Censura a Horizonte Sur se suma a invisibilizar a los pueblos fumigados

El Grupo de Reflexión Rural (GRR) está desarrollando -desde el año 2005- una campaña nacional contra el uso de agrotóxicos en poblaciones urbanas con el objetivo de asegurar la salud de las personas, el cuidado del medio ambiente y poner en marcha la repoblación del campo y la soberanía alimentaría.

El trabajo consiste en recopilar testimonios de los pobladores afectados y los datos que nos puedan ofrecer (relevamiento de enfermos, análisis de agua y suelo, etc.) para dar evidencia de los efectos negativos que produce la aplicación de productos tóxicos como el glifosato.
Hasta el momento, el GRR ha recibido información de las siguientes localidades: barrio Ituzaingó Anexo(Córdoba), Montecristo (Córdoba), San Francisco (Córdoba), Las Petacas (Santa Fe), San Lorenzo, (Santa Fe) y Los Toldos (Buenos Aires) Fe. Una vez que se logre recoger un importante número de casos se presentará un informe a las autoridades nacionales para que visualicen la gravedad del uso de agrotóxicos en campos aledaños a poblaciones urbanas y para exigirles que actúen frente al problema.
Juntos y organizados podremos lograr el objetivo.
No permitamos que fumiguen nuestras vidas.
Para dejar su testimonio escribanos al correo: parendefumigar@grr.org.ar

El Grupo de Reflexión Rural (GRR) expresa en su último documento:
"El reciente fallo de Cámara en la Provincia de Santa Fe relativo al Municipio de San Jorge, ha merecido importantes espacios periodísticos, ha tenido inclusive, la tapa del diario gubernamental por excelencia, y ha estado en la agenda mediática durante más de una semana considerándoselo como un éxito que frenaría las fumigaciones y el uso irrestricto de tóxicos en la agricultura.

La Cámara intervino por la apelación de los demandados a la decisión del Juez en primera instancia, que hacía lugar a una demanda de amparo y que había producido escozor en los sectores ligados a la producción de soja, porque reconocía el principio precautorio a favor de los vecinos, y la necesidad de impedir las fumigaciones con cualquier producto, en las distancias peticionadas por los demandantes, o sea 800 metros para las fumigaciones terrestres y 1.500 metros para las fumigaciones aéreas.

Como un hecho relevante el Juez Tristán Martínez sostenía que los demandados, o sea, los dueños de los campos, el Municipio de San Jorge y la Provincia de Santa Fe, deberían haberle acercado estudios propios y no simples remisiones sobre los impactos, y en una decisión valerosa, impuso la obligación de probar su defensa a quienes se encuentran en mejor posición para hacerlo y no a quienes alegan el daño, tal como en este caso son los vecinos de un barrio del municipio de San Jorge. El fallo por lo demás, ponía de manifiesto que ni la Municipalidad ni la Provincia daban garantía alguna de la protección de las personas, y que ni siquiera reconocían saber qué tóxicos eran aplicados. El Juez Martínez concluía dictaminando que entre el ambiente saludable y la salud de las personas, versus la actividad económica, debían primar los primeros intereses y qué, ante la falta de certezas sobre las distancias que harían posible la protección de los vecinos, se inclinaba por conceder las distancias peticionadas en el amparo. Hasta allí entonces, el Juez Tristán Martínez.

¿Qué es lo que dice ahora la Cámara de Apelaciones en lo civil y comercial, que ha merecido tantos respaldos y alharaca desde la prensa oficialista? La Cámara expresa confirmar el fallo de primera instancia, pero en realidad, a nuestro juicio, lo revoca, aunque sea parcialmente, ya que transforma un fallo permanente en una medida cautelar...o sea provisoria. La Cámara admite el recurso interpuesto por la Municipalidad de San Jorge y desestima la acción contra ella por entender y esto es sumamente grave, que no tiene responsabilidad alguna sobre el control de los procedimientos relacionados con las fumigaciones. Hasta ahora, se suponía que el hecho de que los gobiernos provinciales no ejercieran la autoridad de aplicación de una ley de control, no eximía al poder Municipal de sus facultades y obligaciones en el propio territorio.

En segundo lugar, la Cámara modifica la decisión del Juez y limita la prohibición de fumigar a un exiguo plazo de seis meses, que, coincide casualmente con la época de cosecha y post cosecha en que puede prescindirse de tales fumigaciones.

En tercer lugar, entendemos que la Cámara se permite desconocer el principio precautorio admitido por el Juez, a la vez que decide buscar las certezas necesarias, y para ello ordena producir un informe en forma conjunta al Gobierno de la Provincia de Santa Fe y a la Universidad del Litoral. No por separado, sino en conjunto, como obligando a una probable negociación política del informe, y obligando al Juez a pronunciarse nuevamente a la luz de lo que ese informe arroje, a pesar de ya haberse expedido el mismo en la línea de prohibir las fumigaciones.
La Cámara, de haber aplicado el principio precautorio, debería haberse pronunciado en el mismo sentido en que lo hiciera el magistrado, prohibiendo las fumigaciones. Por lo contrario, la Cámara, ignora o invisibiliza en este fallo de tanta repercusión mediática, la aplicación del principio precautorio, y ello es muy grave, porque desde una perspectiva jurídica legal, está privando a los damnificados de un derecho que les es fundamental.

Opinamos que no debería instalarse la idea de que, un proceso judicial, mucho menos un amparo ambiental, es el lugar adecuado para salvaguardar a la comunidad de las malas políticas gubernamentales. Las investigaciones, producción de informes, análisis y cuanta cosa necesaria se requiera, debió haberlas producido el Gobierno Provincial con anterioridad a la introducción de las fumigaciones como práctica cotidiana, o apenas surgieran los primeros indicios de los posibles efectos negativos o apenas entrada en vigencia la ley 11.723, que regula las fumigaciones en la provincia. Hoy al Gobierno de Santa Fe, como a la Municipalidad de San Jorge, debió hacérseles asumir su inoperancia y no, en cambio, ordenar la producción de estudios o informes que, con una Argentina en donde se siembran más de 20 millones de hectáreas con soja y donde las fumigaciones son moneda corriente, resulta casi un insulto para todos aquellos sobre los cuales recae y recaerá siempre el gravamen de los éxitos de la agricultura industrial y del modelo agro exportador.

Se ha dicho de manera reiterada en la campaña impulsada por el diario Página 12 y ciertos grupos ambientalistas, que parecieran ir detrás de meros criterios de buenas prácticas agrícolas, que la Cámara confirmó el fallo de primera instancia y que tal pronunciamiento se encuentra firme. Ambas afirmaciones resultan falsas por todas las consideraciones que se han explicado anteriormente. Lo que en verdad subyace, es que se ha generado una nueva oportunidad para los demandados, en especial para el Gobierno de Santa Fe, una nueva oportunidad para sostener su obstinación en no reconocer el impacto negativo que las fumigaciones tienen sobre la salud y los ecosistemas, en el estilo de los informes científicos a los que nos tienen habituados, con simples remisiones y sin estudios serios epidemiológicos.

Sospechamos que en esta maniobra periodística de retorcimiento interpretativo de un fallo judicial, existe una operatoria política que, desde el poder central hace de la provincia de Santa Fe, un laboratorio para experimentar con riesgo ajeno, ciertas prácticas de responsabilidad social empresarial y aplicación de criterios técnicamente más apropiados al sostenimiento del modelo. Recordemos que Santa Fe es una provincia que desde perspectivas político partidarias, no es campo propio del oficialismo, y que, por lo tanto permite ciertos márgenes de maniobra, de hecho lo vienen probando en su acercamiento a las campañas contra las fumigaciones, ciertos/as diputados/as del FPV y otros sectores vinculados al gobierno; cuanto más, cuando las consecuencias de cosa juzgada en relación a la negación del principio precautorio y a eximir a los municipios de responsabilidad sobre el control de uso de agrotóxicos, pueden alcanzar proyecciones a nivel nacional.

Sin necesidad de llegar al caso extremo de radioemisoras que nos llamaron en esos días del fallo para conocer nuestra opinión sobre la prohibición del Glifosato... (Sic) podemos decir que, las circunstancias a las que refiere este informe, han puesto en evidencia, la enorme ignorancia existente en los medios intelectuales y periodísticos acerca de esos temas y de cómo esa ignorancia, se hace víctima de la confusión y de la manipulación que se ejerce desde las usinas de inteligencia.
Una vez más, debemos recordar:

• Que estamos en presencia de un modelo neocolonial aplicado a nuestro país por las Corporaciones transnacionales, por los exportadores, y en especial, por una nueva oligarquía basada en el complejo sojero/aceitero.
• Que ese modelo es modernizante desde las nuevas perspectivas de los mercados globales, y que cuenta con importantes respaldos de los sectores progresistas y de izquierda, tanto en el gobierno como en la oposición.
• Que nuestro país ha sido campo de experimentación desde los años noventa, en que las primeras semillas transgénicas de Monsanto fueron liberadas a su comercialización, y desde que se fomentó su llegada por bolsa blanca a todos los países vecinos, pese a que en todos ellos existían leyes específicas que las prohibían.
• Que en los años posteriores, tanto en el plano internacional en relación con el respaldo a la OMC y la oposición a las moratorias y toda norma europea que limitara la entrada de OGM, como en el plano de las políticas locales, con ingestas de soja en los comedores para carenciados y en escuelas para niños, e incorporación de harinas y aceites de soja en toda la cadena alimentaria, nuestro país continúo siendo un centro de experimentación de esas políticas globales.
• Que el desarrollo de importantes polos biotecnológicos aportó en el mismo sentido, y que la confirmación definitiva de ese modelo fue la decisión de instalar un Ministerio de Ciencia e Innovación tecnológica, así como que, desde la misma presidencia de la República, se asumiera públicamente que las Universidades deberían colocar la ciencia al servicio del interés empresarial y que las Corporaciones aportaran fondos de manera oficial para esos objetivos.

No sorprende por ello, que en lugares críticos y sin mayores riesgos para el modelo implantado de sojización en constante expansión, se experimenten caminos de presunta mayor sustentabilidad y se busque responder a las crecientes demandas vecinales con criterios de supuestas buenas prácticas, de alejamiento de la línea agronómica de los límites de las localidades y comprometiendo a las ONG ambientales y a los grupos de vecinos autoconvocados en prolongados e interminables pleitos jurídicos de improbable resolución.
Y por último, que se nos confronte en el reclamo de nuestros derechos a una vida digna, con intrincados informes técnicos, cuando bastaría el mero sentido común y poder visualizar sin preconceptos, la falta de calidad de vida y la cantidad de afectados, para tomar conciencia de que estamos en presencia de impactos gravísimos e impunes, y que esos impactos son consecuencias inevitables de un modelo de país que cuenta con el más amplio respaldo del grueso de la dirigencia política".
Fuente: http://www.grr.org.ar/ 9 de Abril de 2010

"Democracias made in USA"

Abel Irala(Revista Acción Popular) responde a: "¿Qué es nuestra democracia?

Para poder dominar a los países del Sur durante la década de los 70 y 80, el gobierno de los Estados Unidos elaboró y desarrollo lo que se dio a conocer como el Plan Cóndor, aplicado a través de la implementación de dictaduras militares en diferentes países de América del Sur.

Estos regímenes militares y dictatoriales fueron cayendo y se empezaron a inaugurar nuevos gobiernos con ropajes democráticos, lo que no significó que la dominación de los Estados Unidos caiga con ellos, ni se alejara de nuestro continente. Manuel Freytas denomina a las democracias de nuestros países como una especie de “democracias made in USA”, es decir un nuevo régimen con supuestas libertades públicas diseñadas por el país del Norte para ejercer una nueva forma de dominación y penetración.

La riqueza existente en Sudamérica en cuanto a recursos naturales, como el agua, la tierra y el petróleo, son las principales motivaciones de los Estados Unidos y para esto se promueve; una forma de economía; que tuvo sus raíces y comienzo en las dictaduras, pero tiene su continuidad en los actuales gobiernos democráticos. Consiste en privatizar las empresas estatales, los recursos naturales y convertir la agricultura en un negocio, las materias primas, los alimentos, todo lo que sale de la tierra, pasa a ser una mercancía más para el beneficio de manos privadas, para las empresas que se instalan en el sector agrícola. A diferencias de la agricultura tradicional, de aquélla llevada por familias campesinas que cultivaban para poder vivir, la agricultura empresarial busca el lucro y la explotación máxima de la tierra sin importar los daños que pueda ocasionar.

Muchos de los capitales de estas empresas de agronegocios son de origen del país que ha diseñado el Plan Cóndor, como por ejemplo: ADM Paraguay, BUNGE PARAGUAY S.A, CARGILL AGROPECUARIA SACI, como las más representativas de la economía agro empresarial. Vale mencionar que esta economía está pensada con una lógica para generar lucro y riqueza para las empresas y no para la sociedad, no redunda en ningún tipo de beneficio para los que estamos por fuera de esta forma maléfica de hacer “negocio”.
Dentro de esta lógica, p ara hacer que este negocio funcione, una de las cosas necesarias es contar con suficiente cantidad de tierras, esas tierras deben ser llenadas de unos o dos productos para la venta y exportación, el caso más común: la soja. Y se debe combatir y expulsar a campesinos/as que quieran o necesiten usar esas tierras para vivir en ellas y/o producir cultivos que tengan ver con su cultura o alimentación.

Esa democracia MADE IN USA, a la que nos referíamos al comienzo, defiende la libertad de estas empresas de operar en cualquiera de los países sudamericanos. Estas democracias impulsan un modelo denominado Agroexportador y defiende n una economía que nada tiene que ver con: poder del pueblo.

La economía implementada en la democracia es la continuidad de la dominación de un país sobre otros.
En el año 2005 el Congreso Paraguayo aprobó el ingreso de tropas Estadounidenses con inmunidad por un periodo de 18 meses, es decir que ni la justicia paraguaya ni ningún otr o órgano de nuestro Estado tenía el poder sobre lo que vayan a realizar estos militares extranjeros. En otros términos y para ser mas claros, los señores diputados y senadores de aquel tiempo y que algunos continúan hasta hoy dijeron a las tropas de Estados Unidos: “peike ha pejapo la pejaposea” (término en guaraní: entren y hagan lo que quieran)
En el periodo democrático por lo que atraviesan los distintos países de la región y así también el nuestro, Estados Unidos dice estar preocupado por “ayudar” a los países a consolidar sus democracias. Para lo cual el aspecto militar juega un rol importante. Según Estados Unidos, las democracias están amenazadas por dos males principales: el narcotráfico y el terrorismo. Para lo cual sus militares están entrenados para apoyar a los países del Sur.
En este marco en el año 1999 se ha puesto en vigencia el denominado Plan Colombia, que es un acuerdo entre los países de Colombia y Estados Unidos. Varios pensadores y analistas coinciden en que este es el plan sustituto del Plan Cóndor en América Latina, con matices nuevos, y que será desde Colombia que Estados Unidos intentará operar para el control militar de la región, el país colombiano se vuelve como la punta de lanza de las acciones militares estadounidenses.
Para llevar adelante este plan es necesario crear un enemigo al interno de los países, hacernos creer que el país esta azotado por narcotráfico y/o terrorismo, como pretexto para meter miedo a la población, y buscar nexos entre el terrorismo y los movimientos sociales que se opongan a los planes de los Estados Unidos.
Pero esos nuevos matices que presenta esta forma de militarización de los países se deben dar dentro de lo formal de las democracias, es decir, ocupan nuestros territorios con el aval de los poderes del Estado, con firmas de acuerdos de cooperación y convenios internacionales. Estos constan básicamente de dos ejes fundamentales:

• Uno: tiene que ver con las ayudas humanitarias, que se basan por lo general en asistencia médica a la población. Forma muy sutil de tener controlado buena parte del territorio, de sacar información, de ganar la confianza de la gente.


• Dos: el entrenamiento, asesoramiento y maniobras militares conjuntas entre las Fuerzas Armadas de un país y la de Estados Unidos. Todo esto, ya fue aplicado en nuestro país.

Colombia es uno de los países que registra mayor nivel de violencia, así como de denuncias de violación de derecho humanos, con la fosa común más grande del continente llamada La Macarena donde existen miles de cuerpos NN, con un gobierno que da carta verde a los Estados Unidos para instalar Bases Militares en los puntos estratégicos de su país. Es con Alvaro Uribe presidente de Colombia, que Fernando Lugo, Presidente del Paraguay, ha firmado un acuerdo en el año 2008 para la lucha contra el terrorismo. Es justamente de ese país que en enero de este año se ha comprado 450 fusiles Galil y más de 200 mil municiones por un valor de 2.600 millones de guaraníes. Asesores Colombianos se pasean por nuestro país asesorando al Ministerio del Interior, a la Fiscalía antisecuestro, el experto colombiano Yerkinson Toncel ofrece charlas para empresarios y ganaderos de cómo cuidarse y prevenir los secuestros.
Y son estos signos lo que nos hace insistir en el título de este artículo, en un momento en que se debate mucho sobre el “profundizar nuestra democracia”".
Fuente original: Revista Acción Popular, marzo-abril 2010 Fuente: http://www.rebelión.org/ /América Latina y Caribe/ 16-4-2010

Se justifica que el canje es progresista. Pero los banqueros festejan y el país se endeuda.

Economistas de Izquierda (EDI) transcurridos diez meses de su surgimiento, declaran: "consideramos oportuno reflexionar sobre el sentido de nuestro agrupamiento. (…) “El EDI es hijo de las protestas de diciembre y proclama su colaboración con todas las organizaciones populares”, comentó acertadamente una periodista1. Nuestro espacio forma parte del conglomerado de organismos surgidos al calor de esa rebelión. Por eso, en un encuentro barrial, un vecino describió al EDI como una “asamblea de economistas”, es decir como un agrupamiento gestado en el clima de autoconvocatoria, deliberación activa e intervención popular que ha predominado en los últimos meses.

Nuestra peculiaridad ha sido recoger la preocupación colectiva que existe por la elaboración de un proyecto económico superador de la catástrofe social. Los planteos del EDI no son elaboraciones imaginarias de un grupo de expertos, sino que retoman las reivindicaciones y propuestas de lucha discutidas por la población movilizada. Estos programas expresan un elevado nivel de deliberación popular, un nítido giro a la izquierda y una gran preocupación por la viabilidad de las propuestas.
TRES DETERMINANTES
La existencia del EDI refleja tres procesos claves de la situación argentina: la rebelión popular, el descrédito del régimen político y la radicalización de amplios sectores de la población(…)".

Economistas de Izquierda (EDI), en "Los banqueros festejan. El país se endeuda. ¿Se ha vuelto progresista pagar la deuda?: Consideraciones sobre el canje y sus implicancias", explican: "El gobierno se dispone a concretar el canje con los bonistas que no aceptaron la oferta del 2005. La operación es celebrada por los financistas, elogiada por los oficialistas y aprobada por la oposición de derecha. Pero es una transacción gravosa para el país y adversa para los intereses populares. Reabre una negociación que estaba formalmente cerrada y prohibida. Carece de justificación y no se apoya en ningún dato creíble sobre el estado de las cuentas públicas.
Para quienes suscribimos esta declaración se trata de un canje nefasto.


Una vez más
Este canje es una nueva emisión de deuda para sustituir los viejos pasivos que se desvalorizaron con la cesación de pagos del 2001. Un recambio de títulos que ya se hizo en varias oportunidades para actualizar el endeudamiento. Sin embargo esta vez la operación es más siniestra, ya que se consuma con los bonistas que rehuyeron el canje del 2005 y que el gobierno prometió dejar afuera de cualquier cobro futuro. Ese anuncio fue incluso respaldado con la llamada “ley cerrojo”, que ahora el Parlamento derogó aceleradamente para reabrir la transacción, violando la sacrosanta custodia de la seguridad jurídica.


Este canje es otra vez un gran negocio para los bancos que preparan desde hace varios años un cambio de títulos que les reporte enormes ganancias de intermediación. Comenzaron a acaparar estos bonos cuando valían 8 centavos por dólar, apostando que alcanzarían la actual cotización de 45 centavos. Repitiendo lo ocurrido desde hace dos siglos, un grupo de lobbystas (Marcelo Etchebarne, Hans Joerg Rudlof y Caio Koch Wesser), recorrió los pasillos oficiales y preparó el canje con los funcionarios de turno. Si algún juez quisiera investigar las anomalías de la deuda argentina tendría todos los elementos de juicio a la vista para indagar las responsabilidades en este tipo de operaciones.
Sólo tres bancos manejan el negocio (Citi, Deutsche y Barclays) y han liderado el acaparamiento de los bonos depreciados por el default y revalorizados por la oferta del gobierno. Las irregularidades son incontables. El Barclays ejerce un inadmisible rol de asesor del Estado y representante de los bonistas. Además, financia a la compañía británica Desire Petroleum, que explora el petróleo de Malvinas. Mientras se sancionan leyes para penalizar a las firmas que colaboran con esta depredación colonial, el Estado contrata a un artífice de ese vaciamiento.
La operación vuelve a seducir a los acreedores mediante concesiones oprobiosas. Para lograr un alto porcentaje de adhesión se ofrece un pago adicional por los intereses generados desde el intercambio anterior, premiando la deserción que supuestamente debía sancionarse. Está en discusión pero volverían a otorgarse los incentivos vinculados al crecimiento del PBI, hace cinco años se justificaron en la incertidumbre de una economía en ruinas, en la actualidad se recrean como un simple regalo.
Los primeros cálculos prevén que el canje le brindará a los acreedores que acapararon títulos un beneficio de 1000 millones de dólares. Esta cifra explica la euforia de los mercados, la apetencia por los bonos argentinos y la disminución del riesgo país. Todo indica, además, que las comisiones de los intermediarios serán más elevadas que en el 2005. Se argumenta que este lucro “no corre a cuenta del Estado, sino de los bonistas”, pero todo el intercambio de papeles se paga con fondos públicos, que finalmente incrementan la deuda pública.
Para ocultar este perjuicio el ministro de Economía se ha declarado vencedor frente a los fondos buitres (“los aislamos y les quitamos capacidad de litigio”), en realidad sólo quedaron fuera del ring los especuladores marginales. Los principales buitres son los grandes bancos que acapararon títulos y que han sido bendecidos por el gobierno para comandar el negocio.


Una justificación innecesaria
El objetivo del canje es eliminar el obstáculo que impide un arreglo de los compromisos pendientes con el Club de París, a fin de alcanzar algún tipo de convivencia con el FMI. Esta sucesión de medidas es presentada como una “normalización” de la situación financiera internacional, que dejaría atrás la pesadilla del default. Al recorrer este sendero el gobierno culpabiliza al país por su pasado, ocultando que los financistas fueron los principales responsables de esos desastres. Como la consigna del momento es “volver al mercado internacional” se omite la responsabilidad primordial de los especuladores en la cesación de pagos.
Con un nuevo disfraz patriótico se retoma el lenguaje neoliberal, convocando a ser “creíbles y confiables”, es decir pagadores puntuales de compromisos que favorecen a los banqueros. Nuevamente se naturaliza el pago de deuda, olvidando que Argentina fue reiteradamente estafada por los grupos financieros.

En este clima plantear no pagar o exigir la investigación de la deuda es considerado “demagógico” e “irrealista” y cumplir con los especuladores es sinónimo de seriedad. Nuevamente hay que estar atento a la “actitud de los mercados” y alegrarse si aprueban las iniciativas oficiales.
Pero lo más novedoso es que el pago de la deuda se ha transformado en un “proyecto progresista”.

Tradicionalmente los gobiernos cumplían esta obligación en silencio y disimulando sus consecuencias para el país. Ahora se lo reivindica con grandilocuentes justificaciones. Se afirma que permite “recuperar autonomía”, cuando es evidente que el incremento de los compromisos externos genera dependencia. El mismo argumento fue utilizado para cancelar en forma total y anticipada los pasivos con el FMI. El desendeudamiento prometido con ese increíble pago se ha transformado ahora en el reinicio de un típico ciclo de endeudamiento.
La operación en curso es totalmente innecesaria, y los fondos que requiere la economía para una política económica de mejor distribución del ingreso pueden ser plenamente recaudados con ahorro interno. En EDI sostenemos que este autofinanciamiento es totalmente factible a condición de suspender los pagos actuales de la deuda, frenar la fuga de capitales, instaurar el control de cambios y un monopolio estatal de comercio exterior. Es cierto que el superávit fiscal se ha reducido drásticamente, pero se puede neutralizar este bache revisando también el otro gran rubro además de los servicios de la deuda: los subsidios a las grandes empresas, cuando se justifiquen no seguir pagándolos en base a declaraciones juradas de los beneficiarios.
Para nosotros es también el momento de cubrir las insuficiencias fiscales con una reforma impositiva progresiva que comience gravando las rentas extraordinarias exentas, especialmente en el plano financiero, y recaiga sobre quiénes mayor capacidad contributiva tienen. Esta punición debe extenderse de inmediato al área de la minería y el petróleo, mientras se duplican los aportes patronales de las grandes compañías.
Pero como lo confirma la reciente discusión sobre la ley del cheque, no pareciera existir la menor intención por parte de los partidos mayoritarios de enfocar el problema en estos términos. En lugar de impuestos a los ricos se vuelve al endeudamiento que tantas veces arruinó a la Argentina.
Pretextos y fantasías

Los partidarios del canje afirman que la situación de la deuda ha cambiado significativamente, aliviando la coyuntura de asfixia que predominaba en los años ‘80 y ‘90. Es un tema discutible. Pero, aún si así fuera, justamente este giro confirmaría hasta qué punto se habría vuelto innecesario volver al endeudamiento.
Es cierto que los pasivos totales del sector público pasaron de 139% del PBI (2003) a 49,1% (2009). La deuda era un 722% mayor que las reservas en esa fecha y en la actualidad se ha reducido al 120%. También se registró un achicamiento de los compromisos externos como porcentaje de las exportaciones de 296% (2003) a 81% (2009). Pero estos números, que los economistas del oficialismo esgrimen como grandes triunfos, deben ser matizados. Reflejan sí una reducción del endeudamiento con respecto al pico de crecimiento de la deuda. Sin embargo, los porcentajes con respecto al PBI son similares a los que existían en la segunda mitad de la década del ‘90, aún con las salvedades que deben hacerse sobre la composición diferente de los respectivos productos y su valuación. El aumento de la relación reservas / endeudamiento aleja el riesgo de default del horizonte inmediato, pero no lo elimina. El promedio de vida de la deuda se amplió, de 6,9 años a 12,7, pero lo que pesa en el corto plazo son los servicios de capital e intereses que vencen este año y los subsiguientes. Por otra parte, con posterioridad al canje de 2005, el ciclo de endeudamiento ha recomenzado.
No es ocioso recordar que estas modificaciones fueron el resultado de la brutal catástrofe producida por el colapso del 2001, que desvalorizó todos los activos y pasivos de la economía. La reducción de la deuda no fue un mérito del canje del 2005, ni de la astucia negociadora de Lavagna, fue costeada por mayorías populares. Los pasivos se contrajeron junto a la devaluación, la pesificación asimétrica, la expropiación de los pequeños depositantes, el desempleo y la miseria. Es necesario rememorar quién pagó esa reestructuración para evitar la repetición de un ciclo de endeudamiento.


Hay economistas que afirman que el país “no tiene dificultades de pago”, que mantiene un “perfil sostenible de la deuda”, que ésta “no obstaculiza ya el desenvolvimiento de la economía”. Pero si este diagnóstico fuera cierto, el canje carecería por completo de sentido. No habría ninguna razón para implementar una refinanciación tan prescindible. Otros afirman, en cambio, que el endeudamiento es indispensable, pero que esta vez “no será gravoso”. Al contrario, argumentan, permitirá reducir la tasa de interés que impera en toda la economía. Pero todos los cálculos indican que ese costo seguiría ubicado muy por encima del promedio internacional y entrañará por lo tanto fuertes erogaciones en los futuros vencimientos. La realidad es que la deuda, sus servicios anuales (hoy en el 10% del presupuesto nacional) y sus vencimientos futuros, sin llegar a plantear una situación explosiva inmediata como sucedió en el 2001 (nadie está pronosticando un default en el corto plazo), sigue siendo un problema y, año a año, miles de millones de dólares que podrían tener mejores destinos van a engrosar los bolsillos de los grandes especuladores.
Basta observar la dramática situación que afrontan actualmente las economías de la periferia europea (Grecia, Portugal, Irlanda, Islandia) para recordar cuán vulnerables son los países dependientes ante una eclosión financiera internacional. Argentina no está en el centro de este colapso porque ya soportó los brutales efectos del temblor precedente, pero reiniciar el ciclo de endeudamiento volverá a quitarle protección frente a un nuevo vendaval.
Suele afirmarse que el alto endeudamiento externo del pasado (76% en el 2003) ha quedado reemplazado por pasivos más controlables en moneda local (46% del total). Pero la historia reciente de muchos países (por ejemplo Brasil) indica que la sustitución de una tiranía financiera foránea por otra interior, no reduce los padecimientos populares. Un banquero local puede ser más despiadado que su colega externo.


Pugnas políticas y coincidencias de fondo
El canje se implementa al cabo de varios meses de intensas disputas entre el gobierno y la oposición que encarnan la UCR, el PJ disidente, el PRO y la CC. Ambos sectores coinciden en reiniciar el ciclo de endeudamiento pero han pugnado duramente por la forma de implementar esta operación y sobre todo por definir quién será la autoridad política encargada de liderar la reconciliación con los financistas.
Mientras disputaban ferozmente en el Parlamento y en los medios de comunicación, unos y otros bendijeron el entusiasmo de los mercados y sobre todo avalaron la auditoria que realizó la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) de toda la transacción.
La derecha aprueba plenamente el canje, pero propone combinar el endeudamiento externo con una reducción del gasto público, para poner en marcha una versión más tradicional del ajuste neoliberal. Con este objetivo provocó el conflicto del Banco Central que terminó perdiendo y desplegó durante meses una campaña para “cuidar las reservas”. Reservas que dilapidó en todas las ocasiones que le toco gobernar.
Con la siniestra bandera de “la autonomía del Banco Central”, defendió en los hechos el manejo de esa entidad por parte de los banqueros, buscando que este organismo continúe custodiado por un puñado de financistas y asegure las reservas como garantía de pago de la deuda. Por eso reivindicó una Carta Orgánica que le asegura al BCRA poderes propios y facultades superiores a cualquier otro organismo del Estado.
Repitiendo lo ocurrido con los principales conflictos de los últimos meses (ley de medios, revisión de las retenciones, reforma política, televisación del futbol,) el gobierno volvió a ganar esta disputa. Como esta pugna acaparó nuevamente la atención pública se ha perdido de vista la coincidencia central de los dos bandos en torno al canje.

• Esta convergencia fue anticipada cuando avalaron el pago anticipado de la deuda al FMI mediante los ahora cuestionados decretos de necesidad y urgencia. En el año 2005 el ejecutivo utilizó estos mecanismos con la aprobación plena de adversarios, que siempre exceptúan al tema de la deuda de su custodia republicana de la Constitución.


• Esta misma convergencia se ha verificado en torno al canje, refutando la impresión que en la Argentina “volvió el debate político”. Es completamente falso que se a retomado el debate sustancial en desmedro de la chicana y los fuegos de artificio. Justamente lo ocurrido ilustra cómo las controversias sobre las formas ocultan el contenido. Ambos bandos se desangran por imponer su política de pago de la deuda, sin cuestionar en ningún momento la legitimidad de esta erogación.

Nuestra perspectiva
Los cambios operados en las últimas décadas en la composición de la deuda pública (interna y externa) y en los tenedores de bonos (intraestatal, privados) han complejizado la respuesta. Es esa complejidad la que impone actualizar y renovar nuestras propuestas programáticas para generar una real alternativa.
Desde nuestra perspectiva un primer paso para la construcción de un programa alternativo pasa por la inmediata suspensión unilateral de los pagos.

La deuda ya no está, como en los ´80, directamente nominada y fácilmente observable en manos de un puñado de bancos. Por el contrario se encuentra dispersa en una gran variedad de bonos en manos de diferentes acreedores. Distintos trabajos difieren sobre el grado de concentración de esos bonos. Pero el sólo hecho de que los tres bancos a cargo del canje puedan “asegurar” con facilidad porcentajes de aceptación del 75% o más reflejan que una importante cantidad ya no está en manos de los tenedores originales sino de quien los ha adquirido fuertemente desvalorizados en alguno de los distintos momentos de la crisis post-2001. A esos grandes bancos y fondos buitre es a donde apunta la suspensión que proponemos.
Reconocemos que en el caso de bonos cuyos tenedores resulten jubilados, ex combatientes, víctimas del Terrorismo de Estado o pequeños ahorristas, corresponderá reconocer y pagar esos compromisos. Proponemos entonces un censo y las verificaciones necesarias a tales efectos.
En nuestra consideración merece un análisis particular la deuda interestatal, particularmente la del ANSES, pero también la de otros organismos públicos y las provincias. Se deberá entonces resolver qué se hace con los bonos y letras en poder de esos organismos, pero es prioritario evitar una descapitalización del ANSES. En este sentido nuestra propuesta implica también que los fondos de la seguridad social dejen de ser la principal fuente de financiamiento del pago de los servicios de la deuda.
Respecto de la deuda comercial en curso (pago a proveedores, compromisos de obra pública, etc.), proponemos una inmediata auditoria para distinguir deuda propiamente comercial de la financiera y separar los fraudes de los contratos en regla.
Un segundo paso es la investigación. Esta investigación resulta necesaria para recrear la memoria histórica de lo sucedido en el país durante los trágicos años de la dictadura. Tiene una relevancia complementaria de los juicios a los genocidas, servirá para clarificar el sentido de los crímenes cometidos por los militares, pues pondrá de relieve la complicidad y asociación que tuvieron los banqueros y grandes empresarios con esos crímenes.
Asimismo permitiría volver a poner a la luz concretamente cómo fueron obligadas las empresas públicas a endeudarse para financiar la fuga de capitales y quienes fueron los beneficiaros de la estatización de la deuda. Para nosotros se hace necesario retomar y profundizar la investigación de Alejandro Olmos, que obtuvo el fallo del Juez Ballesteros en el año 2000.
La Presidenta afirmó que no se puede volver sobre este tema porque con los varios canjes se perdieron las huellas de la culpabilidad. Pero siguiendo este argumento habría que cerrar los juicios a los represores, dónde también han quedado muy ocultas las pruebas y testigos. En realidad la investigación de la deuda es tan imprescriptible como la de los crímenes de dictadura, porque ambos procesos obedecieron a las mismas razones.
Gobierno y oposición derechista comparten el rechazo a esta investigación porque las responsabilidades más importantes son contemporáneas y afectan a los gobiernos constitucionales. Reabrir esta causa sería un acto de acusación contra la UCR y el PJ que la corporación política quiere ocultar, puesto que demostraría la complicidad de funcionarios actuales y jefes de oposición con esa estafa.
Las principales irregularidades abarcan a los años ‘90 (Plan Baker, capitalización de la deuda para privatizaciones) y al Megacanje y Blindaje del 2001, como también sentenció Ballesteros en el 2007, en otro fallo que embargó a Domingo Cavallo y a Daniel Marx. Por un elemental principio de orden jurídico el gobierno debiera abstenerse de nuevas operaciones de canje, hasta tanto la justicia no se expida sobre la legalidad de las tres causas radicadas en el Juzgado Federal nº2.
Es necesario recordar que el 80% del incremento de la deuda entre 1994 y 2001 y el 75% del déficit fiscal de ese período es resultado de la privatización de los aportes jubilatorios, que compromete todo ese periodo.
Para evitar esta indagación existen varios proyectos del oficialismo y la derecha para poner en marcha alguna investigación parlamentaria sólo del pasado dictatorial. En otros casos se busca simplemente resucitar el cajoneo con comisiones que no llegan a ninguna lado y sobre todo se intenta evitar cualquier reflexión sobre el presente. Por el contrario para nosotros investigar hoy es auditar el comportamiento de los gobiernos de Alfonsín, Menem, De la Rua, Duhalde y también Kirchner. Es investigar el canje de Lavagna del 2005 y también el actual. Cualquier otra propuesta de investigación es un acto de cinismo.
Lo que importa de la deuda no es sólo una cifra y un conjunto de anomalías, sino también el enjambre de intereses capitalistas que continúa lucrando con el esfuerza de las mayorías populares. Es por eso también absurdo separar el “aspecto jurídico” de la deuda (que debería indagar alguna comisión de abogados) del “aspecto económico” del canje (que debe continuar avanzando en manos de los banqueros). Con este tipo de dualidades se vacía el contenido político de la investigación, convirtiéndola en una preocupación arqueológica.
Nuestra propuesta implica constituir una Comisión Investigadora con plenos poderes, integrada por personalidades del país y del exterior de intachable trayectoria y organizaciones populares (políticas, sindicales, de derechos humanos). Con plazo definido para entregar y hacer públicas sus conclusiones.
Pero todos estos planteos deben articularse con iniciativas de mayor importancia en otros campos. Es clave el debate sobre iniciativas complementarias como el uso de las reservas. Quienes integramos EDI sostenemos que las reservas pueden y deben utilizarse, pero para impulsar el desarrollo de las fuerzas productivas, financiando proyectos que impacten en el desarrollo nacional, priorizando la generación de puestos de trabajo.
Para nosotros es decisivo avanzar en la reforma financiera, nacionalización de la banca y en la relocalización de las reservas, depositadas en Nueva York a favor de la gestación de un banco regional y un fondo de estabilización soberano de América Latina.
Son todos los debates que abre el rechazo del canje. Este es hoy la divisoria de aguas entre una ruptura popular o la recreación de la pesadilla de la deuda".
Buenos Aires, abril de 2010
EDI: Economistas de Izquierda
Claudio Katz, Guillermo Gigliani, José Castillo, Jorge Marchini, Eduardo Lucita, Alberto Teszkiewicz, Julio Gambina, Jorge Sanmartino.
Adhieren: Alejandro Olmos Gaona, Guillermo Almeyra , Hugo Calello, Susana Neuhaus, Sergio Arelovcih,
Siguen firmas…
Fuente: http://www.argenpress.info%20/15-4-2010

"Nuevo Encuentro" juega en la vieja política para el embaucamiento popular

El bloque de Diputados encabezado por Martín Sabbatella presentó un proyecto para crear por ley el Fondo de Desendeudamiento Argentino. Y quien se presentaba como dirigente identificado con necesidades e intereses populares se suma a los Kirchner en que el problema de fondo es "debatir si se paga con Reservas o con ajuste".


Eduardo Lucita (LA ARENA), en "Argentina: La pesada deuda externa no nació por casualidad", nos aclara: "(…) En diciembre del 2001 la deuda era de 143.300 millones de dólares, llegó a 191.300 millones en 2004, en el 2005 luego del canje quedó reducida a 149.800 millones. La quita efectiva fue de 42.000 millones. ¿Cuánto es ahora la deuda? Según el informe del Ministerio de Economía al 31 de diciembre del año pasado era de 147.200 millones de dólares, sin tener en cuenta los bonos que no ingresaron al canje (29.800 millones), no obstante que se le pagó por adelantado al FMI unos 10.000 millones y se hicieron otros pagos. No puede haber dudas: más pagamos más debemos.

Cambios en la composición
Normalmente la deuda era mayoritariamente externa y emitida en divisas, lo que cambió radicalmente luego de la reestructuración del 2005. Al día de hoy, según el informe citado, de los 147.200 millones de dólares el 46% está en pesos (de éstos el 60% ajustable por CER) y el resto en monedas de otros países. El 47,5% es deuda externa, el resto interna. De ésta, alrededor del 46% es intraestatal (con ANSES, BCRA, Banco Nación). El resto es deuda interna privada, que está en manos de los bancos, de los ahorristas del corralito, de jubilados que ganaron juicios, de proveedores del Estado. Probablemente muchos de estos tenedores han malvendido sus bonos a los bancos.

Como se ve, la deuda interna pesa cada vez más sobre el total de la deuda pública y esto la hace más compleja. Tampoco es un fenómeno sólo local, es también el caso de Colombia, Brasil, México, incluso Venezuela.

En este contexto es que aparece la reapertura del canje, aprobada por la oposición de derecha, y el pago con reservas. Es una estrategia de conjunto de pagar para volver a los mercados voluntarios de crédito, se espera que a mejores tasas y condiciones. En rigor es desendeudarse para iniciar un nuevo ciclo de endeudamiento.

En última instancia no es muy novedoso, lo que sí aparece como novedad es el ropaje progresista con que se intenta revestir el pago. Tradicionalmente todos los gobiernos pagaban la deuda casi en silencio, como con culpa, en todo caso le echaban la culpa a otros y ellos no tenían más remedio que "honrar la deuda". Esta es la primera vez que se hace campaña a favor del pago, y esto se muestra como progresista.

Suspender los pagos
Quienes no somos participes de "honrar estas deudas" no aceptamos que se pague sin saber qué se paga, sin saber si se debe o no pagar. Sostenemos que no se puede seguir pagando, que es imperiosa la suspensión unilateral de los pagos hasta tanto una investigación profunda actualice la de Alejandro Olmos e incorpore el análisis de la nueva composición y un censo de la misma. Porque tal vez la solución no será igual para los distintos tenedores de deuda.

No se debe seguir dilapidando recursos. Argentina es un país que generación tras generación viene produciendo enormes excedentes económicos que finalmente son sustraídos del proceso local, porque la burguesía está siempre líquida, siempre dispuesta a sacar dinero del país. Por el contrario hay otro camino. El país puede autofinanciarse, recurrir a la capacidad de ahorro interno, bastaría con poner un freno definitivo a la fuga de capitales; controlar eficazmente los bancos que son los canales que facilitan la fuga; intervenir en el comercio exterior; poner en marcha un reforma tributaria que rompa con la regresividad de la política impositiva actual; revisar la política de subsidios y reformular el presupuesto nacional.
Recursos hay. Sólo se necesita decisión política para ponerlos al servicio de las reales necesidades de la Nación".

Eduardo Lucita es integrante del colectivo EDI (Economistas de Izquierda).
http://www.argenpress.info/2010/04/argentina-la-pesada-deuda-externa-no.html

Necesidad de enfocar la impunidad y no, la seguridad de la gobernabilidad saqueadora

Estamos siendo derrotados en nuestros deseos e ideales de libertad y justicia si persistimos con:

• La exigencia de mayor presencia del Estado represor y no asumimos la impunidad del mismo que se debe, ante todo, a garantizar la del poder económico e imperialista.


• La reducción de la lucha por democracia a terminar con el gobierno de Mauricio Macri y a “un Acuerdo para la Seguridad Democrática (presentado por un amplio espectro político, organizaciones sociales y de derechos humanos, gremios, personalidades académicas y miembros del poder judicial a fines del año 2009) que, en sus primeros puntos destaca:“En nuestro país, la acción del Estado frente al incremento de la violencia y el delito se ha limitado mayormente a respuestas facilistas y autoritarias que consolidaron la ineficacia policial, judicial y penitenciaria”. Al tiempo que el documento manifiesta que "las políticas de mano dura no han reducido el delito, han aumentado la violencia y, en algunos casos, hasta han amenazado la gobernabilidad democrática".
  

El Encuentro por la Democracia y la Equidad continúa su pronunciamiento sobre los graves anuncios de Macri (que refuerzan al Código contravencional promulgado a puertas cerradas por la Legislatura y con encarcelamiento de una parte de quienes defendían sus derechos) citando al Acuerdo que habla sobre el delito de los de abajo y el mito siguiente: “el Estado es el responsable de garantizar a la población el libre ejercicio y goce de sus derechos para todos y todas los/las ciudadanas y ciudadanos, puntos en que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires parece estar fallando”. Es decir, el Encuentro desconoce la realidad de todo el país y la responsabilidad central del gobierno, Estado –que explicitó la Presidenta- de garantizar la transferencia de fondos públicos hacia la economía global de casino.

Es hora de enfoque integral de la impunidad y no de la seguridad democrática porque atravesamos una etapa en que se pretende vaciar de contenidos y sentidos a la militancia por los derechos humanos y se silencia el asesinato de Silvia Suppo y a:

Comunicado de Feministas Inconvenientes
Si no terminamos con la impunidad, la impunidad termina por matarnos
Silvia Suppo fue una sobreviviente de esa generación que dio su vida por alcanzar el sueño de un país y un mundo con igualdad y justicia.
Por sus valores rebeldes y peligrosos para el poder político y económico de turno, en el año 1977, a los 17 años, fue detenida, torturada, violada y obligada a practicar un aborto en los siniestros espacios oscuros de las detenciones clandestinas.
Desde la apertura de los juicios que buscan poner un freno a tantos atropellos, se convirtió en una de las impulsoras de la investigación por la desaparición de su ex compañero. Junto a los organismos de derechos humanos, buscó inclaudicablemente la verdad, la memoria y la justicia y se convirtió también, en una testigo clave en la causa que condenó al juez federal Brusa y demás cómplices de crímenes de lesa humanidad. Fue una de las mujeres que denunció con valentía las violaciones y abusos sexuales realizadas de manera sistemática por los represores.
Por su inconveniencia para algunos sectores del poder, este lunes fue apuñalada en su negocio de artesanías a las 9:30 de la mañana en la ciudad de Rafaela. Su asesinato se produjo a plena luz del día durante la semana en que se cumplieron 34 años del aniversario del golpe cívico militar genocida.
Silvia Suppo murió físicamente en el hospital, mientras tanto la policía argumentaba “buscar pruebas” del crimen, revolviendo y desordenando el lugar de los hechos. La mayoría de los medios locales y nacionales rápidamente confundieron a la opinión pública diciendo que se había tratado de un robo.
Sabemos que el silencio puede ser complicidad. Tememos por la vida y la seguridad de los y las testigos que tras haber recibido brutalmente sobre sus cuerpos toda la violencia que este sistema capitalista y patriarcal es capaz de descargar, están teniendo la valentía de declarar en los tribunales que, al igual que las fuerzas de seguridad, están plagados de responsables del terrorismo de Estado.
Queremos que se castigue a los culpables de la muerte de Silvia. Queremos que se esclarezca este asesinato al igual que la desaparición de Julio López. Queremos Justicia. Queremos terminar con la impunidad de ayer y de hoy, porque sabemos que se trata de una batalla de la vida contra la muerte.
La lucha por la conquista de los derechos humanos no se consigue solo con discursos, diplomas y museos. La lucha por la vigencia plena de los derechos de los humanos y las humanas se conquista con rebeldía, con movilización colectiva, con compromiso solidario, con cuidado efectivo de las víctimas, comunicando sin condicionamientos económicos y sobre todo, construyendo espacios libres de prepotencia mercenaria y machista.
Silvia: las feministas inconvenientes te despedimos con un profundo dolor que nos desgarra pero que no nos paraliza.
Ahora, como ayer y como siempre, sigue siendo indispensable el castigo a los culpables.
Por tu ejemplo de vida. Por todos los desaparecidos y las desaparecidas de ayer y de hoy...
Vamos a buscar la verdad. Vamos a luchar por justicia. Vamos a vencer a la impunidad.
Feministas Inconvenientes - Miércoles 31 de marzo de 2010
Fuente:http://larosabrindada.blogspot.com/ 31-03-10

Comunicado de prensa: MARCHA por Esclarecimiento Ya! del asesinato de Silvia Suppo
Como familiares directos de Silvia Suppo en primer lugar hacemos un pedido de justicia para que este caso se esclarezca lo antes posible. Creemos que NO se trata de un robo violento sino que, dado el grado de precisión del ataque sufrido por nuestra madre y la fecha del suceso (muy cerca del 24 de marzo) esto se trata de un ASESINATO POLÍTICO estrechamente vinculado a la posición de querellante de Silvia en las causas contra los delitos de lesa humanidad. Por lo tanto y hasta el momento consideramos que esto es un HOMICIDIO POLÍTICO hasta que se nos demuestre lo contrario.
Agradecemos a todos los familiares, amigos y a las organizaciones como MADRES, ABUELAS, LIGA DE DERECHOS DEL HOMBRE y también a las autoridades que se han solidarizado. Especialmente agradecemos a H.I.J.O.S. delegación Santa Fe por su valiosa colaboración y continuo compromiso.
Nuestro mayor deseo es que se realice una investigación exhaustiva que aclare lo sucedido y que nos garantice VERDAD Y JUSTICIA.
GRACIAS A TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
Los familiares convocamos a la marcha Justicia y Verdad por Silvia Suppo, el viernes a las 10 hs de la mañana en la plaza 25 de mayo intersección con Av. Santa fe, ciudad de Rafaela.
Pedimos por:
VERDAD Y JUSTICIA
¿ROBO O ASESINATO POLÍTICO? ¡ESCLARECIMIENTO YA!
Extendemos la convocatoria a todas las entidades y organizaciones de la sociedad civil y a la ciudadanía en general.
Consideramos que marchar bajo estas consignas comunes nos fortalece en la lucha y nos encuentra en la diversidad.
Aquellas organizaciones y personas que quieran sumarse a esta convocatoria para marchar ya sea con su presencia o con su adhesión, pedimos envíen un correo a verdad_yjusticia@yahoo.com.ar
Fuente: http://larosabrindada.blogspot.com/ 1-04-10

Por bienes naturales y modelo productivo como en Andalgalá

Carlos Saglul (ACTA), en “Bienes naturales y modelo productivo: Andalgalá, la resistencia continúa”, señala: “En Andalgalá, la tercera localidad en importancia de Catamarca, funciona desde hace más de diez años la mina de oro y cobre más importante del país. En la antesala del boom minero, el ex presidente Carlos Menem anunció en el teatro Catamarca “está Argentina que se abre al mundo es la que necesitamos” prometiendo largos períodos de prosperidad.
Como en toda la región andina, las minas sólo trajeron contaminación del agua, destrucción del ecosistema, enfermedades. Casi no pagan regalías, contrabandean más metales que los que declaran. Se llevan el oro, dejan ruinas y desierto.
Andalgalá saltó días atrás a la primera plana de los diarios cuando la Gendarmería reprimió en forma salvaje al pueblo que manifestaba contra un nuevo proyecto minero, tres veces más grande que Bajo Alumbrera. “Más que el oro y todas las riquezas que se llevan nos preocupa el agua. No van a dejar sin agua”, se alarman en el pueblo.
Alumbrera consume el 80 por ciento de la energía de El Chocón y cuenta con un permiso para extraer 1.100 litros de agua por segundo, casi cuatro millones de litros por hora. ¿Que pasará ahora que sus necesidades se multiplican?
De acuerdo a una denuncia del diario Página/12 “el Gobierno de Catamarca otorgó el área urbana de la ciudad de Andalgalá en concesión para explotación minera. Incluso aclaró que, de ser necesario, los vecinos dejarán sus viviendas para que la minera avance con la extracción del mineral”.

Marcos Pastrana dirigente diaguita y uno de los referentes de la resistencia en contra de la mina dijo a ACTA que “si esto continúa no van a tener que demoler la ciudad para sacar el oro que está debajo de las casas y calles. Nos vamos a tener que ir todos. ¿Quién puede vivir sin agua?”
El dirigente es de los que cree que el alud de inversiones mineras recién comienza. De acuerdo a las distintas estimaciones hay entre 200 y 300 proyectos en etapa de estudio o realización.
El 25 de mayo el pueblo tiene una cita. El Concejo Deliberante aprobó una ordenanza por la cual en esa fecha se realizará un plebiscito para que la ciudadanía de Andalgala decida por el sí o por el no al emprendimiento minero Agua Rica.
Pastrana no está muy conforme con el plebiscito."En realidad la consulta ya se realizó cuando masivamente el pueblo salió a la calle. Así pierdan el plebiscito, ellos pueden seguir adelante. Tienen todo el dinero. Todas las autoridades locales, provinciales, nacionales están de su lado. Acaban de ofrecer asistencia financiera por 9 millones de dólares a la comuna, para tratar de mejorar la imagen".
Cuando la mina estaba en construcción prometían levantar un barrio con miles de viviendas, millares de puestos de trabajo. Todo eso quedó en la nada. Sí se encargan del asistencialismo: reparto de comida, entierros gratis, ayuda escolar. La compañía -según las denuncias- gana más de lo que declara: alrededor de 2000 millones de dólares.
¿Cuál es el sentimiento de la comunidad ante la soledad en la que la han dejado las autoridades locales, provinciales y nacionales?
Hay mucha conciencia y fortaleza. Estos siete años hemos ido casa por casa con informes, debatiendo. Todos tenemos en claro que son ellos o nosotros. El poder del dinero corrompe cualquier cosa. Obtienen ganancias millonarias. El boom minero no tiene otra explicación que las ventajas impositivas que le dio el menemismo. Pueden llevarse todo lo que quieran. Para ellos no hay retenciones. Además no solo extraen más de lo que declaran sino que no declaran todas los minerales que se llevan.
El secretario de minería Jorge Mayoral, junto con Alberto Kohan han sido los principales impulsores de este modelo de saqueo del subsuelo. "Ese proyecto no se terminó, goza de buena salud. Son los mismos funcionarios, las mismas políticas".
La canadiense Northern Orion (accionista de Alumbrera) niega que su emprendimiento o los que planea, contaminen el agua, en cambio para Pastrana "la contaminación abarca hasta la cuenca del Sali Dulce cuya cuenca termina en Mar Chiquita". Aún con la ira popular estallándole en la cara, el secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral afirmó que "no hay ningún problema ambiental ligado con la minería".
Pastrana advierte, "la batalla recién se inicia. Lo que enfrentamos es una política, un modelo de explotación de nuestro suelo basado en el monocultivo sojero, la plantación de árboles dedicada a la industria del papel que también se lleva el agua y las nutrientes del suelo y la minería a cielo abierto. Lo de Andalgalá es una muestra del desafío que tenemos por delante", afirmó el dirigente, refiriéndose tanto a la avaricia de funcionarios y empresarios que llegaron a habilitar la demolición de Andalgalá, como la decisión y valentía demostrada por su población en la defensa de sus tierras".

Fuente: http://www.argenpress.info/2010/03/bienes-naturales-y-modelo-productivo.html