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13 de agosto de 2017

II. Análisis y discusión acerca de la solidaridad con el pueblo de Venezuela.

Debatir Venezuela para 
re-imaginar el socialismo del Siglo XXI
8 de agosto de 2017
Por Horacio Machado Aráoz (Rebelión)

Notas preliminares
“La crítica ha arrancado las flores imaginarias de la cadena, no para que el hombre siga soportando esa cadena sin fantasía ni consuelo, sino para que se arranque la cadena y recoja la flor viviente.” (Karl Marx)

La circulación de un comunicado internacional [1] que apoyamos sobre la crítica situación venezolana ha desencadenado una andanada de reacciones y polémicas al interior (del heterogéneo campo) de la izquierda. Lamentablemente, a pesar de que se invitaba a abrir un debate para “mirar a Venezuela más allá de la polarización”, el sentido mayoritario de las contestaciones se hizo eco del maniqueísmo y la lógica binaria que domina la escena trágica de la cotidianeidad venezolana. Más que analizar y debatir a fondo las condiciones, factores y procesos que condujeron a semejante crisis, muchas respuestas se arrogaron la tarea de dirimir quiénes están en el “lado correcto”, de la “verdadera izquierda”, y quiénes habrían cruzado la raya hacia el lado del “error” o la “defección”.
 
Absolutamente ajenos a cualquier pretensión de ser “portadores de la verdad”, estas líneas no quieren ser la prolongación de una polémica vacía y estéril sobre la propiedad de la “razón” o de las interpretaciones y posiciones políticas “correctas” sobre el caso venezolano. Tampoco nos interesa defender (ni atacar) la reputación intelectual y/o política de quienes toman una u otra postura. Esa vía resulta completamente banal e inconducente. En esa dirección, la descalificación (a las personas), sustituye a la argumentación (sobre los procesos) y se soslaya el foco de la cuestión. Porque, de lo que se trata no es de juicios sobre individuos, sino de procesos políticos y sujetos históricos (en continua reconfiguración).
 
En ese sentido, nos parece fundamental volver el debate sobre los alcances y límites del proyecto bolivariano [2]. 
Precisamente por tratarse del caso que con mayor convicción y decisión política ha encarado el desafío de un cambio revolucionario en estos tiempos, por ser el proceso que con mayor radicalidad ha trazado sus políticas y objetivos; en fin, por ser el único que se planteó explícitamente el desafío de construir el socialismo del siglo XXI (no sólo dentro del concierto de los gobiernos progresistas en América Latina, sino en el mundo), es que urge repensar Venezuela; tener el coraje de ver la génesis y el devenir del proceso bolivariano con honestidad intelectual y compromiso histórico, para procurar entender cómo y por qué desembocó en la dramática situación en la que hoy se encuentran el pueblo venezolano y el proceso bolivariano mismo.
 
Nos parece fundamental tener la capacidad para entablar un diálogo al interior de las fuerzas y sujetos comprometidos con el cambio revolucionario, que nos ayude a elucidar cómo y por qué el proyecto más radical acabó en la crisis aparentemente terminal en la que hoy se encuentra. Decir que estamos hoy ante un gobierno “revolucionario”; sostener que la crisis que atraviesa es consecuencia exclusiva del “asedio del imperialismo”, no resulta una descripción empíricamente sostenible, ni una explicación consistente, acorde a la complejidad de los hechos.
 
Interpelados por el carácter histórico disruptivo del proceso bolivariano, profundamente comprometidos con sus aspiraciones y potencialidades revolucionarias, pero también conmovidos por las intensas y complejas contradicciones que lo atraviesan, creemos que nuestro desafío pasa por ser capaces de realizar los aprendizajes históricos que semejante experiencia nos puede brindar a fin de revisar y reformular los sentidos a futuro de nuestras luchas emancipatorias. En esa dirección, con ese espíritu, proponemos algunas cuestiones preliminares a debatir.
 
1.- La crítica (¿inconveniente o imprescindible?)
1. 1.- El “Llamado internacional urgente a detener la escalada de violencia en Venezuela” que en su momento firmamos, es eso: un llamado a la reflexión, no una “acusación”. Es una apelación fraterna al ejercicio de la crítica como pedagogía política, y como insumo indispensable de todo proceso revolucionario. Su contenido es, en sí, un ejercicio autónomo y colectivo de la crítica, que no pretende hablar en nombre de otra/os, ni arrogarse la representación de nadie; mucho menos, hablar desde ninguna presunta superioridad epistémica. Y sí, en efecto, es un llamado crítico que está explícitamente dirigido a revisar el apoyo incondicional y la defensa sin reservas, que diferentes actores y sectores del campo popular en nombre de “la revolución” y de “la izquierda” (ahora, la “verdadera izquierda”), vienen prestando al gobierno de Venezuela, así concebido como propietario monopólico del “proceso bolivariano”.
 
1. 2.- Si las cargas de la crítica están puestas sobre los actuales conductores del Estado y del gobierno venezolano, no es porque ignoremos, minimicemos ni mucho menos pretendamos desconsiderar la responsabilidad política que le cabe a las fuerzas reaccionarias intervinientes, sino precisamente porque ello da cuenta de con quiénes procuramos dialogar y en quiénes recae la responsabilidad estatal de contener y desactivar la escalada de violencia y la militarización de la política en curso. Si nuestro llamado a la reflexión apunta centralmente a todas las fuerzas sociales y políticas que en general apoyan al proceso bolivariano, es porque allí tenemos depositadas nuestras genuinas esperanzas. En y a través del ejercicio de la crítica que reivindicamos, buscamos, no el derrumbe de dicho proceso, sino su re-encauzamiento y profundización.
 
1. 3.- Nos parece fundamental discutir la idea de que defender el proceso revolucionario implica suprimir toda crítica al Gobierno venezolano, a sus políticas y a sus conductores. No toda crítica puede ser des-calificada como sinónimo de “traición”, “resabio burgués”, de “hacerle el juego a la derecha” o ser “funcional al imperialismo”. Para muchos sectores de la izquierda, ésta parece ser una premisa indiscutible. Nosotros, en cambio, pensamos que esto forma parte del catálogo de los más gravosos yerros históricos de la izquierda, asociados más al estalinismo que al socialismo que queremos y necesitamos para el siglo XXI [3].
 
1. 4.- Algunos, reconociendo la pertinencia argumental de las críticas, las rechazan sin embargo por inoportunas; “aún siendo válidas, en esta coyuntura, terminan alentando el triunfo de la derecha”, se dice. Pero es necesario preguntarse si es la crítica lo que debilita al proceso bolivariano, o si es su silenciamiento lo que está contribuyendo a su desmoronamiento. Hoy, efectivamente, las fuerzas de la derecha y los ataques pro-imperialistas son más virulentos que siempre. Pero, si la derecha se ha hecho más fuerte y más peligrosa no ha sido, creemos, por los aciertos y los avances del proceso revolucionario sino, por el contrario, por su involución y por los impases que hoy lo estancan. Los problemas están ahí; siguen ahí: el rentismo petrolero, una élite racista cuyas bases de poder no han sido horadadas, la dependencia alimentaria del país y el déficit alimentario y sanitario de los sectores populares, el deterioro de los bienes y servicios públicos, incluso de la ética pública y la valoración social de lo público, ni qué hablar de lo comunal/comunitario… Es necesario, entonces, pensar los límites, procurar sacarlos a la luz y debatirlos; no acallarlos ni ocultarlos. Eso, seguro, no nos lleva a ningún buen lugar, ni buen futuro.
 
1. 5.- Las izquierdas –conviene recordarlo- han cifrado siempre sus esperanzas históricas en las potentes armas de la crítica. Para las fuerzas emancipatorias en general, la crítica es pedagogía política del oprimido/a; es espacio de aprendizaje histórico de quienes luchan por su propia auto-emancipación. Desde esa postura, no hay proceso revolucionario sin un continuo proceso de educación popular, que significa aprender haciendo, construir conocimientos colectivos desde y para la liberación a partir de la continua deconstrucción y resignificación de sujetos, prácticas y procesos. Sin auto-crítica, no hay educación popular; sin educación popular, no hay cambio revolucionario.
 
 
2.- La derecha, golpista, pro-imperialista… y funcional al gobierno.
2. 1.- La caótica situación del pueblo venezolano es en gran medida agravada por violentas e ilegales maniobras de desestabilización agenciadas por sectores oligárquicos internos en alianza con fuerzas pro-imperialistas norteamericanas. Estos sectores se ven y actúan como los principales beneficiarios de la crisis. La aprovechan no sólo para desestabilizar al gobierno, sino para hundirlo cada vez más en el descrédito y la deslegitimación. Cuanto más degradada salga la imagen del gobierno y cuanto peor sean las condiciones de la crisis, mayor será el margen de maniobra económico y político y hasta el nivel de impunidad ideológico y jurídico que heredará el próximo gobierno. Cualquier escenario que otorgue a estos sectores el control del Estado signará una gravosa derrota que repercutirá larga e imprevisiblemente sobre los sectores populares y las aspiraciones emancipatorias en el país, en la región y a nivel global. Nadie que honestamente se diga “de izquierda” puede alentar esa “salida”. Sobre esto no cabe la menor duda y nunca estuvo en discusión.
 
2. 2.- Las expresiones extremas de la derecha -presentes y activas en Venezuela y en toda Nuestra América -, lo sabemos, condensa lo peor del poder reaccionario que históricamente ha urdido este mundo de muerte; son una clase minoritaria que ha construido su reducto de privilegios a costa de la mundialización de la violencia ecocida, racista, clasista, patriarcal. Con ella, aliada histórica del imperialismo norteamericano, no hay condiciones de diálogo, ni nos despierta ninguna ingenua expectativa política, excepto lograr avanzar en la erosión y deconstrucción de las condiciones económicas, sociales y políticas que la hicieron posible. Frente a ellas, en todo caso, se activa el complejo dilema freireano/fanoniano del genuino cambio revolucionario: de cómo transformar las condiciones estructurales de la opresión histórica que encarnan, sin que esto signifique o desemboque en un simple cambio de posiciones y roles entre opresores y oprimidos.
 
2. 3.- Esa derecha extrema, golpista y pro-imperialista, constituye tanto una amenaza real como un ficticio salvoconducto al que el gobierno venezolano se empeña en aferrarse como el único reducto restante para (auto)representarse y pretender legitimarse como lo que evidentemente ya no es: un gobierno popular, de izquierda y (menos que menos) socialista. Los planes de la derecha golpista son, hoy por hoy, el único argumento en pie al que apela el oficialismo de izquierda para seguir soslayando los graves problemas de corrupción, ineptitud, autoritarismo, violación del orden constitucional y las propias políticas económicas regresivas que el gobierno de Maduro ha venido implementando, en el marco de la grave crisis generalizada (económica, social, política e institucional) que atraviesa al pueblo venezolano. Así, quienes son objetivamente el peor enemigo de los intereses populares, funcionan también, paradójicamente, como el principal aliado coyuntural del actual gobierno y sus defensores.
 
2. 4.- El gobierno venezolano y lo que llamamos la “izquierda oficialista” justamente por abroquelarse en la defensa ciega e irrestricta de cualesquiera de las medidas y políticas del mismo (actitud que hacen extensiva a los gobiernos de Evo Morales en Bolivia, y de la “revolución ciudadana” en Ecuador), adjudican al golpismo de derecha y al imperialismo (definido en clave exclusivamente norteamericana), el origen y el fondo de los graves problemas sociales que afectan al pueblo venezolano, y de la crisis política que atraviesan los ‘gobiernos progresistas’ en general, en la región.
 
Se niegan así a reconocer en qué medida la crisis es también, en buena medida, producto de las políticas gubernamentales aplicadas y hasta qué punto son los propios gobiernos y sus políticas en curso quienes están obturando las posibilidades transformativas y, al contrario, alimentando las salidas más reaccionarias . Si en los casos de Bolivia y Ecuador no se ha llegado una situación crítica comparable, en el caso de Venezuela no se puede desconocer que ya no sólo estamos ante un escenario donde el propio Gobierno ha venido aplicando medidas abiertamente neoliberales y represivas [4] , sino donde se ha ingresado a un estado tal de descomposición del tejido social y deterioro de la vida colectiva que se hace ya prácticamente insostenible y que, hoy por hoy, es el principal caldo de cultivo de las expresiones más extremas y reaccionarias de la derecha [5] .
 
2. 5.- Nos parece imprescindible reconocer que las fuerzas de extrema derecha no engloban (ni mucho menos!) a toda la oposición movilizada contra el actual gobierno, de la misma manera que no se puede confundir el proceso bolivariano en general con el gobierno, ni atribuir su legítimo monopolio a quienes hoy detentan el control del Estado. El binarismo maniqueo con que la izquierda oficialista mira la coyuntura política venezolana no sólo supone una burda distorsión de un escenario político más complejo, sino que además termina invisibilizando temas, sujetos y procesos que están por afuera de esa polaridad hegemónica construida, únicamente funcional a los sectores más regresivos dentro de la oposición y del gobierno[6] . Pareciera cada vez más evidente que la violencia política del actual escenario venezolano corresponde menos a una lucha de clases que a la una mera confrontación entre élites por el control de la renta petrolera [7].
 
2. 6.- En particular, no se puede ignorar que fuerzas cada vez más numerosas del chavismo en particular y de la izquierda en general, así como líderes chavistas altamente representativa/os, entre ella/os, ex ministra/os y alta/os funcionaria/os de los anteriores gobiernos de Chávez han venido reaccionando críticamente ante los extravíos del rumbo político del Gobierno de Maduro y su entorno. Se trata de fuerzas políticas pro-chavistas que están afuera del gobierno, trabajando en la construcción de alternativas a la polarización de élites extremistas que domina la coyuntura política. Fundamentalmente, se trata de actores y procesos colectivos que procuran construir alternativas de re-encauzamiento, recuperación y profundización de las transformaciones revolucionarias que inició el chavismo, y no su implosión.
 
3.- La democracia (mero fetichismo burgués o piso mínimo del socialismo?).
3. 1.- La escalada de violencia que hoy se cierne sobre la sociedad venezolana brota de un círculo perverso de hegemonía bipolar montado entre extrema derecha e ‘izquierda’ oficialista, que se retroalimenta recíprocamente llevándose por delante, como un torbellino, las fuerzas y posibilidades de una salida democrática y pacífica de la crisis, a esta altura cada vez más remota. Si a la derecha la democracia nunca le importó realmente, para ciertos sectores de la izquierda oficialista pareciera ser una condición accesoria, prescindente y/o sacrificable en pos de las coyunturas políticas. Tal parece ser la clave de lectura aplicada al gobierno venezolano.
 
3. 2.- Empeñado en considerarlo el demiurgo exclusivo del ‘proceso revolucionario’, el oficialismo de izquierda soslaya las graves violaciones de derechos constitucionales y la deriva autoritaria del gobierno de Maduro. Apelando a una retórica de “lucha de clases” y de “guerra defensiva contra la agresión imperialista”, instituye una suerte de lógica política maquiavélica desde la cual se afirma que “todo vale” cuando se trata de “salvar el proceso revolucionario”. Se confunde claridad ideológica con apoyo incondicional. Y desde esa mirada, toda oposición es expresión de la derecha, o funcional a ella. Abierta o soterradamente, en la escalada de la crisis, se instala una razón de estado jacobina, que deposita la tarea de la “defensa de la revolución bolivariana” en el Estado y más precisamente, en las élites militares y del PSUV que detentan hoy su control. De ese modo, lejos de dar lugar a una apertura de mayor participación popular y a hacer del pueblo organizado el principal bastión de defensa, estamos asistiendo a un proceso de concentración burocrático-militar y autoritarismo, que en definitiva, resulta funcional a los planes e intereses de las derechas más extremas.
 
3. 3.- Al equiparar la actual crisis política con el intento del golpe de Estado a Chávez en el 2002, la izquierda oficialista omite una diferencia fundamental: la contundente movilización popular que la hizo fracasar. Entre muchas, la diferencia determinante que separa a los gobiernos de Chávez respecto del actual gobierno de Maduro, es el abrumador apoyo en las urnas que tenía aquel y que éste ha perdido. Le guste o no a quien sea, la legitimidad política de Chávez estaba monolíticamente construida y acorazada sobre amplias mayorías electorales. El gobierno de Maduro no sólo no puede exhibir semejante argumento, sino que, desde la dura derrota electoral sufrida en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015, ha incurrido en crecientes violaciones a la Constitución bolivariana con el objeto de seguir gobernando unilateralmente, incluso con un índice de apoyo extremadamente bajo. No sólo ha violentado los procedimientos de renovación del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral, se han aprobado leyes orgánicas sin el concurso de la Asamblea Legislativa, y se ha impedido la realización de un referéndum revocatorio (un mecanismo constitucional de democracia participativa, impulsado por amplios sectores sociales y políticos), sino que además, se han suspendido sin fecha las elecciones a gobernador que debieron realizarse en el 2016. En definitiva, desde la estrepitosa derrota electoral en 2015, no hay elecciones en Venezuela; el gobierno ha bloqueado ese elemental instrumento constitucional por el mero hecho manifiesto de que no está en condiciones de obtener siquiera un resultado decoroso.
 
3. 4.- Es claro que la democracia no se reduce a lo electoral; pero sin elecciones no hay democracia. En este sentido, nuestro llamado a respetar y defender la vigencia elemental de los derechos humanos y de las condiciones procedimentales mínimas de un Estado de Derecho, no tienen nada que ver con fetichismo burgués; la reivindicación de las condiciones y el carácter democrático de los procesos políticos, de ninguna manera suponen la idealización de la institucionalidad liberal, sino todo lo contrario: trascender revolucionariamente los límites de la “democracia representativa” supone no borrar o violentar esos mínimos, sino ir más allá de ellos. El rechazo al autoritarismo y la defensa de los Derechos Humanos no pueden ser asimilados a una postura “liberal-burguesa”; son parte de las banderas fundamentales de nuestros pueblos en su histórica lucha contra el colonialismo (externo e interno) y el imperialismo, la opresión de clase, racial y de género. El compromiso con la democracia que demandamos en nuestro comunicado se refiere, sí, a la de elecciones libres y periódicas, pero no exclusivamente a eso: hablamos explícitamente de “democracia participativa”, “democracia igualitaria”, “ciudadanos en las calles”, “ampliación de las arenas públicas para la toma colectiva y comunitaria de las decisiones” y “ampliación de la frontera de derechos en pos de una sociedad más justa”. Me pregunto, ¿será posible que en el siglo XXI volvamos a recaer y reivindicar los crasos errores de las fallidas experiencias del socialismo realmente (in)existente del siglo pasado? ¿No ha remarcado el propio Comandante Chávez que lo democrático debiera ser un aspecto irrenunciable y distintivo del socialismo del siglo XXI?
 
3. 5.- El flagrante autoritarismo del actual gobierno venezolano no significa que sea un gobierno ni fuerte, ni mucho menos monolítico. Al contrario, se trata de un gobierno claramente débil y fragmentado, incapaz de generar amplios consensos sociales y de procesar democráticamente las disidencias. El oficialismo de izquierda sigue pensando la revolución desde el poder del Estado; cree que la suerte de la revolución se juega en el mantenimiento del gobierno, y por ello se aferran a él, por cualquier medio y a toda costa. La lucha contra la arbitrariedad, los abusos de poder, las violaciones a derechos civiles y políticos básicos, la importancia del pluralismo el respeto por la diversidad y el diálogo como medio de construcción política, no son banderas del liberalismo; las entendemos como condiciones indispensables para cualquier proceso político que se pretenda emancipatorio. De otro modo, no se ve cómo afrontar de modo creativo y superador los complejos desafíos de la construcción del poder popular a partir de un campo de opresiones múltiples, estructuralmente heterogéneo, que demanda aprender a conjugar la diversidad y complementariedad de las luchas; no a regresar a viejos dogmatismos como la apelación al rol esclarecido de “vanguardias” y dictaduras del proletariado.
 
Más allá de estos aspectos cruciales, la lamentable deriva de crisis generalizada y autoritarismo que signa la trayectoria del gobierno venezolano en los últimos años pone de manifiesto problemas de fondo en la concepción del proceso revolucionario; problemas que no se circunscriben a los yerros del gobierno de Maduro, ni sólo al proceso bolivariano, sino que afectan al conjunto de las experiencias gubernamentales del ciclo progresista. Esos problemas de fondo, tienen que ver, a nuestro entender, con creer que superar el neoliberalismo era simplemente cuestión de volver al keynesianismo; con reducir el imperialismo a una cuestión de agresión externa, y básicamente norteamericana; en fin, con haber pensado que era posible construir una sociedad más justa, más igualitaria y democrática sobre la base de la profundización del extractivismo.
 
Esos problemas, la dificultad para verlos como obstáculos insalvables en los procesos emancipatorios, expresan sintomáticamente el sesgo colonial de la mirada progresista. Permiten comprender el camino trunco dejado por los gobiernos que asumieron ese ideario y también el por qué del sabor amargo, del malestar de resaca social dejado tras el fin de ciclo. Por eso mismo, discutirlos como tales, como límites, es una condición necesaria para reinventar la idea de revolución; para re-imaginar y re-dimensionar la naturaleza y magnitud de los cambios que precisamos hacer en dirección a la construcción del socialismo del siglo XXI.
 
A inicios del siglo XXI, las cadenas que subyugan al pueblo nuestroamericano se revistieron (una vez más) de las flores propias de la fantasía colonial (neo)desarrollista… Ahora que esas flores están marchitas, debemos volver a lidiar con la cadena misma…. En Nuestramérica, la América indígena, campesina, afrodescendiente, mestiza, favelada, el nombre de esa cadena bien podría ser resumido bajo el de “regímenes extractivistas” . En el caso venezolano, el problema no es, a nuestro modo de ver, el “régimen de Maduro”, ni el del “chavismo como régimen”; el problema es justamente cómo el chavismo en el Estado terminó profundizando y ampliando el viejo régimen del extractivismo petrolero.

[1] Nos referimos al “Llamado Internacional urgente a detener la escalada de violencia en Venezuela. Mirar a Venezuela, más allá de la polarización”.( http://llamadointernacionalvenezuela.blogspot.com.ar/2017/05/llamado-internacional-urgente-detener_30.html ). Ese comunicado ha provocado varias contestaciones, más que críticas, diría descalificatorias, entre ellas, un “contra-comunicado” también colectivo titulado “¿Quién acusará a los acusadores? Respuesta a la solicitada de intelectuales contra el proceso bolivariano de Venezuela” (http://contrahegemoniaweb.com.ar/quien-acusara-a-los-acusadores-respuesta-a-la-solicitada-de-intelectuales-contra-el-proceso-bolivariano-de-venezuela/ ).
[2] Cuando este escrito (y su segunda parte) ya estaba prácticamente terminado, se publicó un dossier editado por Daniel Chávez, Hernán Ouviña y Mabel Thwaites Rey (“Venezuela. Debates urgentes desde el Sur”, disponible en: https://www.tni.org/files/publication-downloads/venezuela-sur.pdf ) en el que intervienen varia/os firmantes de los comunicados arriba mencionados. Afortunadamente, ese texto se aleja del tipo y estilo de confrontación que se vino dando y se centra en lo que justamente reclamamos en estas líneas. Por mi parte, destaco que en esa publicación muchos de quienes firmaron el segundo comunicado hacen críticas al proceso bolivariano y al actual gobierno venezolano muy en sintonía con las preocupaciones que motivaron nuestra comunicación inicial.
[3] Una lacónica reflexión de Marcelo Pereira, nos parece sumamente apropiada al respecto: “Las izquierdas ya deberían haber aprendido, tras numerosas lecciones desde el siglo pasado, que el criterio de defender todo lo que sea atacado por la derecha –o, peor, la idea de que algo debe ser defendido porque la derecha lo ataca– es una pésima brújula para quienes quieren rumbear hacia relaciones sociales más libres y más justas. Pero parece que todavía no lo aprendieron.” (Resaltado en el original. http://nuso.org/articulo/las-izquierdas-latinoamericanas-y-la-cuestion-de-venezuela/ ).
[4] Las medidas de política económica aplicadas por el gobierno de Maduro ante la crisis económica desencadenada por la abrupta caída de los precios internacionales del petróleo (producto que representa el 96 % de las exportaciones del país) han sido abiertamente regresivas para los procesos que venían en marcha, combinando un agravamiento del endeudamiento externo, la liberalización y apertura al capital transnacional, y la profundización del extractivismo, ahora extendido a la explotación a gran escala de yacimientos minerales. La creación de Zonas Económicas Especiales con grandes incentivos fiscales y desregulaciones a favor del capital transnacional, el Decreto presidencial de creación del “Arco Minero del Orinoco” y la firma de acuerdos con empresas mineras extranjeras para su explotación, poniendo en suspensión hasta la propia normativa constitucional en una zona de 112.000 km2, así como los enormes volúmenes de drenaje de divisas tanto por el pago de los servicios de la deuda externa como por mecanismos de corrupción en el manejo del comercio exterior, completamente controlado por el Estado, son algunos de los más graves e inobjetables ejemplos de este giro hacia un “neoliberalismo mutante” (la expresión es de Emiliano Terán Mantovani) encarado por el Gobierno.
[5] Entre de la gran cantidad de diagnósticos y análisis sobre el actual escenario sociopolítico y económico venezolano tomamos como referencia y sustento de nuestras reflexiones dos textos que a nuestro entender sintetizan con claridad y profundidad la naturaleza, complejidad y gravedad de la crisis, a saber: “La implosión de la Venezuela rentista”, de Edgardo Lander (https://www.aporrea.org/energia/a230770.html), “Siete claves para entender la crisis actual, de Emiliano Terán Mantovani (http://www.rebelion.org/noticia.php?id=225731) y “Venezuela: un barril de pólvora”, de Edgardo Lander y Santiago Arconada Rodríguez (http://nuso.org/articulo/venezuela-un-barril-de-polvora/?page=2).

[7] Raúl Zibechi, “Venezuela, el Estado y el Poder. Cuando la izquierda es el problema”. http://www.lafogata.org/zibechi2017/04/raul.20.1.htm
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=229906

I. Análisis y discusión acerca de la solidaridad con el pueblo de Venezuela.

Violencia y gobernabilidad ante una nueva fase del extractivismo en Venezuela
2 de agosto de 2017
" Recuperar el sentido en el ámbito nacional apunta en principio a retomar las demandas económicas y políticas que han unido históricamente a los de abajo, unión que reconfiguraría la polarización, que sería planteada nuevamente entre los de arriba y el vasto conjunto de las clases desfavorecidas. Y a esto habría que añadirle las demandas de sostenibilidad y justicia ambiental, ante el creciente y dramático empeoramiento de la situación de los ecosistemas, bienes comunes y la vida ecológica que nos constituyen. Las dimensiones de la crisis estructural del capitalismo rentístico venezolano evidenciarán más claramente estas rutas a transitar."
Por Emiliano Teran Mantovani*
No hay prioridad más alta en Venezuela en la actualidad: evitar, desactivar (o detener) la guerra. El horizonte de paz más próximo es apenas el no desbordamiento masivo de todas las estrategias y pulsiones de muerte que se reproducen en el país. Expresiones extremas de violencia y barbarie; destrucción del entorno cotidiano; sectores radicalizados y fascistizados de la oposición venezolana que, a nuestro juicio, son el principal detonante de la situación; declaraciones y políticas gubernamentales soberbias, desafiantes e irresponsables; represión subida de tono y excesos de los cuerpos de seguridad del Estado; actores armados informales; la política exterior estadounidense más agresiva y frontal contra Venezuela en toda la historia republicana de nuestro país; los señores de la guerra. Todo un cúmulo de actores que unido a condiciones materiales y diversos factores sociales nos han acercado al filo del abismo en el que nos encontramos.
Los dramáticos costos del desbordamiento de una guerra serían cargados principalmente en los hombros del campo popular, en los tejidos sociales, en la vida en sus territorios. Los ‘ganadores’ serían otros, en lo fundamental (aunque no únicamente) actores foráneos y transnacionales. Y las condiciones para la subsistencia y luchas de los pueblos y comunidades quedarían arruinadas. El fin de ciclo progresista en Venezuela se habría coronado con esta fase superior del “capitalismo del desastre” (Naomi Klein dixit).
Estas condiciones materiales son ineluctables, evidencian los nexos entre la inestabilidad económica y la turbulencia política y al mismo tiempo nos señalan la configuración de nuevos esquemas de gobernabilidad y gobernanza. En este sentido, es necesario resaltar la relación que existe entre la re-estructuración del régimen de apropiación de la naturaleza (el relanzamiento y la reformulación del extractivismo en el país), de los mecanismos de captura y distribución de la renta (cambios en la arquitectura del capitalismo rentístico) y de los patrones de gobernabilidad y control social. Esta relación sufre transformaciones significativas en períodos de cambio histórico. El llamado “Pacto de Punto Fijo” (1958) se establecía en Venezuela sobre la base de hacer coherente los principios de una nueva gobernabilidad con los procesos de apropiación y acumulación de capital domésticos y transnacionales.
Pero los tiempos han cambiado. La reciente aprobación del proceso Constituyente del día 30 de julio convocado por el Gobierno nacional, o bien el llamado “Compromiso Unitario para la Gobernabilidad”[1] presentado el pasado 19 de julio por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), dan cuenta explícita de su necesidad de construir un nuevo marco de dominación y control social. Sólo que ahora deben adaptarlo a las condiciones de la profunda crisis del modelo histórico petrolero rentista, inaugurado a principios del siglo XX; y a los marcos de una crisis económica global y de peligrosas tensiones geopolíticas.
El capital se filtra en las grietas de la crisis: rutas y coordenadas de una nueva fase del extractivismo
A pesar de nuestros dramas sociales y políticos, del caos existente, de la crudeza del conflicto, el capital foráneo negocia, con bajo perfil, se posiciona, avanza, gana concesiones, rompe obstáculos, echa raíces en nuestros territorios. La beligerancia y el desastre no le son ajenos; si por un lado es inestabilidad, por el otro es también oportunidad de negocios. En los acuerdos se van trazando rutas y coordenadas de nuevos ciclos de acumulación, se van delineando nuevos códigos, estructuras y geografías del extractivismo en Venezuela.
Podemos hacer un inventario general: ni la inestabilidad de los precios internacionales del crudo y el mercado energético mundial, ni el conflicto político nacional han detenido los acuerdos y las inversiones en la Faja Petrolífera del Orinoco, cinturón de petróleos no convencionales (pesados y extra-pesados) que, por sus costos y niveles de inversión e instalaciones requeridos, necesitan en cambio precios altos y estables. El objetivo: incrementar la producción. Desde principio de 2016 se ha anunciado la puesta en marcha de un proyecto para invertir unos US$ 9.000 millones para la perforación de 480 pozos, sobre lo cual se ha venido avanzando en anuncios y acuerdos desde entonces hasta la fecha.
China National Petroleum Corporation, Rosneft, Schlumberger, Horizontal Well Drillers, Baker Hughes, Halliburton, entre otras, resaltan entre las corporaciones que suscriben los últimos acuerdos. La clave del negocio está en profundizar la flexibilización económica de los marcos que los regulan, lo que el presidente de Petróleos de Venezuela, Eulogio Del Pino, ha llamado “régimen especial de inversiones” para que los proyectos logren su pleno desarrollo[2]. Facilidades económicas, tasas de cambio flotantes, zonas de desarrollo económico especial, socios foráneos que no solo participen accionariamente sino que ahora traigan el financiamiento necesario para los negocios (en lugar de los desembolsos de caja que asumía PDVSA)[3], y algo importante: la cobertura de esas retribuciones y deudas con las corporaciones se basa en los barriles que provengan del aumento de la producción[4]. Esto es, más extractivismo para poder pagarles. Es el modelo de negocios de la Faja del Orinoco, que se proyecta al resto de los sectores de nuestra economía extractiva.
Se cuenta también: la búsqueda de reconexión de pozos en el occidente de Venezuela (como los del Lago de Maracaibo), área de viejas explotaciones convencionales; relanzamiento de los grandes proyectos gasíferos offshore (como el Rafael Urdaneta), con el proyecto Cardón IV en la península de Paraguaná como punta de lanza, destacando la explotación del mega-campo ‘Perla’ en la cual la inversión ha sido 100% privada (Del Pino dixit) –Repsol (50%) y Eni (50%)[5]–; re-impulso y reactivación de obras de infraestructura para la exportación de commodities como el Puerto de Aguas Profundas de la península de Araya (13/6) orientado al comercio petrolero principalmente con el mercado asiático[6], la nueva fase de construcción del gaseoducto Venezuela-Colombia, el acuerdo de gaseoducto entre Venezuela y Trinidad y Tobago (PDVSA-NGC-Shell)[7] o los puertos para la producción de Carbozulia; nueva fase histórica de la minería, con el proceso de certificación de reservas, reactivación de minas que cayeron en el período de crisis o apertura de otras nuevas en todo el país, como el Arco Minero del Orinoco y la conformación de la empresa mixta ‘Siembra Minera’ (Gold Reserve, oro y cobre, empresa a la que el Estado venezolano adeuda aproximadamente 992 millones US$)[8] para la explotación del proyecto "Las Brisas"; empresas mixtas y memorandos de entendimiento con compañías como Faoz (una incógnita), Afridiam (Congo) o China CAMC Engineering para explotar coltán en el municipio Cedeño, estado Bolívar; Endiama (Angola)[9], Guaniamo Mining Co. (EEUU) y empresas sudafricanas no anunciadas para explotar diamantes –en general las mineras junior suelen abrir el camino para la posterior aparición de las grandes corporaciones mineras–; pero también destaca la reactivación de las minas del proyecto de Lomas de Níquel (China Camc Engineering y Yankuang Group - sur de Aragua-Miranda)[10], reactivación de Carbozulia (mayo 2017) con miras a la estabilización y posterior expansión de la producción de carbón[11] (Inter American Coal, China CAMC Engineering y Yankuang Group), sea en las minas ya existentes o en nuevas, como ‘Las Carmelitas’[12]; o finalmente proyectos más pequeños de minería no metálica para la extracción de fosfato en el Táchira, mármol en Anzoátegui (empresa Canteras y Mármoles) o sílice en Lara.
Pero estas redes del capital que crecen y se expanden, estos nuevos métodos y marcos de negocios, no sólo evidencian una reestructuración económica en desarrollo –ciertamente inestable, contingente y maleable–, sino también revelan una específica correlación de fuerzas muy negativa para regímenes de intervención y proteccionismo estatal, formas de nacionalismo económico, y para el campo popular y la naturaleza. En este escenario van prevaleciendo cada vez más los intereses y agendas del capital transnacional, que trazan las rutas más estables y predecibles del rumbo económico a partir del mapeo de los “recursos naturales”.
En esta específica correlación de fuerzas la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) no ha estado al margen ni ha sido espectadora pasiva. Muy al contrario, ha sido actor principal para ir configurándola, a través de métodos cada vez más extremistas que impulsan este escenario del ‘capitalismo del desastre’. Porque, aunque se declare en el “Compromiso Unitario para la Gobernabilidad” que “la justicia social es la prioridad” y los “desfavorecidos y vulnerables serán el objetivo central”, el horizonte constituyente de esta coalición política derechista conservadora ha sido neoliberal. En muchos casos sin secretos (como en el llamado ‘capitalismo popular’ de Maria Corina Machado). En otros, que son la mayoría de los casos, se esconden detrás de una retórica vaga y generalista sobre progreso, bienestar y desarrollo, sin mencionar la prevalencia de mecanismos de mercado, recortes, corporativización y desregulación. Pero a pesar de las sutilezas e intentos de hermetismo al respecto, siempre afloran estas voluntades y políticas neoliberales.
Por citar dos ejemplos recientes, el conocido empresario venezolano Gustavo Cisneros ha planteado que el modelo impulsado por Mauricio Macri en Argentina puede ser el idóneo para la Venezuela postchavista[13]; y aunque hayan criticado y sancionado hasta la saciedad el entreguista y devastador proyecto del Arco Minero del Orinoco, en mayo de este año el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, le aseguraba a las transnacionales mineras que asistían al ‘Latin American Downunder Conference’ en Australia que “una vez la democracia haya sido restaurada… las puertas estarán abiertas para recibir las inversiones” –our doors will be open to receive the investments–[14], lo que va en consonancia con numerosas de las propuestas del bloque opositor de expandir el extractivismo en el país.
La pregunta que surge ante esta puesta en escena y el desarrollo y expansión de esta red de capitales foráneos en Venezuela, es qué tipo de modelo de gobernabilidad y control social pudiera estar gestándose de la mano de este proceso, y cuál podría ser el rol de la violencia en el mismo.
Adiós al ‘neo-extractivismo progresista’: violencia y nuevas gobernabilidades
Replicando el patrón histórico-colonial de la división internacional del trabajo y la naturaleza, las inversiones extranjeras en la crisis actual siguen dirigiéndose en proporciones considerables a los sectores extractivos –como se evidencia por ejemplo en el anuncio de ‘Alianzas Estratégicas’ entre el Gobierno Nacional y empresas extranjeras (21 de julio), donde el 92% de las inversiones era para minería y 8% para turismo[15]–. No sólo no aparece el giro productivo para poder paliar la situación de precariedad económica interna, sino que el capital y las élites políticas locales establecen acuerdos de largo plazo que nos atornillan a un horizonte de extracción y despojo, vinculado a recortes y desregulación.
Se marcha el llamado “neo-extractivismo progresista”. El patrón que lo ha caracterizado se disuelve: la posibilidad de construir consenso social por la vía de la distribución masiva de las rentas presenta extraordinarios límites; la programática gubernamental sigue modificándose progresivamente; como ya se ha mencionado, continúan produciéndose cambios significativos en la correlación de fuerzas; y el contexto internacional va recrudeciendo aún más la competencia global por los “recursos naturales”.
En este sentido, y en relación a la gobernabilidad de este probable nuevo extractivismo, cabe preguntarse si las diversas formas de violencia que se han desarrollado en el país son sólo expresiones de un conflicto político coyuntural o en cambio éstas también se instalan y se incorporan a los dispositivos de dominación, trazando las coordenadas de un régimen de control social en formación. Sus orígenes provienen de al menos tres escalas geográficas diferentes: una violencia imperial-geopolítica, una estatal-nacional y una social-molecular.
El contexto de intensa conflictividad y el colapso de la economía nacional han hecho prevalecer los marcos de un estado de excepción (que hasta el momento ha sido sectorizado), políticas de emergencia y conmoción, la creciente militarización de todos los ámbitos de la vida junto a mecanismos de intervención policial directa en barrios urbanos y rurales (como la llamada ‘Operación de Liberación del Pueblo’ - OLP). Esto no sólo se expresa en las actuales políticas del Estado, sino que se presenta como el horizonte de 'seguridad' de los partidos de la MUD. Recordemos que el líder de la oposición venezolana, Leopoldo López, ha señalado la necesidad de aplicar el modelo “exitoso” de seguridad del ex-presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, el cual podría emplearse de manera inmediata[16]. En el “Compromiso Unitario para la Gobernabilidad” 2017 de la MUD se expresa como uno de los primeros objetivos de “un próximo gobierno” el “Plan efectivo y contundente contra la inseguridad” (punto 1.3).
Resalta también el empleo de actores armados informales por parte de los grupos políticos en disputa, que ejercen formas subterráneas de control social, generando formas directas de represión y terror en la población.
Al mismo tiempo, el abanico de operaciones de intervención que han sido impulsadas al menos desde 2002 por los Estados Unidos para lograr el ‘cambio de gobierno’ en Venezuela se han hecho cada vez más explícitas e incisivas –vea las recientes declaraciones del director de la CIA, Mike Pompeo, sobre sus esfuerzos para lograr la ‘transición’ en el país[17]– y tienen notable incidencia en el desarrollo de la violencia en el país. Un potencial avance y triunfos de esta política norteamericana en Venezuela plantearía una transición desde mecanismos de financiamiento de operaciones de inteligencia y desestabilización hasta formas de militarización de impacto regional (en conexión con acuerdos como el Plan Colombia) y estrategias de contrainsurgencia como forma de controlar territorios.
Por último pero no menos importante, también se registra el aprovechamiento de las crecientes formas de violencia social-molecular producto de las contradicciones sociales y territoriales (pobreza, exclusión, masificación de la corrupción y la impunidad), en especial a través de la cooptación de grupos criminales (urbanos y rurales) y la canalización de expresiones de fascistización social (evidentes básicamente en sectores de oposición al gobierno) que no sólo generan crímenes de odio e intento de aniquilamiento del 'enemigo' (chavista) sino una profunda intimidación y terror en la población en general.

La imposición del orden y la lucha contra 'agentes perturbadores' serán planteadas como los medios para la consecución de la ‘paz’ –la 'pacificación'. En estos casos es cuando la paz y la guerra se confunden más. Podríamos plantearnos reflexivamente la frase de Hanna Arendt cuando afirmaba en 1970 que la paz es la continuación de la guerra por otros medios. Para el caso venezolano, se han abierto ya nuevas preguntas sobre nuevas formas de poder, sobre la evolución de la estatalidad, sobre disputas territoriales por los bienes comunes. Y sobre todo, preguntarnos si terminaría de emerger una nueva versión de la economía de enclave del siglo XXI. Preguntas que además, tocan e interpelan a todo el resto de América Latina.

Resurgir del colapso del rentismo: re-existencias y la recuperación de las agendas propias de los movimientos populares
En Venezuela, todos los territorios y ámbitos de la vida cotidiana están en disputa. ¿Cuál es el horizonte, la estrategia, cuando la guerra y el estado de excepción van avanzando como régimen biopolítico para la acumulación de capital?
Cuando la paz es invadida de guerra, se va haciendo más difícil saber qué es y dónde se encuentra. A pesar de ello, ésta se convierte en una prioridad. Pero es necesario resaltarlo: organizarse para la paz implica reconocer que esta también se teje desde abajo, que supone que hay que ir hilándola, expresándola en la vida en los territorios, recreándola en las formas mínimas de convivencia, respeto, consensos, desplazando a la guerra de los espacios que busca ocupar, a través de resistencias y vida. Se trata del ejercicio de las re-existencias (como lo planteara Adolfo Albán), en la medida en la que se resiste a los diversos dispositivos de violencia, explotación, exclusión y despojo de la expansión capitalista, a través también de la reproducción de la vida, de su reafirmación a través de las prácticas cotidianas y la construcción de alternativas concretas.
Sin embargo, ¿cómo se puede enfrentar semejantes desafíos cuando el tejido social ha sido tan profundamente afectado, cuando se va desbordando el contrato social, cuando la barbarie se va normalizando, cuando se ha extraviado de tal forma el sentido en el país?
Nuevamente, hay que mirar adelante. Todavía hay mucho que rescatar. Aunque este socavamiento del tejido social nos atraviesa, no es una condición estructural o definitiva. Toca volver a mirar e inventariar todas esas potencialidades existentes en el campo popular venezolano, sus expresiones de democracia radical, sus experiencias productivas, sus narrativas y agendas propias, las formas emancipatorias de su dinamismo político aluvional. A pesar de que existan enormes obstáculos y debilidades, son finalmente estos factores el sustrato, la esencia, de cualquier proceso alternativo a desarrollarse en los próximos tiempos.
Pero también los tiempos invitan a reinventarse. El giro histórico-político de las luchas populares en Venezuela podría estar en la recuperación y re-centramiento de la dimensión territorial –abriéndose intempestivamente camino ante la irresistible primacía de los objetivos de escala nacional–; esto es, territorializar las luchas. Reconfigurar las localidades. Y tejer comunidad, en medio de las dificultades. Construir desde ya, alianzas con otros sectores de lo popular. Promover la creatividad, las éticas populares y el valor de la dignidad. Sin todas estas bases materiales, estas expresiones contrahegemónicas seguirán adoleciendo de organicidad, se evidenciarán débiles ante los numerosos dispositivos de guerra, tendrán una alta dependencia económica del Petro-Estado y los sectores privados y seguirán careciendo de resultados concretos en sus territorios para testimoniar ese mundo que sueñan transformar.
¿Qué nos queda por reivindicar en cuanto a las grandes narrativas políticas? No hay un panorama claro al respecto. Pero al menos, recuperar el sentido en el ámbito nacional apunta en principio a retomar las demandas económicas y políticas que han unido históricamente a los de abajo, unión que reconfiguraría la polarización, que sería planteada nuevamente entre los de arriba y el vasto conjunto de las clases desfavorecidas. Y a esto habría que añadirle las demandas de sostenibilidad y justicia ambiental, ante el creciente y dramático empeoramiento de la situación de los ecosistemas, bienes comunes y la vida ecológica que nos constituyen. Las dimensiones de la crisis estructural del capitalismo rentístico venezolano evidenciarán más claramente estas rutas a transitar.
De plano conviene resaltar que la situación de potencial impago de la deuda externa unido a la descomunal corrupción que se ha devorado las cuentas públicas puede hacer converger a numerosas organizaciones populares, movimientos y comunidades en torno a una campaña nacional por la auditoría de todas estas cuentas del país. Se presentaría además una oportunidad para evidenciar los vínculos de la deuda y el desfalco con el extractivismo, en la medida en la que el respaldo material de estos procesos de despojo financiero global contra Venezuela son precisamente sus ‘recursos naturales’ y sus territorios. El relanzamiento del Arco Minero del Orinoco y todo el conjunto de proyectos que buscan re-colonizar viejas geografías y las nuevas fronteras de las commodities se realiza bajo esta racionalidad. De esta manera, podríamos tener la convergencia de luchas por la justicia en la distribución económica y ecológica al mismo tiempo. Algo nunca visto en la historia de las luchas populares venezolanas.
Se nos vienen extraordinarios desafíos. La búsqueda de la paz navega en aguas turbulentas. Toca no perder el centro y tomar el timón con fuerza.
Caracas, julio 2017
*Emiliano Teran Mantovani es Sociólogo de la Universidad Central de Venezuela, ecologista político y master en Economía Ecológica por la Universidad Autónoma de Barcelona. Investigador en ciencias sociales y mención honorífica del Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2015 por el libro ‘El fantasma de la Gran Venezuela’. Participa en el Grupo Permanente de Trabajo Sobre Alternativas al Desarrollo organizado por la Fundación Rosa Luxemburgo, en el Grupo de Trabajo CLACSO sobre ecología política y ha colaborado con el proyecto EjAtlas - Justicia Ambiental con Joan Martínez Alier. Hace parte de la Red Oilwatch Latinoamérica.

Notas
[17] Pompeo afirmó el pasado 20 de julio que esperaba que se produjera una ‘transición’ en Venezuela y que trabajaban duro para comprender las cosas que allí ocurren y comunicárselas al Departamento de Estado y a los gobiernos de Colombia y México, de manera que obtuvieran los mejores resultados posibles https://www.youtube.com/.... Varias fuentes han revelado las diversas operaciones de intervención que se han aplicado desde el inicio de la Revolución Bolivariana. Por ejemplo, decenas de miles de cables revelados por Wikileaks han revelado apoyo a opositores al gobierno, desde la época del presidente Chávez. Citando un caso, la contratista de USAID/OTI ‘Development Alternatives Incorporated’ (DAI) reconocía que quienes organizaban las protestas contra el presidente Chávez en 2009 eran ‘nuestros financiados’ –‘are our grantees’.https://wikileaks.org/...

Los gobiernos-estados de Chile y Argentina con el poder mediático instalan la idea del mapuche ‘terrorista’. ¿Por qué?


Habla vocero de la Coordinadora Arauco Malleco, Héctor Llaitul
Territorio y autonomía: 
demandas del pueblo mapuche
1 de agosto de 2017
Por Punto Final (Rebelión)

El trabajador social Héctor Llaitul Carrillanca (50 años, cinco hijos), vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), habla para Punto Final sobre los objetivos autonomistas y anticapitalistas de su organización. Reivindica las acciones directas contra las forestales que desde hace veinte años se llevan a cabo en La Araucanía (Wallmapu   para el pueblo mapuche) y critica en duros términos el plan de desarrollo para la Región anunciado por la presidenta de la República y que el ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza Gómez, comunista, calificó en una columna de opinión en El Mercurio (5 de julio) como “una de las propuestas más sólidas e integrales presentadas en esta materia durante nuestra historia republicana”.

Pedimos a Héctor Llaitul que hiciera un diagnóstico de la situación en el Wallmapu y ésta fue su respuesta:

“Efectivamente hay una agudización del conflicto. Esto lo producen las medidas que implementa el Estado chileno para enfrentar las demandas -sobre todo las demandas políticas y territoriales- de nuestro pueblo. Eso ha creado una situación en que el conflicto no tiene solución en el corto o mediano plazo. El Estado chileno ha puesto en práctica una suerte de ‘guerra de baja intensidad’ contra los movimientos de resistencia mapuche para salvaguardar los intereses del gran empresariado de la región. Esto se grafica en la militarización de la zona de conflicto entre las comunidades mapuches y los procesos de inversión capitalista que arremeten contra nuestro pueblo. La reivindicación territorial y autonómica choca directamente con los intereses de los grupos económicos de la industria forestal y energética, lo que ha producido una mayor radicalidad en la confrontación.

La creciente militarización del Wallmapu se observa sobre todo en los patrullajes de carros blindados de las Fuerzas Especiales de Carabineros, en la cantidad de personal destinado a la Región que cumple diversas tareas. Son unos tres mil efectivos apostados en el Wallmapu histórico. Están allí para custodiar los intereses de las forestales y de los proyectos energéticos. Otros carabineros cumplen misiones de protección en puntos de riesgo. En resumen, numeroso personal equipado para un combate, batallones de policía militarizada con campamentos, vehículos de transporte mayor como helicópteros y avionetas, equipos de vigilancia sofisticados que incluyen drones, globos aerostáticos, sistemas de alta tecnología mediante cámaras de vigilancia en la ruta 5, principal arteria que cruza el Wallmapu. Algunas con capacidad geotérmica de visibilidad nocturna. Todo esto ha significado un gasto muy cuantioso. Sólo las cámaras de vigilancia con infrarrojo significaron una inversión de más de cinco mil millones de pesos.

A eso hay que sumar la permanente criminalización del pueblo mapuche. Detenciones arbitrarias, allanamientos, prisión política -hay más de cuarenta presos o procesados políticos-, etc.
También está la aplicación de la Ley Antiterrorista y de la Ley de Seguridad Interior del Estado en procesos viciados por la utilización de mecanismos de esas leyes, como los ‘testigos protegidos’. Hay que agregar las operaciones de inteligencia policial y política con montajes que pretenden sacar de circulación a dirigentes y militantes. Todo esto no es nuevo para nosotros, también se hacía en dictadura.

Existe una potente campaña mediática que tiene dos objetivos principales: reproducir en el imaginario colectivo la imagen del mapuche ‘terrorista’. Cada vez que los mapuches defendemos nuestros derechos, la prensa nos cataloga de delincuentes o terroristas. Aquello establece una condena previa contra los militantes de la causa mapuche. Esa campaña tiene un alto componente de racismo y no solo proviene de la derecha sino también de los gobiernos de turno. Un racismo que ha existido históricamente y que ha permitido construir un discurso que es parte de la ideología del poder. Los mapuches éramos considerados -en el pasado- sanguinarios, primitivos y salvajes; después nos caracterizaron como flojos, borrachos, etc. Son prejuicios que reproducen los medios de comunicación a la hora de situar al pueblo mapuche como actor en este conflicto.

La derecha económica y política ha ganado posiciones para crear la imagen de que las víctimas de la violencia son ellos y no los mapuches. A tal punto que una de las medidas anunciadas por la presidenta Bachelet apunta en la dirección de reparar a las víctimas de la violencia rural que serían los agricultores, colonos y empresas que han sentido los efectos de la resistencia mapuche. Se les presenta como las únicas víctimas, no a los mapuches que hemos sido las víctimas históricas del conflicto desde que el Estado y el sistema capitalista se impusieron a sangre y fuego en nuestros territorios. Este es, en síntesis, el escenario actual de la confrontación”.´

 ATAQUES INCENDIARIOS A EMPRESAS FORESTALES

¿Qué actitud tiene la CAM sobre los ataques incendiarios a camiones y maquinaria de las forestales?

“Para analizar esos hechos hay que referirse a la violencia en la agudización del conflicto entre el pueblo mapuche y el Estado chileno. No es resultado solo de los grados alcanzados por la resistencia mapuche. Desde luego, se trata de una confrontación en que ambas partes tienen responsabilidades. De parte del Estado ha habido una violencia permanente, estructural, económica y cultural mediante la usurpación de los territorios mapuches. Asimismo se ha negado a solucionar las demandas políticas y territoriales de nuestro pueblo. El desarrollo del proceso de resistencia ha llevado a realizar acciones que enfrentan sobre todo las relaciones opresivas de mercado que afectan al mapuche. Son acciones de sabotaje y dirigidas contra los intereses de los usurpadores de la tierra. Sus procesos de inversión capitalista destruyen el hábitat y la concepción cosmovisionaria de nuestro pueblo. Esta es la lógica de esas acciones directas. Tienen el carácter de sabotaje a la economía capitalista y no buscan poner en riesgo la integridad de la población, como intentan demostrar los medios de la derecha. Eso es algo que negamos rotundamente. Estas acciones de resistencia son un componente importante en nuestra acumulación de fuerzas. Permiten avanzar en el control territorial, que es el objetivo estratégico de estas acciones. Buscan una solución al conflicto por las tierras y se dirigen contra el sistema implantado por las empresas forestales, responsables de la usurpación y devastación del territorio ancestral mapuche.

Estas acciones han generado un punto de inflexión en el conflicto. A tal punto que la derecha y otros sectores conservadores las estigmatizan como terroristas para perseguir y aniquilar a quienes están detrás de ellas y así tratar de frenar la resistencia de nuestro pueblo. Las reivindicamos como parte de la lucha estratégica y de la protesta social mapuche en general, porque se han agotado las vías de solución a nuestras demandas políticas. Se intenta desvincularlas y aislarlas de las otras acciones políticas que desarrollan las comunidades. Sin embargo, todas forman parte del proceso de reconstrucción nacional que está desarrollando nuestro pueblo. Forman parte de la lucha por la recuperación territorial y por la recuperación de un modo de vida y de un tipo de sociedad mucho más justa que la existente”.

PLAN DE DESARROLLO DE LA ARAUCANIA

¿Qué opina la CAM del Plan de Desarrollo Integral de La Araucanía anunciado por la presidenta Bachelet?
“El conflicto se ha vuelto un tema en la agenda del gobierno. Estamos a veinte años de los sucesos de Lumaco, cubiertos en la portada de Punto Final (N° 409 del 19 de diciembre de 1997) con el título: Lumako. La dignidad mapuche . Rememoramos aquel hito porque allí se inició esta etapa del conflicto con la quema de tres camiones de la Forestal Bosques Arauco. Frente a las acciones directas y la resistencia han surgido voces, no solo del empresariado sino también de la clase política, en especial de la derecha. Pero también de la gobernanza neoliberal representada en un amplio espectro de la Nueva Mayoría. Esas voces emplazan a buscar alguna solución a los grados de confrontación adquiridos por el conflicto. Desde la Presidencia surgió la idea de una comisión asesora que respaldara ciertos anuncios. En su momento dijimos que no era una instancia legítima, sino un intento más -como muchos anteriores- de crear un mecanismo que actuara como dispositivo para atenuar la confrontación. La comisión entregó su informe a la presidenta que, finalmente, anunció medidas que no fueron de extrañar. Más de lo mismo, o nada nuevo bajo el sol. Lo único concreto es la declaración de un Día de los Pueblos Originarios, un día feriado. Los otros anuncios son solo anuncios y promesas. Por ejemplo el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios requiere una reforma de la Constitución. ¿Cuánto tiempo tendrá que pasar para que esto se produzca? Se trata de una demanda mapuche que tiene casi treinta años.

Chile es uno de los países más atrasados en el reconocimiento de sus pueblos originarios. Este anuncio no se va a materializar durante este gobierno. Si viene un gobierno de derecha menos se va a concretar. La creación de un Ministerio de Pueblos Indígenas y de un Consejo de Pueblos Originarios son proyectos que están en el Congreso y que van en la misma dirección, considerando que los parlamentarios representan en su mayoría posiciones empresariales. Al respecto, debemos aclarar que la CAM no demanda la creación de esas instancias que tienen que ver con el modelo colonial de dominación que sufre nuestro pueblo. Serían algo así como la Conadi con mayor presencia indígena y recursos para seguir administrando el estado actual de cosas. Son instancias que demandan otros sectores del pueblo mapuche interesados en avanzar por la vía institucional. Pero nosotros estamos por otra vía: acumular fuerzas para la recuperación del territorio y la autonomía. Nuestra lucha no va por la institucionalidad opresora.

Impresiona la desfachatez de los anuncios del gobierno. No variará las condiciones de opresión y no otorga medidas que restablezcan los derechos fundamentales de nuestro pueblo, que son derechos políticos. Un aspecto positivo podría ser el reconocimiento constitucional -aunque no nos casamos con esto- porque abriría la posibilidad de la lucha política por la autodeterminación. Por ahí podrían lograrse avances sustantivos. Pero el reconocimiento constitucional es hasta ahora una promesa incumplida. En los anuncios presidenciales se nota la influencia que ganaron los sectores conservadores, no solo en la comisión asesora sino en los cercanos a la Presidencia. Por ejemplo, se determinó un fondo de reparación para víctimas de la violencia rural, pero no para los mapuches que han sufrido violencia en el actual periodo. Entonces, ¿no hay justicia para los mapuches? ¿Cuántas casas mapuches han sido quemadas o destruidas? Cercos y sembrados arrasados. Vidas arrebatadas, torturas, allanamientos, prisión política, etc. ¿No hay reparación por estos crímenes? ¿El Estado no se hará cargo tampoco de las masacres del pasado, de la usurpación territorial, de mantener al pueblo mapuche en la pobreza?
El discurso empresarial ha instalado víctimas de un solo lado, y este gobierno se alineó con ellos. Nosotros afirmamos con fuerza que en este conflicto las víctimas son los mapuches. Las víctimas históricas desde que el Estado usurpó nuestros territorios a sangre y fuego, con un ejército financiado por la oligarquía que despojó al pueblo mapuche de más del 95% de su territorio, robó su ganado, masacró a la gente y la condenó a vivir en la miseria. Estas son las víctimas reales del conflicto y el Estado no saca nada con pedir perdón si la solución no repara ni hace justicia.

También se anunció un fondo para potenciar el desarrollo en La Araucanía. Pero los recursos no van para los mapuches y ni siquiera tiene una lógica indígena. Este gobierno insiste en la idea colonial de tratar de superar la pobreza y la desigualdad con mayor asistencialismo. La presidenta Bachelet entregaría fondos para que la gente capitalice y reproduzca el capital en una zona muy conservadora y que está en manos del empresariado. El fondo está destinado a grupos conservadores, lo que incluye también a colonos fascistas responsables además, de la represión de personas que llevaban adelante el proceso de Reforma Agraria en los años 70. No es por nada que La Araucanía es conocida como el bastión de la derecha más recalcitrante”.

EL CAMINO DE LA CAM
¿Qué plantea la CAM frente a esta realidad?

“Tenemos una mirada positiva de la lucha mapuche y de sus resultados. Esta lucha es entre los poderosos y los oprimidos, y por razones obvias estamos en desventaja estratégica. Hay un conflicto que en el corto y mediano plazo no tiene solución, al menos en el actual escenario político-social. Pero se debe reconocer que, del lado mapuche hay una fuerza social, política y militar que se confronta con el empresariado y la gobernanza neoliberal y que lo hace dignamente. Con el tiempo y al calor de la lucha, hemos desarrollado capacidades político-organizativas expresadas en las experiencias de control territorial, así como de capacidad operativa con los diversos Organos de Resistencia Territorial, los ORT, quienes han sabido expresar la resistencia con sabotajes certeros al gran capital, y a su vez disposición combativa permanente para el enfrentamiento con las fuerzas de ocupación. También se debe reconocer que el movimiento de resistencia va adquiriendo paulatinamente perspectivas autonomistas y revolucionarias en sus definiciones. Y es aquí donde nos situamos como CAM.

Hay un proceso de acumulación que tiene que ver con el objetivo del control territorial. Las acciones de resistencia han permitido entrar a disputar las tierras con el empresariado. Las tierras recuperadas, que están bajo la plataforma del control territorial, llevan un curso distinto a la reproducción del capital y constituyen la base para la reconstitución del mundo mapuche, es decir el logro de la reproducción del tejido político, social y cultural de nuestro pueblo. El capitalismo es el que depreda los territorios aniquilando toda forma de vida. Frente a esa realidad, existe una fuerza social, política y militar del pueblo mapuche que defiende sus derechos y que está acumulando fuerza en una perspectiva autonomista y revolucionaria.

La CAM ha señalado públicamente su disposición de llegar a un entendimiento -inclusive propusimos una tregua en la confrontación-.

Estamos dispuestos a conversar -y a transar inclusive-, pero sobre aspectos sustantivos: los derechos fundamentales de nuestro pueblo que tienen que ver con la recuperación del territorio, que es la demanda histórica más sentida, y la posibilidad de reconstruir el mundo mapuche sobre la base de la autonomía y la libertad.

Esa concepción es de todos los pueblos que no quieren ser sometidos por nadie. En ese marco estamos dispuestos a conversar, pero las autoridades no están dispuestas a hacerlo en esa misma sintonía. Sólo pretenden entregar algunas concesiones básicas. El movimiento autonomista ya no quiere tratar esos temas. La fuerza que hemos logrado no es para que ahora vayamos a sentarnos a una mesa a conversar los temas y promesas de siempre. La fuerza lograda, producto del sacrificio y esfuerzo de las comunidades, de mujeres y hombres, de ancianos y niños, merece un proceso con mayor altura de miras. Un enfoque que reconozca los derechos políticos de la nación mapuche. Tal como lo hizo antes nuestro pueblo cuando confrontaba y llegaba a Parlamentos con el Estado español y la recién creada República chilena. Parlamentos establecidos en base a relaciones diplomáticas, comerciales, políticas, etc. Hoy no existe esa voluntad de parte del Estado chileno, y en la práctica no se puede dialogar cuando existe una relación desigual y aún de tipo colonial.
Sin embargo, nuestro pueblo tiene la suficiente capacidad y la dignidad suficiente para mantener la resistencia y avanzar en este proceso que aún tiene mucho tiempo por delante. Las potencialidades están en las nuevas generaciones que van resignificando la causa mapuche con mayor newen ka feyentun. La lucha por el territorio ancestral continuará porque es la base esencial de la reconstrucción de la Nación Mapuche. La autonomía es nuestro sueño de libertad”
Publicado en “Punto Final”, edición Nº 880, 21 de julio 2017.