Violencia y
gobernabilidad ante una nueva fase del extractivismo en Venezuela
2 de
agosto de 2017
" Recuperar
el sentido en el ámbito nacional apunta en principio a retomar las
demandas económicas y políticas que han unido históricamente a los de
abajo, unión que reconfiguraría la polarización, que sería planteada
nuevamente entre los de arriba y el vasto conjunto de las clases
desfavorecidas. Y a esto habría que añadirle las demandas de
sostenibilidad y justicia ambiental, ante el creciente y dramático
empeoramiento de la situación de los ecosistemas, bienes comunes y la
vida ecológica que nos constituyen. Las dimensiones de la crisis
estructural del capitalismo rentístico venezolano evidenciarán más
claramente estas rutas a transitar."
Por Emiliano
Teran Mantovani*
No hay prioridad más alta en Venezuela en la actualidad: evitar,
desactivar (o detener) la guerra.
El horizonte de paz más próximo es apenas el no desbordamiento masivo de
todas las estrategias y pulsiones de muerte que se reproducen en el
país. Expresiones extremas de violencia y barbarie; destrucción del
entorno cotidiano; sectores radicalizados y fascistizados de la
oposición venezolana que, a nuestro juicio, son el principal detonante
de la situación; declaraciones y políticas gubernamentales soberbias,
desafiantes e irresponsables; represión subida de tono y excesos de los
cuerpos de seguridad del Estado; actores armados informales; la política
exterior estadounidense más agresiva y frontal contra Venezuela en toda
la historia republicana de nuestro país; los señores de la guerra. Todo
un cúmulo de actores que unido a condiciones materiales y diversos
factores sociales nos han acercado al filo del abismo en el que nos
encontramos.
Los dramáticos costos del desbordamiento de una guerra serían cargados principalmente en los hombros del campo popular, en los tejidos sociales, en la vida en sus territorios. Los ‘ganadores’ serían otros, en lo fundamental (aunque no únicamente) actores foráneos y transnacionales. Y las condiciones para la subsistencia y luchas de los pueblos y comunidades quedarían arruinadas. El fin de ciclo progresista en Venezuela se habría coronado con esta fase superior del “capitalismo del desastre” (Naomi Klein dixit).
Estas
condiciones materiales son ineluctables, evidencian los nexos entre la
inestabilidad económica y la turbulencia política y al mismo tiempo nos
señalan la configuración de nuevos esquemas de gobernabilidad y gobernanza.
En este sentido, es necesario resaltar la relación que existe entre la
re-estructuración del régimen de apropiación de la naturaleza (el
relanzamiento y la reformulación del extractivismo en el país), de los
mecanismos de captura y distribución de la renta (cambios en la arquitectura
del capitalismo rentístico) y de los patrones de gobernabilidad y control
social. Esta relación sufre transformaciones significativas en períodos de
cambio histórico. El llamado “Pacto de Punto Fijo” (1958) se establecía en
Venezuela sobre la base de hacer coherente los principios de una nueva
gobernabilidad con los procesos de apropiación y acumulación de capital
domésticos y transnacionales.
Pero los
tiempos han cambiado. La reciente aprobación del proceso Constituyente del
día 30 de julio convocado por el Gobierno nacional, o bien el llamado
“Compromiso Unitario para la Gobernabilidad”[1] presentado el pasado 19 de
julio por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD),
dan cuenta explícita de su
necesidad de construir un nuevo marco de dominación y control social. Sólo
que ahora deben adaptarlo a las condiciones de la profunda crisis del modelo
histórico petrolero rentista, inaugurado a principios del siglo XX; y a los
marcos de una crisis económica global y de peligrosas tensiones
geopolíticas.
El capital
se filtra en las grietas de la crisis: rutas y coordenadas de una nueva fase
del extractivismo
A pesar de
nuestros dramas sociales y políticos, del caos existente, de la crudeza del
conflicto, el capital foráneo negocia, con bajo perfil, se posiciona,
avanza, gana concesiones, rompe obstáculos, echa raíces en nuestros
territorios. La beligerancia y el desastre no le son ajenos; si por un lado
es inestabilidad, por el otro es también oportunidad de negocios. En los
acuerdos se van trazando rutas y coordenadas de nuevos ciclos de
acumulación, se van delineando nuevos códigos, estructuras y geografías del
extractivismo en Venezuela.
Podemos hacer
un inventario general: ni la inestabilidad de los precios internacionales
del crudo y el mercado energético mundial, ni el conflicto político nacional
han detenido los acuerdos y las inversiones en la Faja Petrolífera del
Orinoco, cinturón de petróleos no convencionales (pesados y extra-pesados)
que, por sus costos y niveles de inversión e instalaciones requeridos,
necesitan en cambio precios altos y estables. El objetivo: incrementar la
producción. Desde principio de 2016 se ha anunciado la puesta en marcha de
un proyecto para invertir unos US$ 9.000 millones para la perforación de 480
pozos, sobre lo cual se ha venido avanzando en anuncios y acuerdos desde
entonces hasta la fecha.
China National Petroleum Corporation, Rosneft,
Schlumberger, Horizontal Well Drillers, Baker Hughes, Halliburton, entre
otras, resaltan entre las corporaciones que suscriben los últimos acuerdos.
La clave del negocio está en profundizar la flexibilización económica de los
marcos que los regulan, lo que el presidente de Petróleos de Venezuela,
Eulogio Del Pino, ha llamado “régimen especial de inversiones” para que los
proyectos logren su pleno desarrollo[2].
Facilidades económicas, tasas de
cambio flotantes, zonas de desarrollo económico especial, socios foráneos
que no solo participen accionariamente sino que ahora traigan el
financiamiento necesario para los negocios (en lugar de los desembolsos de
caja que asumía PDVSA)[3], y algo importante: la cobertura de esas
retribuciones y deudas con las corporaciones se basa en los barriles que
provengan del aumento de la producción[4]. Esto es, más extractivismo para
poder pagarles. Es el modelo de negocios de la Faja del Orinoco, que se
proyecta al resto de los sectores de nuestra economía extractiva.
Se cuenta
también:
la búsqueda de reconexión de pozos en el occidente de Venezuela (como los
del Lago de Maracaibo), área de viejas explotaciones convencionales;
relanzamiento de los grandes proyectos gasíferos offshore (como el Rafael
Urdaneta), con el proyecto Cardón IV en la península de Paraguaná como punta
de lanza, destacando la explotación del mega-campo ‘Perla’ en la cual la
inversión ha sido 100% privada (Del Pino dixit) –Repsol (50%) y Eni
(50%)[5]–; re-impulso y reactivación de obras de infraestructura para la
exportación de commodities como el Puerto de Aguas Profundas de la península
de Araya (13/6) orientado al comercio petrolero principalmente con el
mercado asiático[6], la nueva fase de construcción del gaseoducto
Venezuela-Colombia, el acuerdo de gaseoducto entre Venezuela y Trinidad y
Tobago (PDVSA-NGC-Shell)[7] o los puertos para la producción de Carbozulia;
nueva fase histórica de la minería, con el proceso de certificación de
reservas, reactivación de minas que cayeron en el período de crisis o
apertura de otras nuevas en todo el país, como el Arco Minero del Orinoco y
la conformación de la empresa mixta ‘Siembra Minera’ (Gold Reserve, oro y
cobre, empresa a la que el Estado venezolano adeuda aproximadamente 992
millones US$)[8] para la explotación del proyecto "Las Brisas"; empresas
mixtas y memorandos de entendimiento con compañías como Faoz (una
incógnita), Afridiam (Congo) o China CAMC Engineering para explotar coltán
en el municipio Cedeño, estado Bolívar; Endiama (Angola)[9], Guaniamo Mining
Co. (EEUU) y empresas sudafricanas no anunciadas para explotar diamantes –en
general las mineras junior suelen abrir el camino para la posterior
aparición de las grandes corporaciones mineras–; pero también destaca la
reactivación de las minas del proyecto de Lomas de Níquel (China Camc
Engineering y Yankuang Group - sur de Aragua-Miranda)[10], reactivación de
Carbozulia (mayo 2017) con miras a la estabilización y posterior expansión
de la producción de carbón[11] (Inter American Coal, China CAMC Engineering
y Yankuang Group), sea en las minas ya existentes o en nuevas, como ‘Las
Carmelitas’[12]; o finalmente proyectos más pequeños de minería no metálica
para la extracción de fosfato en el Táchira, mármol en Anzoátegui (empresa
Canteras y Mármoles) o sílice en Lara.
Pero estas redes del capital que crecen y se expanden, estos nuevos métodos y marcos de negocios, no sólo evidencian una reestructuración económica en desarrollo –ciertamente inestable, contingente y maleable–, sino también revelan una específica correlación de fuerzas muy negativa para regímenes de intervención y proteccionismo estatal, formas de nacionalismo económico, y para el campo popular y la naturaleza. En este escenario van prevaleciendo cada vez más los intereses y agendas del capital transnacional, que trazan las rutas más estables y predecibles del rumbo económico a partir del mapeo de los “recursos naturales”.
En esta
específica correlación de fuerzas la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) no
ha estado al margen ni ha sido espectadora pasiva.
Muy al contrario, ha sido actor principal para ir configurándola, a
través de métodos cada vez más extremistas que impulsan este escenario
del ‘capitalismo del desastre’. Porque, aunque se declare en el
“Compromiso Unitario para la Gobernabilidad” que “la justicia social es
la prioridad” y los “desfavorecidos y vulnerables serán el objetivo
central”, el horizonte constituyente de esta coalición política
derechista conservadora ha sido neoliberal. En muchos casos sin secretos
(como en el llamado ‘capitalismo popular’ de Maria Corina Machado). En
otros, que son la mayoría de los casos, se esconden detrás de una
retórica vaga y generalista sobre progreso,
bienestar y desarrollo, sin mencionar la prevalencia de mecanismos de
mercado, recortes, corporativización y desregulación. Pero a pesar de las
sutilezas e intentos de hermetismo al respecto, siempre afloran estas
voluntades y políticas neoliberales.
Por citar dos
ejemplos recientes, el conocido empresario venezolano Gustavo Cisneros ha
planteado que el modelo impulsado por Mauricio Macri en Argentina puede ser
el idóneo para la Venezuela postchavista[13]; y aunque hayan criticado y
sancionado hasta la saciedad el entreguista y devastador proyecto del Arco
Minero del Orinoco, en mayo de este año el presidente de la Asamblea
Nacional, Julio Borges, le aseguraba a las transnacionales mineras que
asistían al ‘Latin American Downunder Conference’ en Australia que “una vez
la democracia haya sido restaurada… las puertas estarán abiertas para
recibir las inversiones” –our doors will be open to receive the
investments–[14], lo que va en consonancia con numerosas de las
propuestas del bloque opositor de expandir el extractivismo en el país.
La pregunta
que surge ante esta puesta en escena y el desarrollo y expansión de esta red
de capitales foráneos en Venezuela, es qué tipo de modelo de gobernabilidad
y control social pudiera estar gestándose de la mano de este proceso, y cuál
podría ser el rol de la violencia en el mismo.
Adiós al
‘neo-extractivismo progresista’: violencia y nuevas gobernabilidades
Replicando el
patrón histórico-colonial de la división internacional del trabajo y la
naturaleza, las inversiones extranjeras en la crisis actual siguen
dirigiéndose en proporciones considerables a los sectores extractivos –como
se evidencia por ejemplo en el anuncio de ‘Alianzas Estratégicas’ entre el
Gobierno Nacional y empresas extranjeras (21 de julio), donde el 92% de las
inversiones era para minería y 8% para turismo[15]–.
No sólo no aparece el giro productivo para poder
paliar la situación de precariedad económica interna, sino que el capital y
las élites políticas locales establecen acuerdos de largo plazo que nos
atornillan a un horizonte de extracción y despojo, vinculado a recortes y
desregulación.
Se marcha el llamado “neo-extractivismo progresista”. El patrón que lo ha caracterizado se disuelve: la posibilidad de construir consenso social por la vía de la distribución masiva de las rentas presenta extraordinarios límites; la programática gubernamental sigue modificándose progresivamente; como ya se ha mencionado, continúan produciéndose cambios significativos en la correlación de fuerzas; y el contexto internacional va recrudeciendo aún más la competencia global por los “recursos naturales”.En este sentido, y en relación a la gobernabilidad de este probable nuevo extractivismo, cabe preguntarse si las diversas formas de violencia que se han desarrollado en el país son sólo expresiones de un conflicto político coyuntural o en cambio éstas también se instalan y se incorporan a los dispositivos de dominación, trazando las coordenadas de un régimen de control social en formación. Sus orígenes provienen de al menos tres escalas geográficas diferentes: una violencia imperial-geopolítica, una estatal-nacional y una social-molecular.
El contexto de
intensa conflictividad y el colapso de la economía nacional han hecho
prevalecer los marcos de un estado de excepción
(que hasta el momento ha sido sectorizado),
políticas de emergencia y conmoción, la creciente militarización de todos
los ámbitos de la vida junto a mecanismos de intervención policial directa
en barrios urbanos y rurales (como la llamada ‘Operación de Liberación del
Pueblo’ - OLP). Esto no sólo se expresa en las actuales políticas del
Estado, sino que se presenta como el horizonte de 'seguridad' de los
partidos de la MUD. Recordemos que el líder de la oposición venezolana,
Leopoldo López, ha señalado la necesidad de aplicar el modelo “exitoso” de
seguridad del ex-presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, el cual podría
emplearse de manera inmediata[16]. En el “Compromiso Unitario para la
Gobernabilidad” 2017 de la MUD se expresa como uno de los primeros objetivos
de “un próximo gobierno” el “Plan efectivo
y contundente contra la
inseguridad” (punto 1.3).
Resalta
también el empleo de actores armados informales por parte de los grupos
políticos en disputa, que ejercen formas subterráneas de control social,
generando formas directas de represión y terror en la población.
Al mismo
tiempo, el abanico de operaciones de intervención que han sido
impulsadas al menos desde 2002 por los Estados Unidos para lograr el
‘cambio de gobierno’ en Venezuela se han hecho cada vez más explícitas e
incisivas –vea las recientes declaraciones del director de la CIA, Mike
Pompeo, sobre sus esfuerzos para lograr la ‘transición’ en el país[17]–
y tienen notable incidencia en el desarrollo de la violencia en el país.
Un potencial avance y triunfos de esta política norteamericana en
Venezuela plantearía una transición desde mecanismos de financiamiento
de operaciones de inteligencia y desestabilización hasta formas de
militarización de impacto regional (en conexión con acuerdos como el
Plan Colombia) y estrategias de contrainsurgencia como forma de
controlar territorios.
Por
último pero no menos importante, también se registra el aprovechamiento
de las crecientes formas de violencia social-molecular producto de las
contradicciones sociales y territoriales (pobreza, exclusión,
masificación de la corrupción y la impunidad), en especial a través de
la cooptación de grupos criminales (urbanos y rurales) y la canalización
de expresiones de fascistización social (evidentes básicamente en
sectores de oposición al gobierno) que no sólo generan crímenes de odio
e intento de aniquilamiento del 'enemigo' (chavista) sino una profunda
intimidación y terror en la población en general.
La imposición del orden y la lucha contra
'agentes perturbadores' serán planteadas como los medios para la consecución
de la ‘paz’ –la 'pacificación'. En estos casos es cuando la paz y la guerra
se confunden más. Podríamos plantearnos reflexivamente la frase de Hanna
Arendt cuando afirmaba en 1970 que la
paz es la continuación de la guerra por otros medios. Para el caso
venezolano, se han abierto ya nuevas preguntas sobre nuevas formas de poder,
sobre la evolución de la estatalidad, sobre disputas territoriales por los
bienes comunes. Y sobre todo, preguntarnos si terminaría de emerger una
nueva versión de la economía de enclave del siglo XXI. Preguntas que además,
tocan e interpelan a todo el resto de América Latina.
Resurgir del
colapso del rentismo: re-existencias y la recuperación de las agendas
propias de los movimientos populares
En Venezuela,
todos los territorios y ámbitos de la vida cotidiana están en disputa. ¿Cuál
es el horizonte, la estrategia, cuando la guerra y el estado de excepción
van avanzando como régimen biopolítico para la acumulación de capital?
Cuando la paz
es invadida de guerra, se va haciendo más difícil saber qué es y dónde se
encuentra. A pesar de ello, ésta se convierte en una prioridad. Pero es
necesario resaltarlo:
organizarse para la paz implica reconocer que esta
también se teje desde abajo, que supone que hay que ir hilándola,
expresándola en la vida en los territorios, recreándola en las formas
mínimas de convivencia, respeto, consensos, desplazando a la guerra de los
espacios que busca ocupar, a través de resistencias y vida. Se trata del
ejercicio de las re-existencias (como
lo planteara Adolfo Albán), en la medida en la que se resiste a los diversos
dispositivos de violencia, explotación, exclusión y despojo de la expansión
capitalista, a través también de la reproducción de la vida, de su
reafirmación a través de las prácticas cotidianas y la construcción de
alternativas concretas.
Sin embargo,
¿cómo se puede enfrentar semejantes desafíos cuando el tejido social ha sido
tan profundamente afectado, cuando se va desbordando el contrato social,
cuando la barbarie se va normalizando, cuando se ha extraviado de tal forma
el sentido en el país?
Nuevamente, hay que mirar adelante. Todavía hay mucho que rescatar. Aunque este socavamiento del tejido social nos atraviesa, no es una condición estructural o definitiva. Toca volver a mirar e inventariar todas esas potencialidades existentes en el campo popular venezolano, sus expresiones de democracia radical, sus experiencias productivas, sus narrativas y agendas propias, las formas emancipatorias de su dinamismo político aluvional. A pesar de que existan enormes obstáculos y debilidades, son finalmente estos factores el sustrato, la esencia, de cualquier proceso alternativo a desarrollarse en los próximos tiempos.Pero también los tiempos invitan a reinventarse. El giro histórico-político de las luchas populares en Venezuela podría estar en la recuperación y re-centramiento de la dimensión territorial –abriéndose intempestivamente camino ante la irresistible primacía de los objetivos de escala nacional–; esto es, territorializar las luchas. Reconfigurar las localidades. Y tejer comunidad, en medio de las dificultades. Construir desde ya, alianzas con otros sectores de lo popular. Promover la creatividad, las éticas populares y el valor de la dignidad. Sin todas estas bases materiales, estas expresiones contrahegemónicas seguirán adoleciendo de organicidad, se evidenciarán débiles ante los numerosos dispositivos de guerra, tendrán una alta dependencia económica del Petro-Estado y los sectores privados y seguirán careciendo de resultados concretos en sus territorios para testimoniar ese mundo que sueñan transformar.¿Qué nos queda por reivindicar en cuanto a las grandes narrativas políticas? No hay un panorama claro al respecto. Pero al menos, recuperar el sentido en el ámbito nacional apunta en principio a retomar las demandas económicas y políticas que han unido históricamente a los de abajo, unión que reconfiguraría la polarización, que sería planteada nuevamente entre los de arriba y el vasto conjunto de las clases desfavorecidas. Y a esto habría que añadirle las demandas de sostenibilidad y justicia ambiental, ante el creciente y dramático empeoramiento de la situación de los ecosistemas, bienes comunes y la vida ecológica que nos constituyen. Las dimensiones de la crisis estructural del capitalismo rentístico venezolano evidenciarán más claramente estas rutas a transitar.
De plano conviene resaltar que la situación de
potencial impago de la deuda externa unido a la descomunal corrupción que se
ha devorado las cuentas públicas puede hacer converger a numerosas
organizaciones populares, movimientos y comunidades en torno a una campaña
nacional por la auditoría de todas estas cuentas del país.
Se presentaría
además una oportunidad para evidenciar los vínculos de la deuda y el
desfalco con el extractivismo, en la medida en la que el respaldo material
de estos procesos de despojo financiero global contra Venezuela son
precisamente sus ‘recursos naturales’ y sus territorios.
El relanzamiento
del Arco Minero del Orinoco y todo el conjunto de proyectos que buscan
re-colonizar viejas geografías y las nuevas fronteras de las commodities se
realiza bajo esta racionalidad. De esta manera, podríamos tener la
convergencia de luchas por la justicia en la distribución económica y
ecológica al mismo tiempo. Algo nunca visto en la historia de las luchas
populares venezolanas.
Se nos vienen
extraordinarios desafíos. La búsqueda de la paz navega en aguas turbulentas.
Toca no perder el centro y tomar el timón con fuerza.
Caracas,
julio 2017
*Emiliano
Teran Mantovani es Sociólogo de la Universidad Central de Venezuela,
ecologista político y master en Economía Ecológica por la Universidad
Autónoma de Barcelona. Investigador en ciencias sociales y mención
honorífica del Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2015 por el
libro ‘El fantasma de la Gran Venezuela’. Participa en el Grupo
Permanente de Trabajo Sobre Alternativas al Desarrollo organizado por la
Fundación Rosa Luxemburgo, en el Grupo de Trabajo CLACSO sobre ecología
política y ha colaborado con el proyecto EjAtlas - Justicia Ambiental
con Joan Martínez Alier. Hace parte de la Red Oilwatch Latinoamérica.
Notas
[17]
Pompeo afirmó el pasado 20 de julio que esperaba que se produjera una
‘transición’ en Venezuela y que trabajaban duro para comprender las
cosas que allí ocurren y comunicárselas al Departamento de Estado y a
los gobiernos de Colombia y México, de manera que obtuvieran los mejores
resultados posibles https://www.youtube.com/....
Varias fuentes han revelado las diversas operaciones de intervención que
se han aplicado desde el inicio de la Revolución Bolivariana. Por
ejemplo, decenas de miles de cables revelados por Wikileaks han revelado
apoyo a opositores al gobierno, desde la época del presidente Chávez.
Citando un caso, la contratista de USAID/OTI ‘Development Alternatives
Incorporated’ (DAI) reconocía que quienes organizaban las protestas
contra el presidente Chávez en 2009 eran ‘nuestros financiados’ –‘are
our grantees’.https://wikileaks.org/...
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