10 razones contra modificaciones de Ley de Semillas
en Argentina
10 motivos para luchar contra el
proyecto de ley que pretende privatizar las semillas en la Argentina
Sectores del Agronegocio, de las transnacionales,
así como el Ministro de agricultura y otros funcionarios, vienen trabajando
sobre un nuevo proyecto de Ley de semillas. Segun los borradores que se conocen
y por las declaraciones publicas, el mismo busca subordinar la política
nacional de semillas a las exigencias de la UPOV y las transnacionales.
Las consecuencias las sufrirán los
campesinos y agricultores familiares, pero tambien el pueblo argentino, ya que
golpeará sobre el mercado interno de alimentos.
Podemos afirmar que:
1- La ley propuesta no protege los
conocimientos ni la biodiversidad; sólo fomenta la privatización y protege la
propiedad sobre lo que es un patrimonio colectivo de los pueblos, especialmente
de las comunidades campesinas y los pueblos indígenas. De esta forma expande un
principio inaceptable, el de que es posible y aceptable privatizar los
conocimientos y diversas formas de vida La ley es parte de un conjunto de normas e iniciativas
políticas que fomentan la privatización de los conocimientos y de las formas de
vida, como las leyes de patentes, la privatización de los sistema de
investigación, la privatización de la educación, etc. Este tipo de normas
concentra un poder creciente en manos de unas pocas empresas transnacionales,
expropia y privatiza el patrimonio biológico nacional, arruina los sistemas
nacionales de investigación, dificulta el intercambio de información
-fundamento del avance científico-, agrede e impide el normal desarrollo de las
formas campesinas e indígenas de relacionarse y hacer agricultura, y violenta
principios éticos fundamentales, como es el libre acceso al conocimiento. Al
permitir la privatización de las semillas, esta ley y su antecesora además
ponen el lucro por sobre el derecho fundamental a la alimentación.
2- Abre las puertas para que se
profundice la expropiación y privatización de la
biodiversidad agrícola y silvestre de
Argentina. El proyecto de ley hace posible la mayor privatización de los
recursos genéticos y de la biodiversidad nativa de Argentina al expandir los
llamados derechos de obtentor sobre las especies vegetales. Al
aplicarse la ley a todas las especies vegetales, el proyecto permite que toda
especie nativa pueda transformarse en propiedad de empresas nacionales o
extranjeras. Lo único que se requerirá es hacer un trabajo simple de selección
para lograr una población o grupo de plantas relativamente homogéneas.
Adicionalmente, el proyecto de ley facilita que cualquier empresa se apropie de
las variedades campesinas e indígenas, al considerar como “nuevo” cualquier
variedad que no haya sido comercializada ampliamente o inscrita en registros de
propiedad intelectual.
3- Legaliza o
restringe gravemente prácticas que han estado en vigencia desde los inicios de
la agricultura, como es el seleccionar, mejorar, obtener, guardar, multiplicar
e intercambiar semilla libremente a partir de la cosecha anterior. Esta
práctica es un derecho fundamental de los agricultores y agricultoras del mundo
-incluso reconocida por el Tratado de Recursos Fitogenéticos de la FAO- que
además fue central en crear la diversidad y riqueza genética utilizadas por las mismas empresas
semilleras que buscan hoy prohibir aquella práctica. El proyecto de ley impedirá que las
comunidades campesinas e indígenas experimenten, mejoren e intercambien
libremente las semillas, proceso a través del cual generaron toda la diversidad
que hoy sustenta a la
agricultura. Peor aún, la combinación de esta ley con la ley
de patentes hará posible que los agricultores cuyas variedades hayan sido
contaminadas por cultivos transgénicos sean penalizados y sus variedades sean
confiscadas. Se crea así una clásica situación del ladrón detrás del juez.
De esta manera, el
proyecto de ley entra en conflicto con el Tratado de Recursos Genéticos de la
FAO, del que Argentina es signatario.
4. Fortalece las condiciones para que se
profundice la introducción de nuevos cultivos transgénicos y su expansión, al
otorgar propiedad sobre variedades sin exigir prueba efectiva de mejoramiento y
en base a la simple expresión de un carácter. La definición de los
requisitos para otorgar propiedad no exige que una variedad sea efectivamente
mejor que las ya existentes, ni siquiera exige que sea útil o inocua. Al
definir que basta la diferenciación de un carácter,
facilita significativamente la práctica común de las empresas
biotecnológicas de utilizar variedades antiguas para adicionar transgenes o
genes cosméticos (sin valor productivo, pero capaces de provocar una diferencia
visible) y luego registrarlas como “nuevas”. La no exigencia de mejorías comprobables
o de inocuidad facilita además la introducción de cultivos tóxicos.
5. Crea condiciones para expandir la
presencia de empresas semilleras transnacionales en el país, en desmedro del
desarrollo nacional de variedades vegetales. La experiencia mundial ha
demostrado que las leyes de propiedad industrial sobre las plantas han
provocado un proceso de concentración extrema de la producción de semillas a
nivel mundial, restringiendo así el acceso a nuevas variedades. Al no permitir
el libre uso de las variedades existentes para crear nuevas variedades -base de
los grandes avances en mejoramiento genético- la nueva ley hace muy difícil el
ingreso de nuevos actores a los procesos de mejoramiento genético, reduciendo
así la oferta tecnológica.
6. Al otorgar poderes monopólicos sobre
las semillas, dificultar los procesos de mejoramiento genético independiente,
impedir que los agricultores produzcan sus propias semillas y facilitar los
procesos de concentración de las empresas semilleras, provocará inevitablemente
el alza de los precios de las semillas, encareciendo la producción agrícola en
general y la de alimentos en particular. El proyecto de ley crea
las condiciones para un control monopólico del primer eslabón (las
semillas) de la cadena de producción de los alimentos, quedando gran parte de
la población expuesta a esta vulnerabilidad. Esta situación a la
fecha no ha sido posible debido a que la producción de semillas se encuentra en
muchos y muchas agricultoras
7- Otorga a las empresas semilleras el “poder
de policía”, ya que deja en sus manos el asegurar que las disposiciones de la
ley se observen adecuadamente. Es conocido que empresas como Monsanto y
Syngenta han creado verdaderos cuerpos policiales para controlar que los
agricultores y campesinos no utilicen lo que ellos consideran su propiedad. Se
violan así incluso normas fundamentales del país, como el que los cuerpos
policiales están bajo el control y mando del Estado y los poderes
fiscalizadores dependen o son supervisados por éste. Es inadmisible la
privatización del poder de policía.
8- Permite el decomiso y embargo de los
cultivos y cosechas de quienes sean acusados de no cumplir con la ley. Esto se puede
traducir en la destrucción
de cultivos y plantaciones frutales, en el decomiso de productos ya a la
venta, e incluso en el embargo de exportaciones argentinas. La ley facilita demandas
sin fundamento y limita el derecho a defensa de los demandados.
9- El proceso de negociación de la ley está
viciado de secretismo y sectarismo al ser llevado adelante a puertas cerradas y
únicamente con la participación de sectores corporativos, sin darse a conocer
al público el borrador que se está discutiendo ni posibilitar la participación
de toda la sociedad en el debate. Una nueva Ley de Semillas de estas
características afectará al conjunto de la sociedad. Impedir
su debate público es un atentado a los derechos humanos de todo el pueblo
argentino. Negar la información sobre el Proyecto, como ha hecho el CONASE a
las organizaciones que lo han solicitado (no respondiendo el pedido) demuestra
que no existe intención alguna de abrir las puertas al debate.
10- El anuncio de la modificación de la Ley
hecho simultáneamente con la aprobación de la soja rr2 de Monsanto confirma
quien es el principal beneficiario de este Proyecto. La anunciada “Alianza
Estratégica” con Monsanto tiene a la modificación de la Ley de Semillas como
uno de sus pilares. De hecho, la mayor corporación biotecnológica del mundo ha
expresado este reclamo desde comienzos del Siglo 20 exigiendo que Argentina le
garantice la “seguridad jurídica” para introducir nuevos transgénicos.
Hacemos un llamado a
Rechazar un proyecto de ley que atenta gravemente contra el conjunto de los
habitantes de nuestro país. La agricultura tiene un carácter eminentemente
social, puesto que tiene la función de sustentar y alimentar a toda la población. Poner
en riesgo la seguridad y soberanía alimentaria de Argentina a través de la
concesión de nuevos privilegios para las empresas transnacionales que están en
el negocio agrícola es avanzar por el camino de la pérdida de soberanía para
nuestro pueblo.
NO a la PRIVATIZACIÓN DE
LAS SEMILLAS Y LA VIDA
FUERA MONSANTO Y LAS CORPORACIONES DEL AGRONEGOCIO
DE AMÉRICA LATINA
POR UNA AGRICULTURA PARA ALIMENTAR Y EN MANOS DE LOS PUEBLOS.
Organizaciones firmantes:
Movimiento Nacional Campesino Indígena
CLOC - La Vía Campesina Argentina
GRAIN
Amigos de la Tierra
Acción por la Biodiversidad
Enviá tu adhesión a: carlos@grain.org o secretaria.mnci@gmail.com
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