El
Estado mágico sigue ahí
Las continuidades y rupturas en
la historia del petroestado venezolano.
Marzo - Abril 2018
El Estado
mágico. Naturaleza, dinero y modernidad en Venezuela, de
Fernando Coronil (editado por Nueva Sociedad en 2002), es uno de los
libros fundamentales para comprender Venezuela. Fue reeditado en 2013
por la editorial Alfa, de Caracas, y el prólogo de Edgardo Lander, que
reproducimos casi en su totalidad, nos permite avanzar en un análisis de
problemas actuales de Venezuela bajo la luz de un modelo rentista que se
inició en la década de 1930 y perduró bajo la Revolución Bolivariana,
que hoy se enfrenta a su momento más crítico.
Por Edgardo
Lander
Nota:
todas las referencias al libro corresponden a Fernando Coronil
Ímber: El
Estado mágico. Naturaleza, dinero y modernidad en Venezuela, Alfa, Caracas, 2013.
La modernidad y el olvido de la naturaleza y del espacio en la teoría social. (...)
La modernidad y el olvido de la naturaleza y del espacio en la teoría social. (...)
El Estado en los países periféricos
exportadores de naturaleza
Argumenta Coronil que la exclusión de la
naturaleza tiene consecuencias importantes para las teorías tanto
marxistas como liberales del Estado.
En la medida en que las teorías del Estado han
presentado al Estado de las naciones capitalistas avanzadas como modelo
general del Estado capitalista, los Estados de las sociedades
capitalistas periféricas se han representado (...) como versiones
truncas de este modelo; se identifican por un régimen de déficits, no
por diferencias históricas.
Pero una visión unificadora de la formación global de los
Estados y del capitalismo muestra que todos los Estados nacionales se
constituyen como mediadores de un orden que es simultáneamente nacional
e internacional, político y territorial.
Esta diferencia histórica es producto de las ubicaciones que tienen estos Estados en la división internacional del trabajo y de la naturaleza. En el proceso de acumulación global del capital, la contribución principal de los países periféricos sometidos a relaciones coloniales y de control imperial no fue sobre todo la de la transferencia de valor, sino la de la transferencia de riqueza, esto es, la exportación de naturaleza. Esto tiene enormes consecuencias para los procesos de constitución de los Estados en estos países. Al caracterizar el Estado rentista de países periféricos cuya economía se basa fundamentalmente en la exportación de naturaleza, no se está simplemente añadiendo una característica adicional al modelo teórico del Estado: se está hablando de un modelo que, en muchos sentidos, se diferencia de lo que ha sido teorizado como el Estado en la sociedad capitalista. En los países capitalistas metropolitanos, los Estados se financian fundamentalmente mediante la retención de parte del valor creado por el trabajo sometido a las relaciones capitalistas (impuestos).En este sentido, los Estados dependen de la sociedad, del conjunto de las relaciones sociales y sujetos que operan en ésta. Por el contrario, en los Estados periféricos exportadores de naturaleza, el Estado tiene como su fuente de ingreso principal la renta del suelo. Como terrateniente, dueño de la tierra y/o del subsuelo a nombre de la nación, retiene –en forma de renta– parte de la riqueza extraída de la naturaleza. Este rasgo, que comparten los petroestados con otros países periféricos monoexportadores de naturaleza, les proporciona un mayor grado de autonomía respecto a la sociedad, en la medida en que sus ingresos dependen menos del trabajo y de la creación de valor en su territorio nacional. Incorporar al análisis los tres elementos del proceso de creación de riqueza (naturaleza, trabajo, capital) «ayuda a ver al Estado terrateniente como un agente económico independiente y no como un mero actor político estructuralmente dependiente del capital». Este Estado terrateniente, aunque esté en una posición subalterna en el sistema mundo, puede llegar a tener un mayor grado de autonomía interna que el característico de los Estados metropolitanos y a colocarse de alguna manera sobre la sociedad.
La constitución del Estado mágico en
Venezuela
Combinando, entre otros, los supuestos teóricos
antes señalados y la sugerente imagen formulada por José Ignacio
Cabrujas sobre el Estado en Venezuela, Coronil formula la noción del
«Estado mágico» como mirada desde la cual aproximarse a desentrañar los
procesos mediante los cuales se ha construido un modelo de Estado en
Venezuela «como agente trascendente y unificador de la nación». De
acuerdo con Cabrujas, la aparición del petróleo en Venezuela crea una
especie de cosmogonía: la riqueza petrolera tuvo la fuerza de un mito,
gracias al petróleo era posible pasar rápidamente del retraso a un
desarrollo espectacular. En estas condiciones se constituye un Estado
«providencial» que «no tiene nada que ver con nuestra realidad», sino
que, por el contrario, se saca del sombrero de un prestidigitador. El
Estado como brujo magnánimo capaz de lograr el milagro del progreso3.
En su recorrido por la Venezuela del siglo xx,
Coronil destaca tres periodos como hitos históricos críticos en la
formación de este Estado mágico y en el proceso de constitución de este
como lugar central del poder político: los gobiernos dictatoriales de
los generales Juan Vicente Gómez (1908-1935) y Marcos Pérez Jiménez
(1952-1958) y el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez (1974-1979). Son
tres periodos históricos que corresponden a significativos incrementos
en el ingreso petrolero. El autor afirma que en la historiografía
venezolana y en el metarrelato de la Venezuela democrática se ha
establecido una ruptura antagónica entre un país dictatorial atrasado y
otro democrático y «moderno».
Con esta ruptura en la narrativa de la
democracia se busca ocultar las extraordinarias continuidades que
existen en el Estado venezolano desde su constitución como petroestado
en la década de 1930, durante la dictadura del general Gómez, hasta
nuestros días.
Coronil considera que «fue durante el régimen
‘tradicional’ de Gómez (...) cuando se tornó posible imaginar a
Venezuela como una nación petrolera moderna, identificar al gobernante
con el Estado y representar al Estado como agente de modernización». Ya
en 1928, Venezuela se había convertido en el segundo productor de
petróleo del mundo y en el primer país exportador. Gracias a esta
riqueza petrolera, el Estado gomecista logró la apariencia de «agente
transcendente y unificador de la nación». Con el monopolio no sólo de la
violencia, sino también de la riqueza natural del país, el Estado
aparece «como agente independiente capaz de imponer su dominio sobre la
sociedad».
Se establecen las bases de un
Estado y un sistema político en los que las confrontaciones políticas y
la lucha de clases se darían principalmente en torno del acceso al
Estado como fuente primaria de riqueza.
Después de la transición que comienza con la
muerte del dictador en 1935 y de la experiencia del trienio de Acción
Democrática (ad)
en que «el pueblo» aparece como referencia central, en la dictadura de
Pérez Jiménez se busca reconceptualizar la relación entre Estado y
pueblo.
El cuerpo social de la nación se convirtió de manera más evidente en beneficiario pasivo de su cuerpo natural, entendido ahora como la fuente fundamental de los poderes nacionales. (...) La naturaleza no apareció como actor social independiente, sino mediado por el Estado. Pero el Estado militar proclamaba representar a la nación directamente, sin la mediación del pueblo. (...) Este cambio supuso que el locus de la agencia histórica se desplazara sutil, pero perceptiblemente, del cuerpo social hacia el cuerpo natural, del pueblo a la naturaleza.En el Nuevo Ideal Nacional del gobierno de Pérez Jiménez, la modernidad fue entendida como «una colección de grandes logros materiales» que, gracias a los elevados ingresos petroleros, permitió realizar grandes inversiones en infraestructura, industrias y servicios. Se privilegió la inversión pública por sobre la inversión privada, especialmente concentrada en grandes emprendimientos (en general asociados al enriquecimiento de altos funcionarios gubernamentales), como las industrias petroquímicas y siderúrgicas. La multiplicación por cuatro de los precios del petróleo en el inicio del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez establece las bases del discurso de la Gran Venezuela y el imaginario popular de la Venezuela saudita, tierra de abundancia sin límites, y se refuerza la centralidad del petroestado rentista. Este imaginario alcanza su máxima expresión en la nacionalización del petróleo.
Los estudios de caso que forman parte de los
capítulos en los cuales el autor estudia ese gobierno evidencian las
formas como opera este sistema político. A través de una aproximación en
la cual entrelaza los procesos locales coyunturales (y la acción de los
sujetos involucrados en estos procesos) con las tendencias que operan en
el capitalismo global, logra enriquecer la comprensión de ambos
procesos. Su análisis minucioso de las experiencias de la fábrica de
tractores (Fanatracto) y de la política automotriz resulta
extraordinariamente ilustrativo. Estos estudios le permiten a Coronil
desentrañar la operación interna del petroestado rentista, en particular
las contradicciones que se generan en el interior del gobierno a
propósito del impulso de políticas de industrialización y la forma como
la contradicción entre rentismo y producción de valor termina por hacer
fracasar estos proyectos. Una nueva ilusión no cumplida del Estado
mágico.
El intercambio fáustico de dinero por
modernidad sólo trajo consigo la capacidad de producir la ilusión de
producción: el dinero compró productos o fábricas modernas sólo capaces
de generar una modernidad trunca. Al crear una estructura industrial
bajo el manto protector de los petrodólares, los programas de
modernización del general Pérez Jiménez y de Carlos Andrés Pérez
fomentaron industrias que manifestaban una persistente tendencia a
funcionar más como trampas para captar rentas petroleras que como medios
creativos de producción de valor.
Pero el imaginario del Estado mágico, del Estado capaz de solucionar todos los problemas y de garantizar el progreso y la abundancia para todos, se rompe cuando la larga crisis que venía acumulándose durante los gobiernos de Luis Herrera Campins (1979-1984) y Jaime Lusinchi (1984-1989) finalmente estalla con el Gran Viraje, el ajuste neoliberal negociado por Carlos Andrés Pérez con el Fondo Monetario Internacional (fmi) al inicio de su segundo gobierno (1989-1993). Como reacción, se produce el Caracazo, en febrero y marzo de 1989, que representa, simbólicamente, la ruptura definitiva entre los sectores populares y los partidos y el Estado del Pacto de Punto Fijo4.
Estos acontecimientos marcaron la
crisis del proyecto populista que había definido la relación entre
pueblo y Estado desde 1936. Con el giro hacia las políticas de libre
mercado y desmantelamiento del desarrollismo populista, el discurso
dominante comenzó a presentar al pueblo ya no como virtuoso cimiento de
la democracia, sino como una masa turbulenta y parásita que el Estado
tenía que disciplinar y el mercado, tornar productiva.
Se acentúa el deterioro de las condiciones de
vida de los sectores populares y se profundiza la polarización entre una
elite privilegiada cada vez más internacionalizada y una mayoría
empobrecida y alienada del sistema político. En estas condiciones de una
sociedad severamente dividida (aunque esta división no fuese reconocida
por las elites ni por el sistema político), se dan los intentos de golpe
de Estado del año 1992, la destitución de Carlos Andrés Pérez y,
finalmente, la elección de Hugo Chávez Frías como presidente en
diciembre de 1998.
El Estado mágico, modernidad y
naturaleza: retos actuales
El Estado mágico tiene mucho que aportar al debate sobre el proceso político
venezolano actual, sobre temas centrales como el modelo de Estado, el
papel del petróleo y las implicaciones del extractivismo rentista como
modelo de sociedad, aunque este se denomine «socialista».
Como se señaló antes, de acuerdo con el autor, en el imaginario de la democracia en Venezuela se construyó una visión maniquea de lo primitivo y lo moderno que establece una separación o ruptura total entre los regímenes dictatoriales y los regímenes democráticos. De la misma manera, en el proceso actual, con la narrativa de la revolución y de la Quinta República, se busca definir el inicio de un nuevo momento histórico en el cual se borren por completo de la conciencia colectiva las continuidades que siguen operando, a pesar de todos los cambios ocurridos. Este olvido tiene que ver fundamentalmente con el modelo de Estado, de las relaciones entre sociedad y petroestado rentista y con las modalidades específicas de relación de esta sociedad con su entorno natural, con el petróleo. Este es un olvido que, en la medida en que se instale en la conciencia colectiva porque estaríamos en otro tiempo histórico, en tiempos de Revolución Bolivariana, que nada tendría que ver con el pasado, nos negaría la posibilidad misma de entender qué ocurre en el país, así como la posibilidad de imaginar futuros alternativos a este modelo societal petroestatal.
La certificación de las reservas de
hidrocarburos de la Faja Petrolífera del Orinoco como las mayores del
planeta le ha dado un nuevo y vigoroso impulso a la idea de que el
petróleo garantizará un futuro de progreso, prosperidad y abundancia. El
imaginario de la Gran Venezuela es
ahora reemplazado por el de la Venezuela Gran Potencia Petrolera. La
idea de «sembrar el petróleo», tradicionalmente entendida como el ideal
nunca realizado de utilizar los recursos provenientes de la renta
petrolera para el desarrollo de otras actividades productivas, es
trastocado y convertido en la utilización de esa renta para realizar las
masivas inversiones requeridas para aumentar la producción e incrementar
la dependencia en la producción y exportación de petróleo. Entre los
años 2010 y 2012 el petróleo significó entre 95% o 96% del valor total
de las exportaciones del país, junto con una reducción significativa de
las exportaciones no petroleras tanto en términos absolutos como
relativos. En 1998, las exportaciones no petroleras fueron de 5.529
millones de dólares; para 2011, estas habían descendido a 4.679
millones. Entre esos años las exportaciones privadas, casi
exclusivamente no petroleras, se redujeron a la mitad (pasaron de 4.162
millones en 1998 a 2.131 millones en 2011). En el mismo periodo, la
participación del sector industrial en el pib bajó
de 17,4% a 14,5%5.
A 14 años de la Revolución Bolivariana, Venezuela es más rentista que nunca. El Estado recuperó su sitial en el centro de la escena nacional. Este, con su renta petrolera –según el discurso oficial–, tendrá nuevamente la capacidad de llevar a la sociedad venezolana hacia el progreso y la abundancia. A estas relaciones ya tradicionales entre petroestado y sociedad se añade ahora un nuevo y esencial componente. En ausencia de un debate crítico sobre la experiencia del socialismo del siglo xx, se declara como meta del proceso bolivariano el «socialismo del siglo xxi», y se postula la necesidad de un partido único de la revolución. Con esto, a pesar del contenido de la Constitución, tiende a asociarse socialismo con más Estado. Las empresas estatizadas pasan, por ese solo hecho, a ser denominadas «empresas socialistas». El petroestado se convierte así en la vanguardia que dirige la transformación social y su fortalecimiento deviene en expresión del avance de la «transición hacia el socialismo». A diferencia de las experiencias socialistas del siglo pasado, se establece un nuevo tipo de relación entre Estado y partido. En lugar de existir un partido revolucionario que controle al Estado, desde el petroestado se ha creado, financiado y dirigido al partido. Como modelo, sigue predominando una razón de Estado en la que éste es identificado con la nación, con el pueblo y con el bien común, y es en consecuencia el lugar donde tienen necesariamente que concentrarse todas las iniciativas y principales decisiones. Esto descarta, niega, mutila, la única forma en la cual es posible la transformación democrática de la sociedad: amplios, variados, múltiples procesos de experimentación social autónomos, que surjan de la diversidad de las prácticas, de las memorias y los proyectos de los diferentes pueblos, sectores sociales, regiones y culturas del país.
El Gran Consenso Petrolero Nacional de
identificación cuasi ontológica de la nación con el petróleo quedó
nuevamente sellado con las elecciones presidenciales de 2012. A pesar de
los profundos contrastes en prácticamente todos los otros asuntos
referidos al modelo de país que se propone en los programas de las
campañas electorales, gobierno y oposición tienen un punto medular de
extraordinaria coincidencia: la propuesta de duplicar la producción
petrolera para llevarla a seis millones de barriles diarios para finales
del periodo presidencial 2013-20196.
Han sido reiteradas las referencias de Chávez y
en los documentos de políticas públicas de estos años a la necesidad de
salir de la lógica rentista y monoproductora de petróleo. Estas se
reiteran en el programa electoral presentado por Chávez para las
elecciones presidenciales de octubre de 2012, donde se señala: «No nos
llamemos a engaño: la formación socioeconómica que todavía prevalece en
Venezuela es de carácter capitalista y rentista»7.
En consecuencia, se formula la necesidad de: «Propulsar la
transformación del sistema económico, en función de la transición al
socialismo bolivariano, trascendiendo el modelo rentista petrolero
capitalista hacia el modelo económico productivo socialista, basado en
el desarrollo de las fuerzas productivas»8.
Igualmente, en reconocimiento de la severidad
de la crisis ambiental planetaria, uno de los cinco Grandes Objetivos
Históricos que se formulan en este plan consiste en «preservar la vida
en el planeta y preservar la especie humana». Esto está precisado en los
siguientes términos:
Construir e impulsar el modelo económico
productivo eco-socialista, basado en una relación armónica entre el
hombre y la naturaleza, que garantice el uso y aprovechamiento racional,
óptimo y sostenible de los recursos naturales, respetando los procesos y
ciclos de la naturaleza. Proteger y defender la soberanía permanente del
Estado sobre los recursos naturales para el beneficio supremo de nuestro
Pueblo, que será su principal garante. Contribuir a la conformación de
un gran movimiento mundial para contener las causas y reparar los
efectos del cambio climático que ocurren como consecuencia del modelo
capitalista depredador.9
Sin embargo, y muy contradictoriamente, otro de
los grandes objetivos del plan consiste en «consolidar el papel de
Venezuela como potencia energética mundial»10.
Para ello propone, como ya se señaló, duplicar los niveles de producción
petrolera, especialmente mediante la expansión de la producción en la
Faja del Orinoco, para llevarla a 4 millones de barriles diarios, y una
inmensa expansión en la explotación de gas para llegar a 11.947 millones
de pies cúbicos diarios (mmpcd)
en 2019.
Con esta extraordinaria expansión, que requiere
elevadísimos montos de inversión y tecnologías con las cuales no cuenta
el país, no solo se acentúa a largo plazo la dependencia de la economía
venezolana del petróleo, sino que igualmente se amplía la participación
de corporaciones petroleras transnacionales, públicas y privadas, en el
negocio petrolero venezolano. En muchos
de los contratos mediante los cuales se obtuvieron masivos créditos por
parte de China se establece que estos serán pagados con petróleo. Esto
implica que solo para mantener a futuro los actuales niveles de ingresos
fiscales, el Estado venezolano no tendría margen de juego y estaría
comprometido a largo plazo a aumentar los niveles de producción y
exportación de crudo.
Desde el punto de vista del impacto
socioambiental, las consecuencias de este salto en los niveles de
producción serían, con toda seguridad, mucho más severos que los
devastadores efectos que ha tenido un siglo de producción petrolera en
el país, especialmente en el lago de Maracaibo –el mayor de América
Latina–, convertido tanto por las empresas transnacionales como por la
empresa estatal de petróleo en «área de sacrificio», en uno de los daños
ambientales «colaterales» de mayor escala en la producción petrolífera
en todo el planeta. Los depósitos de la Faja del Orinoco están
compuestos por petróleos pesados y extrapesados y arenas
hidrocarburíferas cuya explotación requiere descomunales volúmenes de
agua y genera mucho más desechos tóxicos que la explotación de petróleos
más livianos. El país (así como el continente y el planeta) corre el
riesgo de que el extraordinario sistema fluvial del Orinoco y su delta
sufran las mismas consecuencias que el lago de Maracaibo.
De esta manera, este proyecto político no puede desprenderse, ni puede siquiera imaginar la posibilidad de desprenderse, de la lógica del petroestado rentista y del imaginario reciclado de la Gran Venezuela. En este programa, lo revolucionario no es alterar la relación de la sociedad venezolana con el petróleo. Lo revolucionario no es otra forma de entender la relación de la sociedad con la naturaleza. Por el contrario, lo revolucionario es profundizar la lógica rentista y el papel del Estado en su función de gran decisor y redistribuidor de la renta. De acuerdo con este programa de gobierno, lo que define el carácter revolucionario de la política petrolera está dado por tres criterios: el Estado captura la renta, se maximiza el valor que se obtiene de esta renta y estos ingresos son utilizados en beneficio del pueblo.
Por último, nuestra política petrolera debe ser
revolucionaria, lo cual tiene que ver con quién captura la renta
petrolera, cómo se capta y cómo se distribuye. Según esta visión, no
cabe duda de que debe ser el Estado quien controle y capture la renta
petrolera, sobre la base de mecanismos que maximicen su valor, para
distribuirla en beneficio del pueblo, procurando el desarrollo social
integral del país, en condiciones más justas y equitativas. Este es el
elemento –se argumenta– que nos diferenciaría de cualquier otra política
petrolera11.
El imaginario del progreso, del papel del petróleo como la
palanca que garantizará la modernización del país bajo la dirección del
Estado, tiene aquí una extraordinaria continuidad. El siguiente texto de Carlos Andrés Pérez en
el acto de nacionalización del petróleo podría fácilmente ser confundido
como expresión del sentido común del imaginario bolivariano de esta
nueva ilusión de Venezuela como gran potencia:
El petróleo venezolano ha de ser instrumento de
integración latinoamericana, factor de seguridad mundial, de progreso
humano, de justicia internacional y de equilibrada interdependencia
económica. Ha de ser también un símbolo de la independencia de
Venezuela, de la voluntad nacional y una afirmación de su capacidad
creadora como pueblo y como nación. El petróleo venezolano es un
encuentro con nuestro destino. Ningún sitio mejor para expresarlo que en
presencia de Simón Bolívar, quien nos enseñó a creer en nuestro pueblo y
supo luchar para demostrar de lo que somos capaces.12
La confluencia de la lógica del Estado mágico
con la lógica leninista de estatismo y vanguardismo y el estilo
carismático/mesiánico del liderazgo de Chávez entra en contradicción, y
una y otra vez bloquea el avance de los muy extendidos procesos de
participación y organización autónoma de los sectores populares. Es
sistemática la dependencia de que «bajen» los recursos del Estado para
los proyectos de las comunidades. Se instala una cultura política de
culto al «comandante-presidente», a «nuestro líder», hay referencias
permanentes a que se hace algo porque «Chávez mandó», o a «órdenes que
tienen que ser obedecidas». Se ha afirmado públicamente que la decisión
de definir el proceso bolivariano como socialista la tomó Chávez en
soledad. Y todo esto no puede sino socavar la construcción de una
cultura democrática, en la medida en que se hace conciencia colectiva el
que por más organización social que se construya, todas las decisiones
más importantes se toman en otra parte.
Sobre la base de la misma relación con la
naturaleza y sobre el mismo modelo de petroestado rentista, no es
posible producir transformaciones significativas en la sociedad
venezolana. Se puede crear un modelo de capitalismo de Estado en el cual
la renta esté mejor distribuida y esté dirigida prioritariamente a los
sectores sociales antes excluidos. Se pueden lograr mayores niveles de
equidad y de reducción de la exclusión,
pero no se puede generar la
capacidad político-organizativa y productiva del conjunto de la sociedad
requerida para su transformación. Por esta vía se continuará devastando
la naturaleza y estará negada la posibilidad de hacer realidad la
república pluricultural de la cual habla la Constitución.
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