterritoriales, desde la perspectiva del la Corona española. Son estas administraciones políticas y militares las que se convierten, incluso para Europa, en los referentes de la arquitectura estatal. La colonización, una vez consolidada la colonia, continúa en la propia y Europa; se instauran administraciones estatales de lo que va a venir a ser el Estado moderno; se implanta a sangre y fuego la lengua nacional; se institucionaliza el mito de la nación. Nacen los Estado-nación, quizás primero, como afirma Benedic Anderson, en el continente conquistado, concretamente en Norte América, con la independencia de las trece provincias sublevadas y ganadoras de la guerra anticolonial con el imperio británico. La revolución francesa va a ser otro hito en la construcción del Estado-nación, del Estado moderno. Así como Tzvetan Todorov dice que el mundo es mundo desde la conquista de América, se puede decir que el sistema-mundo moderno emerge desde la conquista de Tenochtitlán. Después de la independencia de los estados de la unión, de la conformación de la primera república moderna, y después de la revolución francesa, los Estado-nación emergen, ya sea de guerras de independencia, como en América, o como efectos irradiantes de la revolución; más tarde, en el siglo XX, como consecuencia de las guerras de liberación nacional. Entonces, el modelo de Estado moderno se generaliza, incluso se mundializa. Este modelo político mundializado se complementa con el modelo económico, también mundializado; se trata de la economía-mundo capitalista, cuyo substrato es el modelo extractivista, pues se basa en la explotación expansiva de los recursos naturales. El sistema-mundo capitalista se desarrolla sobre la base de la expansiva e intensiva explotación de los recursos naturales, convertidos en materias primas para la industria. El susodicho desarrollo lo hace, es decir, se desenvuelve, crece y se transforma, sobre la base de esta explotación de los recursos naturales, que también adquieren la envergadura mundial, en forma de una división del trabajo mundial. El sistema-mundo capitalista crece y se consolida poniendo en operación la geopolítica del sistema-mundo, que separa centros de periferias, centros de acumulación y concentración de capital de periferias de des-acumulación y transferencia de recursos naturales. En consecuencia, tenemos un sistema-mundo compuesto por un modelo económico y un modelo político; la economía-mundo tiene como substrato al modelo extractivista y la política-mundo tiene como referente al Estado-nación. Tendríamos que hablar, entonces, de un sistema-mundo moderno económico y político; la composición económica y política y sus combinaciones inherentes se complementan y se refuerzan. Por eso, es insulso sugerir, peor hacerlo, operar desde el Estado para liberar a la sociedad del capitalismo; el Estado es la otra cara de la medalla del sistema-mundo, la otra cara es el capital.

El modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente corresponde a la inmensa periferia del sistema-mundo capitalista; en tanto que el modelo industrial, que no deja de ser colonial, puesto que la colonialidad es mundial, corresponde a los centros del sistema-mundo. Centros y periferias interactúan, se complementan, hasta pueden variar, no solo en lo que respecta a la potencias emergentes, sino porque la geopolítica del sistema-mundo capitalista es móvil. Sin embargo, lo que hay que tener en cuenta es que sin la expansión e intensificación, incluso, ahora, la tecnificación, extractivista, la economía-mundo y la política-mundo no funcionarían. La crítica de la economía política de Marx, por cierto, como dijimos en otros ensayos, restringida, circunscrita al campo económico, supone como núcleo del modo de producción capitalista la esfera productiva, es decir, el espacio de la industrialización; en esta apreciación hay una sobrevaloración de la producción, olvidando que no hay producción sin la incorporación de materias primas; en consecuencia, no es sostenible colocar el núcleo del modo de producción en los procesos de producción; no habría procesos de producción sin procesos extractivistas. No queremos decir que el núcleo del modo de producción capitalista se encuentra en el modelo extractivista; no se trata de esto, sino de comprender la articulación imprescindible de los procesos extractivistas y los procesos de producción. Ambos conforman, si se quiere, un núcleo complejo, un núcleo extractivista-productivo. La denominada valorización abstracta, tesis marxista-ricardiana, no se da en el proceso de producción, en la absorción de tiempos socialmente necesarios no pagados, sino comienza en la extracción de recursos naturales, prácticamente de manera gratuita, salvo la renta a los Estado-nación-subalternos, sin retribuir a la naturaleza lo que se le quita; es decir, destruyéndola; transfiriendo costos ecológicos irreparables, que no tiene en cuenta la contabilidad capitalista. En esto, quizás tenían razón los fisiócratas, cuando señalaban que el plus-producto y el plus-valor, de donde viene la ganancia, deriva de la naturaleza.

Sin periferias no hay centros, sin modelo extractivista no hay modelo industrial, sin modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente no hay modelo colonial industrial. Entonces, la valorización abstracta acaece desde el saqueo de la naturaleza hasta la explotación de la fuerza de trabajo, además de la expoliación de los consumidores, a través del mercado, por precios de inflación y la expansión de la deuda impagable, a través del sistema financiero. La valorización abstracta es el evento constante en el sistema-mundo moderno de este núcleo y motor compuesto extractivista-productivo-financiero.

La paradoja de la economía-mundo, sistema de la valorización abstracta y de la contabilidad capitalista, no valoriza los recursos naturales, no valoriza la destrucción que deja a su paso. Para la contabilidad capitalista los recursos naturales no valen, salvo cuando se convierten en materias primas y conllevan un costo, el costo de la renta y de la inversión en la explotación. El modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente, substrato de la economía mundo, no valoriza los recursos naturales que transfiere a los centros del sistema-mundo capitalista, salvo en lo que respecta a las estadísticas de la renta que recibe. Por lo tanto estamos ante un sistema-mundo que no valoriza la vida, sino la muerte.

Se comprende pues que este sistema-mundo de la civilización moderna haya desencadenado la crisis ecológica; se entiende que al orden mundial, el imperio, no le inquiete la crisis ecológica desatada, salvo en lo que respecta a las tibias propuestas de bajar los niveles de contaminación y amortiguamiento de las extensas huellas ecológicas; se entiende que a los Estado-nación subalternos no les importe la destrucción ecológica desatada en sus países, salvo en lo que respecta a la pronunciación demagógica. En este sentido, también se entiende el funcionamiento de sus instituciones que amparan esta destrucción, ya sea con uno u otro discurso, uno u otro procedimiento político y económico. La clave para entender la negligencia del “gobierno progresista” de Bolivia respecto a la crisis del agua se encuentra en este substrato de la dependencia, de la colonialidad y de la subalternidad.

La guerra del agua
La guerra del agua parece intermitente, recomienza después de un lapso, como descansando. En la llamada guerra del agua en Cochabamba, desatada en los primeros meses de 2000, que comenzó, un año antes en Tiquipaya, se rebelaron, primero, las organizaciones recolectoras del agua, encargadas de distribuir el agua según “usos y costumbres”. El intento gubernamental de privatización del agua comenzó ya en 1999. Los recolectores del agua y los agricultores se unieron en defensa de los “usos y costumbres” del bien común del agua, frente a los primeros pasos que se daban estatalmente para su privatización. La guerra del agua de Cochabamba convulsionó a todo el departamento, principalmente a la ciudad capital; las Ongs denunciaron los intentos de privatizar el agua, comenzando con las fuentes del Tunari. Desde este momento de denuncia la información se extendió y se difundió; se coaligaron organizaciones sociales y colegios de profesionales, así como otras asociaciones de la urbe valluna. La población comenzó a reunirse y debatir el tema, después a movilizarse. Conocido el proyecto de ley entregado por el gobierno de entonces al Congreso, que proyectaba conceder el agua, en sus variadas formas, a una subsidiaria de la empresa trasnacional Bechtel, denominada Aguas del Tunari, la movilización y su extensión fueron indetenibles. La Coordinadora de la Defensa del Agua y de la Vida, que aglutinó a un conglomerado de organizaciones sociales, juntas de vecinos, asociaciones profesionales, Ongs, bajo la convocatoria de la Federación Sindical de Fabriles, se convirtió en el referente de la movilización y en la organización coordinada de la misma. Ante el proyecto neoliberal de privatizar el agua, la Coordinadora de la Defensa del Agua y de la Vida propuso un proyecto autogestionario del bien común.
Cuatro años más tarde estalló otra guerra del agua, esta vez en la ciudad de El Alto. La escasez del líquido elemento y su deficiente y limitado suministro ocasionó la protesta y la movilización popular. La Junta de Vecinos de la Ciudad de El Alto buscaba no solamente subsanar estas falencias y deficiencias, sino también evitar cualquier forma de privatización.
El problema de la crisis del agua se ha venido manifestando en distintas situaciones; variadas y contrastantes, sequías en unas zonas e inundaciones en otras. Se puede decir que las sequías aparecen en una amplia geografía que abarca tanto el Altiplano como el Chaco, sin dejar escapar, en ocasiones, a uno que otro valle. Las inundaciones aparecen intermitentemente en la región amazónica, sin descartar, en ocasiones, inundaciones en otros lugares. Esto no quiere decir que en unos lugares sobra el agua y en otros escasea; el agua dulce es un bien común, que ante el avasallante consumo compulsivo, ya es escaso. Esto no quiere decir que es escaso en términos absolutos, pues el agua forma parte de la reproducción del ciclo del agua; pero es escaso, en términos relativos, teniendo en cuenta las condiciones de posibilidad ecológicas del ciclo del agua. Cuando el consumo compulsivo se incrementa, cuando la explotación extractivista lo derrocha, cuando se contamina el agua, además de contaminar los suelos y el aire, depredándolos, se interrumpe parcialmente el ciclo de la reproducción del agua.

El año 2017 estalló nuevamente la guerra del agua, esta vez en el epicentro de la geografía política, en la sede de gobierno, en la ciudad de La Paz, con irradiaciones a la ciudad del Alto y otras ciudades, como Potosí, incluso Sucre, la capital; también a otras zonas de pronunciada sequía. Se hizo patente la descuidada y negligente, además de ineficiente, administración estatal del agua. La principal represa que alimenta de agua a la ciudad de La Paz bajó sus niveles de manera dramática. Los personeros de la empresa estatal del agua y los ministerios encargados con su administración atribuyeron esta calamitosa disminución de los niveles de reserva de agua de la represa al “cambio climático”. En contraste, varias organizaciones sociales, desde campesinas hasta juntas de vecinos señalaron al gobierno como el responsable de la catastrófica disminución de la reserva de agua de la represa; no solo por no haber sabido prever, sino por haber entregado el agua, mediante desvíos de ríos, a empresas trasnacionales mineras. Varios especialistas en el tema, al hacer el diagnóstico del problema, describen las falencias de una administración estatal del agua improvisada. El dramatismo de la escasez del agua se hizo sentir en la penuria de los barrios por conseguir el líquido elemento. El dramatismo alcanzó niveles de tragedia, con la desaparición del lago Uru-Uru y con la amenaza de desaparición del lago Popó, con todos los efectos sociales y ecológicos que estas desapariciones conllevan.
Por otra parte, organizaciones ambientalistas informaron, apoyadas en investigaciones, que la descomunal tala de bosques, la ampliación de la frontera agrícola y de la frontera extractivista, provocan modificaciones críticas en los patrones de los ciclos ecológicos, trayendo a colación perturbaciones en el ciclo del agua. Estas organizaciones se oponen a la construcción de las mega-represas del Bala y del Chapete, que proyecta el “gobierno progresista”. Se estima que estas mega-represas van a causar inundaciones irreparables, conllevando la desaparición de de parte de la biodiversidad zonal, afectando dramáticamente a pueblos indígenas, los que se van a ver obligados a migrar, con las consecuencias irreparables de su desaparición. El efecto catastrófico de la represa del Bala tendrá como consecuencia la desaparición del Parque y Área Protegida Madidi, además de la desaparición de las comunidades indígenas que lo habitan.

Como se puede ver, la problemática de la crisis del agua es compleja e integral, además de ser un tema crucial para la sobrevivencia de las sociedades humanas y de las sociedades orgánicas. La actitud del “gobierno progresista” ante semejante cuestión muestra su patético desconocimiento y su irremediable irresponsabilidad. Minimiza la cuestión crucial convirtiendo la problemática en un enunciado abstracto, “cambio climático”, que al parecer no afecta gravemente, sino que se lo señala como exterior y mundial, salvo ahora, cuando se tiene que encubrir la pésima administración pública. Se aminora la problemática a la caricatura que tiene del “cambio climático”, reducido de antemano por los organismos internacionales al llamado “calentamiento global”, deduciendo de aquí que de lo que se trata es de disminuir la emisión de gases de efecto invernadero. La demagogia discursiva hace shows en los foros internacionales y en las Cumbres de Naciones Unidas, en tanto que, efectivamente, persiste en la intensificación y extensión del modelo extractivista. Insiste en llevar adelante la construcción de las mega-represas, deja ampliar constantemente la frontera agrícola y la frontera extractivista, además de avalar la tala de bosques, que proporcionalmente ha alcanzado en Bolivia a dimensiones apocalípticas.

En lo que respecta a la crisis del agua en la ciudad de La Paz se llegó al extremo brutal de seleccionar barrios que merecían un reparto de agua más voluminoso y más continuo que otros; queriendo encubrir esta brutalidad con balbuceos ideológicos: ni una gota de agua para los q’aras. Este balbuceo ideológico, que es, mas bien, una grosera incomprensión de la cuestión política, de la lucha social y anticolonial, no puede encubrir el patético desconocimiento del problema y la pésima administración del líquido elemento; además de mostrar que estos personajes ocupan cargos administrativos sin merecerlo ni tener una peregrina idea de lo que se trata sobre el asunto que administran.

La ciudad de La Paz es una ciudad abigarrada, además de entrelazada, como lo fue desde sus nacimientos; ciudad india y ciudad mestiza. En todas sus zonas se nota esta composición abigarrada, claro que con variadas tonalidades; por ejemplo, la zona sur se conforma por una composición colateral y atravesada de barrios residenciales y barrios populares, que cohabitan, además de estar recorridos por los circuitos que realizan noventa y cinco comunidades campesinas de sus alrededores. Al decidir hacer pagar caro a la zona sur se afectó a todo este conglomerado socio-demográfico y socio-territorial abigarrado. Por otra parte, tampoco los barrios escogidos como merecedores de una mejor atención se salvaron de la dramática situación. Además, la dramática escasez del agua se hizo sentir gravemente en la ciudad de El Alto. El gerente de la empresa estatal del agua de esta ciudad fue el primero en caer. Las movilizaciones sociales no se dejaron esperar; estallaron, primero, puntualmente, después se expandieron a los barrios y a las zonas, llegando a cubrir a la ciudad misma. El gobierno se vio en figurillas, sin poder recurrir a la letanía de sus argumentos machacados. Desbordado por la movilización social demandante y por el problema desbocado, incapaz de atenderlo, cedió; pero, lo hizo de la forma como acostumbra, buscó chivos expiatorios. Cayeron ministros y sus entornos de los ministerios y oficinas encargados de la administración del agua; cayó la administración de la empresa estatal del agua de La Paz. Cayó el padrino de los ministros en desgracia, el hasta entonces permanente Canciller, David Choquehuanca. Se incorporaron a la dirección administrativa de la empresa estatal del agua a conocidos técnicos, que supieron, por lo menos, mejorar las condiciones de la distribución del líquido elemento y mejorar el acopio del agua. La llegada de las lluvias los salvó. Sin embargo, se entiende, que la crisis del agua está lejos de haberse resuelto; tampoco la guerra intermitente del agua ha concluido; se ha dado un descanso.

De la administración del agua
Se puede decir que hay diferentes formas y tipos de administración del agua; la más conocida es la que experimentamos en las sociedades modernas, la que cobra por los servicios, convirtiendo al agua potable, es decir, a la tratada, después de acumularla en represas y distribuirla por cañerías, en mercancía. Esta administración se circunscribe a la captación del agua y su manejo administrativo en la distribución. Para esta forma de administración, el agua es, en el mejor de los casos, un recurso natural, convertido en un servicio básico, sobre todo en lo que respecta a las urbes. Claro que también entra el servicio a la industria, así como a la minería. En lo que respecta a la agricultura, la mayor parte de la misma se mueve a los ritmos de los ciclos de las lluvias y de los flujos de los ríos, esperando sus llegadas o atendiendo al volumen de sus flujos; también, en algunos casos se usan pozos. Solo una parte de la agricultura usa canalizaciones más sofisticadas y regadíos más técnicos; pero, este uso no es de agua potable. De todas maneras, se trata de agua dulce, requerida por las dinámicas de los ciclos vitales ecológicos.

Entonces estamos ante usos que convierten al agua en objeto o de servicios o de insumos para la explotación extractiva y la industria, para la explotación minera, para el consumo industrial y para la agricultura. Para que el agua se convierta en objeto es menester separarla, por lo menos institucionalmente, incluso técnicamente; esto es, efectuar la economía política de los recursos naturales, que separa el agua, en condiciones de servicio, del agua como flujo ecológico; valorizando el agua como servicio y desvalorizando el agua como flujo ecológico. El agua convertida en objeto es adecuada para su conversión en mercancía; no solo en cuanto servicio, sino en sus formas transformadas en la industria de refrescos, gaseosas y bebidas. Entonces, el agua como mercancía es decodificada como valor abstracto, como precio que no solo circula en el mercado, en el comercio, sino también aparece numéricamente en las estadísticas económicas, en tanto servicios, así como en sus usos industriales. También puede aparecer cifrada en las estadísticas referidas al consumo de la población. Sin embargo, a pesar de esta circunscripción, esta economía política del agua, que supone la separación institucional y técnica del agua. El agua no es objeto, por más que se haya institucionalizado como tal y se la maneje de esta manera, por más que así lo conciba el imaginario moderno. El agua, efectivamente, forma parte de los ciclos vitales ecológicos.

Otra concepción y forma de administración del agua es la que la considera como un bien, que la concibe como flujo, desde sus fuentes hasta sus desembocaduras; esto ocurría en las sociedades antiguas, que la conciben en los ciclos y flujos de redes hídricas y estaciones de lluvia. Estas sociedades conformaron lo que Karl August Wittfogel denominó modos de producción hidráulicos. La concepción del agua en estas sociedades no sólo es más amplia que la dada en las sociedades modernas, sino que concibe al agua como flujo y no como stock; esta última es la figura asumida en el imaginario de las sociedades modernas. En consecuencia, la administración del agua en cuanto flujos hídricos y canalizados de modo hidráulico, tiene una perspectiva de largo plazo, a diferencia de los cortos y medianos plazos de las administraciones del líquido elemento en las sociedades modernas; además de ser más eficientes en el uso del agua. Hablamos de sociedades que ocasionaron la llamada revolución verde, con el nacimiento de la agricultura, su consolidación y extensión. Hablamos de sociedades humanas que domesticaron el genoma de las plantas y animales, produjeron prácticamente casi todo lo que nos alimentamos hoy. Las sociedades modernas han tecnificado estos logros, los han industrializado y extendido peligrosamente, ampliando desbordantemente la frontera agrícola.

Vamos a configurar una tercera forma de administración y concepción del agua; la llamaremos ecológica. Esta forma de administración del agua concibe el ciclo del agua como parte interrelacionada, imbricada y entrelazada de los ciclos vitales del planeta. En este caso, el agua no se separa de las otras composiciones vitales de los ciclos ecológicos. El agua no sólo forma parte de los flujos, es concebido como flujo, sino como fenómeno vital de procesos complejos y dinámicos, en mutación y en metamorfosis, en el entramado de los ciclos vitales, que funcionan como tejidos materiales en constante movimiento. En este caso, propiamente hablando, no hay pues exactamente una administración del agua, sino, mas bien, una participación en las dinámicas integradas de los ciclos vitales ecológicos. Mejor dicho, se trata de reinserciones de las sociedades humanas a los ciclos vitales del Oikos. Esta participación en la dinámica de los ciclos vitales sugiere una administración integral de los usos de los bienes; es la propuesta ecológica ante la crisis ecológica desatada por el sistema-mundo capitalista. Se trata de un proyecto ecológico en defensa de la vida, de la armonización en la sincronización de los ciclos vitales y los seres. Esto equivale considerar a las sociedades humanas, particularmente a sus asentamientos, como parte de los nichos ecológicos.

De la composición y la argumentación del libro

El libro ¿”la pachamama otra clase está”? comienza con una crítica de las justificaciones del gobierno respecto a la crisis del agua; empieza desmontando el argumento gubernamental de que la crisis del agua, la disminución dramática de la reserva de la represa, se deba al “cambio climático”. Se hace una descripción detallada del comportamiento negligente y descuidado de las empresas encargadas de la administración del agua y de los ministerios que tienen a su cargo esa responsabilidad. Por otra parte se reúne información de diagnósticos y análisis de especialistas sobre el tema, quienes advierten de la vulnerable situación, aludiendo a las causales y condicionantes de la crisis del agua y de la crisis ambiental. No quepa duda que se trata, en primer lugar del modelo económico extractivista y depredador.

Una de las fuentes primarias del autor es la referida a la hemeroteca, sobre todo de noticias, entrevistas y reportajes que se dieron en el lapso que antecede a la crisis y en el lapso mismo del desenvolvimiento de la crisis. Otra fuente de información corresponde a las publicaciones especializadas sobre el tema, sobre todo las que se refieren a los contextos de la crisis particular del agua en Bolivia. En lo que respecta a la situación crítica del país, las investigaciones, desde hace dos décadas, han venido señalando los niveles alarmantes de la misma; por ejemplo, en lo que respecta al deshielo de los glaciales, que son las fuentes de los ríos de la cuenca andina y de la cuenca amazónica. Por otra parte se han señalado pertinentemente lo que ocasiona la desforestación como impacto desequilibrante el equilibrio climático. Se suman a estas causales las contaminaciones y depredaciones provocadas por la explotación minera, afectando notoriamente a las cuencas y a los territorios. Al respecto, el autor hace puntualizaciones insoslayables:

El crecimiento económico experimentado por Bolivia, bajo el Gobierno del presidente Evo, ha tenido una compleja serie de efectos realmente perversos sobre los recursos hídricos de y en el país. Además del duro impacto en el medio ambiente por la creciente expansión de los proyectos mineros y energéticos, aumentó el consumo interno en los núcleos urbanos y no hubo, ni hay políticas de concienciación ciudadana sobre el ahorro o al menos el uso razonado y razonable del agua.

El sector de la minería usa (abusa) mucha, muchísima agua, requiere alrededor de 70.000 metros cúbicos de agua fresca por día para la explotación de los minerales, de esa cantidad las cooperativas mineras consumen 40.000 metros cúbicos, lo que significa el 57% del total. Entre las empresas privadas que usan gran cantidad del líquido elemento se encuentran San Cristóbal, San Vicente, Bolívar, Porco y Manquiri. Ojo que sólo la compañía minera San Cristóbal consume más de 47.652 metros cúbicos día (mcd) de agua. En cambio, las cooperativas auríferas trabajan en el borde de los ríos con dragas. Esto ocasiona que aparte de usar ingentes cantidades de agua, también contaminan crudamente los afluentes por el uso irracional del mercurio[1]. Recordemos que, en el país, operan alrededor de 1.700 cooperativas, de las cuales 1.200 se dedican a la extracción del oro, principalmente en el norte de La Paz.

La actividad minera, según los estudios realizados por el Centro de Ecología y Pueblos Andinos (CEPA), consume similar o mayor cantidad de agua que el conjunto de los habitantes de la ciudad de Oruro[2] en un día, cifra que llega aproximadamente a 30 millones de litros del líquido elemento. Aquí hay que reiterar como el mayor ejemplo a la Empresa Minera San Cristóbal[3] (de capitales japoneses, como Sumitomo) en Potosí que, en un día, utiliza una cantidad superior de agua a lo que en la ciudad de Oruro se consume (también) en un día; sin duda alguna, una cifra alarmante. A ello hay que sumar la actividad minera de varias empresas como Huanuni y otras en menor magnitud, además de las diversas cooperativas mineras asentadas en la región.

Haciendo una contrastación de estos datos y referencias, las operaciones de San Cristóbal superan el consumo de agua de toda una ciudad en un solo día, o en el caso de Huanuni y Kori Kollo en el departamento de Oruro, que añadidos suman el empleo de algo más de 50 millones de litros de agua por día, mucho más que la ciudad capital, afectando directa y negativamente al abastecimiento y consumo de la población y disminuyendo notablemente los niveles de los ríos y cursos de agua naturales. Según Limberth Sánchez, coordinador general del CEPA, “Las empresas mineras San Cristóbal, Huanuni y otras utilizan millones de litros de agua, y estos no recirculan el agua, no tratan el agua. Por tanto, es un factor que hace que -cada año- el agua sea (más) escasa, por eso es que debemos emprender políticas de recuperación y tratamiento del agua” (La Patria, 25 noviembre 2016).
San Cristóbal, subsidiaria de la Sumitomo Corporation de Japón, utiliza una cantidad de agua superior a los 43 millones de litros por día, teniendo como fuente principal, el Campo de Pozos de la Cuenca Jaukihua. La Empresa Minera Huanuni (EMH) utiliza algo más de 28 millones de litros por día, sus fuentes son el río de Venta y Media, Pata Huanuni e interior mina. Con respecto a la operación Kori Kollo son 22 millones de litros utilizados por día y sus fuentes principales son aguas subterráneas y el río Desaguadero. Estos son los mayores ejemplos de empresas que diariamente emplean ingentes cantidades del recurso hídrico potable. A ello se suman otras empresas en menor escala, pero que también dependen del agua para sus operaciones.
La actividad minera y más todavía en las áreas protegidas puede tener pues consecuencias trágicamente irreparables. En especial, es preocupante la explotación de los ríos en busca de oro. Como también advierte Patricia Molina, “Una buena parte de la producción del oro en el país proviene de la explotación aluvial y en las vetas cercanas a los ríos en la Amazonia. Precisamente las cabeceras de las grandes cuencas amazónicas son zonas de explotación aurífera que arrojan mercurio en los ríos adyacentes”[4] (Página Siete, 12 diciembre 2016). La investigadora sostiene que al trabajar con mercurio en la cuenca amazónica se contamina no sólo el suelo y el agua[5], sino también los peces de cuya pesca viven muchos pueblos y comunidades indígenas adyacentes de y en la zona[6].

En relación con los severos impactos de la minería, también hay que tener en cuenta que la actividad minera en las áreas protegidas genera gran deforestación, ya sea por el talado salvaje de los árboles, la quema de extensas parcelas de bosque o la contaminación de los suelos por el derrame de los combustibles o las aguas ácidas resultantes de los procesos mineros[7], cuando no de las pozas de maceración. No olvidemos además que la recuperación del bosque, luego de que (al menos eventualmente) las operaciones mineras se puedan retirar, es mucho más lenta que la relacionada con otras actividades. Actualmente, en Bolivia existen 22 áreas protegidas[8], de las cuales 20 se encuentran en serio riesgo[9] por la explotación petrolera, minera y la construcción de las hidroeléctricas y termoeléctricas.

Asimismo hay que hacer énfasis en la grave irresponsabilidad de los desechos mineralógicos, que llegan a ser depositados en los lugares que tienen conexión directa con los ríos y lagos, convirtiéndose en otro problema y afectando directamente a las comunidades donde la mayoría dedica su actividad a la producción de alimentos y crianza de ganado. De acuerdo con el coordinador del CEPA, “Algunas empresas tienen su planta de tratamiento; pero, Huanuni, Poopó, las cooperativas mineras no lo (las) tienen; por ende, el agua baja con todos sus contaminantes hacia los ríos y quiénes son los afectados, los municipios y las comunidades” (La Patria, 25 noviembre 2016).
La escasez de agua, causada por la peor sequía de Bolivia en los últimos 25 años[10], se ha visto asimismo exacerbada por el crecimiento desmandado de la población en las ciudades, la deficiente y defectuosa infraestructura y el impacto profundo de las grandes plantaciones agrícolas: monocultivos y los proyectos mineros. Los proyectos agrícolas a gran escala, como la soya y las plantaciones de caña de azúcar, que comenzaron a fines de los años noventa, han reducido drástica y dramáticamente los bosques de Bolivia y han consumido y consumen mucha agua. La sequía ha expuesto igualmente el brutal impacto de los proyectos mineros al desviar el suministro de agua y contaminar crudamente los lagos y varias otras fuentes de agua dulce. El caso más catastrófico es el de una compañía minera china operando en el pleno glaciar del Illimani[11] achachila. De aquí que el Comité de Defensa del Illimani denunciara que varias empresas chinas se encuentran realizando diversas tareas de exploración en las faldas del nevado sagrado.

En relación con la presencia de las empresas mineras chinas en las cercanías del nevado Illimani[12], hay que decir que efectivamente existen no una sino varias entidades mineras chinas en esta región[13], que están perjudicando arduamente los cursos de agua dulce hacia la ciudad de La Paz. El pasado 25 de septiembre, alrededor de 86 comunidades, colindantes con las faldas del Illimani, se declararon en emergencia al denunciar la presencia de las empresas chinas[14], que estarían en busca de la explotación de minerales en faldas del nevado. Los pobladores de más de 60 comunidades de Palca también denunciaron que varios trabajos mineros en el Illimani y el Mururata ponían en riesgo los glaciares. Aseguraron que las aguas y la tierra estaban siendo gravemente contaminadas y que los nevados desaparecían no sólo por el cambio climático sino también por la bestial explotación minera.

Así, una de las más importantes preocupaciones sociales y que ha causado mucha susceptibilidad en la población paceña es pues la explotación minera en el Illimani y el Mururata. De acuerdo con la autoridad del sector, la inspección realizada en el nevado del Illimani dio cuenta que actualmente existen más de 40 titulares de áreas mineras en el lugar[15]. Según Navarro, en un radio de siete kilómetros aledaño al nevado del Illimani se hizo la valoración y se estableció que hay al menos 40 titulares de derechos mineros. Peor todavía, el Centro de Documentación e Información (CEDIB) denunció que Comabol es acreedora de al menos cinco concesiones en el Illimani y tiene más de 92 cuadrículas.

La conclusión del autor es clara:
Podemos ver así que la crisis hídrica no se debe, no de manera fundamental, a los efectos naturales del cambio climático, que corresponden a los ciclos (originarios) de vida de la Madre Tierra, sino y esencialmente a la propia acción humana de carácter extractivista y depredador, tal y como es la actividad minera. Hay pues una procedencia radicalmente atropo-génica, que es la que ha provocado la pavorosa crisis hídrica. A partir de este contexto veamos ahora las causalidades específicas de la crisis del agua en la ciudad de La Paz[16].
Estamos ante una exposición crítica cuya argumentación pone en evidencia las causales de la crisis del agua. No hay donde perderse, es el modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente. Desde esta base referencial indiscutible se pasa al análisis de las manifestaciones sociales del la crisis del agua, sin antes dejar de abordar la descripción de las dramáticas disminuciones de las reservas de agua en las represas. Lo que se devela es la ineptitud e incompetencia gerencial y administrativa del agua. Se entrega por cuoteo la dirección de las empresas a la dirigencia llunk’u. No hay competencia sino zalamería. La consecuencia es desastrosa; no se administra sino se despilfarra, al contrario de administrar, se afecta desordenadamente a los usos del los flujos del agua. Con lo que se puede decir que esta administración improvisada es también causal inductora de la crisis del agua.
El análisis de la situación catastrófica de la escasez del agua pasa, después de la descripción y la identificación de la estructura del problema, la crisis del agua, a la evaluación del entramado de la guerra del agua, en la singularidad como se desata en 2016. Si bien se pueden señalar varias causas, que se articulan y se refuerzan, repercutiendo en los niveles de la crisis, lo cierto es que la causa de la mala administración del agua es el hilo que teje la trama del drama social, ciudadano y de los pueblos, en lo que respecta a la dramática escasez del agua; llegando a dar lugar a los desenlaces; la movilización social y ciudadana; la caída del gabinete de la administración de los recursos naturales y del agua; el desvelamiento de la ignominiosa ignorancia gubernamental sobre el tema, la constatación de su complicidad y concomitancia con el modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente.
 
Conclusiones
1. La crisis del agua desata la guerra intermitente del agua. La crisis del agua forma parte de la crisis ecológica; crisis, que si bien puede ser interpretada, en la perspectiva de los ciclos largos ecológicos, como recurrente, aunque singular, de acuerdo al contexto ecológico donde se manifiesta y desenvuelve, la particularidad de la crisis del agua contemporánea es apresurada por el modelo colonial extractivista del sistema-mundo capitalista.
2. La crisis del agua en Bolivia adquiere un perfil propio debido a la incidencia del “gobierno progresista”, que se ocupa más por la continua campaña electoral que por la propia administración pública.
3. La recurrencia de la guerra intermitente del agua demuestra que la problemática del agua, lejos de avanzar en hacia sus soluciones, se aleja, agudizándose cada vez más el problema. La guerra intermitente del agua evidencia que tanto los gobiernos neoliberales como las gestiones del “gobierno progresista” comparten el paradigma desarrollista y el modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente; ambos perfiles políticos conciben a los recursos naturales como objetos, es más, como mercancías. Con esta actitud compartida, a pesar de la diferencia discursiva e ideológica, atentan contra la vida de los ecosistemas y las sociedades.
4. La crisis del agua, que forma parte de la crisis ecológica, exige responsabilidad, no sólo en la administración publica y las formas de gubernamentalidad, que están lejos de tenerla, sino, sobre todo en los pueblos y sociedades, quienes se encuentran exigidos y convocados a la defensa de la vida, por lo tanto, a la defensa del agua. Esta defensa integral y ecológica de la vida exige como condición de posibilidad histórica-social-cultural la madurez social, es decir, el uso crítico de la razón; lo que significa asumir la democracia en pleno sentido de la palabra, esto es, autogobernarse, generar autogestiones, construir consensos de transición.
 
[1] Cfr. “Experto alerta sobre el uso de mercurio en la minería aurífera” (Página Siete, 30 septiembre 2014) y, sobre todo, “Un lago y 16 ríos son envenenados por la minería en siete departamentos” (La Razón, 8 septiembre 2014).
[2]Los habitantes de la ciudad de Oruro consumen alrededor de 30 millones de litros de agua por día, considerando que el total es distribuido en todos los distritos y llegando a una población de 264.943 ciudadanos según datos del reciente censo.
[3] San Cristóbal es uno de los yacimientos con reservas de zinc, plomo y plata más grandes del mundo y opera con 1.461 trabajadores.
[4] Cfr. “La contaminación con mercurio en la Amazonía” (Fobomade, 10 abril 2013) y “La bonanza del oro y la contaminación de los ríos amazónicos” (Fobomade, 4 octubre 2012).
[5] El metal líquido del mercurio es altamente tóxico y deletéreo y no se degrada, permanece en los lechos de los ríos, en los peces, en los árboles, o se evapora y viaja grandes distancias hasta asentarse en otro lado, multiplicando los daños. Cfr. “Bolivia: Más de 130 toneladas de mercurio son emitidas por año (Mongabay, 12 diciembre 2016)
[6] Cfr. “Indígenas de Amazonia sufren contaminación por mercurio” (Página Siete, 14 junio 2016).

[7] Deforestación y cambio climático son señaladas como las principales razones para que se dé esta situación en el país. Cfr. “Factores que agravan la falta de agua en Bolivia” (El Día, 13 noviembre 2016).
[8] Bolivia tiene 22 áreas protegidas como parques naturales, territorios indígenas, áreas de manejo integrado, reservas de biosfera y reservas naturales. Estos son Madidi, Manuripi, Apolobamba, Pilón Lajas, Noel Kempff, Cotapata, Isiboro Sécure, Tunari, Carrasco, Amboró, San Matías, Toro Toro, El Palmar, Iñao, Aguarague, EBB, Kaa Iya, Otuquis, Sama, Tariquia, Eduardo Abaroa y el parque Sajama.
[9] Cfr. “Los riesgos de la contaminación petrolera en las áreas protegidas” (Fobomade, 14 junio 2013); “Parque Nacional Tariquía en riesgo por explotación petrolera” (Los Tiempos, 14 junio 1015); “Alertan que 20 de las 22 áreas protegidas de Bolivia están en riesgo” (El Potosí, 14 octubre 2015) y “En el Madidi y el área Pilón Lajas existen 41 operaciones mineras” (Página Siete, 12 diciembre 2016).
[10] Para Bolivia el 2016 fue el más seco en 25 años. El problema es que este año es sólo una muestra de lo que se nos viene. El 2018 está diagnosticada una sequía peor y no son contextos puntuales. Aunque hay quienes prevén que la crisis puede ser más mucho pronto. Cfr. “Vaticinan duro escenario de sequía en el país a partir de agosto de 2017” (Correo del Sur, 11 diciembre 2016).
[11] Cfr. “Informes técnicos indican que capitales chinos tienen concesiones sobre 3.200 hectáreas en el Illimani” (Página Siete, 26 noviembre 2016).
[12] Cfr. “Chinos explotan minería en nevados Illimani y Mururata” (El Diario, 18 noviembre 2016) y “Múltiples concesiones mineras a empresa china” (El Diario, 15 diciembre 2016).
[13] Cfr. “Empresarios chinos cuentan con autorización oficial para explotar” (El Diario, 15 diciembre 2016) y “Confirman que chinos tiene concesiones mineras en el Illimani” (Bolivia Prensa, 19 diciembre 2016).
[14] Cfr. “Comunarios en emergencia por explotación minera en el Illimani” (Correo del Sur, 17 noviembre 2016).
[15] Para un análisis un poco más amplio de la inversiones chinas y las consecuencias geopolíticas de las mismas en Bolivia es recomendable leer “China, el peligro sub-imperialista” (Página Siete, 26 noviembre 2016).
[16] Leer de José Luis Saavedra La pachamama otra clase
está. Ob. Cit.

II. La UNASUR, al centrarse en IIRSA, va contra la Patria Grande.

La IIRSA: ¿Un lenguaje común?

29 de marzo de 2007

Los megaproyectos en infraestructura, anunciados como complemento del ALCA se mantienen como meta aun por parte de gobiernos que han hablado de un modelo alternativo. La discusión sobre si es posible construir una nueva sociedad manteniendo el modelo exportador, el mismo esquema energético y sin dar prelación al mercado interno debe darse en profundidad.
“La cordillera de los Andes es ciertamente una belleza, pero es un terrible problema de ingeniería”. Carlos Lessa, presidente del BNDES [1]
Cuando han entrado en grave crisis los tradicionales esquemas de integración en Suramérica y los problemas en Mercosur y la CAN son notorios, vuelve a ponerse sobre la mesa la debilidad de la integración física y de infraestructura de la parte sur del continente.
Los megaproyectos en infraestructura, anunciados como complemento del ALCA se mantienen como meta aun por parte de gobiernos que han hablado de un modelo alternativo. La discusión sobre si es posible construir una nueva sociedad manteniendo el modelo exportador, el mismo esquema energético y sin dar prelación al mercado interno debe darse en profundidad. El presente artículo aporta en este sentido.
Desarrollo e integración
Alrededor de las negociaciones de integración comercial en América Latina, que desde el ALCA –Área de Libre Comercio de las Américas– hasta la CSN – Comunidad Suramericana de Naciones– pasando por los TLC –Tratados de Libre Comercio–, se surte un proceso paralelo, cuyo objetivo expreso es dotar de infraestructura vial, portuaria, energética y de canalización y conexión de grandes ríos al subcontinente, para lograr ahora sí el prometido (y nunca obtenido) desarrollo. El mensaje utilizado transmite una magnificación de la trascendencia de las obras y su casi automático efecto sobre el crecimiento económico y la mejora de condiciones socioeconómicas. Frente a esta expectativa, se precisó la sola decisión de los gobernantes y de los financiadores para elaborar un diseño y un Plan de Acción, haciendo caso omiso de las normas sobre participación ciudadana y consulta en el caso de los grupos étnicos. Pero lo paradójico es que los proyectos contenidos en la IIRSA –Iniciativa de Integración de la Infraestructura de Sur América– y la determinación de diseñar y avanzar en las obras se toman desde diferentes orillas ideológicas.
En efecto, la fuente de la IIRSA se encuentra en las Declaraciones y Planes de Acción adoptados en Cumbres de Presidentes de las Américas [2], de las cuales se han celebrado las siguientes: Miami 1994, Cumbre de Desarrollo Sostenible de Bolivia 1997, Santiago de Chile 1998, Québec 2001, Monterrey 2004 y Mar del Plata 2005. Estas cumbres tenían como uno de sus objetivos el impulso del ALCA, cuyo proceso se detuvo aparentemente pero cuyas finalidades se están logrando a través de los TLC. La Cumbre de las Américas de Québec, en su Plan de Acción “para fortalecer la democracia, crear la prosperidad y desarrollar el potencial humano”, concretó y seleccionó aún más los temas en 17 grandes capítulos, que a su entender contribuirán a lograr los objetivos propuestos, al paso que el tema de la infraestructura física se considera vital para todo el proceso integrador, como se observa en el interés otorgado al Plan Puebla-Panamá –PPP– y a la Iniciativa de Infraestructura Regional –IIRSA. Para ello se apela al “ambiente normativo”que incluye la adopción de regímenes legislativos y administrativos. [3]
La importancia concedida a la infraestructura, la determinación del principal banco regional para apoyarla y la oportunidad de negocios que genera, se expresan en las palabras del ex presidente del BID, Enrique Iglesias, cuando sostiene: “Este desarrollo de la infraestructura, que estuvo desde la posguerra prácticamente monopolizado por la gestión e inversión estatales, comenzó a experimentar transformaciones profundas a principios de la década del 90. En el marco de los procesos de estabilización macroeconómica y apertura externa que viven nuestros países, se modificaron los mecanismos tradicionales de provisión de infraestructura. En toda la región el sector privado pasó mayoritariamente a detentar la responsabilidad primaria en materia de gestión y expansión de la infraestructura física. De hecho, más de la mitad de la inversión privada en infraestructura hacia los países emergentes en esos años se dirigió a nuestra región. Esta inversión se concentró en los sectores más atractivos comercialmente y con menor percepción de riesgo, las telecomunicaciones y el sector energético”.
Y hay que creerle, siendo el BID uno de los impulsores de las reformas al Estado en América Latina durante los 90, cuando señala que “el repliegue del Estado de la gestión directa de la infraestructura, la implantación de nuevos marcos regulatorios y la introducción de la competencia en ciertos servicios, la creación de nuevas instituciones para la regulación y el control de los servicios públicos, las privatizaciones y el ingreso de nuevos operadores nacionales e internacionales, son los rasgos comunes de esta transformación histórica.” [4]
Pero también desde propuestas propias diferentes al ALCA se avala al IIRSA, y es así como en la construcción de la Comunidad Sudamericana de Naciones se considera que “no sería factible sin los avances de IIRSA, ya que gracias a ésta existe una agenda común de acciones y proyectos para la integración física de América del Sur, articulando los grandes espacios interiores y brindando una oportunidad única para el desarrollo descentralizado de nuestros países”. El mismo funcionario señaló que IIRSA será fundamental para promover la cohesión regional, mientras se avanza en instrumentos complementarios para fortalecer la dimensión del desarrollo en la integración sudamericana.
Y obras de mucha envergadura, como el gasoducto del Sur, se adscriben al IIRSA, sin hacer ninguna distinción: “El gasoducto, la obra de infraestructura física más grande de Sudamérica, es impulsado por los presidentes Hugo Chávez, de Venezuela, Néstor Kirchner, de Argentina, y Luiz Ignacio Lula da Silva, de Brasil. Tendría 7 mil kilómetros que pueden ampliarse a más de 10 mil, dependiendo de la ruta elegida, según expertos. Transportaría 150 millones de metros cúbicos diarios y su construcción costaría 25 mil millones de dólares”. [5]
Como se aprecia, existe una comunidad de intereses en torno a las grandes obras de desarrollo para la región, y las determinaciones que se toman no dependen de una u otra orilla ideológica, sino de un modelo de desarrollo en el cual coinciden los diferentes enfoques. Estas políticas de integración física, y energética continúan proponiendo el modelo de desarrollo que nos haga competitivos en el mercado mundial, advirtiendo –como se hace desde dos siglos– que la falta de vías de comunicación es uno de los factores que ha impedido un mejor comercio intraregional, y este conjunto de obras es el medio que solucionará tal distorsión de carácter comercial. Y, la justificación de toda la vida, radica en que los “accidentes físicos, o naturales”son los que han impedido una mejor comunicación entre los países. De allí ha surgido el concepto de que América del Sur es un subcontinente conformado por “islas” [6], hecho causado por la presencia de la cordillera de los Andes y la Amazonía. Estas cinco islas, son: la plataforma Caribe, la plataforma Atlántica, el enclave amazónico, la cornisa andina, y el enclave amazónico sur. Si bien la argumentación central es la unión del continente para mutuo beneficio, el resto del discurso apunta a aumentar el comercio extraregional y no el intraregional, como meta que conduzca al desarrollo.
Estos planteamientos encuentran un marco conceptual en el documento del BID “Informe sobre Progreso Económico y Social BID, Más allá de las fronteras: El nuevo regionalismo en América Latina, 2002”. Acá el BID recuerda que “las iniciativas de integración regional representan un tercer nivel de reforma de política comercial, que apuntan a complementar la liberalización unilateral y multilateral impulsada desde mediados de los años ochenta.”, y que la integración regional “es una parte integral del proceso mismo de reforma estructural”.
En su papel de dinamizador de la integración, se ve asimismo como una institución que debe maximizar su apoyo a la preparación de los países regionales para lograr una inserción competitiva y socialmente benévola a una economía mundial globalizada, a través de la integración regional y de la cooperación funcional.
Este cambio se fundamenta en que las viejas iniciativas para la integración de la posguerra en América Latina y el Caribe (ALC) estaban diseñadas para respaldar y profundizar una estrategia estatal aislacionista de industrialización mediante la sustitución de importaciones. Tal enfoque se derrumbó con la crisis económica de los ochenta y ahora el comercio es el nuevo paradigma, hacia el cual debe orientarse el desarrollo.
Este nuevo regionalismo surgido en los noventa se apoya en un nuevo marco de políticas como el desarrollo de reformas estructurales, las cuales están dirigidas a posicionar las economías para integrarse a las fuerzas de la globalización, a transformar la producción y a fomentar la competitividad. Se hace necesario consolidar y refinar las reformas estructurales de países individuales, la implantación de protocolos de segunda generación, y el fortalecimiento de la institucionalidad regional y su contrapartida nacional. Hay que modernizar los mecanismos de solución de disputas modernos y transparentes; porque tiene que mejorarse la capacidad de negociación y el cumplimiento de acuerdos, y el desarrollo de sistemas tributarios compatibles con mercados integrados y atractivos para el fomento del comercio y la inversión externos, se señala.
En cuanto hace a las medidas que deben tomarse para asegurar reglas e instituciones adecuadas al actual proceso de integración, éstas deben estar encaminadas a fortalecer la institucionalidad regional y su contrapartida nacional, garantizando que se aceleren los procesos de solución de conflictos, con el objeto de reducir la incertidumbre de los agentes económicos y minimizar las trabas en el tratamiento de problemas, generar incentivos para aumentar la cooperación, reducir los costos de transacción y desarrollar regímenes regulatorios comunes.
El planteamiento del BID es lograr que los asuntos domésticos, léase los nacionales, se neutralicen a través de lo que señala como el mejoramiento de la calidad y el apoyo técnico de los órganos intergubernamentales para que sus decisiones estén basadas en instancias técnicas independientes y se minimice la vulnerabilidad a las coyunturas políticas domésticas. Es decir sustraer o minimizar la intervención del Estado en estos asuntos.
También el BID es claro en señalar sus prioridades, las cuales atienden a proyectos de integración subregional, hemisférica e interegional (Norte-Sur) pertinentes desde el punto de vista económico (no todos lo son) y que tengan respaldo político. Y apoyar países en diagnóstico sobre la necesidad de establecer instituciones regionales para que funcionen bien los diversos tipos de acuerdos, incluyendo el análisis de las posibles formas de financiación de las instituciones que los diagnósticos recomienden.
La IIRSA se inspira en el pensamiento desarrollista de mediados del siglo XX, que ha servido de plataformas gubernamentales a nivel nacional, y –como ya mencionamos– desde 1994 se incluyó en las Declaraciones y Planes de Acción adoptados en Cumbres de Presidentes de las Américas. Fue, precisamente en la reunión presidencial de Brasilia de 2002 donde se aprobó la IIRSA, que es el conjunto de grandes vías, hidrovías, hidroeléctricas, represas, puertos, gasoductos, en fin todo un conjunto de grandes proyectos, y que tienen como justificación integrar la región. Según un documento de la Reunión Ministerial de Energía, Transporte y Comunicaciones, su objetivo “es el de estimular la organización del espacio suramericano a partir de la contigüidad geográfica, la identidad cultural, y los valores compartidos de los países vecinos suramericanos”. [7]
El espíritu integrador así definido se refrendó en el denominado Consenso de Guayaquil sobre integración, seguridad e infraestructura para el desarrollo [8], y los presidentes “reiteraron su voluntad de seguir impulsando acciones de coordinación y cooperación con miras a la conformación de un espacio común sudamericano y en este sentido reafirmaron el conjunto de postulados que se han establecido en las distintas Cumbres Presidenciales que han celebrado, particularmente en la I Reunión de Presidentes de América del Sur, realizada en Brasilia en el año 2000”.
Allí depuraron más la relación entre infraestructura y desarrollo, a la cual calificaron de esencial para la integración económica de la región, pero lo que es más importante como palanca del “desarrollo de sus países, al mitigar la pobreza e incorporar a los individuos, particularmente de los sectores marginados o más vulnerables, a los beneficios de la sociedad moderna”. De igual forma, coincidieron en que esta relación debe tener una Visión Estratégica de Suramérica –VESA– que tiene como base el principio de regionalismo abierto arriba citado y está condicionada a los resultados del análisis de cinco principios básicos: perspectiva geoeconómica, sostenibilidad social, eficiencia económica, sustentabilidad ambiental y desarrollo institucional (Punto 6).
Asimismo, según el documento de Consenso, con la IIRSA se logra la integración multisectorial, la de distintas áreas geográfica y la de las denominadas zonas internas de América del Sur, todo con el fin de “promover y facilitar el crecimiento y desarrollo económico y social de América del Sur; mejorar la competitividad internacional de la región, incrementar su participación en la economía mundial y enfrentar mejor los desafíos que impone la globalización; y fortalecer la integración y cooperación regional mediante la ampliación de mercados, la convergencia de políticas públicas y el acercamiento social y cultural de Sudamérica”.
En el año 2000, los Programas Estratégicos de Integración, formulados a partir de las cumbres, se consolidaron en un único plan, la IIRSA, que reúne las conclusiones de los estudios previos del BID y la CAF. Después se adoptó el Plan de Acción para la IIRSA, el cual tiene como enfoque los “ejes de integración y desarrollo, complementado con el desarrollo de procesos sectoriales necesarios para optimizar la competitividad y sostenibilidad de la cadena logística. A partir de esta visión estratégica deberán identificarse los requerimientos de tipo físico, normativos e institucionales para el desarrollo de la infraestructura básica al nivel suramericano, en la presente década. Para ello, se establecerán acciones por lo menos en tres planos: coordinación de planes e inversiones, compatibilización y armonización de los aspectos regulatorios e institucionales y mecanismos innovativos de financiamiento público y privado.” [9]
La IIRSA se concreta en los Ejes de Integración y Desarrollo, EID, a través de los cuales se diseñan y arman transectos o franjas que unen varios países y varios sectores productivos o que sirven de base para ellos, como el transporte. Así logran canalizar y darle una movilidad y rapidez a los flujos de comercio que se tienen ahora, y a los que se calcula llegar. Se prevé un mejoramiento de la infraestructura de transportes, energía y telecomunicaciones en apoyo a las actividades productivas específicas de cada una de estas franjas. Estos Ejes de Integración y Desarrollo se planean “en función de los negocios y cadenas productivas con grandes economías de escala a lo largo de estos ejes, bien sea para el consumo interno de la región o para la exportación a los mercados globales” [10]
El Plan contempla estas acciones básicas:
(i) Diseñar una visión más integral de la infraestructura mediante el desarrollo sinérgico del transporte, la energía y las telecomunicaciones. (ii) Encuadrar los proyectos dentro de una planificación estratégica a partir de la identificación de los ejes de integración y desarrollo regionales. (iii) Modernizar y actualizar los sistemas regulatorios e institucionales nacionales que norman el uso de la infraestructura. (iv) Armonizar las políticas, planes y marcos regulatorios e institucionales entre los Estados. (v) Valorizar la dimensión ambiental y social de los proyectos. (vi) Mejorar la calidad de vida y las oportunidades de las poblaciones locales en los ejes de integración regional. (vii) Incorporar mecanismos de participación y consulta. (viii) Buscar que las obras de infraestructura generen la mayor cantidad posible de impactos locales de desarrollo, evitando que sean sólo corredores entre los mercados principales. (ix) Desarrollar nuevos mecanismos regionales para la programación, ejecución y gestión de proyectos. (x) Estructurar esquemas financieros adaptados a la configuración específica de riesgos de cada proyecto.
Hasta el momento se han establecido los siguientes Ejes de Desarrollo:
- Eje Andino (Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia) - Eje Mercosur (Chile, Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay) - Eje del Escudo Guayanés (Venezuela, Brasil, Guyana y Surinam) - Eje del Amazonas (Perú, Ecuador y Brasil) - Eje Perú-Brasil-Bolivia - Eje Interoceánico Central (Perú, Chile, Bolivia, Paraguay y Brasil) - Eje de Capricornio (Chile, Argentina, Bolivia, Paraguay y Brasil) - Eje del Sur (Chile y Argentina) - Eje de la Hidrovía Paraguay-Paraná - Eje Andino del Sur
La Agenda de Implementación Consensuada 2005-2010 fue aprobada por el Comité de Dirección Ejecutiva de IIRSA y definió un grupo de 31 proyectos de integración acordados por los países a partir de los resultados logrados durante la fase de planificación territorial y de ordenamiento [11]. De esta selección se desprende el sentido de las obras, los obstáculos geográficos que pretende resolver y se puede prever la rapidez que alcanzarán las exportaciones de recursos naturales, el paso de recursos hacia el Pacífico desde países orientales como Brasil, y la funcionalidad de hidrovías como la Paraguay –Paraná, que facilita el transporte de soya hacia el mercado europeo. La IIRSA ya es un hecho, sin que los habitantes de las regiones incluidas hayan tenido una participación proporcionada a su envergardura.
Cómo opera el IIRSA
Para conocer como opera ahora la IIRSA, debemos remontarnos al seguimiento de las Cumbres de las Américas, que está a cargo del Grupo Interagencial [12], integrado por entidades no por gobiernos. Inicialmente este grupo estuvo conformado por el BID, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la OEA. Después, en el Plan de Québec los socios institucionales se ampliaron al Banco Mundial y esta agrupación se propuso participar “en todas las etapas del proceso de la Cumbre de las Américas”, para lo cual firmaron una ‘carta de entendimiento’, con la cual se aseguraba la coordinación entre las entidades y la inclusión de otras entidades de cómo “los bancos multilaterales subregionales de desarrollo”. [13]
Asimismo, se designó un Grupo de Revisión e Implementación de Cumbres (GRIC), conformado por los coordinadores nacionales para las Cumbres de los 34 países miembros. Tiene un Comité Directivo integrado por los países que han sido y serán sede de las Cumbres de las Américas y el Comité Ejecutivo está conformado por el Comité Directivo, Brasil y un representante regional de Caricom, Centroamérica, Grupo de Río y Comunidad Andina.
El IIRSA, opera [14] a través de un Comité de Dirección Ejecutiva (CDE), un Comité de Coordinación Técnica (CCT) y Grupos Técnicos Ejecutivos (GTE). El CDE está integrado por representantes de alto nivel designados por los gobiernos de América del Sur. La Secretaría del CDE es ejercida por el Comité de Coordinación Técnica (CCT) y conformada por el BID, la CAF y el Fonplata, según el Mandato de la Reunión Presidencial de Brasilia.
Las acciones del CDE tienen como objetivos básicos: la aprobación y desarrollo de una visión y un vocabulario unificado, la recomendación de directrices destinadas a las estructuras competentes internas de los gobiernos y la formulación de propuestas que puedan perfeccionar las iniciativas en proceso de implantación.
El CCT está integrado por representantes del BID, la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata). Este Comité se orienta hacia la identificación de una cartera de proyectos fundados en una visión unificada, la intervención del Estado reservada sólo para mitigar las “fallas de mercado” y sus riesgos, la promoción de la participación del sector privado en la operación y financiamiento de proyectos y promover, identificar, cuantificar y seleccionar los recursos financieros públicos y/o privados para el desarrollo de los proyectos.
Los GTE se constituyen para cada uno de los ejes de integración y desarrollo, y para cada uno de los procesos sectoriales de integración aprobados por el CDE. Se encargan de analizar temas específicos para cada eje o proceso, tales como armonización y/o compatibilización de marcos normativos, métodos para la identificación y evaluación integrada de proyectos, estudio de los aspectos ambientales y sociales, acciones que impulsen el desarrollo de zonas de densificación económica abarcadas por el área de influencia del eje respectivo y definición de mecanismos institucionales al nivel de cada gobierno para atender las acciones requeridas, entre otros.
Los Ejes de Integración y desarrollo identificados, son:
• Eje Mercosur (San Pablo-Montevideo-Buenos Aires-Valparaíso) • Eje Andino (Caracas-Bogotá-Quito-Lima-La Paz) • Eje Interoceánico Brasil-Bolivia-Perú-Chile (San Pablo-Campo Grande-Santa Cruz-La Paz-Ilo-Matarani-Arica-Iquique) • Eje Venezuela-Brasil-Guyana-Suriname • Eje Multimodal Orinoco-Amazonas-Plata • Eje Multimodal del Amazonas (Brasil-Colombia-Ecuador-Perú) • Eje Marítimo del Atlántico • Eje Marítimo del Pacífico • Eje Neuquén-Concepción • Eje Porto Alegre-Jujuy-Antofagasta • Eje Bolivia-Paraguay-Brasil • Eje Perú-Brasil (Acre-Rondonia)
La financiación estuvo y está impulsada desde el BID, Fonplata y la CAF [15]. Dentro de las modalidades utilizadas por el BID está el “Fondo para el financiamiento de operaciones de cooperación técnica para Iniciativas para la Integración de Infraestructura”, destinando una partida de US $20 millones para financiar la preparación de proyectos de infraestructuras de integración, con especial mención a los proyectos incluidos en la IIRSA.
Esto, como se advierte, contribuye para la liberación de sus recursos, con destino “a financiar cooperaciones técnicas no reembolsables para el desarrollo de estudios de prefactibilidad y factibilidad, diseño de proyectos, estudios relacionados con la viabilidad (técnica, económica, financiera, social, institucional y jurídica) de los proyectos, así como preparación y revisión de documentos para atender solicitudes de financiamiento y/o licitaciones. En el marco de esas actividades, el Fondo podrá también financiar estudios sociales y ambientales, colaboraciones público-privadas para proyectos específicos, evaluaciones ambientales estratégicas, así como actividades de fortalecimiento institucional” [16].
Al BID se añaden otros entes como el Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) de Brasil [17], el cual aprobó varias partidas para la construcción y modernización de hidroeléctricas en Venezuela y en Ecuador. Una de las glosas que ha recibido por parte del nuevo gobierno boliviano es que el gobierno brasileño otorga el financiamiento, por medio del BNDS o PROEX, para la construcción de carreteras, con la condición de que se contraten empresas y compra de insumos brasileños. De acuerdo con el gobierno boliviano, lo que se quiere ahora “es que la contratación de la empresa cumpla todos los requisitos. Vale decir, que la adjudicación de la obra sea a través de licitación pública. Actualmente, este proceso se realiza a través de una invitación directa, debido a que el crédito es gestionado por la empresa o constructora que desea proveer el bien o servicio” [18].
En otro tipo de colaboraciones sobre los procesos de construcción, recientemente la CAF fortaleció alianzas para promover infraestructuras sostenibles en América Latina. En este país asistió “al Foro de Infraestructuras y Servicios, en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid, donde disertó sobre los desafíos de América Latina en la actualidad y el papel de la CAF en la financiación de infraestructuras, particularmente en el desarrollo de la red transuramericana” [19].
Teniendo como marco coercitivo las restricciones fiscales de los países, que en principio dificultarían la obtención de nuevos créditos para adelantar los proyectos de la IIRSA, se propone combinarlos con el ingreso directo del sector privado. Las dificultades se atribuyen a la situación fiscal de los países y se señala la necesidad de trabajar con organismos multilaterales y los países para desarrollar mecanismos que sean innovadores y atraigan al capital privado, como las alianzas público-privadas, o por ejemplo los fondos de avales y garantías regionales para eliminar las asimetrías del nivel riesgo-país de cada uno de las naciones sudamericanas. Asimismo, según la nota citada, uno de los propósitos de una reunión que debió tener lugar el año pasado con el FMI fue “que las inversiones públicas no sean consideradas gastos, lo cual es un impedimento para elevar los egresos en obras de infraestructura”. De esta manera la cartera de proyectos de la IIRSA en su totalidad se podría considerar como proyectos pilotos ante el FMI para que puedan financiarse. [20]
Estas notas dejan entrever los dilemas fiscales frente a la magnitud de las inversiones, las condicionalidades en que se están ocurriendo y la voluntad política para allanar los caminos –valga la expresión– para adelantar la IIRSA.
Efectos socioambientales y la ausencia de los ciudadanos; un asunto de seguridad humana
De la misma manera que los procesos de integración de libre comercio –ya sea OMC, ALCA [21] o TLC– no se han debatido en los Parlamentos ni han contado con la participación ciudadana, el proceso de integración de la infraestructura expresado en el IIRSA se ha adoptado sólo por parte de los Ejecutivos. Esto resulta paradójico cuando en el mismo lapso los Estados latinoamericanos han suscrito innumerables instrumentos de Derechos Humanos a favor de la participación social y del Derecho Ambiental, [22] que consagran principios como el de precaución, el cual se antepone a cualquier otro cuando de decisiones ambientales se trata. Y en sus Constituciones han instituido el Estado de Derecho, siendo que un primer contenido esencial de ese Estado es la garantía de los derechos fundamentales, puesto que se trata de superar la mera protección de la igualdad formal y conseguir el pleno respeto de los derechos económicos, sociales y culturales de los ciudadanos.
De forma mecánica y con supuestos no probados, o mejor dicho con abundantes pruebas en contrario, se parte de que la región y los organismos de crédito “han acumulado una rica experiencia en las consideraciones ambientales y sociales de los proyectos” y, por lo tanto, ahora lo que corresponde es sólo ampliar estos parámetros para que entren a jugar en el plano regional.
Las interrelaciones entre ambiente e infraestructura se posponen hasta cuando exista “concordancia con las posibilidades reales de financiamiento e inversión”. Es decir, el aspecto ambiental, que debiera ser un objetivo prioritario en un plan de integración que consultara las aspiraciones de la población, se coloca en un segundo plano, por cuanto lo primero es la integración en inversión a cargo del BID, la CAF y el Fonplata y aumentar el papel del sector privado en la financiación de los proyectos y en su operación.
En la definición y selección de proyectos, se dice, habrá mecanismos que hagan efectiva la participación y la contribución activa de las comunidades involucradas. Pero la experiencia nos enseña que los proyectos son presentados de manera aislada, sin que nos podamos dar cuenta de la envergadura de su alcance y los costos totales de las inversiones. Y adicionalmente en los sistemas planificados para que el esquema funcione en ninguna parte aparece la participación ciudadana como elemento definitorio. Se hace un diseño de sistemas en las materias físicas, reguladoras y de inversión [23] pero no en asuntos de 
participación ni en los ambientales.
Los proyectos fueron y serán escogidos con base en criterios que conjugan la cobertura geográfica de países y regiones, los flujos existentes y los potenciales; las inversiones que se hayan realizado recientemente, el interés y grado de participación del sector privado y por último la sustentabilidad ambiental y social de los proyectos. Los contenidos materiales del derecho al medio ambiente [24], lo definen como un derecho de tercera generación, como el derecho al desarrollo, el cual tiene como meta lograr y garantizar una vida digna para todos los habitantes. Y el derecho al ambiente reafirma la indivisibilidad, universalidad e interdependencia de todos los derechos humanos; y reconoce que el derecho al desarrollo debe estar ligado con el derecho a un medio ambiente sano, seguro y ecológicamente racional.
El derecho al ambiente tiene una vía afirmativa, en cuanto le concede a las personas el derecho a disfrutar de un ambiente sano, libre de daños ambientales; a disponer de alimentos y agua sanos y seguros, y a tener asistencia oportuna en caso de catástrofes naturales. Y, por la vía negativa, ninguna persona debe estar sometida a factores que produzcan degradación ambiental y contaminación. Es igualmente derecho de las personas que se proteja el aire, el agua, la flora y la fauna, los procesos esenciales de la naturaleza y el espacio necesario para mantener la diversidad.
Un aspecto relevante respecto de la IIRSA es contraponer a su falta de transparencia y de ausencia de controles ambientales, la propuesta que contiene el proyecto de Declaración sobre el derecho al ambiente, según la cual las personas tenemos el derecho a permanecer en nuestras tierras o lugares de asentamiento aún frente a situaciones de proyectos importante, a menos que las obras sean urgentes y no puedan lograrse por otros medios.
Este principio rescata la lucha de infinidad de pueblos que han sido desplazados de sus lugares de origen para dejar paso a obras de infraestructura, que no siempre han generado el desarrollado pregonado y que en cambio si han alterado la vida de muchas personas. Este precepto se hace más exigente respecto de los pueblos étnicos, indígenas y afro americanos que constituyen buen parte de la población que reside en los terrenos que serán abiertos al desarrollo por causa de la IIRSA.
Otro asunto es el relativo a la participación en sus dos acepciones: como un deber, puesto que los ciudadanos están obligados a participar activamente en la evaluación previa, el seguimiento y el control de las decisiones que puedan alterar el medio ambiente; y como un derecho se considera que además de la oportuna información las personas deben disponer de los procedimientos idóneos para asegurar la efectividad de su derecho; de medidas para reducir los procesos productivos modalidades de consumo nocivas y asegurarse que las transnacionales cumplan en todas partes los mínimos requisitos ambientales.
Pero no creemos que si la revisión socio ambiental es una de las últimas como se plantea en el IIRSA, se pueda modificar la definición de los ejes. Por lo tanto estos serán los que defina los proyectos, sin que ninguna de las consideraciones sociales y ambientales hayan sido consultadas con los ciudadanos de los países. Las obras que hacen parte de la IIRSA han sido definidas en la esfera presidencial y de los entes financiadores. Su adopción no ha pasado por parte de los Parlamentos, ni menos han sido objeto de consultas o de participación ciudadana. Son ya numerosos los casos en que las organizaciones de la sociedad civil han denunciado los daños socio ambientales que causarán o ya lo hacen, las obras incluidas en el IIRSA. Y como la misma página electrónica de la IIRSA lo coloca, la sociedad civil ha solicitado participación y facultad de decisión sobre estas obras que los afectarán. En un reciente Taller convocado por ONG de Europa y América Latina, [25] concluyeron que es necesario el control por parte de la sociedad civil sobre el proceso de formulación e implementación de IIRSA, sea cual fuere la naturaleza de los gobiernos involucrados, y reclaman que los estándares ambientales y sociales pactados por los gobernantes europeos con su sociedad civil se apliquen también a las inversiones relacionadas a América Latina. Denuncian que se trata de la aplicación de un modelo desarrollista tradicional bajo la etiqueta de desarrollo sostenible, pero en realidad basado en la extracción y exportación de recursos naturales, lo cual implica que es necesario un cambio de paradigma de desarrollo. Proponen una serie de Estrategias como EAIA, Estudios (alternativos) de Impacto Ambiental y Social de IIRSA, a nivel de cada proyecto, de cada país y del conjunto de la Iniciativa. Las herramientas de las EAE son sustanciales en estos estudios: Evaluaciones Ambientales Estratégicas y formulación de proyectos alternativos (con menos impacto negativo) para cada proyecto IIRSA, en particular los proyectos anclas, o megaproyectos críticos. Anotan que dentro de los estudios ambientales son muy importantes los impactos culturales sobre pueblos indígenas, por ejemplo, el impacto de proyectos que cruzan áreas consideras sagradas por los pueblos indígenas.
Pero la resistencia y procesos de incidencia ante los gobiernos se extienden a casos concretos como el de las hidroeléctricas que se irían a construir con el caudal del río Madeira en el Brasil, [26] situado en la Amazonía. Se sostiene que habrá un gran desastre ambiental por el impacto de las represas sobre la fauna, la biodiversidad. Se reiteran los daños que obras similares en esta zona han causado a las poblaciones y al medio ambiente. Señalan que existen fuentes alternativas de energía, que comienzan con el ahorro doméstico, y que evitarían que se propaguen estas obras en un medio tan frágil como el amazónico.
Frente a obras como la hidrovía Paraguay-Paraná, las organizaciones de la sociedad civil habían logrado detenerlas cuando se comenzaron a proyectar y dar los primeros pasos para su construcción, pero con el lanzamiento formal de la IIRSA, la amenaza de nuevos estudios se ha vuelto a agitar. Esta obra que se proyecta para agilizar la exportación de soya y que significa grandes obras en detrimento de la riqueza ictiológica y del caudal de los ríos Paraná y Paraguay ha sido resistida por la Coalición Ríos Vivos, que agrupa a cientos de organizaciones de diversos movimientos sociales, sectores académicos, comunidades tradicionales y pueblos indígenas de América Latina, tuvo su origen en 1994 con el claro objetivo de evitar los graves impactos sociales, ambientales y económicos que la realización del Proyecto Hidrovía provocaría sobre la región y sus pueblos. En el año 2003, dirigió una comunicación [27] en la cual reclama que el proyecto Hidrovía estaba siendo reabierto de manera sigilosa y con total ausencia de consulta pública. Como en esa oportunidad, denuncian a la comunidad internacional la falta de transparencia y democracia en las decisiones que están siendo tomadas por el PNUD. Señalan que no se toman en cuenta las propuestas hechas por estudios alternativos y piden que no se avance en los estudios para IIRSA antes de una evaluación socio-económica-ambiental estratégica con amplia participación social.
Las políticas sobre integración física y energética que se implementan continúan proponiendo el modelo de desarrollo que nos haga competitivos en el mercado mundial, lo cual conlleva a la promoción y ejecución de proyectos de desarrollo que tienen un gran impacto en el nivel social y ambiental. A pesar de estar ratificadas todas las convenciones y demás instrumentos ambientales por casi la totalidad de los países del hemisferio, excepción hecha de Estados Unidos, los impactos sociales y ambientales de estas obras no se precisan en la forma que se requeriría. Nos referimos a que el conjunto de obras es de una envergadura continental y para ello la ponderación de los factores de riesgo, con base en estudios ambientales del conjunto, no se han ordenado ni se prevén en la escala requerida o como meta de la liberación. O sea que en últimas las obras podrían quedar como testigos de una falta de planeación regional que podría tener enormes impactos en materia de intervención de ecosistemas protegidos, territorios de comunidades indígenas y negras, campesinas sin que al final tengamos un incremento del comercio que se decía iría a transitar por estas megaobras. Carreteras, hidrovías, hidroeléctricas, gasoductos constituyen entre otros, los propósitos de estas metas sobre infraestructura.
Sin embargo, en todo el proceso preparatorio del ALCA y a pesar de enunciarse una estrategia de fortalecimiento sociedad civil para su participación en los procesos hemisféricos y nacionales, lo cierto es que no se permitió ejercer ese derecho ciudadano y en el comienzo las negociaciones fueron secretas y los documentos confidenciales. Si ahora aparece un llamamiento a recibir documentos de las organizaciones ha sido más bien en respuesta a las movilizaciones que por voluntad de los gobiernos.
 
IIRSA: la integración a la medida de los mercados*
Raúl Zibechi, Uruguay. * Extractos editados por Deslinde. Un aspecto clave de la IIRSA... consiste en considerar que el principal problema para posibilitar la integración física, y por lo tanto para mejorar el flujo de mercaderías, son las “formidables barreras naturales tales como la Cordillera de los Andes, la selva Amazónica y la cuenca del Orinoco”.
(...) La mayor parte de los ejes de integración y desarrollo del IIRSA están interconectados. De los 10 ejes, 4 involucran la región amazónica y 5 unen los océanos Pacífico y Atlántico. De esta manera, todas las riquezas naturales del continente quedan a disposición de los mercados.
(...) En realidad, una parte de estos proyectos ya están en marcha aunque no se menciona que forman parte de la IIRSA. Según el Informe Anual de la CAF de 2002, en ese momento fueron identificados cerca de 300 proyectos de integración física en América del Sur, de los cuales 140 podían ser ejecutados inmediatamente y 60 de ellos relacionados con la IIRSA ya estaban en marcha: 40 de transporte, 10 de energía y 10 de telecomunicaciones.
(...) La región sudamericana es una de las pocas del planeta que combina los cuatro recursos naturales estratégicos: hidrocarburos, minerales, biodiversidad y agua. Esta profunda modificación de la geografía (quizá el proyecto más ambicioso sea unir los ríos Orinoco, Amazonas y Paraná) no persigue la integración del continente sino su vinculación con los mercados globales. Puede decirse que se trata de una integración “hacia afuera”, exógena, en vez de propiciar una integración “hacia adentro”. Los ejes o corredores... deben combinar una moderna plataforma de telecomunicaciones con la infraestructura necesaria para el transporte intermodal.
(...) La intermodalidad se asienta en la “revolución de los contenedores”... Esto se vincula al nacimiento de las “fábricas globales” que funcionan bajo la premisa just in time: se crea así una suerte de “autómata global”, ya que las grandes empresas se han deslocalizado y abarcan todo el planeta en forma de red. Pero este autómata global, “integrado industrial y productivamente, mantiene ahora nuevas relaciones jerárquicas centro-periferia, pero de carácter industrial”, como lo muestra la industria maquiladora. El IIRSA es precisamente el eslabón sudamericano que integra al continente en este proceso, pero de forma subordinada.
Desde el punto de vista de superar las barreras normativas de los Estados, la IIRSA profundiza la estrategia neoliberal de desregulación y debilitamiento de los Estados nacionales. Adecuar las legislaciones nacionales a las necesidades del comercio mundial supone homogeneizar las normas. De esa manera cada región y cada país pierden sus rasgos diferenciadores y los Estados pierden autonomía frente a las multinacionales y los Estados del primer mundo.
 
Dos casos: Brasil y Bolivia
Este proyecto de integración afecta de modo diferente a cada país y a cada región del continente pero, a grandes rasgos, pueden definirse “ganadores” y “perdedores” en función de los beneficios o daños resultantes de la implementación de la IIRSA. Uno de los problemas del proyecto es, precisamente, que ahondará las diferencias entre países, regiones y sectores sociales ricos y pobres, ya que todos se integrarán en el mercado mundial de forma desigual, en función de las “ventajas comparativas” que hoy presentan.
Para ejemplificar estas diferencias tomaremos en cuenta dos países: el más pobre del continente, Bolivia, y uno de los países más industrializados del mundo, Brasil.
 
En Bolivia sólo es pobre la mayoría indígena. Cuenta con importantes reservas de hidrocarburos, las segundas del continente luego de las de Venezuela. Tiene además una posición geográfica clave, ya que por su territorio rico en biodiversidad –que va del altiplano andino a la selva amazónica– deben pasar cinco ejes de integración y desarrollo que unen el Pacífico y el Atlántico. Por eso la banca internacional definió en el plan El Cambio para Todos que Bolivia debía convertirse en “país tránsito del subcontinente y centro distribuidor de gas y otros energéticos”. Como país de tránsito, los corredores de exportación de bienes y servicios formarán parte de importantes proyectos binacionales de generación y distribución de energía hidroeléctrica y termoeléctrica.
 
Según los planes definidos en la IIRSA, el país se verá abocado a la construcción de una nueva Red Fundamental de Carreteras, que dejan zonas enteras del país aisladas pero conectan las reservas de hidrocarburos con los mercados mundiales. El Eje Interoceánico Central –que une el puerto brasileño de Santos con los chilenos de Arica e Iquique– atraviesa Bolivia por la zona central y es imprescindible para países como Brasil y Chile, que son los más interesados en impulsar el comercio bi-oceánico. El Eje Perú-Brasil-Bolivia permite unir el Estado brasileño de Rondonia con el Pacífico, para sacar la gigantesca producción de soya de ese Estado “aprovechando una de las pocas regiones del continente en el que el cruce de los Andes presenta menores dificultades”. De este modo Bolivia es objeto de grandes inversiones que fraccionan su territorio con cinco corredores.
Brasil está en la situación opuesta. Este tipo de integración exógena le permitiría “avanzar en su anhelo de lograr una posición dominante en América Latina, resultado de la estrategia desarrollada desde los 80 de alcanzar el liderazgo regional a través de la incorporación a su zona de influencia de los países de su entorno geográfico más próximo: Argentina, Uruguay, Paraguay, luego Bolivia y Chile, posteriormente los demás países de la Comunidad Andina y luego toda Sudamérica, con el fin de fortalecer su economía frente al ALCA”.
Brasil está en condiciones muy similares a los países del primer mundo a la hora de sacar provecho de la IIRSA. En los hechos, Brasil tiene una relación con los demás países sudamericanos –con la parcial excepción de Argentina– similar a la que tienen los países del centro con los de la periferia. En primer lugar, Brasil es el más interesado en la región en poder sacar su producción industrial y del agrobusiness por el Pacífico. En segundo lugar, son brasileñas algunas de las empresas que construyen parte de la infraestructura, como la Constructora Norberto Odebrecht, que tiene inversiones en casi todos los países de la región, o como la petrolera Petrobras. En tercer lugar, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) es uno de los principales financiadores de la IIRSA.
El Complejo Río Madera, que es uno de los núcleos del Eje Perú-Brasil-Bolivia, es quizá el mejor ejemplo. Carlos Lessa, ex presidente del BNDES, sostuvo que con ese proyecto “Brasil promueve su propia versión de la conquista del oeste en una zona selvática vecina a Perú y Bolivia, con su megaproyecto que ilustra los sueños de integración de América Latina, en cuyas fronteras está todo por hacer”. El proyecto Complejo Río Madera incluye dos hidroeléctricas en Brasil; esclusas para hacer navegable el río, lo que supone la eliminación de una zona de cachelas que “interrumpen” la navegación; una hidroeléctrica en el Río Beni (Bolivia) y puertos para la hidrovía de los ríos Madera-Guaporé-Beni-Madre de Dios (Brasil-Bolivia-Perú). El proyecto permite “la generación de energía en cantidades significativas y a bajo costo y para la consolidación del Polo de Desarrollo del agrobusiness en la región oeste de Brasil y la Amazonía boliviana”, lo que permite la reducción de los costos de transporte de granos y otros commodities.
El proyecto tendrá un enorme impacto ambiental y beneficiará sólo a Brasil. “Las empresas brasileñas se constituirán en el único comprador de toda la energía producida, imponiendo condiciones de compra, contratos y precios”. El proyecto demanda una inversión de U$S 6 mil millones, beneficiará a las brasileñas Odebrecht, Furnas Centrais Elétricas y al grupo Tedesco Maggi (el mayor exportador de soya de Brasil), que ha invertido U$S 100 millones en la navegabilidad del Río Madera, “donde posee la flota más importante de barcazas y remolcadores, con una capacidad de transporte fluvial de 210 mil toneladas por mes”.
Observado en perspectiva, proyectos como el Complejo Río Madera forman parte de la geopolítica brasileña de expansión hacia el oeste y de ocupación de territorios “vacíos”, de control de recursos estratégicos como los hidrocarburos bolivianos y confirma la impresión de que “los gobernantes brasileños parecen haber llegado a la conclusión de que el aumento de la competitividad brasileña en el mercado internacional depende, en gran medida, de la integración de Sudamérica”. Sólo habría que agregar que se trata de una integración doblemente subordinada: a Brasil, por parte de los países sudamericanos, y del conjunto de la región al mercado y al empresariado mundial.
* Por Margarita Flórez , Abogada ambientalista. Investigadora de ILSA, Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos.
[1] Fragmento de su intervención durante el Seminario sobre IIRSA auspiciado por BNDES y la CAF, en el 2003. Citado por Guillermo Carvalho, en “La integración Sudamericana y el Brasil: el protagonismo brasileño en la implementación de la IIRSA”. Actino Aid, 2006, página 35.
[2] “Las cumbres hemisféricas surgen en el contexto de reorganizar las relaciones interamericanas, adaptando las discusiones y los procedimientos a las nuevas condiciones políticas, económicas y sociales del mundo y de la región” (documento “Antecedentes de las Cumbres de las Américas”. Red Interamericana para la democracia) www.redinter.org [3]www.oea.org/Cumbres
[4] El Secretario de la CAN destaca el papel de IIRSA en la construcción de la Comunidad Sudamericana de Naciones. Comunicado de la CAN, Lima, 23 nov. 2004. Una cartera de proyectos con visión regional de desarrollo fueron destacados hoy en la inauguración de la Sexta Reunión del Comité de Dirección Ejecutiva (CDE) de la IIRSA. ver aquí
[5] El faraónico proyecto transportará 150 millones de metros cúbicos de combustible a través de la Amazonía. “No tiene coherencia económica”, advierten opositores; comunicadowww.amigransa.org
[6] Ver aquí, En Carvalho, op. cit.
[7] Ver el texto completo de la reunión de ministros de Transporte, Telecomunicaciones y Energía de América del Sur, Plan de Acción para la Integración en la Infraestructura Regional en América del Sur, Comité de Coordinación Técnica, CCT, BID/CAF/Fonplata, Montevideo, Uruguay, 4 y 5 de diciembre 2000, en www.iirsa.org
[8]Fue adoptado a continuación de la reunión presidencial realizada entre los días 26 y 27 de julio de 2002 , con ocasión del centésimo octogésimo aniversario del encuentro de los Libertadores Simón Bolívar y José de San Martín, por los Jefes de Estado de Argentina, Eduardo Duhalde; Bolivia, Jorge Quiroga; Brasil, Fernando Henrique Cardoso; Chile, Ricardo Lagos; Colombia, Andrés Pastrana; Paraguay, Luis Ángel González Macchi; Perú, Alejandro Toledo; Venezuela, Hugo Chávez Frías; Uruguay, Luis Hierro López, vicepresidente de la República, en representación del presidente Jorge Batlle; Guyana, Samuel R. Insanally, ministro de Relaciones Exteriores, en representación del presidente Bharrat Jagdeo; y Suriname, Maria Elizabeth Levens, ministra de Relaciones Exteriores, en representación del presidente Runaldo Ronald Venetiaan. [9] Plan de Acción para la Integración de la Infraestructura Regional en América del Sur.Comité de Coordinación Técnica (CCT); Banco Interamericano de Desarrollo (BID); Corporación Andina de Fomento (CAF); Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata). Montevideo, República Oriental del Uruguay, 4 y 5 de diciembre de 2000.
[10] En “Una visión estratégica para América del Sur”. Sinergia Latinoamericana, Año3, No. 10. Octubre 2003. [11] Ver aquí [12] Fuente: www.oea.org
[13] Informe del Grupo de Trabajo Conjunto XXIX Reunión del Grupo de Revisión e Implementación de Cumbres (GRIC) Santiago, Chile. Junio 2003. Secretaría de Cumbres de las Américas. http://www.summit-americas.org/S [14] www.iirsa.org
[15] Ver entre otros documentos en www.iirsa.org : “Un Nuevo impulso a la integración de la infraestructura regional en América del Sur”, Departamento de Operaciones 3, BID, 2000.[16] Ver aquí [17] Mensaje enviado por alcidesf@riosvivos.org.brFórum Carajás” forumcarajas@elo.com.br - To tge@topica.com -Sent: Tuesday, December 02, 2003 6:41 PM Subject: Re: [GTEnergia] IIRSA.
BNDES libera US $387 milhões para hidrelétricas na Venezuela e no Equador Projetos são os primeiros oficializados dentro da política de integração da infra - estrutura na América do Sul. Oldon Machado, Negócios.2/12/2003.
[18] “BNDS. Según informes de prensa, este banco brasileño otorgó hasta el momento U$S 9.000 millones en préstamos a la región. Argentina, Paraguay y Uruguay son sus principales clientes”. Citado por La Razón, domingo, abril 23 de 2006, La Paz, Bolivia. En el artículo “Evo dejará de contratar créditos no concesionales”. [19] Comunicado de la CAF, Caracas, 31 de mayo 2006, www.caf.org
[20] Comentario de Roberto Salinas, coordinador por Paraguay de la Iniciativa de Integración Regional de Sudamérica (IIRSA). Pedirán al FMI flexibilizar normativas para invertir. Fuente:http://www.lanacion.com.py 24/05/2005 [21] Y como indicador del cumplimiento de la participación ciudadana, se señala que “existen 67 OSC acreditadas en el marco de las Directrices para la Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en las Actividades de la OEA y otras están en proceso de conseguir la acreditación”. Es decir que nueve años desde la primera Cumbre de las Américas apenas este número de organizaciones se han acercado a las oficinas de enlace nacionales, que son los entes facultados para organizar la participación. Ante este desastre democrático, el Consejo Permanente adoptó la Resolución 840 de 2003, que institucionaliza el diálogo, durante la Asamblea General de la OEA, entre los Jefes de Delegación y las organizaciones de la sociedad civil. www.oea.org
[22] Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos; Pacto de San José; Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial; Declaración de Estocolmo; Declaración de Río; Programa 21; Convenio 169; Convenio sobre Diversidad Biológica, CDB. [23] a) Sistemas Operativos de Transporte Multimodal; b) Sistemas Operativos de Transporte Aéreo; c) Facilitación de Pasos de Frontera; d) Armonización de políticas regulatorias, de interconexión, de espectro, de estándares técnicos y de universalización de Internet; e) Instrumentos para el financiamiento de proyectos de integración física regional; f) Marcos normativos de mercados energéticos regionales.
[24] Informe final de la Relatora Especial, Fatma Zohra de 6 de julio de 1994, en el Anexo 1. [25] Taller IIRSA: un modelo de desintegración territorial Viena, 11 de mayo del 2006 co-organizado por Both Ends, Amigos de la Tierra Internacional, Ceades, Ilsa, M'bigua y Sobrevivencia, durante el Encuentro Enlazando Alternativas 2, Viena, mayo 2006 [26] Carta de ONG brasileñas dirigida al presidente Lula da Silva el 6 de Junho de 2006.
[27] 10/03/03. Carta sobre el proceso de actualización de los estudios del Programa Hidrovía Paraguay-Paraná, Campo Grande, 3 de marzo de 2003. Administrador Programa Naciones Unidas para el Desarrollo, Mark Malloch Brown; Presidente Cooperación Andina de Fomento, Enrique García Secretario Ejecutivo; Comité Intergubernamental de la Hidrovía, Ing. Juan Antonio Basadonnawww.riosvivos.org.br