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21 de mayo de 2018

I. El Estado en los países periféricos exportadores de naturaleza que conduce al estado de excepción.

El Estado mágico sigue ahí
Las continuidades y rupturas en
la historia del petroestado venezolano.
Marzo - Abril 2018

El Estado mágico. Naturaleza, dinero y modernidad en Venezuela, de Fernando Coronil (editado por Nueva Sociedad en 2002), es uno de los libros fundamentales para comprender Venezuela. Fue reeditado en 2013 por la editorial Alfa, de Caracas, y el prólogo de Edgardo Lander, que reproducimos casi en su totalidad, nos permite avanzar en un análisis de problemas actuales de Venezuela bajo la luz de un modelo rentista que se inició en la década de 1930 y perduró bajo la Revolución Bolivariana, que hoy se enfrenta a su momento más crítico.

Por Edgardo Lander
Nota: todas las referencias al libro corresponden a Fernando Coronil Ímber: El Estado mágico. Naturaleza, dinero y modernidad en Venezuela, Alfa, Caracas, 2013.
La modernidad y el olvido de la naturaleza y del espacio en la teoría social. (...)
 
El Estado en los países periféricos exportadores de naturaleza
Argumenta Coronil que la exclusión de la naturaleza tiene consecuencias importantes para las teorías tanto marxistas como liberales del Estado.
En la medida en que las teorías del Estado han presentado al Estado de las naciones capitalistas avanzadas como modelo general del Estado capitalista, los Estados de las sociedades capitalistas periféricas se han representado (...) como versiones truncas de este modelo; se identifican por un régimen de déficits, no por diferencias históricas. Pero una visión unificadora de la formación global de los Estados y del capitalismo muestra que todos los Estados nacionales se constituyen como mediadores de un orden que es simultáneamente nacional e internacional, político y territorial.
Esta diferencia histórica es producto de las ubicaciones que tienen estos Estados en la división internacional del trabajo y de la naturaleza. En el proceso de acumulación global del capital, la contribución principal de los países periféricos sometidos a relaciones coloniales y de control imperial no fue sobre todo la de la transferencia de valor, sino la de la transferencia de riqueza, esto es, la exportación de naturaleza. Esto tiene enormes consecuencias para los procesos de constitución de los Estados en estos países. Al caracterizar el Estado rentista de países periféricos cuya economía se basa fundamentalmente en la exportación de naturaleza, no se está simplemente añadiendo una característica adicional al modelo teórico del Estado: se está hablando de un modelo que, en muchos sentidos, se diferencia de lo que ha sido teorizado como el Estado en la sociedad capitalista. En los países capitalistas metropolitanos, los Estados se financian fundamentalmente mediante la retención de parte del valor creado por el trabajo sometido a las relaciones capitalistas (impuestos).

En este sentido, los Estados dependen de la sociedad, del conjunto de las relaciones sociales y sujetos que operan en ésta. Por el contrario, en los Estados periféricos exportadores de naturaleza, el Estado tiene como su fuente de ingreso principal la renta del suelo. Como terrateniente, dueño de la tierra y/o del subsuelo a nombre de la nación, retiene –en forma de renta– parte de la riqueza extraída de la naturaleza. Este rasgo, que comparten los petroestados con otros países periféricos monoexportadores de naturaleza, les proporciona un mayor grado de autonomía respecto a la sociedad, en la medida en que sus ingresos dependen menos del trabajo y de la creación de valor en su territorio nacional. Incorporar al análisis los tres elementos del proceso de creación de riqueza (naturaleza, trabajo, capital) «ayuda a ver al Estado terrateniente como un agente económico independiente y no como un mero actor político estructuralmente dependiente del capital». Este Estado terrateniente, aunque esté en una posición subalterna en el sistema mundo, puede llegar a tener un mayor grado de autonomía interna que el característico de los Estados metropolitanos y a colocarse de alguna manera sobre la sociedad.
La constitución del Estado mágico en Venezuela
Combinando, entre otros, los supuestos teóricos antes señalados y la sugerente imagen formulada por José Ignacio Cabrujas sobre el Estado en Venezuela, Coronil formula la noción del «Estado mágico» como mirada desde la cual aproximarse a desentrañar los procesos mediante los cuales se ha construido un modelo de Estado en Venezuela «como agente trascendente y unificador de la nación». De acuerdo con Cabrujas, la aparición del petróleo en Venezuela crea una especie de cosmogonía: la riqueza petrolera tuvo la fuerza de un mito, gracias al petróleo era posible pasar rápidamente del retraso a un desarrollo espectacular. En estas condiciones se constituye un Estado «providencial» que «no tiene nada que ver con nuestra realidad», sino que, por el contrario, se saca del sombrero de un prestidigitador. El Estado como brujo magnánimo capaz de lograr el milagro del progreso3.
 
En su recorrido por la Venezuela del siglo xx, Coronil destaca tres periodos como hitos históricos críticos en la formación de este Estado mágico y en el proceso de constitución de este como lugar central del poder político: los gobiernos dictatoriales de los generales Juan Vicente Gómez (1908-1935) y Marcos Pérez Jiménez (1952-1958) y el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez (1974-1979). Son tres periodos históricos que corresponden a significativos incrementos en el ingreso petrolero. El autor afirma que en la historiografía venezolana y en el metarrelato de la Venezuela democrática se ha establecido una ruptura antagónica entre un país dictatorial atrasado y otro democrático y «moderno». Con esta ruptura en la narrativa de la democracia se busca ocultar las extraordinarias continuidades que existen en el Estado venezolano desde su constitución como petroestado en la década de 1930, durante la dictadura del general Gómez, hasta nuestros días.
 
Coronil considera que «fue durante el régimen ‘tradicional’ de Gómez (...) cuando se tornó posible imaginar a Venezuela como una nación petrolera moderna, identificar al gobernante con el Estado y representar al Estado como agente de modernización». Ya en 1928, Venezuela se había convertido en el segundo productor de petróleo del mundo y en el primer país exportador. Gracias a esta riqueza petrolera, el Estado gomecista logró la apariencia de «agente transcendente y unificador de la nación». Con el monopolio no sólo de la violencia, sino también de la riqueza natural del país, el Estado aparece «como agente independiente capaz de imponer su dominio sobre la sociedad». Se establecen las bases de un Estado y un sistema político en los que las confrontaciones políticas y la lucha de clases se darían principalmente en torno del acceso al Estado como fuente primaria de riqueza.
Después de la transición que comienza con la muerte del dictador en 1935 y de la experiencia del trienio de Acción Democrática (ad) en que «el pueblo» aparece como referencia central, en la dictadura de Pérez Jiménez se busca reconceptualizar la relación entre Estado y pueblo.
El cuerpo social de la nación se convirtió de manera más evidente en beneficiario pasivo de su cuerpo natural, entendido ahora como la fuente fundamental de los poderes nacionales. (...) La naturaleza no apareció como actor social independiente, sino mediado por el Estado. Pero el Estado militar proclamaba representar a la nación directamente, sin la mediación del pueblo. (...) Este cambio supuso que el locus de la agencia histórica se desplazara sutil, pero perceptiblemente, del cuerpo social hacia el cuerpo natural, del pueblo a la naturaleza.

En el Nuevo Ideal Nacional del gobierno de Pérez Jiménez, la modernidad fue entendida como «una colección de grandes logros materiales» que, gracias a los elevados ingresos petroleros, permitió realizar grandes inversiones en infraestructura, industrias y servicios. Se privilegió la inversión pública por sobre la inversión privada, especialmente concentrada en grandes emprendimientos (en general asociados al enriquecimiento de altos funcionarios gubernamentales), como las industrias petroquímicas y siderúrgicas. La multiplicación por cuatro de los precios del petróleo en el inicio del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez establece las bases del discurso de la Gran Venezuela y el imaginario popular de la Venezuela saudita, tierra de abundancia sin límites, y se refuerza la centralidad del petroestado rentista. Este imaginario alcanza su máxima expresión en la nacionalización del petróleo.
Los estudios de caso que forman parte de los capítulos en los cuales el autor estudia ese gobierno evidencian las formas como opera este sistema político. A través de una aproximación en la cual entrelaza los procesos locales coyunturales (y la acción de los sujetos involucrados en estos procesos) con las tendencias que operan en el capitalismo global, logra enriquecer la comprensión de ambos procesos. Su análisis minucioso de las experiencias de la fábrica de tractores (Fanatracto) y de la política automotriz resulta extraordinariamente ilustrativo. Estos estudios le permiten a Coronil desentrañar la operación interna del petroestado rentista, en particular las contradicciones que se generan en el interior del gobierno a propósito del impulso de políticas de industrialización y la forma como la contradicción entre rentismo y producción de valor termina por hacer fracasar estos proyectos. Una nueva ilusión no cumplida del Estado mágico.
 
El intercambio fáustico de dinero por modernidad sólo trajo consigo la capacidad de producir la ilusión de producción: el dinero compró productos o fábricas modernas sólo capaces de generar una modernidad trunca. Al crear una estructura industrial bajo el manto protector de los petrodólares, los programas de modernización del general Pérez Jiménez y de Carlos Andrés Pérez fomentaron industrias que manifestaban una persistente tendencia a funcionar más como trampas para captar rentas petroleras que como medios creativos de producción de valor.
Pero el imaginario del Estado mágico, del Estado capaz de solucionar todos los problemas y de garantizar el progreso y la abundancia para todos, se rompe cuando la larga crisis que venía acumulándose durante los gobiernos de Luis Herrera Campins (1979-1984) y Jaime Lusinchi (1984-1989) finalmente estalla con el Gran Viraje, el ajuste neoliberal negociado por Carlos Andrés Pérez con el Fondo Monetario Internacional (fmi) al inicio de su segundo gobierno (1989-1993). Como reacción, se produce el Caracazo, en febrero y marzo de 1989, que representa, simbólicamente, la ruptura definitiva entre los sectores populares y los partidos y el Estado del Pacto de Punto Fijo4.
Estos acontecimientos marcaron la crisis del proyecto populista que había definido la relación entre pueblo y Estado desde 1936. Con el giro hacia las políticas de libre mercado y desmantelamiento del desarrollismo populista, el discurso dominante comenzó a presentar al pueblo ya no como virtuoso cimiento de la democracia, sino como una masa turbulenta y parásita que el Estado tenía que disciplinar y el mercado, tornar productiva.
Se acentúa el deterioro de las condiciones de vida de los sectores populares y se profundiza la polarización entre una elite privilegiada cada vez más internacionalizada y una mayoría empobrecida y alienada del sistema político. En estas condiciones de una sociedad severamente dividida (aunque esta división no fuese reconocida por las elites ni por el sistema político), se dan los intentos de golpe de Estado del año 1992, la destitución de Carlos Andrés Pérez y, finalmente, la elección de Hugo Chávez Frías como presidente en diciembre de 1998.
 
El Estado mágico, modernidad y naturaleza: retos actuales
El Estado mágico tiene mucho que aportar al debate sobre el proceso político venezolano actual, sobre temas centrales como el modelo de Estado, el papel del petróleo y las implicaciones del extractivismo rentista como modelo de sociedad, aunque este se denomine «socialista».
Como se señaló antes, de acuerdo con el autor, en el imaginario de la democracia en Venezuela se construyó una visión maniquea de lo primitivo y lo moderno que establece una separación o ruptura total entre los regímenes dictatoriales y los regímenes democráticos. De la misma manera, en el proceso actual, con la narrativa de la revolución y de la Quinta República, se busca definir el inicio de un nuevo momento histórico en el cual se borren por completo de la conciencia colectiva las continuidades que siguen operando, a pesar de todos los cambios ocurridos. Este olvido tiene que ver fundamentalmente con el modelo de Estado, de las relaciones entre sociedad y petroestado rentista y con las modalidades específicas de relación de esta sociedad con su entorno natural, con el petróleo. Este es un olvido que, en la medida en que se instale en la conciencia colectiva porque estaríamos en otro tiempo histórico, en tiempos de Revolución Bolivariana, que nada tendría que ver con el pasado, nos negaría la posibilidad misma de entender qué ocurre en el país, así como la posibilidad de imaginar futuros alternativos a este modelo societal petroestatal.
La certificación de las reservas de hidrocarburos de la Faja Petrolífera del Orinoco como las mayores del planeta le ha dado un nuevo y vigoroso impulso a la idea de que el petróleo garantizará un futuro de progreso, prosperidad y abundancia. El imaginario de la Gran Venezuela es ahora reemplazado por el de la Venezuela Gran Potencia Petrolera. La idea de «sembrar el petróleo», tradicionalmente entendida como el ideal nunca realizado de utilizar los recursos provenientes de la renta petrolera para el desarrollo de otras actividades productivas, es trastocado y convertido en la utilización de esa renta para realizar las masivas inversiones requeridas para aumentar la producción e incrementar la dependencia en la producción y exportación de petróleo. Entre los años 2010 y 2012 el petróleo significó entre 95% o 96% del valor total de las exportaciones del país, junto con una reducción significativa de las exportaciones no petroleras tanto en términos absolutos como relativos. En 1998, las exportaciones no petroleras fueron de 5.529 millones de dólares; para 2011, estas habían descendido a 4.679 millones. Entre esos años las exportaciones privadas, casi exclusivamente no petroleras, se redujeron a la mitad (pasaron de 4.162 millones en 1998 a 2.131 millones en 2011). En el mismo periodo, la participación del sector industrial en el pib bajó de 17,4% a 14,5%5.
A 14 años de la Revolución Bolivariana, Venezuela es más rentista que nunca. El Estado recuperó su sitial en el centro de la escena nacional. Este, con su renta petrolera –según el discurso oficial–, tendrá nuevamente la capacidad de llevar a la sociedad venezolana hacia el progreso y la abundancia. A estas relaciones ya tradicionales entre petroestado y sociedad se añade ahora un nuevo y esencial componente. En ausencia de un debate crítico sobre la experiencia del socialismo del siglo xx, se declara como meta del proceso bolivariano el «socialismo del siglo xxi», y se postula la necesidad de un partido único de la revolución. Con esto, a pesar del contenido de la Constitución, tiende a asociarse socialismo con más Estado. Las empresas estatizadas pasan, por ese solo hecho, a ser denominadas «empresas socialistas». El petroestado se convierte así en la vanguardia que dirige la transformación social y su fortalecimiento deviene en expresión del avance de la «transición hacia el socialismo». A diferencia de las experiencias socialistas del siglo pasado, se establece un nuevo tipo de relación entre Estado y partido. En lugar de existir un partido revolucionario que controle al Estado, desde el petroestado se ha creado, financiado y dirigido al partido. Como modelo, sigue predominando una razón de Estado en la que éste es identificado con la nación, con el pueblo y con el bien común, y es en consecuencia el lugar donde tienen necesariamente que concentrarse todas las iniciativas y principales decisiones. Esto descarta, niega, mutila, la única forma en la cual es posible la transformación democrática de la sociedad: amplios, variados, múltiples procesos de experimentación social autónomos, que surjan de la diversidad de las prácticas, de las memorias y los proyectos de los diferentes pueblos, sectores sociales, regiones y culturas del país.
El Gran Consenso Petrolero Nacional de identificación cuasi ontológica de la nación con el petróleo quedó nuevamente sellado con las elecciones presidenciales de 2012. A pesar de los profundos contrastes en prácticamente todos los otros asuntos referidos al modelo de país que se propone en los programas de las campañas electorales, gobierno y oposición tienen un punto medular de extraordinaria coincidencia: la propuesta de duplicar la producción petrolera para llevarla a seis millones de barriles diarios para finales del periodo presidencial 2013-20196.
Han sido reiteradas las referencias de Chávez y en los documentos de políticas públicas de estos años a la necesidad de salir de la lógica rentista y monoproductora de petróleo. Estas se reiteran en el programa electoral presentado por Chávez para las elecciones presidenciales de octubre de 2012, donde se señala: «No nos llamemos a engaño: la formación socioeconómica que todavía prevalece en Venezuela es de carácter capitalista y rentista»7. En consecuencia, se formula la necesidad de: «Propulsar la transformación del sistema económico, en función de la transición al socialismo bolivariano, trascendiendo el modelo rentista petrolero capitalista hacia el modelo económico productivo socialista, basado en el desarrollo de las fuerzas productivas»8.
Igualmente, en reconocimiento de la severidad de la crisis ambiental planetaria, uno de los cinco Grandes Objetivos Históricos que se formulan en este plan consiste en «preservar la vida en el planeta y preservar la especie humana». Esto está precisado en los siguientes términos:
Construir e impulsar el modelo económico productivo eco-socialista, basado en una relación armónica entre el hombre y la naturaleza, que garantice el uso y aprovechamiento racional, óptimo y sostenible de los recursos naturales, respetando los procesos y ciclos de la naturaleza. Proteger y defender la soberanía permanente del Estado sobre los recursos naturales para el beneficio supremo de nuestro Pueblo, que será su principal garante. Contribuir a la conformación de un gran movimiento mundial para contener las causas y reparar los efectos del cambio climático que ocurren como consecuencia del modelo capitalista depredador.9
Sin embargo, y muy contradictoriamente, otro de los grandes objetivos del plan consiste en «consolidar el papel de Venezuela como potencia energética mundial»10. Para ello propone, como ya se señaló, duplicar los niveles de producción petrolera, especialmente mediante la expansión de la producción en la Faja del Orinoco, para llevarla a 4 millones de barriles diarios, y una inmensa expansión en la explotación de gas para llegar a 11.947 millones de pies cúbicos diarios (mmpcd) en 2019.
Con esta extraordinaria expansión, que requiere elevadísimos montos de inversión y tecnologías con las cuales no cuenta el país, no solo se acentúa a largo plazo la dependencia de la economía venezolana del petróleo, sino que igualmente se amplía la participación de corporaciones petroleras transnacionales, públicas y privadas, en el negocio petrolero venezolano. En muchos de los contratos mediante los cuales se obtuvieron masivos créditos por parte de China se establece que estos serán pagados con petróleo. Esto implica que solo para mantener a futuro los actuales niveles de ingresos fiscales, el Estado venezolano no tendría margen de juego y estaría comprometido a largo plazo a aumentar los niveles de producción y exportación de crudo.
Desde el punto de vista del impacto socioambiental, las consecuencias de este salto en los niveles de producción serían, con toda seguridad, mucho más severos que los devastadores efectos que ha tenido un siglo de producción petrolera en el país, especialmente en el lago de Maracaibo –el mayor de América Latina–, convertido tanto por las empresas transnacionales como por la empresa estatal de petróleo en «área de sacrificio», en uno de los daños ambientales «colaterales» de mayor escala en la producción petrolífera en todo el planeta. Los depósitos de la Faja del Orinoco están compuestos por petróleos pesados y extrapesados y arenas hidrocarburíferas cuya explotación requiere descomunales volúmenes de agua y genera mucho más desechos tóxicos que la explotación de petróleos más livianos. El país (así como el continente y el planeta) corre el riesgo de que el extraordinario sistema fluvial del Orinoco y su delta sufran las mismas consecuencias que el lago de Maracaibo.
De esta manera, este proyecto político no puede desprenderse, ni puede siquiera imaginar la posibilidad de desprenderse, de la lógica del petroestado rentista y del imaginario reciclado de la Gran Venezuela. En este programa, lo revolucionario no es alterar la relación de la sociedad venezolana con el petróleo. Lo revolucionario no es otra forma de entender la relación de la sociedad con la naturaleza. Por el contrario, lo revolucionario es profundizar la lógica rentista y el papel del Estado en su función de gran decisor y redistribuidor de la renta. De acuerdo con este programa de gobierno, lo que define el carácter revolucionario de la política petrolera está dado por tres criterios: el Estado captura la renta, se maximiza el valor que se obtiene de esta renta y estos ingresos son utilizados en beneficio del pueblo.
Por último, nuestra política petrolera debe ser revolucionaria, lo cual tiene que ver con quién captura la renta petrolera, cómo se capta y cómo se distribuye. Según esta visión, no cabe duda de que debe ser el Estado quien controle y capture la renta petrolera, sobre la base de mecanismos que maximicen su valor, para distribuirla en beneficio del pueblo, procurando el desarrollo social integral del país, en condiciones más justas y equitativas. Este es el elemento –se argumenta– que nos diferenciaría de cualquier otra política petrolera11.
El imaginario del progreso, del papel del petróleo como la palanca que garantizará la modernización del país bajo la dirección del Estado, tiene aquí una extraordinaria continuidad. El siguiente texto de Carlos Andrés Pérez en el acto de nacionalización del petróleo podría fácilmente ser confundido como expresión del sentido común del imaginario bolivariano de esta nueva ilusión de Venezuela como gran potencia:
El petróleo venezolano ha de ser instrumento de integración latinoamericana, factor de seguridad mundial, de progreso humano, de justicia internacional y de equilibrada interdependencia económica. Ha de ser también un símbolo de la independencia de Venezuela, de la voluntad nacional y una afirmación de su capacidad creadora como pueblo y como nación. El petróleo venezolano es un encuentro con nuestro destino. Ningún sitio mejor para expresarlo que en presencia de Simón Bolívar, quien nos enseñó a creer en nuestro pueblo y supo luchar para demostrar de lo que somos capaces.12
 
La confluencia de la lógica del Estado mágico con la lógica leninista de estatismo y vanguardismo y el estilo carismático/mesiánico del liderazgo de Chávez entra en contradicción, y una y otra vez bloquea el avance de los muy extendidos procesos de participación y organización autónoma de los sectores populares. Es sistemática la dependencia de que «bajen» los recursos del Estado para los proyectos de las comunidades. Se instala una cultura política de culto al «comandante-presidente», a «nuestro líder», hay referencias permanentes a que se hace algo porque «Chávez mandó», o a «órdenes que tienen que ser obedecidas». Se ha afirmado públicamente que la decisión de definir el proceso bolivariano como socialista la tomó Chávez en soledad. Y todo esto no puede sino socavar la construcción de una cultura democrática, en la medida en que se hace conciencia colectiva el que por más organización social que se construya, todas las decisiones más importantes se toman en otra parte.

Sobre la base de la misma relación con la naturaleza y sobre el mismo modelo de petroestado rentista, no es posible producir transformaciones significativas en la sociedad venezolana. Se puede crear un modelo de capitalismo de Estado en el cual la renta esté mejor distribuida y esté dirigida prioritariamente a los sectores sociales antes excluidos. Se pueden lograr mayores niveles de equidad y de reducción de la exclusión, pero no se puede generar la capacidad político-organizativa y productiva del conjunto de la sociedad requerida para su transformación. Por esta vía se continuará devastando la naturaleza y estará negada la posibilidad de hacer realidad la república pluricultural de la cual habla la Constitución.

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