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21 de mayo de 2018

II. El Estado en los países periféricos exportadores de naturaleza que conduce al estado de excepción.

 Necesitamos, abajo y a la izquierda, enfocar que:
"La historia no sólo de la nación chilena, sino de todo el continente Americano, incluso en sus momentos de mayor auge socializante y republicano, se presenta como un dramático desarrollo de acumulación capitalista, cuyo despliegue se sucede en una serie de etapas que pasan primero por el formato imperial, luego por el diseño Estado nacional y, en una tercera fase, por la actualización ejecutada por los flexibles protocolos de la institucionalidad neoliberal, cuya gestión del territorio y las poblaciones ha intensificado la original voluntad de exclusión, sometimiento y eliminación de los habitantes indígenas en el territorio definido en principio como "soberano", pero que hoy es significado estrictamente a partir de su condición productiva (Villabos-Ruminot, 2006).

A partir de lo anterior, la actualidad del conflicto Mapuche no se puede comprender si no es dentro de esta larga y soterrada saga biopolítica de segregación, negación, explotación y exterminio de su condición multiétnica (2006)".
 
Territorialidad, Biopolítica y 
 Estado de excepción:
una aproximación al conflicto del Walmapu como guerra gestional de baja intensidad.
 
Por Víctor Rodrigo Alarcón Muñoz
Resumen

Este trabajo tiene por objetivo explorar la relación entre política y vida que se pone en obra, en medio de la relación histórica que construye el Estado y el régimen gubernamental que se despliega en Chile con el pueblo Mapuche y su territorialidad, interrogando las formas y las técnicas disciplinarias de los dispositivos de gobierno biopolitico y de la lógica centrípeta de la seguridad inmunitaria que hoy despliegan la positividad flexible de un programa gestional empresarial que “captura” el Walmapu (territorio Mapuche) bajo la acción de una guerra de baja intensidad de nuevo orden, la guerra gestional. En esta perspectiva, se observa el conflicto político actual del Walmapu, como una ofensiva para alcanzar la normalización de la población Mapuche ahí afincada y de todo su territorio, a través de lo que aquí denominamos como una guerra gestional.

En esta estrategia, la soberanía es ejercida con el objetivo de imponer y restituir el “orden” del capitalismo financiero, lo cual define el ejercicio soberano que se despliega como un ejercicio propiamente económico-gestional y ya no simplemente estatal, toda vez que bajo el neoliberalismo sus dispositivos de seguridad y de circulación financiera que operan sobre los territorios, están crecientemente por sobre el Estado, al desplegar un agenciamiento policial financiero y privado no anclado en una lógica pública.

La ideología espacio-corporal biopolítica que da forma a estos dispositivos, está signada por lo que Giorgio Agamben define bajo la categoría de Estado de excepción y como resultado arroja la creciente coincidencia del espacio propio del Pueblo Mapuche con un espacio de excepción, transformando el territorio y los cuerpos que le dan forma, en la topología del fracaso de la democracia chilena.
Contexto: Walmapu, Estado chileno e historia del capital.
En una reciente entrevista el premio nacional chileno de historia del año 2012, Jorge Pinto, señaló que el actual conflicto que se sucede en el Walmapu, se origina a partir de la irrupción del Estado en el territorio Mapuche hacia la segunda mitad del siglo XIX. Sin pretender desplegar una visión historiográfica, para comprender a cabalidad la naturaleza económico-gestional del conflicto, es necesario apuntar que si bien el pueblo Mapuche sostuvo una más que centenaria guerra contra la corona española, hacia fines del período colonial llegó a un cierto acuerdo en la relaciones con ésta, el que fue sostenido y gestionado, aunque sin ausencia de conflicto, a través del sistema diplomático de los parlamentos, cuyo resultado produjo el reconocimiento efectivo de su autonomía política y territorial como pueblo nación y que, en el contexto del asentamiento de la república chilena -aunque con una signatura asimilatoria-, se refrendó con el parlamento de tapihue de 1825 (Telléz, 2011)2 . Sin embargo, el proceso constitutivo del Estado chileno, que desde mitad del s. XIX comienza la prospección del territorio Mapuche, en función de sus potencialidades económicas, devino hacia finales de los 60', en un violento proceso de ocupación y despojo que disolvió los rudimentarios mecanismos de protección logrados con la "diplomacia colonial" y abrió lo que podemos denominar como una guerra genocida, especialmente por sus consecuencias biopolíticas, entendiendo en este sentido no sólo el asesinato racial de decenas de miles de Mapuches, sino la captura de una "población" y de su territorio en relación a la importancia que juegan estos como "recursos" en los ámbitos de la economía y la política (Villalobos-Ruminot, 2006).
 
En su emblemático texto Indios, ejército y frontera (1983) David Viñas, en medio del extenso abordaje que realiza sobre la forzosa asimilación estatal de los pueblos amerindios, cita un pasaje del texto de Stanley J y Barbara H, "La herencia colonial de América latina", con el objetivo de dar cuenta de la naturaleza capitalista del proceso general de "pacificación", en tanto detrás de la táctica liberal criolla, cifrada bajo la promesa de "igualdad de ciudadanía", estaba la continuación de la violencia militar por medio del aparato jurídico, con el fin de consumar la captura económica del territorio Mapuche y sus "poblaciones": "Los indígenas podrían ahora dividir sus tierras comunalmente poseídas y disponer de ellas a voluntad; no tendrían impuestos o cortes especiales; en teoría participarían como ciudadanos de plenos derechos y responsabilidades políticas. Ya no habría indígenas y no indígenas, únicamente ricos y pobres" (1983).
 
Para el mapuche su vida y su territorio implica una copertenencia entre tierra y comunidad, una articulación profunda entre tiempo, espacio, cosmovisión, técnicas y costumbres. Todo el mundo Mapuche indisolublemente está ligado al territorio, el fundamento que sostiene su cultura, formando un "entramado cósmico" entre hombre y tierra que signa la propia semántica de su nombre, en tanto "gente u hombres de la tierra". En esta perspectiva, en función de romper esta concepción de propiedad que articula el fondo cosmovisional Mapuche y que, al igual que otros pueblos, es de naturaleza comunitaria, la nueva legalidad de los Estados independientes implementa, a través de sus dispositivos jurídicos, la puesta en circulación económico-financiera del territorio del Walmapu, proyecto que revela -desde sus inicios- su naturaleza biopolítica, en el efecto que genera la imposición de una nueva y desigual relación con la tierra, en tanto y en cuanto los Mapuches, a partir del despojo de sus derechos ancestrales por medio de las nuevas constituciones, son compelidos al mercado y a "optar", fruto de un patrón de acumulación brutalmente desigual, por abandonar sus comunidades y por incorporarse al sistema como trabajadores asalariados, convirtiéndose así en un nuevo contingente-cuerpo poblacional económicamente funcional al modelo capitalista (1983).
 
La historia no sólo de la nación chilena, sino de todo el continente Americano, incluso en sus momentos de mayor auge socializante y republicano, se presenta como un dramático desarrollo de acumulación capitalista, cuyo despliegue se sucede en una serie de etapas que pasan primero por el formato imperial, luego por el diseño Estado nacional y, en una tercera fase, por la actualización ejecutada por los flexibles protocolos de la institucionalidad neoliberal, cuya gestión del territorio y las poblaciones ha intensificado la original voluntad de exclusión, sometimiento y eliminación de los habitantes indígenas en el territorio definido en principio como "soberano", pero que hoy es significado estrictamente a partir de su condición productiva (Villabos-Ruminot, 2006). A partir de lo anterior, la actualidad del conflicto Mapuche no se puede comprender si no es dentro de esta larga y soterrada saga biopolítica de segregación, negación, explotación y exterminio de su condición multiétnica (2006).
 
El carácter de excepcionalidad que ha reiterado históricamente el discurso oficial chileno, que sistemáticamente reivindica una ficticia homogneidad racial y política dentro de su territorio, no es otra cosa que la estrategia discursiva construida por el proyecto nacional. Para el mapuche su vida y su territorio implica una copertenencia entre tierra y comunidad, una articulación profunda entre tiempo, espacio, cosmovisión, técnicas y costumbres. Todo el mundo Mapuche indisolublemente está ligado al territorio, el fundamento que sostiene su cultura, formando un "entramado cósmico" entre hombre y tierra que signa la propia semántica de su nombre, en tanto "gente u hombres de la tierra". En esta perspectiva, en función de romper esta concepción de propiedad que articula el fondo cosmovisional Mapuche y que, al igual que otros pueblos, es de naturaleza comunitaria, la nueva legalidad de los Estados independientes implementa, a través de sus dispositivos jurídicos, la puesta en circulación económico-financiera del territorio del Walmapu, proyecto que revela -desde sus inicios- su naturaleza biopolítica, en el efecto que genera la imposición de una nueva y desigual relación con la tierra, en tanto y en cuanto los Mapuches, a partir del despojo de sus derechos ancestrales por medio de las nuevas constituciones, son compelidos al mercado y a "optar", fruto de un patrón de acumulación brutalmente desigual, por abandonar sus comunidades y por incorporarse al sistema como trabajadores asalariados, convirtiéndose así en un nuevo contingente-cuerpo poblacional económicamente funcional al modelo capitalista (1983).
  
En otras palabras, lo que aquí modestamente se pretende articular, es un material reflexivo que esté al servicio de la economía política de la violencia, que el Estado chileno y la gubernamentalidad donde se entrama y opera la totalizante relación política-vida en el Walmapu.(…)
 
Walmapu, territorialidad y Estado de excepción. La actual ofensiva estatal sobre el territorio Mapuche no se produce a través del "tradicional" modelo jurídico soberano, que persigue la restitución o consolidación del orden exclusivamente estatal, sino que es emprendida precipitando la gestión del primero hacia la restitución de un orden jurídico de corte económico-gestional (Karmy, 2013). En este sentido, es que la relación que el Estado proyecta hacia el Walmapu cobra forma "policíaca", en tanto el régimen de policía viene a ser el dispositivo económico moderno fundamental en el ejercicio de gestión de poblaciones. En este sentido, no es que lo que Michel Foucault define como poder soberano, en términos amplios, aquella facultad de disponer de la vida de los individuos, aquel poder que posee el derecho de vida y de muerte de los sujetos, haya sido radicalmente desplazado, sino que a pesar de su desintensificación y apertura a un proceso de cambios hacia el final de la época clásica, no deja de ejercerse hasta el presente (2012). En un clásico pasaje de la Voluntad de Saber indica: «Y quizá haya que referir esa forma jurídica a un tipo histórico de sociedad en donde el poder se ejercía esencialmente como instancia de deducción, mecanismo de sustracción, derecho de apropiarse de una parte de las riquezas, extorsión de productos, de bienes, de servicios, de trabajo y de sangre, impuesto a los súbditos. El poder era ante todo derecho de captación: de las cosas, del tiempo, los cuerpos y finalmente la vida; culminaba con el privilegio de apoderarse de ésta para suprimirla.» (Foucault, 2007).
 
Bajo este prisma, podemos observar, siguiendo la deriva de reflexiones contemporáneas como las de Agamben y Esposito, que tal modelo de soberanía sigue operando, pero ya no enclavada en la forma propiamente política del Estado-nacional, sino en la forma gubernamental de la economía global (Karmy, 2013), donde el poder soberano sigue ampliamente operando, pero dentro de una nueva forma de poder que no establece como única relación con la vida su clausura, sino que se desplaza hacia una administración que se mueve en función de su potencialidad como recurso (2013). El modelo soberano sigue siendo el pilar y la plataforma de despegue de la acumulación basada en la explotación del trabajo humano colectivo, "el punto de cruce a través del cual se despliega inicialmente el capital" (2013). Sin embargo, sostiene este mismo autor, a diferencia de los tiempos clásicos economía y política devienen en un plano de indiferenciación, cuyo resultado es la instalación de la economía como el paradigma político contemporáneo, es decir, la economía viene a constituir "el lugar de la decisión soberana" y, en esta línea, en la potencia definidora del carácter del conflicto político (y por consecuencia de la guerra), antes circunscrito a la dimensión estrictamente interestatal, pero hoy articulada en lo que podemos denominar -siguiendo a Karmy- bajo los términos de guerra gestional, un tipo de guerra redefinida bajo los objetivos de normalización sistemática y continua del cuerpo social y sus espacios, que se ordenan en función de la rearticulación y flexibilización de todos sus límites internos que exige la lógica del capital global, cuya característica principal es una indefinida circulación que operará toda situación y todo conflicto, especialmente todo conflicto territorial, según los ciclos de su "duración" (2013).
 
Bajo este prisma, la acción estatal-empresarial en el conflicto político del Walmapu, se configurará como una larga saga de batallas por la normalización de la población Mapuche, ejecutada a través de lo que aquí hemos llamado como nueva guerra de baja intensidad, una estrategia donde ahora la soberanía es ejercida con el objetivo permanente y sistemático de imponer el “orden” del capitalismo financiero en toda su extensión, territorial, cultural y político, redefiniendo así el ejercicio soberano como un ejercicio propiamente económico-gestional y ya no simplemente estatal, toda vez que bajo el neoliberalismo los dispositivos de seguridad y de circulación financiera que operan sobre los territorios, están crecientemente por sobre el Estado, desplegando un agenciamiento policial no anclado en una lógica pública, regida por una ideología espacio-corporal biopolítica cuyos protocolos y dispositivos de acción están signados por lo que Agamben desarrolla bajo la categoría de Estado de excepción, operación orientada al resultado de una creciente coincidencia del espacio propio del Pueblo Mapuche con un espacio de excepción, cuestión que transforma -parafraseando a Agamben- el territorio y los cuerpos que le dan potencia y forma, en tanto sitio de captura de la vida, en uno de los hechos políticos fundamentales de la contemporaneidad chilena. En los primeros años de la dictadura, la citada marca del "tiempo presente chileno", el Estado desata una profundización de su histórica estrategia de descomposición territorial del pueblo mapuche, interrumpida temporalmente por el Gobierno de la Unidad Popular, a través primero de la brutal represión de las comunidades que habían recuperado en años anteriores sus tierras ancestrales (con una desconocida cifra de asesinados, torturados y desaparecidos) y , como complemento (igualmente una histórica práctica) al imponer una ley de política única de tierras, que terminó de dividir las propiedades comunitarias al convertirlas en propiedades particulares. En este sentido, como rescata Gonzalo Díaz, al acabar con la propiedad colectiva se genera un “mercado de tierras” que produce, como consecuencia, que los descendientes de los propietarios vayan vendiendo sus partes heredadas –principalmente a capitales chilenos–, "con lo que se consolida la desintegración territorial del Wallmapu como tal y su integración al régimen jurídico territorial del Estado de Chile" (Diaz, 2012). Bajo estas consideraciones se aprecia, entonces, que la fase del capitalismo que se abre en Chile con la dictadura, instala un diseño que intensificará la circulación económica de la realidad en su conjunto, cuestión que precipitará especialmente sobre la redefinición de la propiedad de los territorios y a la normativa jurídica de sus recursos (por ejemplo el agua como recurso concesionable a perpetuidad, despojada de su control público), para lo cual recurre a extensivas estrategias de sometimiento y control punitivo (Cortes, 2010).
 
A partir de estos protocolos administrativos, este proyecto económico-gestional impulsa sobre el territorio y el cuerpo Mapuche dos procesos simultáneos, a saber, sobre el territorio, la circulación económica permanente propia de la expansión de la lógica financiera contemporánea y, en segundo lugar, la activación de espacios disciplinarios de control propios de la topología política contemporánea, esto es, el estado de excepción. Ambos procesos constituyen categorías que revelan el nuevo tipo de ideología, en cuyas estrategias fundamentales el territorio se define como objetivo del poder y el poder se define bajo la lógica de la espacialidad dispuesta económico financieramente. La convergencia de estos procesos, constituye la reactualización de la saga colonial por medio de la expansión forestal e hidroeléctrica, es decir, la "puesta a punto" de la privatización de las tierras comunitarias iniciado a comienzos del siglo XX y, a través de una diversidad de planes gubernamentales de reeducación en torno al “emprendimiento” (turismo étnico, microproyectos de forestación industrial etc.), el proceso de asimilación a través de la reformulación contemporánea de la otrora "educación obligatoria". Como se observa, entonces, el Estado chileno reajusta las “fronteras materiales y simbólicas” con el objetivo de consumar la incorporación, colonización y "civilización” de un pueblo que sigue disponiendo otra relación política y ontológica con su entorno y con su comunidad, con el objetivo de convertir el Walmapu en una especie de “espacio vital” del neoliberalismo en el sur del país, desplazando el territorio fuera de la ley (Montajes jurídicos, testigos sin rostro, asesinatos impúnes, ley antiterrorista) situándolo en un sistemático y continuo estado de excepción, subordinando de esta forma a su gente y su nombre (Mapuche), el nomos de esa tierra, al capitalismo gestional contemporáneo y sus políticas de extracción salvaje de los recursos naturales.
 
Esta "gobernanza" que el Estado proyecta sobre el presente Mapuche, para tales objetivos, dispone un poder-saber que se realiza a través de una positividad elástica, específica y local, que produce procesos generativos que implementan "arquitecturas" económico-policiales concretas, redes de relaciones que apuntan a la captura y control del espacio en que se constituye el Mapuche, en tanto campo de fuerzas identitarias que significan el actual principal obstáculo para el arrasamiento de los recursos naturales que son indispensables para la vida de este pueblo. En este sentido, esta operatoria apunta, sistemáticamente, a asegurar una modulación espacial y discursiva del walmapu que produzca y ajuste campos de reconocimiento de la vida en perspectiva de su total reducción y control (Butler, 2010). En concordancia con estos procedimientos, se observa igualmente el ensamble del relato mediático sobre el Walmapu, articulado mediante dispositivos comunicacionales ajustados por las retóricas de la seguridad que propone el mercado, que son sumados a la tarea de homogenizar su territorio con toda la espacialidad y territorialidad global bajo la marca de la fragilidad y del terror, de manera que éste carezca de identidad y sus habitantes se adecuen, como señala Agamben, a la “imposibilidad de usar, de habitar, de hacer experiencia.” (Agamben, 2004).
 
Es decir, la situación actual del territorio Mapuche en su relación con el poder, muestra que la planificación espacial, en cuya dinámica los relatos en torno a las políticas seguritarias cobran una centralidad fundamental, convierte el espacio territorial en una arma de punición, en “espacios de excepción” (2004) donde las comunidades quedan en una permanente relación de extrañamiento con su hábitat y excluidas de toda posibilidad autónoma de decisión sobre él, de manera de configurar un nuevo paisaje economizado y sometido a la lógica extractivista y al emprendimiento como una única relación con la tierra, a través de una superposición de proyectos económicos y de circulación productiva, que reemplazan por la disposición ideológica neoliberal de los territorios, la concepción de relación tradicional y ancestral de copertenencia con la tierra que el Pueblo Mapuche concibe en su cosmovisión y filosofía. De esta forma, en medio de esta nueva "geografía" económica impuesta sobre el territorio, el Mapuche comienza a experimentar su tierra como dispuesta meramente hacia la circulación del mercado en tanto ésta, por medio de la acción económica-gestional del Estado, sufre la conversión en un medio para el desplazamiento de las políticas económicas neoliberales que obliteran, como se advirtió, el sentido comunitario de la relación con la Mapu en la cual la identidad mapuche se encuentra, reconoce e identifica socialmente. En este sentido, el Pueblo Mapuche en todo su territorio, queda recluido crecientemente en sus comunidades, que comienzan a devenir en verdaderos guettos marginales o marginalizados por los mega proyectos extractivistas, experimentando su propio espacio territorial como una “amenaza concreta de violencia” policiaco empresarial, viendo debilitada su integridad Mapuche, en tanto su disposición dentro del territorio queda marcada sistemáticamente por una planificación orientada a capturar económicamente sus cuerpos y sus tierras.
 
Bajo estos antecedentes, cuando el pueblo Mapuche y sus organizaciones (como la CAM o las fuerzas de control territorial) activan sus procesos reactivos ante la expansión capitalista en su territorio, instalan un problema que no sólo pone de manifiesto las aberraciones y violaciones jurídicas y medio ambientales de la vorágine neoliberal, sino que también abre una práctica crítica en relación al develamiento de las operaciones micropoliticas del Estado nacional y de los grupos económicos ensamblados en éste, en tanto y en cuanto este proceso -como todo proceso social- no se ha desarrollado sin la expresión de la histórica resistencia Mapuche y sin el correspondiente despliegue represivo que constantemente está activando una acción soberana que instrumentaliza la existencia humana y la destrucción material de los cuerpos (Mbembe, 2011). La forma política que modela la realidad del Walmapu, proyecta por medio de una heterogeneidad ilusoria, un relato que los artificios del poder construyen en torno a la democracia y una "definición participativa" de sus condiciones por medio de la sumatoria de todas las omnipotencias inscritas en el cuerpo social, es decir, a través de un efectivo mecanismo ideológico de encubrimiento de las estrategias que aseguren el despeje de cualquier límite interno al poder. En esta perspectiva, el territorio Mapuche viene a constituir la topología del colapso de la democracia chilena, pues en él se materializa la persistencia del monopolio de la decisión, en una administración que opera desde un adentro/afuera de toda legalidad posible, enunciando en su espacio lo que Agamben (2004) indica como la paradoja de la soberanía, es decir, la constitución material de las formas y los modos de la excepción que "producen y gestionan el territorio" por medio de una indiferencia entre hecho y derecho (Agamben, 2010). Este colapso democrático se evidencia, entonces, en la coincidencia de la democracia con el totalitarismo en el territorio del Walmapu, una antinomia que no desaparece en la indistinción, sino que pierde su carácter sustancial y se transforma en un campo de tensiones del cual, en este modelo de producción, resulta cada vez más difícil encontrar espacios de fuga y autonomía, en tanto crecientemente esa coincidencia se materializa en la fusión entre el diseño económico territorial y la maquinaria policial (Cortes, 2010).
 
En relación a esta indistinción propia de la soberanía moderna y contemporánea, Vicente Serrano en su texto “La herida de Spinoza”, señala que: La diferencia entre lo que se llama un orden totalitario y un sistema democrático está precisamente en que el mecanismo mediante el que se pone en ejercicio la omnipotencia es distinto, pero la tendencia es la misma y el principio de soberanía latente es el mismo. (2011) Es decir, en el contexto concreto del Walmapu, esta especie de indistinción es resultado de una ilimitación total del poder económico-gestional, del desarrollo material y simbólico de un espacio territorial que se procesa mediante un sistema permanente de agregación de lo no incluido, de aquello que está afuera y que siempre es posible para la potencia sin límites y que coincide paradojalmente -como se indicó más arriba- con el espacio del decisionismo total propio del estado de excepción. Nada puede evitar ceder a esta "agregación utilitarista", ningún límite interno puede contener su "expansión", evidenciando que este diseño ideológico del territorio, corresponde a una profunda matriz biopolítica, en tanto la vida queda capturada y subsumida en su totalidad, a través del ya mencionado operativo de la excepción que realiza la soberanía (2011). El territorio del Pueblo Mapuche deviene, entonces, en un sitio totalitario por excelencia, en tanto y en cuanto se activa la facultad de disponer de toda la extensión de la vida del Mapuche, un poder de captación que cubre su base económica, su tiempo, su cuerpo y finalmente la vida (Foucault, 1998). El neoliberalismo concreta a través de esta violencia fundacional, su implacable capacidad -que afanosamente intenta encubrir-, de transformar a los sujetos en productos consumibles (Bauman 2007); en definitiva, el territorio Mapuche deviene hoy en el espacio de su propio reemplazo, pues el flujo extenso e intenso del capitalismo, parece apuntar a obtener el privilegio, sin contención, de apoderarse totalmente de la vida para disponer su supresión cuando el sistema así lo requiera. Bajo este enfoque, la configuración del presente del walmapu supera o radicaliza la acción de la matriz soberana de poder -que se expresaba en la expansión geográfica como dispositivo de consolidación- al quedar permanentemente sometido de manera total al paradigma biopolítico de gestión y control, bajo cuyas definiciones la política se torna en gubernamentalidad, esto es, una administración que vuelca sus potencias y sus formas hacia el ámbito de la vida, en tanto es regida por una razón autolimitada bajo los criterios del mercado, ese espacio no estatal que es el de la libertad económica total (Foucualt, 2010) y que hoy crecientemente permanece fuera de todo ordenamiento normal (Agamben, 1998). De esta manera, todo el Walmapu comienza a coincidir con ese espacio cuya estructura es "todo lo posible", convirtiéndose en la topología de la excepción, es decir, en la coincidencia con lo que podemos denominar sin eufemismos como una gran campo de concentración (Agamben, 1998). Finalmente, es preciso señalar que lo que se pone en juego en este conflicto, más bien, verdadera ofensiva bio-necropolítca del Estado chileno sobre el Walmapu, es la posibilidad del arrasamiento total de todo un mundo de la vida, el Mapuche, a través de una violencia cuya lógica alcanza un predominio no sólo en las fronteras internas del estado chileno, sino que a nivel global.
 
Las interrogantes que nos hagamos frente a este drama territorial, cultural y político, así como otros de esta misma índole (como por ejemplo el drama Palestino) pueden aportar luces en relación a la naturaleza de la matriz biopolítica que nos gobierna y sus procedimientos crecientemente inmunitarios de protección negativa de la vida. En conflictos como el que comentamos y que, padecemos, está la posibilidad de recuperar el coraje del pensamiento y abrirnos a la recuperación de una potencia común capaz de interrumpir ese "humanismo" que nos agobia y que nos deja a todos arrojados a una especie de prescindible nueva categoría: la de "indios contemporáneos". Bibliografía(...)

  

I. El Estado en los países periféricos exportadores de naturaleza que conduce al estado de excepción.

El Estado mágico sigue ahí
Las continuidades y rupturas en
la historia del petroestado venezolano.
Marzo - Abril 2018

El Estado mágico. Naturaleza, dinero y modernidad en Venezuela, de Fernando Coronil (editado por Nueva Sociedad en 2002), es uno de los libros fundamentales para comprender Venezuela. Fue reeditado en 2013 por la editorial Alfa, de Caracas, y el prólogo de Edgardo Lander, que reproducimos casi en su totalidad, nos permite avanzar en un análisis de problemas actuales de Venezuela bajo la luz de un modelo rentista que se inició en la década de 1930 y perduró bajo la Revolución Bolivariana, que hoy se enfrenta a su momento más crítico.

Por Edgardo Lander
Nota: todas las referencias al libro corresponden a Fernando Coronil Ímber: El Estado mágico. Naturaleza, dinero y modernidad en Venezuela, Alfa, Caracas, 2013.
La modernidad y el olvido de la naturaleza y del espacio en la teoría social. (...)
 
El Estado en los países periféricos exportadores de naturaleza
Argumenta Coronil que la exclusión de la naturaleza tiene consecuencias importantes para las teorías tanto marxistas como liberales del Estado.
En la medida en que las teorías del Estado han presentado al Estado de las naciones capitalistas avanzadas como modelo general del Estado capitalista, los Estados de las sociedades capitalistas periféricas se han representado (...) como versiones truncas de este modelo; se identifican por un régimen de déficits, no por diferencias históricas. Pero una visión unificadora de la formación global de los Estados y del capitalismo muestra que todos los Estados nacionales se constituyen como mediadores de un orden que es simultáneamente nacional e internacional, político y territorial.
Esta diferencia histórica es producto de las ubicaciones que tienen estos Estados en la división internacional del trabajo y de la naturaleza. En el proceso de acumulación global del capital, la contribución principal de los países periféricos sometidos a relaciones coloniales y de control imperial no fue sobre todo la de la transferencia de valor, sino la de la transferencia de riqueza, esto es, la exportación de naturaleza. Esto tiene enormes consecuencias para los procesos de constitución de los Estados en estos países. Al caracterizar el Estado rentista de países periféricos cuya economía se basa fundamentalmente en la exportación de naturaleza, no se está simplemente añadiendo una característica adicional al modelo teórico del Estado: se está hablando de un modelo que, en muchos sentidos, se diferencia de lo que ha sido teorizado como el Estado en la sociedad capitalista. En los países capitalistas metropolitanos, los Estados se financian fundamentalmente mediante la retención de parte del valor creado por el trabajo sometido a las relaciones capitalistas (impuestos).

En este sentido, los Estados dependen de la sociedad, del conjunto de las relaciones sociales y sujetos que operan en ésta. Por el contrario, en los Estados periféricos exportadores de naturaleza, el Estado tiene como su fuente de ingreso principal la renta del suelo. Como terrateniente, dueño de la tierra y/o del subsuelo a nombre de la nación, retiene –en forma de renta– parte de la riqueza extraída de la naturaleza. Este rasgo, que comparten los petroestados con otros países periféricos monoexportadores de naturaleza, les proporciona un mayor grado de autonomía respecto a la sociedad, en la medida en que sus ingresos dependen menos del trabajo y de la creación de valor en su territorio nacional. Incorporar al análisis los tres elementos del proceso de creación de riqueza (naturaleza, trabajo, capital) «ayuda a ver al Estado terrateniente como un agente económico independiente y no como un mero actor político estructuralmente dependiente del capital». Este Estado terrateniente, aunque esté en una posición subalterna en el sistema mundo, puede llegar a tener un mayor grado de autonomía interna que el característico de los Estados metropolitanos y a colocarse de alguna manera sobre la sociedad.
La constitución del Estado mágico en Venezuela
Combinando, entre otros, los supuestos teóricos antes señalados y la sugerente imagen formulada por José Ignacio Cabrujas sobre el Estado en Venezuela, Coronil formula la noción del «Estado mágico» como mirada desde la cual aproximarse a desentrañar los procesos mediante los cuales se ha construido un modelo de Estado en Venezuela «como agente trascendente y unificador de la nación». De acuerdo con Cabrujas, la aparición del petróleo en Venezuela crea una especie de cosmogonía: la riqueza petrolera tuvo la fuerza de un mito, gracias al petróleo era posible pasar rápidamente del retraso a un desarrollo espectacular. En estas condiciones se constituye un Estado «providencial» que «no tiene nada que ver con nuestra realidad», sino que, por el contrario, se saca del sombrero de un prestidigitador. El Estado como brujo magnánimo capaz de lograr el milagro del progreso3.
 
En su recorrido por la Venezuela del siglo xx, Coronil destaca tres periodos como hitos históricos críticos en la formación de este Estado mágico y en el proceso de constitución de este como lugar central del poder político: los gobiernos dictatoriales de los generales Juan Vicente Gómez (1908-1935) y Marcos Pérez Jiménez (1952-1958) y el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez (1974-1979). Son tres periodos históricos que corresponden a significativos incrementos en el ingreso petrolero. El autor afirma que en la historiografía venezolana y en el metarrelato de la Venezuela democrática se ha establecido una ruptura antagónica entre un país dictatorial atrasado y otro democrático y «moderno». Con esta ruptura en la narrativa de la democracia se busca ocultar las extraordinarias continuidades que existen en el Estado venezolano desde su constitución como petroestado en la década de 1930, durante la dictadura del general Gómez, hasta nuestros días.
 
Coronil considera que «fue durante el régimen ‘tradicional’ de Gómez (...) cuando se tornó posible imaginar a Venezuela como una nación petrolera moderna, identificar al gobernante con el Estado y representar al Estado como agente de modernización». Ya en 1928, Venezuela se había convertido en el segundo productor de petróleo del mundo y en el primer país exportador. Gracias a esta riqueza petrolera, el Estado gomecista logró la apariencia de «agente transcendente y unificador de la nación». Con el monopolio no sólo de la violencia, sino también de la riqueza natural del país, el Estado aparece «como agente independiente capaz de imponer su dominio sobre la sociedad». Se establecen las bases de un Estado y un sistema político en los que las confrontaciones políticas y la lucha de clases se darían principalmente en torno del acceso al Estado como fuente primaria de riqueza.
Después de la transición que comienza con la muerte del dictador en 1935 y de la experiencia del trienio de Acción Democrática (ad) en que «el pueblo» aparece como referencia central, en la dictadura de Pérez Jiménez se busca reconceptualizar la relación entre Estado y pueblo.
El cuerpo social de la nación se convirtió de manera más evidente en beneficiario pasivo de su cuerpo natural, entendido ahora como la fuente fundamental de los poderes nacionales. (...) La naturaleza no apareció como actor social independiente, sino mediado por el Estado. Pero el Estado militar proclamaba representar a la nación directamente, sin la mediación del pueblo. (...) Este cambio supuso que el locus de la agencia histórica se desplazara sutil, pero perceptiblemente, del cuerpo social hacia el cuerpo natural, del pueblo a la naturaleza.

En el Nuevo Ideal Nacional del gobierno de Pérez Jiménez, la modernidad fue entendida como «una colección de grandes logros materiales» que, gracias a los elevados ingresos petroleros, permitió realizar grandes inversiones en infraestructura, industrias y servicios. Se privilegió la inversión pública por sobre la inversión privada, especialmente concentrada en grandes emprendimientos (en general asociados al enriquecimiento de altos funcionarios gubernamentales), como las industrias petroquímicas y siderúrgicas. La multiplicación por cuatro de los precios del petróleo en el inicio del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez establece las bases del discurso de la Gran Venezuela y el imaginario popular de la Venezuela saudita, tierra de abundancia sin límites, y se refuerza la centralidad del petroestado rentista. Este imaginario alcanza su máxima expresión en la nacionalización del petróleo.
Los estudios de caso que forman parte de los capítulos en los cuales el autor estudia ese gobierno evidencian las formas como opera este sistema político. A través de una aproximación en la cual entrelaza los procesos locales coyunturales (y la acción de los sujetos involucrados en estos procesos) con las tendencias que operan en el capitalismo global, logra enriquecer la comprensión de ambos procesos. Su análisis minucioso de las experiencias de la fábrica de tractores (Fanatracto) y de la política automotriz resulta extraordinariamente ilustrativo. Estos estudios le permiten a Coronil desentrañar la operación interna del petroestado rentista, en particular las contradicciones que se generan en el interior del gobierno a propósito del impulso de políticas de industrialización y la forma como la contradicción entre rentismo y producción de valor termina por hacer fracasar estos proyectos. Una nueva ilusión no cumplida del Estado mágico.
 
El intercambio fáustico de dinero por modernidad sólo trajo consigo la capacidad de producir la ilusión de producción: el dinero compró productos o fábricas modernas sólo capaces de generar una modernidad trunca. Al crear una estructura industrial bajo el manto protector de los petrodólares, los programas de modernización del general Pérez Jiménez y de Carlos Andrés Pérez fomentaron industrias que manifestaban una persistente tendencia a funcionar más como trampas para captar rentas petroleras que como medios creativos de producción de valor.
Pero el imaginario del Estado mágico, del Estado capaz de solucionar todos los problemas y de garantizar el progreso y la abundancia para todos, se rompe cuando la larga crisis que venía acumulándose durante los gobiernos de Luis Herrera Campins (1979-1984) y Jaime Lusinchi (1984-1989) finalmente estalla con el Gran Viraje, el ajuste neoliberal negociado por Carlos Andrés Pérez con el Fondo Monetario Internacional (fmi) al inicio de su segundo gobierno (1989-1993). Como reacción, se produce el Caracazo, en febrero y marzo de 1989, que representa, simbólicamente, la ruptura definitiva entre los sectores populares y los partidos y el Estado del Pacto de Punto Fijo4.
Estos acontecimientos marcaron la crisis del proyecto populista que había definido la relación entre pueblo y Estado desde 1936. Con el giro hacia las políticas de libre mercado y desmantelamiento del desarrollismo populista, el discurso dominante comenzó a presentar al pueblo ya no como virtuoso cimiento de la democracia, sino como una masa turbulenta y parásita que el Estado tenía que disciplinar y el mercado, tornar productiva.
Se acentúa el deterioro de las condiciones de vida de los sectores populares y se profundiza la polarización entre una elite privilegiada cada vez más internacionalizada y una mayoría empobrecida y alienada del sistema político. En estas condiciones de una sociedad severamente dividida (aunque esta división no fuese reconocida por las elites ni por el sistema político), se dan los intentos de golpe de Estado del año 1992, la destitución de Carlos Andrés Pérez y, finalmente, la elección de Hugo Chávez Frías como presidente en diciembre de 1998.
 
El Estado mágico, modernidad y naturaleza: retos actuales
El Estado mágico tiene mucho que aportar al debate sobre el proceso político venezolano actual, sobre temas centrales como el modelo de Estado, el papel del petróleo y las implicaciones del extractivismo rentista como modelo de sociedad, aunque este se denomine «socialista».
Como se señaló antes, de acuerdo con el autor, en el imaginario de la democracia en Venezuela se construyó una visión maniquea de lo primitivo y lo moderno que establece una separación o ruptura total entre los regímenes dictatoriales y los regímenes democráticos. De la misma manera, en el proceso actual, con la narrativa de la revolución y de la Quinta República, se busca definir el inicio de un nuevo momento histórico en el cual se borren por completo de la conciencia colectiva las continuidades que siguen operando, a pesar de todos los cambios ocurridos. Este olvido tiene que ver fundamentalmente con el modelo de Estado, de las relaciones entre sociedad y petroestado rentista y con las modalidades específicas de relación de esta sociedad con su entorno natural, con el petróleo. Este es un olvido que, en la medida en que se instale en la conciencia colectiva porque estaríamos en otro tiempo histórico, en tiempos de Revolución Bolivariana, que nada tendría que ver con el pasado, nos negaría la posibilidad misma de entender qué ocurre en el país, así como la posibilidad de imaginar futuros alternativos a este modelo societal petroestatal.
La certificación de las reservas de hidrocarburos de la Faja Petrolífera del Orinoco como las mayores del planeta le ha dado un nuevo y vigoroso impulso a la idea de que el petróleo garantizará un futuro de progreso, prosperidad y abundancia. El imaginario de la Gran Venezuela es ahora reemplazado por el de la Venezuela Gran Potencia Petrolera. La idea de «sembrar el petróleo», tradicionalmente entendida como el ideal nunca realizado de utilizar los recursos provenientes de la renta petrolera para el desarrollo de otras actividades productivas, es trastocado y convertido en la utilización de esa renta para realizar las masivas inversiones requeridas para aumentar la producción e incrementar la dependencia en la producción y exportación de petróleo. Entre los años 2010 y 2012 el petróleo significó entre 95% o 96% del valor total de las exportaciones del país, junto con una reducción significativa de las exportaciones no petroleras tanto en términos absolutos como relativos. En 1998, las exportaciones no petroleras fueron de 5.529 millones de dólares; para 2011, estas habían descendido a 4.679 millones. Entre esos años las exportaciones privadas, casi exclusivamente no petroleras, se redujeron a la mitad (pasaron de 4.162 millones en 1998 a 2.131 millones en 2011). En el mismo periodo, la participación del sector industrial en el pib bajó de 17,4% a 14,5%5.
A 14 años de la Revolución Bolivariana, Venezuela es más rentista que nunca. El Estado recuperó su sitial en el centro de la escena nacional. Este, con su renta petrolera –según el discurso oficial–, tendrá nuevamente la capacidad de llevar a la sociedad venezolana hacia el progreso y la abundancia. A estas relaciones ya tradicionales entre petroestado y sociedad se añade ahora un nuevo y esencial componente. En ausencia de un debate crítico sobre la experiencia del socialismo del siglo xx, se declara como meta del proceso bolivariano el «socialismo del siglo xxi», y se postula la necesidad de un partido único de la revolución. Con esto, a pesar del contenido de la Constitución, tiende a asociarse socialismo con más Estado. Las empresas estatizadas pasan, por ese solo hecho, a ser denominadas «empresas socialistas». El petroestado se convierte así en la vanguardia que dirige la transformación social y su fortalecimiento deviene en expresión del avance de la «transición hacia el socialismo». A diferencia de las experiencias socialistas del siglo pasado, se establece un nuevo tipo de relación entre Estado y partido. En lugar de existir un partido revolucionario que controle al Estado, desde el petroestado se ha creado, financiado y dirigido al partido. Como modelo, sigue predominando una razón de Estado en la que éste es identificado con la nación, con el pueblo y con el bien común, y es en consecuencia el lugar donde tienen necesariamente que concentrarse todas las iniciativas y principales decisiones. Esto descarta, niega, mutila, la única forma en la cual es posible la transformación democrática de la sociedad: amplios, variados, múltiples procesos de experimentación social autónomos, que surjan de la diversidad de las prácticas, de las memorias y los proyectos de los diferentes pueblos, sectores sociales, regiones y culturas del país.
El Gran Consenso Petrolero Nacional de identificación cuasi ontológica de la nación con el petróleo quedó nuevamente sellado con las elecciones presidenciales de 2012. A pesar de los profundos contrastes en prácticamente todos los otros asuntos referidos al modelo de país que se propone en los programas de las campañas electorales, gobierno y oposición tienen un punto medular de extraordinaria coincidencia: la propuesta de duplicar la producción petrolera para llevarla a seis millones de barriles diarios para finales del periodo presidencial 2013-20196.
Han sido reiteradas las referencias de Chávez y en los documentos de políticas públicas de estos años a la necesidad de salir de la lógica rentista y monoproductora de petróleo. Estas se reiteran en el programa electoral presentado por Chávez para las elecciones presidenciales de octubre de 2012, donde se señala: «No nos llamemos a engaño: la formación socioeconómica que todavía prevalece en Venezuela es de carácter capitalista y rentista»7. En consecuencia, se formula la necesidad de: «Propulsar la transformación del sistema económico, en función de la transición al socialismo bolivariano, trascendiendo el modelo rentista petrolero capitalista hacia el modelo económico productivo socialista, basado en el desarrollo de las fuerzas productivas»8.
Igualmente, en reconocimiento de la severidad de la crisis ambiental planetaria, uno de los cinco Grandes Objetivos Históricos que se formulan en este plan consiste en «preservar la vida en el planeta y preservar la especie humana». Esto está precisado en los siguientes términos:
Construir e impulsar el modelo económico productivo eco-socialista, basado en una relación armónica entre el hombre y la naturaleza, que garantice el uso y aprovechamiento racional, óptimo y sostenible de los recursos naturales, respetando los procesos y ciclos de la naturaleza. Proteger y defender la soberanía permanente del Estado sobre los recursos naturales para el beneficio supremo de nuestro Pueblo, que será su principal garante. Contribuir a la conformación de un gran movimiento mundial para contener las causas y reparar los efectos del cambio climático que ocurren como consecuencia del modelo capitalista depredador.9
Sin embargo, y muy contradictoriamente, otro de los grandes objetivos del plan consiste en «consolidar el papel de Venezuela como potencia energética mundial»10. Para ello propone, como ya se señaló, duplicar los niveles de producción petrolera, especialmente mediante la expansión de la producción en la Faja del Orinoco, para llevarla a 4 millones de barriles diarios, y una inmensa expansión en la explotación de gas para llegar a 11.947 millones de pies cúbicos diarios (mmpcd) en 2019.
Con esta extraordinaria expansión, que requiere elevadísimos montos de inversión y tecnologías con las cuales no cuenta el país, no solo se acentúa a largo plazo la dependencia de la economía venezolana del petróleo, sino que igualmente se amplía la participación de corporaciones petroleras transnacionales, públicas y privadas, en el negocio petrolero venezolano. En muchos de los contratos mediante los cuales se obtuvieron masivos créditos por parte de China se establece que estos serán pagados con petróleo. Esto implica que solo para mantener a futuro los actuales niveles de ingresos fiscales, el Estado venezolano no tendría margen de juego y estaría comprometido a largo plazo a aumentar los niveles de producción y exportación de crudo.
Desde el punto de vista del impacto socioambiental, las consecuencias de este salto en los niveles de producción serían, con toda seguridad, mucho más severos que los devastadores efectos que ha tenido un siglo de producción petrolera en el país, especialmente en el lago de Maracaibo –el mayor de América Latina–, convertido tanto por las empresas transnacionales como por la empresa estatal de petróleo en «área de sacrificio», en uno de los daños ambientales «colaterales» de mayor escala en la producción petrolífera en todo el planeta. Los depósitos de la Faja del Orinoco están compuestos por petróleos pesados y extrapesados y arenas hidrocarburíferas cuya explotación requiere descomunales volúmenes de agua y genera mucho más desechos tóxicos que la explotación de petróleos más livianos. El país (así como el continente y el planeta) corre el riesgo de que el extraordinario sistema fluvial del Orinoco y su delta sufran las mismas consecuencias que el lago de Maracaibo.
De esta manera, este proyecto político no puede desprenderse, ni puede siquiera imaginar la posibilidad de desprenderse, de la lógica del petroestado rentista y del imaginario reciclado de la Gran Venezuela. En este programa, lo revolucionario no es alterar la relación de la sociedad venezolana con el petróleo. Lo revolucionario no es otra forma de entender la relación de la sociedad con la naturaleza. Por el contrario, lo revolucionario es profundizar la lógica rentista y el papel del Estado en su función de gran decisor y redistribuidor de la renta. De acuerdo con este programa de gobierno, lo que define el carácter revolucionario de la política petrolera está dado por tres criterios: el Estado captura la renta, se maximiza el valor que se obtiene de esta renta y estos ingresos son utilizados en beneficio del pueblo.
Por último, nuestra política petrolera debe ser revolucionaria, lo cual tiene que ver con quién captura la renta petrolera, cómo se capta y cómo se distribuye. Según esta visión, no cabe duda de que debe ser el Estado quien controle y capture la renta petrolera, sobre la base de mecanismos que maximicen su valor, para distribuirla en beneficio del pueblo, procurando el desarrollo social integral del país, en condiciones más justas y equitativas. Este es el elemento –se argumenta– que nos diferenciaría de cualquier otra política petrolera11.
El imaginario del progreso, del papel del petróleo como la palanca que garantizará la modernización del país bajo la dirección del Estado, tiene aquí una extraordinaria continuidad. El siguiente texto de Carlos Andrés Pérez en el acto de nacionalización del petróleo podría fácilmente ser confundido como expresión del sentido común del imaginario bolivariano de esta nueva ilusión de Venezuela como gran potencia:
El petróleo venezolano ha de ser instrumento de integración latinoamericana, factor de seguridad mundial, de progreso humano, de justicia internacional y de equilibrada interdependencia económica. Ha de ser también un símbolo de la independencia de Venezuela, de la voluntad nacional y una afirmación de su capacidad creadora como pueblo y como nación. El petróleo venezolano es un encuentro con nuestro destino. Ningún sitio mejor para expresarlo que en presencia de Simón Bolívar, quien nos enseñó a creer en nuestro pueblo y supo luchar para demostrar de lo que somos capaces.12
 
La confluencia de la lógica del Estado mágico con la lógica leninista de estatismo y vanguardismo y el estilo carismático/mesiánico del liderazgo de Chávez entra en contradicción, y una y otra vez bloquea el avance de los muy extendidos procesos de participación y organización autónoma de los sectores populares. Es sistemática la dependencia de que «bajen» los recursos del Estado para los proyectos de las comunidades. Se instala una cultura política de culto al «comandante-presidente», a «nuestro líder», hay referencias permanentes a que se hace algo porque «Chávez mandó», o a «órdenes que tienen que ser obedecidas». Se ha afirmado públicamente que la decisión de definir el proceso bolivariano como socialista la tomó Chávez en soledad. Y todo esto no puede sino socavar la construcción de una cultura democrática, en la medida en que se hace conciencia colectiva el que por más organización social que se construya, todas las decisiones más importantes se toman en otra parte.

Sobre la base de la misma relación con la naturaleza y sobre el mismo modelo de petroestado rentista, no es posible producir transformaciones significativas en la sociedad venezolana. Se puede crear un modelo de capitalismo de Estado en el cual la renta esté mejor distribuida y esté dirigida prioritariamente a los sectores sociales antes excluidos. Se pueden lograr mayores niveles de equidad y de reducción de la exclusión, pero no se puede generar la capacidad político-organizativa y productiva del conjunto de la sociedad requerida para su transformación. Por esta vía se continuará devastando la naturaleza y estará negada la posibilidad de hacer realidad la república pluricultural de la cual habla la Constitución.

Implicancias de extractivismos que interpelan a involucrarnos en las UAC y lucha Mapuche

Abajo y a la izquierda, necesitamos recuperar o reconstruir asambleas que sean órganos de deliberación sobre cómo organizarnos en comunidades de vida y trabajo que, a la vez, confraternicen entre sí en todo el país-continente e internacionalmente.
 
Tal emprendimiento confronta con los partidos de estado y por tanto, ante todo, debemos desmontar los imaginarios sociales que los sostienen como tales. Se trata de esmerarnos por propagar la puesta en común sobre cuanto sabemos del poder territorial y simbólico del Partido Justicialista con desarrollo desde los setenta hasta hoy. Es aceptar y hacernos cargo que el PJ es incompatible con la democracia al haber constituido junto a la Unión Cívica Radical:
  • Un Estado que legalizó y legitimó la acelerada transnacionalización económica territorial de la alianza de capitales y estados imperialistas con los locales. Forzó al empobrecimiento tanto del país como de sus pueblos e individuos mediante la oficialización como deuda externa pública de la transferencia de riquezas e ingresos desde los de abajo hacia ellos.
     
  • Territorios semifeudales o satrapías en torno a las oligarquías latifundistas en las provincias periféricas que, con la expansión extractivista desde el menemismo-PJ hasta el kirchnerismo-PJ y hoy Cambiemos con la complicidad de todo el PJ, se convirtieron en zonas de sacrificio y de enclaves para los oligopolios locales e imperialistas. El conflicto de Mapuche con Benetton prueba cómo el Estado en sus distintas jurisdicciones sirve al último. Y cómo la polarización K contra la Mesa de Enlace ocultaba esta realidad de la defensa a la ocupación territorial por oligopolios locales e imperialistas.
     
  • Barones del conurbano apropiados de los territorios (con la mayor densidad poblacional del país) desde los 90 bajo gestión del introductor de drogas en Lomas de Zamora o sea Eduardo Duhalde. Su señora Chiche mediante las 35.000 manzaneras armó una amplia red clientelar usando los fondos de Reparación Histórico que creó Menem y endeudándonos con el Banco Mundial que también implicó atender el programa del BM de volver gobernable a las privatizaciones causantes de despidos masivos y quiebra enorme de pequeño-medianos propietarios. Los barones del conurbano garantizaron el triunfo electoral del PJ y el disciplinamiento de las grandes concentraciones de pobreza estructural que fue reforzando el asistencialismo con los muy lucrativos negocios ilícitos del narcotráfico y las redes de trata y prostitución.
     
  • La CGT peronista arraigó y consolidó la obediencia debida de los trabajadores a los grandes capitales adueñados del país y por tanto, de la vida de nosotros (los diversos de abajo). También como los barones del conurbano y feudos provinciales, emplea grupos de choque o patotas para imponer el orden burgués de transnacionales y transnacionalizados.
     
  • El Pacto de Olivos (de Menem con Alfonsín) confirió mayor poder electoral de la provincia de Buenos Aires y el neofeudalismo que se disfrazó de federalismo para viabilizar los enclaves de los grandes capitales locales e imperialistas.
 
Miremos hacia entablar diálogos entre los diversos de abajo sin fronteras que sean elaboraciones conjuntas de conceptos claves para análisis demistificadores del capitalismo y enfoques de vínculos sociales e interpersonales a entretejer en el ir humanizándonos en sintonía con humanizaciones de ámbitos laborales, vecinales, comunales, familiares, culturales....e internacionalistas revolucionarios.
 

 
El extractivismo minero y 
producción de la naturaleza.
10 de mayo de 2018
 
En el marco de la minería moderna, a los pueblos le es expropiada su naturaleza para producir sobre una distinta, creando otra subjetividad de trabajo en su geografía.
 
Por Cristian Abad Restrepo /periodistas@laestrella.com.pa
 
La conquista de los diversos espacios en la actualidad por la modernidad/colonialidad no solamente hacen referencia a la expropiación de la materia, el trabajo y el saber de pueblos, como fue evidente en los siglos pasados, sino al proceso de creación permanente de producir naturaleza, lo que Neil Smith llama de ‘segunda naturaleza' o como explica Elmar Altvater (2014) la naturaleza adquiere una segunda piel con el capital. En el marco de la minería moderna, a los pueblos le es expropiada su naturaleza (formas de trabajo de reproducción de la vida), para producir sobre éstas otra naturaleza, otra materialidad, en definitiva, otra subjetividad de trabajo en su geografía. No podemos entender la producción de la naturaleza dentro de la modernidad sin las nuevas condiciones materiales que trae consigo el capitalismo. Sin embargo, la producción de la naturaleza no aplica para comprender el extractivismo minero, porque no es cierto que el proceso de extracción sea equiparable al de la producción, idea que es defendida por empresarios extractivistas y funcionarios de Estado.
 
LOS EMPLEOS QUE PRODUCE EL EXTRACTIVISMO MINERO NO SON TRABAJOS
 
El empleo que pregona el extractivismo minero no permite la producción de la naturaleza de forma general, porque estamos hablando literalmente de la ruptura del equilibrio del metabolismo social, es decir, de la destrucción de las formas de trabajo que permiten que el ser humano sea humano a través de la tierra, que permita cultivarse a sí mismo. En ese sentido, con el extractivismo minero no es posible producir naturaleza, porque lo que produce es literal muerte. Sin embargo, en los discursos mineros modernos, dicho sueño de producir hasta el infinito, ha hecho eco de la incorporación de los lenguajes de la producción de la naturaleza en general, como si el trabajo desarrollado en las minas a gran escala fuera de valor de uso, o sea de la satisfacción humana de la necesidad primaria.
 
El trabajo promovido por extractivismo minero es tóxico, porque no participa de la naturaleza en su producción, en tanto que ésta queda reducida a la extracción. Para referenciarlo de otra manera, el ser humano simplemente no puede transformarse en el proceso de extracción porque no produce nada, en tanto que no ejerce ninguna función sobre la naturaleza ni sobre sí mismo, sólo su degradación.
 
Así, el trabajo promovido y desarrollado dentro del extractivismo minero está enfocado en dos aspectos, la mera extracción (sacar las rocas y minerales) y la innovación de esa extracción, socavando la fuente de toda riqueza que es la tierra y el trabajo (Altvater, 2014). Si la madre es la naturaleza (tierra) y el padre el trabajo humano, tendríamos una reproducción de la vida. Marx explicó que es mediante el trabajo humano junto con la naturaleza que coparticipan para su reproducción, para su sobrevivencia, desencadenando su propia transformación hacia algo mejor. No obstante, con el extractivismo minero no vemos producción de la naturaleza, sino extracción de la misma. El supuesto trabajo que pregona el extractivismo minero sólo genera escasez de trabajo, es paradójico, pero es así, los puestos de trabajo mineros son actividades que deshumanizan, destruyen y embrutecen.
 
En los discursos y notas de los medios de comunicación hegemónica que retratan la subjetividad de los empresarios y gobiernos, se abogan la capacidad de creación geológica del oro, es decir, de producir naturaleza mineral. En la revista Forbes de México, fue publicado un artículo titulado ‘China devora 90% de la ‘producción global' de oro'. En la revista El Economista de Argentina se titula una columna ‘Seis países americanos, entre los mayores productores de oro'. En la revista El Portafolio de Colombia, otro hecho noticioso titula ‘La producción de oro' aumentará en un millón de onzas en cinco años'. En la Revista de Brasil (Jornal do Brasil) un titular lleva el nombre de ‘Rio Tinto interrompe produção de diamantes', y así sucesivamente se va ampliando los imaginarios de creación de la naturaleza, en específico de los minerales.
 
A la opinión pública le encubren que los beneficios de la vida moderna tienen consecuencias mortales, que no existen espacios extraídos/explotados y un profundo desconocimiento de dónde proviene la materialidad moderna. En definitiva, el encantamiento del consumo ha concebido sujetos de espaldas al territorio. La colonialidad de la naturaleza queda en evidencia no solamente cuando se confunde extracción con la producción, sino cuando se escucha que la minería es verde, ecominería, minería ecológica, biominería, minería sostenible y amigable con el medio ambiental, como incorporación abusiva del cuidado de la vida. Dichas falacias son propias del hombre moderno que se asume como Dios sobre la naturaleza, pero sabemos que ‘ninguna sociedad produce carbón, ni oro, ni petróleo, tampoco produce los días y las noches. Somos seres extractores de estas y no productores' (Gonçalves, 2013).
 
EXTRACTIVISMO-MINERO Y SEGUNDA NATURALEZA
 
En realidad, decir que la extracción es sinónimo de producción, ya de por sí encubre las características históricas bajo la cual se ha fundado el extractivismo minero, como la devastación y contaminación de los territorios y la muerte lenta de los cuerpos humanos y no humanos, bajo la égida simbólica de la renta. Ahora bien, lo que sí podemos entender es que el extractivismo minero sea el paso o la mediación de la primera naturaleza extraída y saqueada en el sur global (quizás para muchos la Madre Naturaleza) hacia la segunda naturaleza como objeto de producción y creación para el norte global, lo que implica una relación radicalmente distinta con la Naturaleza [Smi06]. El pensamiento moderno juega un papel fundamental en este tránsito de la Naturaleza convertida en materia a merced de la voluntad humana capitalista.
 
Cabe resaltar que la segunda naturaleza, según Neil Smith, ha ‘acelerado la emancipación del ser humano de la primera naturaleza', es decir, una libertad basada en el control y dominio sobre las determinaciones naturales. Esta libertad la vemos en la producción del espacio como las ciudades, siendo espacios altamente artificiales. El Conde Buffon, había sentenciado que ‘una nueva naturaleza puede florecer de nuestras propias manos' (Smith, 2006) en América, o sea, los europeos fueron los artífices de la segunda naturaleza en detrimento de una Naturaleza con otros horizontes de sentido. Esa es la libertad que pregona la racionalidad moderna que encubre tanto sus consecuencias de hacerse cargo de la devastación producida (Bautista, 2014), como de las mentiras bajo las cuales se ha fundado la sociedad moderna como la más justa, cuando en realidad sus privilegios se basan en quitarle la vida al otro, expropiarlo de su agua, de su oro, de su montaña y de su alimento.
 
En otras palabras, la segunda naturaleza es propia de la modernidad que produce espacios a su imagen, un espacio funcional a las múltiples jerarquías de poder (raciales, sexuales, saberes, genero, organización social etc.). La base de una segunda naturaleza está en el extractivismo, en especial, el minero. De allí que hablemos de extractopolis como espacios funcionales y artificiales que privilegian un tipo de trabajo, basado en la extracción de materias primas para su posterior transformación que haga posible el espacio moderno. En realidad, estos espacios son enclaves fascistas con la Naturaleza.
 
SEGUNDA NATURALEZA Y COLONIALIDAD DE LA NATURALEZA
 
La segunda naturaleza no escapa a la colonialidad de la misma porque de ésta recibe su sentido, no sólo por constituirse en valor de cambio en el modo de producción capitalista, sino por el contenido racial propio de la modernidad que orienta la producción de espacios por el capital. Explica Neil Smith (2006) que ‘la naturaleza que precedió a la historia humana ya no existe en ninguna parte, porque por primera vez los seres humanos (cabe resaltar que es el ser humano moderno, porque no es verdad que todos estemos y nos identifiquemos con este ser de la modernidad) producen naturaleza a una escala mundial, es decir un ensanchamiento de la segunda naturaleza a expensas de la primera… el origen de esto es la modificación de la relación entre valor de uso y el valor de cambio'.
 
Este proceso ha significado que habitemos en una era que Elmar Altvater (2014) denomina como capitaloceno. Las capas geológicas de la tierra no solamente se modifican por el Fracking para la extracción de petróleo, sino que son convertidas en monedas. Extractivismo minero es inseparable de la colonización de la naturaleza (Alimonda, 2009), lo que lo torna insoportable e insostenible para los pueblos que tienen y sueñan con otros futuros, horizontes y mundos. Seguir bajo esta senda de un trabajo improductivo (extractivo minero) es continuar bajo regímenes coloniales que tiene como propósito transferir abundancia por escasez, ese es el gran sueño de la modernidad. Nuestros pueblos no requieren empleos extractivos sino trabajo productivos. Esta es una de las grandes cuestiones en América Latina.
29 de abril de 2018
 
 
Verifiquemos cómo diversidades de abajo organizan el extenso arraigo y expandida articulación multifacética de los poderes populares.
 

 
Chile: En Chiloé se realizará el II Encuentro de Redes Territoriales
2 de marzo de 2018
Este sábado 3 y domingo 4 de Marzo se realizará el II Encuentro de Redes Territoriales en el Liceo Rayen Mapu de la ciudad de Quellón, Archipiélago de Chiloé, la invitación es abierta a todas aquellas organizaciones que se sientan llamadas a conocer el trabajo que viene realizando cada red y así evaluar la posibilidad de integración.
Este sábado 3 y domingo 4 de Marzo se realizará el II Encuentro de Redes Territoriales en el Liceo Rayen Mapu de la ciudad de Quellón, Archipiélago de Chiloé. Instancia en que se darán cita organizaciones que forman parte de (1) la Red de Defensa de los Territorios, (2) la Red de Medios de los Pueblos, (3) la Red de Salud y Territorios y (4) la Red de Economías Territoriales. Cada una de estas redes se viene tejiendo entre organizaciones que forman parte de procesos de defensa y construcción territorial.
 
Tras el anterior encuentro realizado en Panguipulli, a comienzos de 2017, que tuvo como anfitriones al Parlamento Mapuche de Koz Koz y la Red de organizaciones sociales y ambientales de Panguipulli, es hoy el Centro de Estudios Sociales de Chiloé (CESCH) junto al Colectivo Informativo Mapuexpress las organizaciones que, junto a un equipo de apoyo, están trabajando para la adecuada realización de este 2do encuentro, cuyo objetivo es seguir potenciando el trabajo que las distintas redes han llevado a cabo, además de forjar nuevos lazos con organizaciones territoriales del Archipiélago de Chiloé.
En términos generales, la instancia facilitará reuniones sectoriales de las respectivas redes y espacios de ampliados – plenarias, así como espacios de talleres en áreas de comunicación, estrategias jurídicas, estrategias administrativas, creación colectiva, seguridad, entre otras materias.
La invitación es abierta a todas aquellas organizaciones que se sientan llamadas a conocer el trabajo que viene realizando cada red y así evaluar la posibilidad de integración.
Para dudas y confirmaciones favor escribir a centrodeestudioschiloe@gmail.com
 
¡Les esperamos!
Programa: (…)