La lucha contra la ola de expropiaciones
de tierras
tras una crisis alimentaria global
24 de octubre de 2017
Por Boaventura Monjane (El diario)
- Los elevados precios de los alimentos y la
necesidad de energías renovables alternativas como los agrocombustibles han
desencadenado la nueva ola de expropiaciones de tierras en África del Sur
- Las comunidades locales afectadas, sobre todo
en el campo, han organizado todo tipo de acciones de resistencia como
sabotajes, desobediencia civil, huelgas y acciones judiciales
- El Tribunal Permamente de los Pueblos sobre
las Empresas Transnacionales se reunió en Johannesburgo para denunciar a nivel
regional los abusos de las empresas.
La influencia y la impunidad empresarial en
África del Sur afecta cada vez más a las comunidades locales, sobre todo en el
campo, donde se producen gran parte de las expropiaciones de tierras. Esto se
remonta a los siglos en los que los poderes coloniales se repartieron el
continente para alimentar con sus recursos las economías occidentales.
En los últimos años, hemos presenciado una nueva ola de
expropiaciones de tierras tras una crisis alimentaria global que se caracterizó
por los elevados precios de los alimentos y la necesidad de energías renovables
alternativas como los agrocombustibles, considerados erróneamente como una solución
a la crisis climática.
La resistencia local contra el poder empresarial en África es
relativamente desconocida. Las comunidades locales afectadas,
sobre todo en el campo, no se han limitado a ser víctimas pasivas, sino que han
organizado todo tipo de acciones de resistencia como sabotajes, desobediencia
civil, huelgas y acciones judiciales.
En agosto de este año el
Tribunal Permamente de los Pueblos sobre las Empresas Transnacionales se reunió
en Johannesburgo, Sudáfrica, en lo que significó una extraordinaria denuncia a
nivel regional de los abusos de las empresas, así como la celebración de un
protagonismo rural comprometido y resolutivo.
La reunión del tribunal se celebró en el marco
de una lucha más amplia para desmontar el poder empresarial y su arquitectura
de la
impunidad. El Tribunal Permanente de los Pueblos es un
tribunal de opinión pública reconocido internacionalmente que funciona con
independencia de las autoridades estatales
En una sesión de audiencias ante un respetable
jurado, ocho comunidades de Mozambique, Malaui, Tanzania, Zambia, Mauricio y
Madagascar presentaron casos sobre el impacto que las empresas transnacionales
(ETN) tienen en su sustento, sus tierras y sus derechos humanos.
El Tribunal Permanente de los Pueblos
El repertorio de
contención, entendido como el conjunto de acciones y herramientas de protesta
llevadas a cabo por los movimientos de base, incluye la construcción de
solidaridad entre las distintas luchas de la región.
En este contexto, la celebración del Tribunal
Permanente de los pueblos (TTP) en Sudáfrica es un proceso que no sólo ofrece a
las comunidades afectadas por las empresas transnacionales la oportunidad de
denunciar las atrocidades de estas empresas, sino que les permite aprender de
las experiencias comunes, elaborar estrategias a nivel regional.
En la sesión del tribunal en Johannesburgo,
ocho comunidades presentaron casos que demuestran que la imparable acumulación
de capital de las ETN destruye sus medios
de subsistencia, el medio ambiente y, a la larga, la soberanía de sus países.
En la mayoría de los casos que se presentaron,
las empresas llegaban a criminalizar la resistencia y las protestas.
Precisamente esto fue denunciado en el caso de Mozambique, donde los campesinos y
activistas que luchan contra ProSavana, denuncian que se ven acosados y
amenazados con la cárcel.
ProSavana es un programa agrícola trilateral
propuesto por los Gobiernos de Mozambique, Brasil y Japón para sembrar cultivos
comerciales y otros productos agrícolas para la exportación en la zona del
Corredor de Nacala, al norte de Mozambique.
En 2013 la Unión de Campesinos de Mozambique
(UNAC) promovió una campaña de movilizaciones, presionando a los Gobiernos de
Mozambique, Brasil y Japón para que cancelasen el programa. Desde entonces, los
detractores del ProSavana han llevado a cabo numerosas acciones, entre ellas
presentar una queja a un comité independiente de examinadores en Tokio, que
tras aceptarla ha investigado la conducta de la Agencia de Cooperación
Internacional del Japón (JICA) en relación al polémico ProSavana.
La aceptación de la investigación supone el
reconocimiento de que las alegaciones presentadas por las personas afectadas
están bien fundamentadas y merecen ser verificadas. ProSavana no ha conseguido
hoy por hoy llegar a un consenso para su implementación.
Por su parte, ocho activistas tanzanos fueron
arrestados y encarcelados durante más de cuatro meses (de diciembre de 2016 a abril de 2017) por
las autoridades malauíes cuando viajaron a Malaui para observar el impacto que
la extracción de Uranio tiene sobre el medio ambiente y la salud humana.
Ante el tribunal, declararon que temían los
efectos negativos de la extracción de Uranio en Tanzania, en el Proyecto del
Río Mkuju en el área de Namtumbo, en la región de Rovuma, que se encuentra en
estado de exploración. Según los representantes de Tanzania, el arresto de los
activistas y el ulterior caso judicial respondían a criterios políticos y el
estado no pudo demostrar las acusaciones.
Volviendo a Mozambique, los miembros de la
comunidad local están luchando contra la construcción de una enorme presa
hidroeléctrica de Mphanda Nkuwa en el río Zambeze de la provincia de Tete, en
el centro de Mozambique. Tres miembros de las comunidades afectadas dijeron a
los jueces que la presa desplazaría a unas 1.400 familias. Justiça Ambiental,
una ONG que trabaja con estas comunidades, calcula que alrededor de 200 mil
personas que viven río abajo se verán afectadas por el funcionamiento de la
presa.
En Malaui, la Asamblea de Mujeres Rurales
denunció ante el tribunal que Monsanto acapara las subvenciones y los
presupuestos del Gobierno, que se ve forzado a importar semillas híbridas,
limitando el conocimiento local y destruyendo la soberanía de semillas. Las
mujeres campesinas son las más afectadas por esta medida, afirmaron.
El Centro de Apoyo e Investigación para
Alternativas de Desarrollo de Madagascar está luchando contra un proyecto de
ilmenita a gran escala al sur del país de la Madagascar Resources
Company. Se recela de este proyecto porque afectará a doce
pueblos e invadirá el bosque Mikea, donde habitan varios grupos indígenas.
El bosque es una fuente de sustento importante
para la gente local. “Si este proyecto avanza, las personas se verán privadas
de los recursos necesarios para su sustento y para actividades sanitarias, y
esto afectará principalmente a las mujeres”, dijeron miembros de estas
comunidades.
Muchas de las compañías que invierten en tierras
y minerales en África del Sur están registradas en Mauricio, en el océano
Índico. Mauricio es un conocido paraíso fiscal y facilita los flujos
financieros ilícitos en el país, lo que permite a los inversores dañar las
economías locales de los países en los que operan.
La primera sesión de audiencias de este tribunal se celebró en
agosto de 2016 en Manzini, Suazilandia. Diez comunidades de otros países de
África del Sur presentaron casos de abusos y violaciones de los derechos
humanos por parte de las empresas en la industria extractiva.
Ambas sesiones (Manzini y Johannesburgo) fueron
organizadas por la campaña global de África del Sur llamada “Desmantelemos el
poder corporativo y acabemos con la impunidad”, con participantes como la Red
de Acción Popular de África del Sur y el Diálogo del Pueblo.
Esta campaña está formada por una red de más de 200 movimientos
sociales, organizaciones y comunidades que resisten el acaparamiento de
tierras, la minería extractiva, los salarios abusivos y la destrucción
medioambiental de las ETNs en distintas regiones del mundo.
Este Tribunal Permanente de los Pueblos es un paso importante para
llamar la atención de la comunidad internacional y vigilar el feroz
comportamiento de las ETN en África, así como para facilitar la construcción de
una plataforma de lucha más fuerte de las comunidades afectadas que acabe con
los abusos perpetrados por esas empresas.
Un “desarrollo” destructivo
Las expropiaciones de tierras y recursos en
África del Sur se consiguen gracias a inversiones del sector financiero e
industrial, que trabajan mano a mano guiados por el ansia de obtener beneficios
y controlar las materias primas. Estas inversiones incluyen transacciones de
tierras para la minería, la agricultura y el turismo.
El acaparamiento de
recursos con total impunidad por parte de las empresas no se detuvo con la
independencia de muchos países de África del Sur, sino que continuó con la
colaboración de las nuevas élites gobernantes, justificándolo como “proyectos
de desarrollo” y disfrutando de la protección y el apoyo del Estado.
Cientos de miles de campesinos y pueblos
indígenas siguieron trabajando la tierra en zonas marginales mientras que las
tierras más ricas en minería y agricultura eran controladas por unos pocos. La
mayoría siguió viviendo en la pobreza y el hambre. Los problemas empeoraron en
los años ochenta, con los intereses neoliberales sintetizados en la
“globalización” precedidos por bajos precios agrícolas en los mercados
globales.
Ese programa neoliberal sobre el desarrollo,
que trató de lidiar con los déficit a través de Programas de Ajuste Estructural
(PAE), pidió que el Estado se retirara de las actividades económicas. La
apertura de las fronteras nacionales al libre flujo de bienes, la retirada del
Estado de la economía para dedicarse a la mera “supervisión”, el capital
financiero sin restricciones y la hegemonía de las empresas transnacionales
forman parte de ese programa.
Como resultado, asistimos al aumento de expulsiones de campesinos
de sus tierras y territorios, a nuevas formas de control por parte de los
monopolios sobre la tierra y el agua, a la imposición global de sistemas de
propiedad intelectual que roban las semillas de los campesinos, a la invasión
de las semillas transgénicas y a la proliferación de las plantaciones
monocultivo, los megaproyectos y las minas.
Mientras tanto, la desigualdad económica
crece en el continente y supera al resto de los países en desarrollo, incluso a
Latinoamérica. El continente experimenta un incremento de la población joven
(15-24 años), pero no ha conseguido crear suficiente empleo digno. Sudáfrica,
la economía más desarrollada del África subsahariana (ASS), presenta una tasa
de desempleo juvenil del 54%.
Despojar a los indígenas de sus tierras
El resultado de todo lo
anterior es una concentración sin precedentes de la propiedad de la tierra, los
bienes naturales y los alimentos. Un puñado de corporaciones transnacionales
controlan las cadenas de valor agrícolas y alimentarias.
Los movimientos sociales critican su modelo de
producción, que consideran socialmente injusto e insostenible desde un punto de
vista económico o medioambiental, ya que depende del uso intensivo de la
maquinaria agrícola y químicos tóxicos, y del uso de semillas modificadas
genéticamente, como sucede en Sudáfrica. Como consecuencia, las verdaderas
causas del deterioro social, económico y medioambiental aún persisten.
Existen nuevas estrategias para despojar a los
indígenas y campesinos de sus tierras y territorios. Algunos mecanismos, como
la “reducción de las emisiones debidas a la deforestación y la degradación de
los bosques” (REDD) son promovidos por gobiernos y empresas, con el supuesto
objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, cuando
en realidad bloquean el acceso de familias y comunidades rurales a sus propias
tierras, bosques y recursos hídricos, poniendo en riesgo su capacidad de producir
alimentos y luchar contra la pobreza.
Con el pretexto de la escasez del agua
destinada a la irrigación, el acceso al agua y su uso para la irrigación se
restringe y se sugiere que se concentre en los “cultivos de alto valor”; así,
los cultivos destinados a la exportación, agrocombustibles y otros cultivos
industriales reciben irrigación mientras que los cultivos alimentarios de los
campesinos se ven privados del agua.
A raíz de la actual crisis alimentaria global,
muchos inversores e incluso gobiernos se han puesto a buscar terrenos
cultivables “vírgenes” para producir más alimentos. Algunos inversores quieren
alimentar los “futuros sobre materias primas” para aumentar los beneficios en
estos nuevos paraísos de rentabilidad, mientras que otros quieren producir
cultivos flexibles de alimentos y agrocombustibles, ya que la presión aumenta
para reducir los combustibles fósiles. Por su parte, los gobiernos buscan
preservar la seguridad alimentaria de sus ciudadanos.
La demanda de tierras es tan grande que ha
dejado a cientos de miles de campesinos sin terrenos ni suministro de agua,
privándoles de su sustento.
Como consecuencia del abandono que sufre la
agricultura campesina por parte de los gobiernos y de las bajadas de los
precios, la mayoría de los campesinos se han visto forzados a buscar trabajo
estacional en grandes plantaciones, para mantener los ingresos de sus propias
explotaciones.
El sistema de trabajo estacional ofrece sueldos
muy bajos y duras condiciones de trabajo. Los bajos sueldos mantienen al
campesino atado a este sistema y arrebata una mano de obra imprescindible a las
explotaciones de campesinos. La mayoría sufren de exposición crónica a
agroquímicos tóxicos (pesticidas) y tiene que regresar a sus casas en el campo
para que sus familias cuiden de ellos.
El flujo de inversiones extranjeras en la región no se detiene,
alentadas por los constantes “descubrimientos” de reservas de gas, combustible
o minerales y el afán por usar las tierras africanas, supuestamente
infrautilizadas, para “saciar” el hambre del mundo. Sin embargo, es alentador
saber que los pobres en África del Sur, en particular el mundo rural, se están
movilizando para resistir esta ola neoimperialista.
Boaventura Monjane es un periodista y activista
social mozambiqueño. Es doctorando en Poscolonialismos y Ciudadanía Global en
el Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra (beca FCT). En la
actualidad es investigador asociado invitado por el Instituto de Estudios
Agrarios y de la Tierra de la Universidad del Cabo Occidental.
Traducción: Patricia Campo.