Gian Carlo Delgado Ramos, en "Deuda ecológica y ecología política minera en América latina", nos aclara acerca de la profundización de los esquemas de transferencia de riqueza desde los países periféricos a los centrales del sistema capitalista:“El saqueo colonial entre 1503 y 1660 se calcula, sólo para América latina (AL), en una extracción de metales preciosos del orden de unos 185 mil kilos de oro y unos 16 millones de kilos de plata. Los impactos ecosociales de tal explotación minera, fueron devastadores pero, ciertamente, no podían alcanzar las dimensiones insostenibles que se registran hoy y que son resultado tanto de las dimensiones que ha alcanzado la actividad minera mundial, como del empleo de tecnologías y técnicas altamente rentables a costa de mucha más destrucción.
Tal mecanismo de transferencia de la riqueza natural se ha venido consolidando (...)".
"Una actividad que, lejos de reducirse en términos de tonelaje de minerales extraídos, se ha incrementado año tras año (...)".
Destaca que "el sistema capitalista de producción, desde los inicios de su expansión, se identifica como la existencia de flujos crecientes de transferencia de recursos por la vía de esquemas coloniales de explotación. Más recientemente consiste en el funcionamiento de lo que se ha calificado como "economías de enclave" (aquéllas que transfieren recursos a favor de los acreedores sin generar encadenamientos endógenos relevantes)".
Advierte:
- "Poco más de la tercera parte de las mayores empresas operando en AL están vinculadas, de algún modo, con el sector extractivo, ello sin incluir aquellas dedicadas al sector agroindustrial ni al de rastreo de biodiversidad y su conocimiento asociado con el potencial comercial de aplicaciones farmacéuticas, químicas, cosméticas, etc. ni al del embotellamiento de agua para su exportación.
- Aún más, muchos de los procesos extractivos vinculados con el sector minero y siderúrgico emplean una cantidad gigantesca de energía que es aportada a bajo costo con recursos naturales de esos países saqueados, o sea, que además del costo ambiental de los procesos extractivos, deben internalizar los de generación de energía. (...)
- Se suma el uso masivo de agua que requiere dicho sector y que muchas veces genera conflictos por el acceso, el uso y el usufructo del recurso, que al final del proceso minero es desechado con altos índices de contaminantes como lo son metales pesados, arsénico, cloratos, cianuro, entre otros (...)".
- Se agravan las consecuencias socioambientales mediante "las diversas infraestructuras que se han emplazado y se tienen planificadas como parte de proyectos de 'desarrollo' de tipo extractivo e industrial-maquilador (autopistas, ferrocarriles de alta velocidad, hidroeléctricas, hidrovías, etc.). Ello es así porque, por un lado, tal infraestructura impacta directamente en los ecosistemas, muchas veces de modo irreversible; y porque, por otro lado, justamente esa infraestructura es la que permite intensificar la explotación de la población y los ecosistemas para facilitar la transferencia de riqueza a favor de los acreedores, particularmente de Estados Unidos, una potencia que históricamente ha mantenido una vasta proyección -incluyendo militar- sobre la región (...)".
Concluye: "La profundización de los esquemas de transferencia de riqueza de la periferia hacia los países metropolitanos, así como la agudización de la devastación ambiental que ésta y otros procesos generan, nos lleva a reflexionar sobre los impactos ambientales y sociales, pero también acerca de sus costos en términos de vidas no solamente humanas.
El debate sobre esta cuestión, con toda la amplitud de aspectos que vincula, se perfila como un asunto de trascendencia que se mantendrá en la agenda latinoamericana, tanto de parte de las elites de poder extranjeras y sus socios regionales (dígase oligarquía) como de los pueblos.
Desde el punto de vista de los movimientos sociales, el debate podría ser reducido (por algunos actores) a un asunto sobre el derecho universal a un medio ambiente sano que es vital pero -en el fondo- lo que está en juego no es sólo eso, sino sobre todo la definición de cómo los pueblos latinoamericanos (y del mundo) han de relacionarse con la naturaleza y cómo han de gestionar su autonomía. (...)
Por lo indicado, se hace necesario hablar de «seguridad ecológica», concepto que se propone para diferenciarlo del de «seguridad ambiental» cuya noción central es la securitización de los recursos y por tanto de la ausencia de justicia social. En sentido inverso, la seguridad ecológica es entendida como la seguridad (ecológica) de los pueblos y de la diversidad de formas de vida con las que compartimos el planeta. Esto es que la biosfera -como primer y último referente de la vida- se torna entonces elemento nodal en la lucha social puesto que obligadamente precisa la satisfacción de las necesidades básicas de los pueblos (lo que incluye su propia identidad y diversidad cultural e histórica), no sólo en el corto-mediano plazo sino, sobre todo, en el largo plazo".
Propone: "abrir la posibilidad de revertir aquellos proyectos ecológica y socialmente negativos depende de cuán sólido se construye el muro social con el que se toparán los diversos proyectos en cuestión, y que sólo son posibles gracias al papel activo de una elite latinoamericana que los avala y -por si fuera poco- los promueve y ejecuta principalmente a favor de la cúpula de poder de los países metropolitanos.
La guerra de clase que la oligarquía latinoamericana mantiene contra sus pueblos es fundamental para mantener la creciente transferencia de excedentes, pero al mismo tiempo también fortalece la lucha por la conciencia social como fundamento para la construcción de una alternativa económica, social y ecológicamente armónica".
Fuente: Realidad Económica Nº 246 de agosto-septiembre de 2009/ www.iade.org.ar
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