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21 de mayo de 2018

I. El Estado en los países periféricos exportadores de naturaleza que conduce al estado de excepción.

El Estado mágico sigue ahí
Las continuidades y rupturas en
la historia del petroestado venezolano.
Marzo - Abril 2018

El Estado mágico. Naturaleza, dinero y modernidad en Venezuela, de Fernando Coronil (editado por Nueva Sociedad en 2002), es uno de los libros fundamentales para comprender Venezuela. Fue reeditado en 2013 por la editorial Alfa, de Caracas, y el prólogo de Edgardo Lander, que reproducimos casi en su totalidad, nos permite avanzar en un análisis de problemas actuales de Venezuela bajo la luz de un modelo rentista que se inició en la década de 1930 y perduró bajo la Revolución Bolivariana, que hoy se enfrenta a su momento más crítico.

Por Edgardo Lander
Nota: todas las referencias al libro corresponden a Fernando Coronil Ímber: El Estado mágico. Naturaleza, dinero y modernidad en Venezuela, Alfa, Caracas, 2013.
La modernidad y el olvido de la naturaleza y del espacio en la teoría social. (...)
 
El Estado en los países periféricos exportadores de naturaleza
Argumenta Coronil que la exclusión de la naturaleza tiene consecuencias importantes para las teorías tanto marxistas como liberales del Estado.
En la medida en que las teorías del Estado han presentado al Estado de las naciones capitalistas avanzadas como modelo general del Estado capitalista, los Estados de las sociedades capitalistas periféricas se han representado (...) como versiones truncas de este modelo; se identifican por un régimen de déficits, no por diferencias históricas. Pero una visión unificadora de la formación global de los Estados y del capitalismo muestra que todos los Estados nacionales se constituyen como mediadores de un orden que es simultáneamente nacional e internacional, político y territorial.
Esta diferencia histórica es producto de las ubicaciones que tienen estos Estados en la división internacional del trabajo y de la naturaleza. En el proceso de acumulación global del capital, la contribución principal de los países periféricos sometidos a relaciones coloniales y de control imperial no fue sobre todo la de la transferencia de valor, sino la de la transferencia de riqueza, esto es, la exportación de naturaleza. Esto tiene enormes consecuencias para los procesos de constitución de los Estados en estos países. Al caracterizar el Estado rentista de países periféricos cuya economía se basa fundamentalmente en la exportación de naturaleza, no se está simplemente añadiendo una característica adicional al modelo teórico del Estado: se está hablando de un modelo que, en muchos sentidos, se diferencia de lo que ha sido teorizado como el Estado en la sociedad capitalista. En los países capitalistas metropolitanos, los Estados se financian fundamentalmente mediante la retención de parte del valor creado por el trabajo sometido a las relaciones capitalistas (impuestos).

En este sentido, los Estados dependen de la sociedad, del conjunto de las relaciones sociales y sujetos que operan en ésta. Por el contrario, en los Estados periféricos exportadores de naturaleza, el Estado tiene como su fuente de ingreso principal la renta del suelo. Como terrateniente, dueño de la tierra y/o del subsuelo a nombre de la nación, retiene –en forma de renta– parte de la riqueza extraída de la naturaleza. Este rasgo, que comparten los petroestados con otros países periféricos monoexportadores de naturaleza, les proporciona un mayor grado de autonomía respecto a la sociedad, en la medida en que sus ingresos dependen menos del trabajo y de la creación de valor en su territorio nacional. Incorporar al análisis los tres elementos del proceso de creación de riqueza (naturaleza, trabajo, capital) «ayuda a ver al Estado terrateniente como un agente económico independiente y no como un mero actor político estructuralmente dependiente del capital». Este Estado terrateniente, aunque esté en una posición subalterna en el sistema mundo, puede llegar a tener un mayor grado de autonomía interna que el característico de los Estados metropolitanos y a colocarse de alguna manera sobre la sociedad.
La constitución del Estado mágico en Venezuela
Combinando, entre otros, los supuestos teóricos antes señalados y la sugerente imagen formulada por José Ignacio Cabrujas sobre el Estado en Venezuela, Coronil formula la noción del «Estado mágico» como mirada desde la cual aproximarse a desentrañar los procesos mediante los cuales se ha construido un modelo de Estado en Venezuela «como agente trascendente y unificador de la nación». De acuerdo con Cabrujas, la aparición del petróleo en Venezuela crea una especie de cosmogonía: la riqueza petrolera tuvo la fuerza de un mito, gracias al petróleo era posible pasar rápidamente del retraso a un desarrollo espectacular. En estas condiciones se constituye un Estado «providencial» que «no tiene nada que ver con nuestra realidad», sino que, por el contrario, se saca del sombrero de un prestidigitador. El Estado como brujo magnánimo capaz de lograr el milagro del progreso3.
 
En su recorrido por la Venezuela del siglo xx, Coronil destaca tres periodos como hitos históricos críticos en la formación de este Estado mágico y en el proceso de constitución de este como lugar central del poder político: los gobiernos dictatoriales de los generales Juan Vicente Gómez (1908-1935) y Marcos Pérez Jiménez (1952-1958) y el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez (1974-1979). Son tres periodos históricos que corresponden a significativos incrementos en el ingreso petrolero. El autor afirma que en la historiografía venezolana y en el metarrelato de la Venezuela democrática se ha establecido una ruptura antagónica entre un país dictatorial atrasado y otro democrático y «moderno». Con esta ruptura en la narrativa de la democracia se busca ocultar las extraordinarias continuidades que existen en el Estado venezolano desde su constitución como petroestado en la década de 1930, durante la dictadura del general Gómez, hasta nuestros días.
 
Coronil considera que «fue durante el régimen ‘tradicional’ de Gómez (...) cuando se tornó posible imaginar a Venezuela como una nación petrolera moderna, identificar al gobernante con el Estado y representar al Estado como agente de modernización». Ya en 1928, Venezuela se había convertido en el segundo productor de petróleo del mundo y en el primer país exportador. Gracias a esta riqueza petrolera, el Estado gomecista logró la apariencia de «agente transcendente y unificador de la nación». Con el monopolio no sólo de la violencia, sino también de la riqueza natural del país, el Estado aparece «como agente independiente capaz de imponer su dominio sobre la sociedad». Se establecen las bases de un Estado y un sistema político en los que las confrontaciones políticas y la lucha de clases se darían principalmente en torno del acceso al Estado como fuente primaria de riqueza.
Después de la transición que comienza con la muerte del dictador en 1935 y de la experiencia del trienio de Acción Democrática (ad) en que «el pueblo» aparece como referencia central, en la dictadura de Pérez Jiménez se busca reconceptualizar la relación entre Estado y pueblo.
El cuerpo social de la nación se convirtió de manera más evidente en beneficiario pasivo de su cuerpo natural, entendido ahora como la fuente fundamental de los poderes nacionales. (...) La naturaleza no apareció como actor social independiente, sino mediado por el Estado. Pero el Estado militar proclamaba representar a la nación directamente, sin la mediación del pueblo. (...) Este cambio supuso que el locus de la agencia histórica se desplazara sutil, pero perceptiblemente, del cuerpo social hacia el cuerpo natural, del pueblo a la naturaleza.

En el Nuevo Ideal Nacional del gobierno de Pérez Jiménez, la modernidad fue entendida como «una colección de grandes logros materiales» que, gracias a los elevados ingresos petroleros, permitió realizar grandes inversiones en infraestructura, industrias y servicios. Se privilegió la inversión pública por sobre la inversión privada, especialmente concentrada en grandes emprendimientos (en general asociados al enriquecimiento de altos funcionarios gubernamentales), como las industrias petroquímicas y siderúrgicas. La multiplicación por cuatro de los precios del petróleo en el inicio del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez establece las bases del discurso de la Gran Venezuela y el imaginario popular de la Venezuela saudita, tierra de abundancia sin límites, y se refuerza la centralidad del petroestado rentista. Este imaginario alcanza su máxima expresión en la nacionalización del petróleo.
Los estudios de caso que forman parte de los capítulos en los cuales el autor estudia ese gobierno evidencian las formas como opera este sistema político. A través de una aproximación en la cual entrelaza los procesos locales coyunturales (y la acción de los sujetos involucrados en estos procesos) con las tendencias que operan en el capitalismo global, logra enriquecer la comprensión de ambos procesos. Su análisis minucioso de las experiencias de la fábrica de tractores (Fanatracto) y de la política automotriz resulta extraordinariamente ilustrativo. Estos estudios le permiten a Coronil desentrañar la operación interna del petroestado rentista, en particular las contradicciones que se generan en el interior del gobierno a propósito del impulso de políticas de industrialización y la forma como la contradicción entre rentismo y producción de valor termina por hacer fracasar estos proyectos. Una nueva ilusión no cumplida del Estado mágico.
 
El intercambio fáustico de dinero por modernidad sólo trajo consigo la capacidad de producir la ilusión de producción: el dinero compró productos o fábricas modernas sólo capaces de generar una modernidad trunca. Al crear una estructura industrial bajo el manto protector de los petrodólares, los programas de modernización del general Pérez Jiménez y de Carlos Andrés Pérez fomentaron industrias que manifestaban una persistente tendencia a funcionar más como trampas para captar rentas petroleras que como medios creativos de producción de valor.
Pero el imaginario del Estado mágico, del Estado capaz de solucionar todos los problemas y de garantizar el progreso y la abundancia para todos, se rompe cuando la larga crisis que venía acumulándose durante los gobiernos de Luis Herrera Campins (1979-1984) y Jaime Lusinchi (1984-1989) finalmente estalla con el Gran Viraje, el ajuste neoliberal negociado por Carlos Andrés Pérez con el Fondo Monetario Internacional (fmi) al inicio de su segundo gobierno (1989-1993). Como reacción, se produce el Caracazo, en febrero y marzo de 1989, que representa, simbólicamente, la ruptura definitiva entre los sectores populares y los partidos y el Estado del Pacto de Punto Fijo4.
Estos acontecimientos marcaron la crisis del proyecto populista que había definido la relación entre pueblo y Estado desde 1936. Con el giro hacia las políticas de libre mercado y desmantelamiento del desarrollismo populista, el discurso dominante comenzó a presentar al pueblo ya no como virtuoso cimiento de la democracia, sino como una masa turbulenta y parásita que el Estado tenía que disciplinar y el mercado, tornar productiva.
Se acentúa el deterioro de las condiciones de vida de los sectores populares y se profundiza la polarización entre una elite privilegiada cada vez más internacionalizada y una mayoría empobrecida y alienada del sistema político. En estas condiciones de una sociedad severamente dividida (aunque esta división no fuese reconocida por las elites ni por el sistema político), se dan los intentos de golpe de Estado del año 1992, la destitución de Carlos Andrés Pérez y, finalmente, la elección de Hugo Chávez Frías como presidente en diciembre de 1998.
 
El Estado mágico, modernidad y naturaleza: retos actuales
El Estado mágico tiene mucho que aportar al debate sobre el proceso político venezolano actual, sobre temas centrales como el modelo de Estado, el papel del petróleo y las implicaciones del extractivismo rentista como modelo de sociedad, aunque este se denomine «socialista».
Como se señaló antes, de acuerdo con el autor, en el imaginario de la democracia en Venezuela se construyó una visión maniquea de lo primitivo y lo moderno que establece una separación o ruptura total entre los regímenes dictatoriales y los regímenes democráticos. De la misma manera, en el proceso actual, con la narrativa de la revolución y de la Quinta República, se busca definir el inicio de un nuevo momento histórico en el cual se borren por completo de la conciencia colectiva las continuidades que siguen operando, a pesar de todos los cambios ocurridos. Este olvido tiene que ver fundamentalmente con el modelo de Estado, de las relaciones entre sociedad y petroestado rentista y con las modalidades específicas de relación de esta sociedad con su entorno natural, con el petróleo. Este es un olvido que, en la medida en que se instale en la conciencia colectiva porque estaríamos en otro tiempo histórico, en tiempos de Revolución Bolivariana, que nada tendría que ver con el pasado, nos negaría la posibilidad misma de entender qué ocurre en el país, así como la posibilidad de imaginar futuros alternativos a este modelo societal petroestatal.
La certificación de las reservas de hidrocarburos de la Faja Petrolífera del Orinoco como las mayores del planeta le ha dado un nuevo y vigoroso impulso a la idea de que el petróleo garantizará un futuro de progreso, prosperidad y abundancia. El imaginario de la Gran Venezuela es ahora reemplazado por el de la Venezuela Gran Potencia Petrolera. La idea de «sembrar el petróleo», tradicionalmente entendida como el ideal nunca realizado de utilizar los recursos provenientes de la renta petrolera para el desarrollo de otras actividades productivas, es trastocado y convertido en la utilización de esa renta para realizar las masivas inversiones requeridas para aumentar la producción e incrementar la dependencia en la producción y exportación de petróleo. Entre los años 2010 y 2012 el petróleo significó entre 95% o 96% del valor total de las exportaciones del país, junto con una reducción significativa de las exportaciones no petroleras tanto en términos absolutos como relativos. En 1998, las exportaciones no petroleras fueron de 5.529 millones de dólares; para 2011, estas habían descendido a 4.679 millones. Entre esos años las exportaciones privadas, casi exclusivamente no petroleras, se redujeron a la mitad (pasaron de 4.162 millones en 1998 a 2.131 millones en 2011). En el mismo periodo, la participación del sector industrial en el pib bajó de 17,4% a 14,5%5.
A 14 años de la Revolución Bolivariana, Venezuela es más rentista que nunca. El Estado recuperó su sitial en el centro de la escena nacional. Este, con su renta petrolera –según el discurso oficial–, tendrá nuevamente la capacidad de llevar a la sociedad venezolana hacia el progreso y la abundancia. A estas relaciones ya tradicionales entre petroestado y sociedad se añade ahora un nuevo y esencial componente. En ausencia de un debate crítico sobre la experiencia del socialismo del siglo xx, se declara como meta del proceso bolivariano el «socialismo del siglo xxi», y se postula la necesidad de un partido único de la revolución. Con esto, a pesar del contenido de la Constitución, tiende a asociarse socialismo con más Estado. Las empresas estatizadas pasan, por ese solo hecho, a ser denominadas «empresas socialistas». El petroestado se convierte así en la vanguardia que dirige la transformación social y su fortalecimiento deviene en expresión del avance de la «transición hacia el socialismo». A diferencia de las experiencias socialistas del siglo pasado, se establece un nuevo tipo de relación entre Estado y partido. En lugar de existir un partido revolucionario que controle al Estado, desde el petroestado se ha creado, financiado y dirigido al partido. Como modelo, sigue predominando una razón de Estado en la que éste es identificado con la nación, con el pueblo y con el bien común, y es en consecuencia el lugar donde tienen necesariamente que concentrarse todas las iniciativas y principales decisiones. Esto descarta, niega, mutila, la única forma en la cual es posible la transformación democrática de la sociedad: amplios, variados, múltiples procesos de experimentación social autónomos, que surjan de la diversidad de las prácticas, de las memorias y los proyectos de los diferentes pueblos, sectores sociales, regiones y culturas del país.
El Gran Consenso Petrolero Nacional de identificación cuasi ontológica de la nación con el petróleo quedó nuevamente sellado con las elecciones presidenciales de 2012. A pesar de los profundos contrastes en prácticamente todos los otros asuntos referidos al modelo de país que se propone en los programas de las campañas electorales, gobierno y oposición tienen un punto medular de extraordinaria coincidencia: la propuesta de duplicar la producción petrolera para llevarla a seis millones de barriles diarios para finales del periodo presidencial 2013-20196.
Han sido reiteradas las referencias de Chávez y en los documentos de políticas públicas de estos años a la necesidad de salir de la lógica rentista y monoproductora de petróleo. Estas se reiteran en el programa electoral presentado por Chávez para las elecciones presidenciales de octubre de 2012, donde se señala: «No nos llamemos a engaño: la formación socioeconómica que todavía prevalece en Venezuela es de carácter capitalista y rentista»7. En consecuencia, se formula la necesidad de: «Propulsar la transformación del sistema económico, en función de la transición al socialismo bolivariano, trascendiendo el modelo rentista petrolero capitalista hacia el modelo económico productivo socialista, basado en el desarrollo de las fuerzas productivas»8.
Igualmente, en reconocimiento de la severidad de la crisis ambiental planetaria, uno de los cinco Grandes Objetivos Históricos que se formulan en este plan consiste en «preservar la vida en el planeta y preservar la especie humana». Esto está precisado en los siguientes términos:
Construir e impulsar el modelo económico productivo eco-socialista, basado en una relación armónica entre el hombre y la naturaleza, que garantice el uso y aprovechamiento racional, óptimo y sostenible de los recursos naturales, respetando los procesos y ciclos de la naturaleza. Proteger y defender la soberanía permanente del Estado sobre los recursos naturales para el beneficio supremo de nuestro Pueblo, que será su principal garante. Contribuir a la conformación de un gran movimiento mundial para contener las causas y reparar los efectos del cambio climático que ocurren como consecuencia del modelo capitalista depredador.9
Sin embargo, y muy contradictoriamente, otro de los grandes objetivos del plan consiste en «consolidar el papel de Venezuela como potencia energética mundial»10. Para ello propone, como ya se señaló, duplicar los niveles de producción petrolera, especialmente mediante la expansión de la producción en la Faja del Orinoco, para llevarla a 4 millones de barriles diarios, y una inmensa expansión en la explotación de gas para llegar a 11.947 millones de pies cúbicos diarios (mmpcd) en 2019.
Con esta extraordinaria expansión, que requiere elevadísimos montos de inversión y tecnologías con las cuales no cuenta el país, no solo se acentúa a largo plazo la dependencia de la economía venezolana del petróleo, sino que igualmente se amplía la participación de corporaciones petroleras transnacionales, públicas y privadas, en el negocio petrolero venezolano. En muchos de los contratos mediante los cuales se obtuvieron masivos créditos por parte de China se establece que estos serán pagados con petróleo. Esto implica que solo para mantener a futuro los actuales niveles de ingresos fiscales, el Estado venezolano no tendría margen de juego y estaría comprometido a largo plazo a aumentar los niveles de producción y exportación de crudo.
Desde el punto de vista del impacto socioambiental, las consecuencias de este salto en los niveles de producción serían, con toda seguridad, mucho más severos que los devastadores efectos que ha tenido un siglo de producción petrolera en el país, especialmente en el lago de Maracaibo –el mayor de América Latina–, convertido tanto por las empresas transnacionales como por la empresa estatal de petróleo en «área de sacrificio», en uno de los daños ambientales «colaterales» de mayor escala en la producción petrolífera en todo el planeta. Los depósitos de la Faja del Orinoco están compuestos por petróleos pesados y extrapesados y arenas hidrocarburíferas cuya explotación requiere descomunales volúmenes de agua y genera mucho más desechos tóxicos que la explotación de petróleos más livianos. El país (así como el continente y el planeta) corre el riesgo de que el extraordinario sistema fluvial del Orinoco y su delta sufran las mismas consecuencias que el lago de Maracaibo.
De esta manera, este proyecto político no puede desprenderse, ni puede siquiera imaginar la posibilidad de desprenderse, de la lógica del petroestado rentista y del imaginario reciclado de la Gran Venezuela. En este programa, lo revolucionario no es alterar la relación de la sociedad venezolana con el petróleo. Lo revolucionario no es otra forma de entender la relación de la sociedad con la naturaleza. Por el contrario, lo revolucionario es profundizar la lógica rentista y el papel del Estado en su función de gran decisor y redistribuidor de la renta. De acuerdo con este programa de gobierno, lo que define el carácter revolucionario de la política petrolera está dado por tres criterios: el Estado captura la renta, se maximiza el valor que se obtiene de esta renta y estos ingresos son utilizados en beneficio del pueblo.
Por último, nuestra política petrolera debe ser revolucionaria, lo cual tiene que ver con quién captura la renta petrolera, cómo se capta y cómo se distribuye. Según esta visión, no cabe duda de que debe ser el Estado quien controle y capture la renta petrolera, sobre la base de mecanismos que maximicen su valor, para distribuirla en beneficio del pueblo, procurando el desarrollo social integral del país, en condiciones más justas y equitativas. Este es el elemento –se argumenta– que nos diferenciaría de cualquier otra política petrolera11.
El imaginario del progreso, del papel del petróleo como la palanca que garantizará la modernización del país bajo la dirección del Estado, tiene aquí una extraordinaria continuidad. El siguiente texto de Carlos Andrés Pérez en el acto de nacionalización del petróleo podría fácilmente ser confundido como expresión del sentido común del imaginario bolivariano de esta nueva ilusión de Venezuela como gran potencia:
El petróleo venezolano ha de ser instrumento de integración latinoamericana, factor de seguridad mundial, de progreso humano, de justicia internacional y de equilibrada interdependencia económica. Ha de ser también un símbolo de la independencia de Venezuela, de la voluntad nacional y una afirmación de su capacidad creadora como pueblo y como nación. El petróleo venezolano es un encuentro con nuestro destino. Ningún sitio mejor para expresarlo que en presencia de Simón Bolívar, quien nos enseñó a creer en nuestro pueblo y supo luchar para demostrar de lo que somos capaces.12
 
La confluencia de la lógica del Estado mágico con la lógica leninista de estatismo y vanguardismo y el estilo carismático/mesiánico del liderazgo de Chávez entra en contradicción, y una y otra vez bloquea el avance de los muy extendidos procesos de participación y organización autónoma de los sectores populares. Es sistemática la dependencia de que «bajen» los recursos del Estado para los proyectos de las comunidades. Se instala una cultura política de culto al «comandante-presidente», a «nuestro líder», hay referencias permanentes a que se hace algo porque «Chávez mandó», o a «órdenes que tienen que ser obedecidas». Se ha afirmado públicamente que la decisión de definir el proceso bolivariano como socialista la tomó Chávez en soledad. Y todo esto no puede sino socavar la construcción de una cultura democrática, en la medida en que se hace conciencia colectiva el que por más organización social que se construya, todas las decisiones más importantes se toman en otra parte.

Sobre la base de la misma relación con la naturaleza y sobre el mismo modelo de petroestado rentista, no es posible producir transformaciones significativas en la sociedad venezolana. Se puede crear un modelo de capitalismo de Estado en el cual la renta esté mejor distribuida y esté dirigida prioritariamente a los sectores sociales antes excluidos. Se pueden lograr mayores niveles de equidad y de reducción de la exclusión, pero no se puede generar la capacidad político-organizativa y productiva del conjunto de la sociedad requerida para su transformación. Por esta vía se continuará devastando la naturaleza y estará negada la posibilidad de hacer realidad la república pluricultural de la cual habla la Constitución.

Implicancias de extractivismos que interpelan a involucrarnos en las UAC y lucha Mapuche

Abajo y a la izquierda, necesitamos recuperar o reconstruir asambleas que sean órganos de deliberación sobre cómo organizarnos en comunidades de vida y trabajo que, a la vez, confraternicen entre sí en todo el país-continente e internacionalmente.
 
Tal emprendimiento confronta con los partidos de estado y por tanto, ante todo, debemos desmontar los imaginarios sociales que los sostienen como tales. Se trata de esmerarnos por propagar la puesta en común sobre cuanto sabemos del poder territorial y simbólico del Partido Justicialista con desarrollo desde los setenta hasta hoy. Es aceptar y hacernos cargo que el PJ es incompatible con la democracia al haber constituido junto a la Unión Cívica Radical:
  • Un Estado que legalizó y legitimó la acelerada transnacionalización económica territorial de la alianza de capitales y estados imperialistas con los locales. Forzó al empobrecimiento tanto del país como de sus pueblos e individuos mediante la oficialización como deuda externa pública de la transferencia de riquezas e ingresos desde los de abajo hacia ellos.
     
  • Territorios semifeudales o satrapías en torno a las oligarquías latifundistas en las provincias periféricas que, con la expansión extractivista desde el menemismo-PJ hasta el kirchnerismo-PJ y hoy Cambiemos con la complicidad de todo el PJ, se convirtieron en zonas de sacrificio y de enclaves para los oligopolios locales e imperialistas. El conflicto de Mapuche con Benetton prueba cómo el Estado en sus distintas jurisdicciones sirve al último. Y cómo la polarización K contra la Mesa de Enlace ocultaba esta realidad de la defensa a la ocupación territorial por oligopolios locales e imperialistas.
     
  • Barones del conurbano apropiados de los territorios (con la mayor densidad poblacional del país) desde los 90 bajo gestión del introductor de drogas en Lomas de Zamora o sea Eduardo Duhalde. Su señora Chiche mediante las 35.000 manzaneras armó una amplia red clientelar usando los fondos de Reparación Histórico que creó Menem y endeudándonos con el Banco Mundial que también implicó atender el programa del BM de volver gobernable a las privatizaciones causantes de despidos masivos y quiebra enorme de pequeño-medianos propietarios. Los barones del conurbano garantizaron el triunfo electoral del PJ y el disciplinamiento de las grandes concentraciones de pobreza estructural que fue reforzando el asistencialismo con los muy lucrativos negocios ilícitos del narcotráfico y las redes de trata y prostitución.
     
  • La CGT peronista arraigó y consolidó la obediencia debida de los trabajadores a los grandes capitales adueñados del país y por tanto, de la vida de nosotros (los diversos de abajo). También como los barones del conurbano y feudos provinciales, emplea grupos de choque o patotas para imponer el orden burgués de transnacionales y transnacionalizados.
     
  • El Pacto de Olivos (de Menem con Alfonsín) confirió mayor poder electoral de la provincia de Buenos Aires y el neofeudalismo que se disfrazó de federalismo para viabilizar los enclaves de los grandes capitales locales e imperialistas.
 
Miremos hacia entablar diálogos entre los diversos de abajo sin fronteras que sean elaboraciones conjuntas de conceptos claves para análisis demistificadores del capitalismo y enfoques de vínculos sociales e interpersonales a entretejer en el ir humanizándonos en sintonía con humanizaciones de ámbitos laborales, vecinales, comunales, familiares, culturales....e internacionalistas revolucionarios.
 

 
El extractivismo minero y 
producción de la naturaleza.
10 de mayo de 2018
 
En el marco de la minería moderna, a los pueblos le es expropiada su naturaleza para producir sobre una distinta, creando otra subjetividad de trabajo en su geografía.
 
Por Cristian Abad Restrepo /periodistas@laestrella.com.pa
 
La conquista de los diversos espacios en la actualidad por la modernidad/colonialidad no solamente hacen referencia a la expropiación de la materia, el trabajo y el saber de pueblos, como fue evidente en los siglos pasados, sino al proceso de creación permanente de producir naturaleza, lo que Neil Smith llama de ‘segunda naturaleza' o como explica Elmar Altvater (2014) la naturaleza adquiere una segunda piel con el capital. En el marco de la minería moderna, a los pueblos le es expropiada su naturaleza (formas de trabajo de reproducción de la vida), para producir sobre éstas otra naturaleza, otra materialidad, en definitiva, otra subjetividad de trabajo en su geografía. No podemos entender la producción de la naturaleza dentro de la modernidad sin las nuevas condiciones materiales que trae consigo el capitalismo. Sin embargo, la producción de la naturaleza no aplica para comprender el extractivismo minero, porque no es cierto que el proceso de extracción sea equiparable al de la producción, idea que es defendida por empresarios extractivistas y funcionarios de Estado.
 
LOS EMPLEOS QUE PRODUCE EL EXTRACTIVISMO MINERO NO SON TRABAJOS
 
El empleo que pregona el extractivismo minero no permite la producción de la naturaleza de forma general, porque estamos hablando literalmente de la ruptura del equilibrio del metabolismo social, es decir, de la destrucción de las formas de trabajo que permiten que el ser humano sea humano a través de la tierra, que permita cultivarse a sí mismo. En ese sentido, con el extractivismo minero no es posible producir naturaleza, porque lo que produce es literal muerte. Sin embargo, en los discursos mineros modernos, dicho sueño de producir hasta el infinito, ha hecho eco de la incorporación de los lenguajes de la producción de la naturaleza en general, como si el trabajo desarrollado en las minas a gran escala fuera de valor de uso, o sea de la satisfacción humana de la necesidad primaria.
 
El trabajo promovido por extractivismo minero es tóxico, porque no participa de la naturaleza en su producción, en tanto que ésta queda reducida a la extracción. Para referenciarlo de otra manera, el ser humano simplemente no puede transformarse en el proceso de extracción porque no produce nada, en tanto que no ejerce ninguna función sobre la naturaleza ni sobre sí mismo, sólo su degradación.
 
Así, el trabajo promovido y desarrollado dentro del extractivismo minero está enfocado en dos aspectos, la mera extracción (sacar las rocas y minerales) y la innovación de esa extracción, socavando la fuente de toda riqueza que es la tierra y el trabajo (Altvater, 2014). Si la madre es la naturaleza (tierra) y el padre el trabajo humano, tendríamos una reproducción de la vida. Marx explicó que es mediante el trabajo humano junto con la naturaleza que coparticipan para su reproducción, para su sobrevivencia, desencadenando su propia transformación hacia algo mejor. No obstante, con el extractivismo minero no vemos producción de la naturaleza, sino extracción de la misma. El supuesto trabajo que pregona el extractivismo minero sólo genera escasez de trabajo, es paradójico, pero es así, los puestos de trabajo mineros son actividades que deshumanizan, destruyen y embrutecen.
 
En los discursos y notas de los medios de comunicación hegemónica que retratan la subjetividad de los empresarios y gobiernos, se abogan la capacidad de creación geológica del oro, es decir, de producir naturaleza mineral. En la revista Forbes de México, fue publicado un artículo titulado ‘China devora 90% de la ‘producción global' de oro'. En la revista El Economista de Argentina se titula una columna ‘Seis países americanos, entre los mayores productores de oro'. En la revista El Portafolio de Colombia, otro hecho noticioso titula ‘La producción de oro' aumentará en un millón de onzas en cinco años'. En la Revista de Brasil (Jornal do Brasil) un titular lleva el nombre de ‘Rio Tinto interrompe produção de diamantes', y así sucesivamente se va ampliando los imaginarios de creación de la naturaleza, en específico de los minerales.
 
A la opinión pública le encubren que los beneficios de la vida moderna tienen consecuencias mortales, que no existen espacios extraídos/explotados y un profundo desconocimiento de dónde proviene la materialidad moderna. En definitiva, el encantamiento del consumo ha concebido sujetos de espaldas al territorio. La colonialidad de la naturaleza queda en evidencia no solamente cuando se confunde extracción con la producción, sino cuando se escucha que la minería es verde, ecominería, minería ecológica, biominería, minería sostenible y amigable con el medio ambiental, como incorporación abusiva del cuidado de la vida. Dichas falacias son propias del hombre moderno que se asume como Dios sobre la naturaleza, pero sabemos que ‘ninguna sociedad produce carbón, ni oro, ni petróleo, tampoco produce los días y las noches. Somos seres extractores de estas y no productores' (Gonçalves, 2013).
 
EXTRACTIVISMO-MINERO Y SEGUNDA NATURALEZA
 
En realidad, decir que la extracción es sinónimo de producción, ya de por sí encubre las características históricas bajo la cual se ha fundado el extractivismo minero, como la devastación y contaminación de los territorios y la muerte lenta de los cuerpos humanos y no humanos, bajo la égida simbólica de la renta. Ahora bien, lo que sí podemos entender es que el extractivismo minero sea el paso o la mediación de la primera naturaleza extraída y saqueada en el sur global (quizás para muchos la Madre Naturaleza) hacia la segunda naturaleza como objeto de producción y creación para el norte global, lo que implica una relación radicalmente distinta con la Naturaleza [Smi06]. El pensamiento moderno juega un papel fundamental en este tránsito de la Naturaleza convertida en materia a merced de la voluntad humana capitalista.
 
Cabe resaltar que la segunda naturaleza, según Neil Smith, ha ‘acelerado la emancipación del ser humano de la primera naturaleza', es decir, una libertad basada en el control y dominio sobre las determinaciones naturales. Esta libertad la vemos en la producción del espacio como las ciudades, siendo espacios altamente artificiales. El Conde Buffon, había sentenciado que ‘una nueva naturaleza puede florecer de nuestras propias manos' (Smith, 2006) en América, o sea, los europeos fueron los artífices de la segunda naturaleza en detrimento de una Naturaleza con otros horizontes de sentido. Esa es la libertad que pregona la racionalidad moderna que encubre tanto sus consecuencias de hacerse cargo de la devastación producida (Bautista, 2014), como de las mentiras bajo las cuales se ha fundado la sociedad moderna como la más justa, cuando en realidad sus privilegios se basan en quitarle la vida al otro, expropiarlo de su agua, de su oro, de su montaña y de su alimento.
 
En otras palabras, la segunda naturaleza es propia de la modernidad que produce espacios a su imagen, un espacio funcional a las múltiples jerarquías de poder (raciales, sexuales, saberes, genero, organización social etc.). La base de una segunda naturaleza está en el extractivismo, en especial, el minero. De allí que hablemos de extractopolis como espacios funcionales y artificiales que privilegian un tipo de trabajo, basado en la extracción de materias primas para su posterior transformación que haga posible el espacio moderno. En realidad, estos espacios son enclaves fascistas con la Naturaleza.
 
SEGUNDA NATURALEZA Y COLONIALIDAD DE LA NATURALEZA
 
La segunda naturaleza no escapa a la colonialidad de la misma porque de ésta recibe su sentido, no sólo por constituirse en valor de cambio en el modo de producción capitalista, sino por el contenido racial propio de la modernidad que orienta la producción de espacios por el capital. Explica Neil Smith (2006) que ‘la naturaleza que precedió a la historia humana ya no existe en ninguna parte, porque por primera vez los seres humanos (cabe resaltar que es el ser humano moderno, porque no es verdad que todos estemos y nos identifiquemos con este ser de la modernidad) producen naturaleza a una escala mundial, es decir un ensanchamiento de la segunda naturaleza a expensas de la primera… el origen de esto es la modificación de la relación entre valor de uso y el valor de cambio'.
 
Este proceso ha significado que habitemos en una era que Elmar Altvater (2014) denomina como capitaloceno. Las capas geológicas de la tierra no solamente se modifican por el Fracking para la extracción de petróleo, sino que son convertidas en monedas. Extractivismo minero es inseparable de la colonización de la naturaleza (Alimonda, 2009), lo que lo torna insoportable e insostenible para los pueblos que tienen y sueñan con otros futuros, horizontes y mundos. Seguir bajo esta senda de un trabajo improductivo (extractivo minero) es continuar bajo regímenes coloniales que tiene como propósito transferir abundancia por escasez, ese es el gran sueño de la modernidad. Nuestros pueblos no requieren empleos extractivos sino trabajo productivos. Esta es una de las grandes cuestiones en América Latina.
29 de abril de 2018
 
 
Verifiquemos cómo diversidades de abajo organizan el extenso arraigo y expandida articulación multifacética de los poderes populares.
 

 
Chile: En Chiloé se realizará el II Encuentro de Redes Territoriales
2 de marzo de 2018
Este sábado 3 y domingo 4 de Marzo se realizará el II Encuentro de Redes Territoriales en el Liceo Rayen Mapu de la ciudad de Quellón, Archipiélago de Chiloé, la invitación es abierta a todas aquellas organizaciones que se sientan llamadas a conocer el trabajo que viene realizando cada red y así evaluar la posibilidad de integración.
Este sábado 3 y domingo 4 de Marzo se realizará el II Encuentro de Redes Territoriales en el Liceo Rayen Mapu de la ciudad de Quellón, Archipiélago de Chiloé. Instancia en que se darán cita organizaciones que forman parte de (1) la Red de Defensa de los Territorios, (2) la Red de Medios de los Pueblos, (3) la Red de Salud y Territorios y (4) la Red de Economías Territoriales. Cada una de estas redes se viene tejiendo entre organizaciones que forman parte de procesos de defensa y construcción territorial.
 
Tras el anterior encuentro realizado en Panguipulli, a comienzos de 2017, que tuvo como anfitriones al Parlamento Mapuche de Koz Koz y la Red de organizaciones sociales y ambientales de Panguipulli, es hoy el Centro de Estudios Sociales de Chiloé (CESCH) junto al Colectivo Informativo Mapuexpress las organizaciones que, junto a un equipo de apoyo, están trabajando para la adecuada realización de este 2do encuentro, cuyo objetivo es seguir potenciando el trabajo que las distintas redes han llevado a cabo, además de forjar nuevos lazos con organizaciones territoriales del Archipiélago de Chiloé.
En términos generales, la instancia facilitará reuniones sectoriales de las respectivas redes y espacios de ampliados – plenarias, así como espacios de talleres en áreas de comunicación, estrategias jurídicas, estrategias administrativas, creación colectiva, seguridad, entre otras materias.
La invitación es abierta a todas aquellas organizaciones que se sientan llamadas a conocer el trabajo que viene realizando cada red y así evaluar la posibilidad de integración.
Para dudas y confirmaciones favor escribir a centrodeestudioschiloe@gmail.com
 
¡Les esperamos!
Programa: (…)

16 de abril de 2018

III. "El principio es la comunidad, la comunalidad, la reproducción de la vida y la defensa territorial".

Es cambio radical del régimen de propiedad


Manejo comunitario de

bosques y agroecología

5 de abril de 2018
Soluciones de base para luchar contra el cambio climático y alcanzar la soberanía alimentaria y el cambio de sistema. El manejo comunitario de bosques protege mejor a los bosques que los enfoques de conservación. La agroecología para la soberanía alimentaria aumenta los ingresos, mejora la nutrición, refuerza la resiliencia al cambio climático y protege la biodiversidad.

Por Diego Alejandro Cardona

El bienestar de nuestras comunidades, el mundo natural y la capacidad de alimentarnos de forma justa y sustentable han sido devastados en unas pocas décadas a causa del control que ejercen las empresas sobre los sistemas agrícolas y forestales. Las cifras de desnutrición ydeforestación aumentan anualmente.
Las formas en las que producimos alimentos y manejamos nuestros bosques están íntimamente relacionadas. La agricultura industrial es la causa principal de la deforestación, mientras que miles de comunidades son desplazadas de las tierras donde viven y producen alimentos en nombre de la protección de los bosques.
Los políticos recurren a menudo al desconocimiento que existe en torno a la pregunta de cómo proteger los bosques y alimentar a nueve mil millones de personas a la vez. Amigos de la Tierra Internacional, junto con nuestros aliados de las comunidades de campesinos/as, pueblos indígenas, pescadores/as de pequeña escala y pueblos que habitan los bosques, sabemos que las soluciones existen desde hace años en estas comunidades.Los bosques y la producción de alimentos pueden y deben estar bajo control de las comunidades mismas para el desarrollo colectivo con el fin de conservar la naturaleza, alimentar a las personas y fortalecer los derechos comunitarios de miles de personas a nivel mundial.
El manejo comunitario de bosques protege mejor a los bosques que los enfoques de conservación. La agroecología para la soberanía alimentaria aumenta los ingresos, mejora la nutrición, refuerza la resiliencia al cambio climático y protege la biodiversidad.

En este informe se pone de manifiesto que tanto la agroecología como el manejo comunitario de los bosques son propuestas políticas, no sólo iniciativas técnicas. La agroecología y el manejo comunitario de bosques están íntimamente relacionados. Ambos fortalecen el control comunitario por sobre el territorio, promueven los derechos de los pueblos por encima de las ganancias para las economías de mercado, reconocen el papel y la autonomía de las mujeres, promueven los mercados locales y las economías sociales y de solidaridad, defienden y gestionan el conocimiento tradicional, el patrimonio de las comunidades y los bienes comunes y promueven y fortalecen una visión que no está únicamente centrada en el uso que dan los seres humanos a la naturaleza sino en el valor de la naturaleza en sí misma.

Tanto la agroecología como el manejo comunitario de bosques se encuentran bajo la amenaza de la economía verde, la financierización de la naturaleza, los agronegocios y las visiones técnicas del manejo de bosques y la agricultura que causan escasez de alimentos, deforestación y degradación forestal.
Nuestro desafío es poner en práctica mecanismos institucionales y sociales que permitan hacer prosperar estas soluciones.

Descargue el documento (PDF) a continuación:

II. "El principio es la comunidad, la comunalidad, la reproducción de la vida y la defensa territorial".

Porque el progresismo no es alternativa popular


Uruguay
El cerrojo progresista
19 de marzo de 2018

Por Ernesto Herrera
Correspondencia de Prensa


8 de marzo de 2018. “Todas juntas”. Portadas de diarios y noticieros televisivos dan cuenta de la enorme demostración. Las redes sociales explotan de feminismo. Gobernantes y opositores se tiñen de morado. Más de 200 mil personas. Mujeres de todas las edades. La colorida multitud tapiza un largo tramo de la principal avenida de Montevideo. Cientos de videos difunden las imágenes del caleidoscopio. Impresionante.
Las demandas de género y equidad tienen como destinatarios los poderes del Estado (gobierno parlamento, justicia). La horrible ola de femicidios y la imparable “violencia doméstica” (que afectan sobre todo a mujeres jóvenes, trabajadoras y pobres), agregan la cuota de indignación y de rabia. Al paso de la marcha, en una pantalla gigante del Impo (Centro de Información Oficial) se lee que Uruguay “es el país con el índice de asesinatos de mujeres más alto del mundo”. Lo que, de ser exacto, vendría a contrariar cifras de Naciones Unidas y CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), que hablan de “un país con poca violencia de género”. (1)

La “brecha salarial” figura entre los tantos reclamos. Aunque “se viene reduciendo paulatinamente”, la desigualdad es un insulto: las mujeres ganan un promedio de 23,9% menos que los hombres por la misma tarea. Lo que implica nada menos “que si un hombre y una mujer comenzaran a trabajar el 1° de enero en el mismo cargo, la mujer cobraría a partir del 28 de marzo, por lo que trabajaría gratis los primeros 87 días del año”. (2)
Los contrastes en las proclamas leídas en el curso de la Marcha, no disminuyen la intensidad del “fenómeno social”. Reafirman la fertilidad del movimiento de mujeres que se adueña del espacio público. Aún si “puertas adentro” del feminismo militante se expresan “diferencias ideológicas y generacionales” que “reeditan el histórico debate entre la autonomía, la institucionalización y el rol del Estado”. (3)

Infelizmente, la Huelga Internacional de Mujeres no tuvo el mismo eco. Mientras que en algunos lugares se paralizaron las actividades total o parcialmente (salud pública, liceos públicos, Universidad de la República, y pocos del sector privado), la inmensa mayoría de las trabajadoras no pudieron acompañar la convocatoria. Aun con sindicalización, las asalariadas de fábricas, panaderías, tiendas, restaurantes, farmacias, shoppings, supermercados, empleo doméstico, limpieza subcontratada, call centers, celebraron el 8 de Marzo trabajando.
Ellas, también, exigen respeto, quieren ser libres, vivir sin miedos. Si bien no estuvieron en la Marcha, ni hicieron la Huelga. Se entienden las razones: integran ese 70% de “sectores populares” imposibilitado de realizar los “paros parciales”, que decreta el aparato del PIT-CNT. (4)

Constatación insoslayable. La crítica de la opresión patriarcal, la reivindicación de los derechos de género, y por tanto, la emancipación de la mujer, son inseparables de la lucha de clases. Sin alterar las relaciones de fuerza entre trabajo y capital, sin desafiar el despotismo patronal, sin eliminar las condiciones de empleo precario y miseria salarial, sin derrotar la amenaza del despido, sin barrer el acoso machista del lugar de trabajo, la “condición femenina” continuará en estado de subordinación. Mucho peor para trabajadoras, solas o jefas de hogar, cuyo ingreso promedio apenas supera un salario mínimo mensual de 430 dólares.

De todas maneras, es cierto que la Marcha de las Mujeres -pese a sus diferencias y limitaciones- comparte el podio junto a la Marcha del Silencio (20 de mayo), y a la Marcha de la Diversidad Sexual, (28 de setiembre). Son las únicas manifestaciones realmente masivas que sacuden, tres veces al año, la apatía política.
Aunque sean muy distintas. Por origen, identidades, reivindicaciones. La Marcha del Silencio (5) convocada por Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, reclama Verdad y Justicia. Exige, incansablemente, el fin de la impunidad, el castigo a los criminales del terrorismo de Estado. (6) Aunque la burla del gobierno persista. (7)
La Marcha de la Diversidad Sexual, convocada por colectivos LGTBI, feministas y culturales, ONGs e instituciones oficiales, resalta derechos conquistados, avances legales, y alerta sobre discriminaciones enquistadas. Muestra un alto componente juvenil. Aunque desde hace unos años, se nota un sesgo de marketing político progresista.
No obstante distintas, convergen en ellas rasgos comunes. Son pacíficas, inclusivas, tolerantes. Revalorizan solidaridades. Si bien ninguna establece barreras de clase, ni levanta consignas anticapitalistas, ni pretende subvertir lo establecido. Es decir, no está en sus intenciones desafiar el orden del capital, ni la “autoridad legítima” del Estado y sus instituciones.

Lejos de una crítica sectaria, es un dato de la realidad. Las tres Marchas presentan una nítida fotografía del país progresista. Dónde las diversas “agendas democráticas” de la “sociedad civil”, superan, largamente, los índices de “conflictividad laboral” y las plataformas “clasistas” del “movimiento obrero organizado”. Bastaría una simple comparación: el PIT-CNT dice contar con alrededor de 400 mil afiliados (30% de los/as asalariados/as con “empleo formal”), sin embargo, desde hace muchos años, no logra reunir a 5 mil trabajadores en el acto central del 1° de Mayo. La Plaza Mártires de Chicago a medio llenar. Los parques repletos. Tal cual una jornada de asueto familiar.

Horizonte infranqueable
La resistencia social existe. Es defensiva. La cartelera de luchas da cuenta de ello. Movilizaciones por los Consejos de Salarios (negociación tripartita entre gobierno, empresarios y sindicatos); protestas contra el “modelo extractivista” y en defensa del agua; trabajadores rurales que exigen el cumplimiento de la “ley de 8 horas” y el cese de la represión patronal; familiares de adolescentes presos que testimonian las torturas que aplican los funcionarios sindicalizados del Inisa (Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente); clasificadores de basura que reclaman dignificar su tarea; escraches a los impunes del terrorismo de Estado; mujeres en alerta que denuncian la violencia de género; reclamos por mayor presupuesto para la salud, educación y vivienda.
Pancartas y grafitis callejeros aluden al “ajuste fiscal”, las “rebajas salariales”, la privatización y tercerización de servicios públicos, a la corrupción (comprobada) en la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE). Parece que gobernara el “neoliberalismo salvaje”.

Algunas de esas luchas han sido, masivas, radicales. Como la de maestros/as y profesores/as en el invierno de 2015. Tabaré Vázquez les decretó la “esencialidad de los servicios” que prohíbe la huelga. El Director Nacional del Trabajo era Juan Castillo, ex dirigente del PIT-CNT, hoy secretario general del Partido Comunista de Uruguay (PCU). Fueron reprimidos por las brigadas antimotines de la Guardia Republicana. Perdieron en esa ocasión y sus organizaciones quedaron debilitadas. Cumpliéndose así el propósito (hecho público ante los medios) de José Mujica: a los sindicatos de la enseñanza “hay que hacerlos mierda”. Aunque el 1° de marzo de 2010, ya posesionado como jefe de Estado, le anunciaba al Parlamento sus tres principales objetivos: “educación, educación, educación”. Una radiante Hillary Clinton lo aplaudía de pie.

Los sindicatos de la enseñanza continúan peleando. Igual que miles de trabajadores/as. Sin embargo, las aspiraciones de “salario digno” y “justicia social“, no agrietan eso que muchos comentaristas llaman “hegemonía progresista”, la cual, en verdad, funciona como cerrojo ideológico y programático. Donde la perspectiva de emancipación social y el “ir más allá” quedan encerrados en las dos premisas fundamentales que definen el “cambio posible”: aceptación del capitalismo y colaboración de clases. Las demandas tienen un límite: el horizonte infranqueable.

Dicho en palabras del jefe de los tupamaros oficiales. Por un lado, la economía capitalista “es una herramienta de la prosperidad económica.” (8) Imposible de vencer “con decretos o con decisiones meramente políticas. Es un cambio de época. Utilizamos los recursos del capitalismo con el máximo de inteligencia para tratar de tener sociedades mucho más calificadas”. (9) Por el otro, “las discusiones sindicales no pueden ser solo sobre salarios (...) El trabajador se tiene que ir empezando a envolver de las dificultades y los logros que tienen las empresas para exigir que caminen y que además se reinvierta. No podemos permanecer tan distantes de las vicisitudes que significa la peripecia de una empresa, cuando está en juego tanta cosa”. (10)
La profesora Alma Bolon ya lo había apuntado lucidamente. Mujica no es solamente “héroe de la más exitosa operación mediático-ética de la que haya registro en estas tierras”; sino “el regalo con el que la derecha uruguaya nunca se había atrevido a soñar”. (11) Tiempo después de estas lapidarias afirmaciones, un índice del Instituto Fraser con apoyo del Centro de Estudios para el Desarrollo, un think thank de corte liberal, certificaba que la adscripción del antiguo guerrillero a las “reglas” del mercado es absolutamente sincera: durante su presidencia (2010-2015), el país consiguió el “mayor grado de libertad económica”. (12)
Las consecuencias de esta espantosa metamorfosis de la “izquierda histórica” son aplastantes. Entierran principios. Borran antagonismos entre pobres y ricos. Domestican conciencias. No hay clases irreconciliables. La “cultura obrera” cede lugar al “status de clase media”. La lucha de clases se vuelve un juego de intercambios negociados o de “contrapartidas acordadas”. La “convivencia ciudadana” y el “interés nacional” como estandartes. Las percepciones socio-culturales se confunden. Hasta las más elementales.
Los “milicos represores” pasaron a ser la “Policía amiga”. Los efectivos del Ministerio del Interior (que dirige Eduardo Bonomi, otro tupamaro oficial) aducen sentirse “rehenes” en los “barrios críticos” de la periferia urbana. (13) Vecinos, comerciantes y sindicatos del transporte, los convocan y apoyan. Son el arma institucional para perseguir a los “pobres malos” y, sobre todo, para castigar a los principales “enemigos de la seguridad”: los “menores infractores”.
El parte de guerra es un horror. Durante la presidencia de Mujica se profundizó el “Estado punitivo”. Se aumentaron los tiempos de “privación de libertad” para los adolescentes. (14) La mayoría de muertos y heridos en este “combate al delito”, tiene menos de 35 años. La tasa población encarcelada es la más alta de América Latina (15), el 62% de los 12 mil“ presos y presas es menor de 29 años. La cantidad de “población reclusa femenina” aumentó 583% en una década.
La pobreza ya no tiene raíces socio-económicas, sino que es un “problema personal y privado” (16) cuando no consecuencia de un proceso de “lumpenización” y “favelización”. Un alto porcentaje de personas (muchísimas votantes del Frente Amplio) critican los planes sociales, piensan que lo que se hace para bajar la pobreza “es más de lo necesario”. (17) Sin molestarse en saber que las “transferencias monetarias directas” a los hogares más pobres apenas representa 0,2% del Presupuesto Nacional; ni que 350 mil personas (11% de la población total del país) todavía sobreviven en el “núcleo duro” de la “pobreza estructural”. Desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) dicen que el “país igualitario” muestra signos de fractura. (17)
El PIT-CNT coopera con los “proyectos productivos”. Respalda la inversión privada, local y extranjera. Los sindicatos de la Construcción y Metalúrgicos (dirigidos por el Partido Comunista), admiten la instalación de la tercera “mega-fábrica” transnacional de pasta de celulosa: “genera empleos y masa salarial”. No importan la contaminación medio-ambiental, las exoneraciones fiscales, ni que las “obras de infraestructura vial” sean pagadas por el Estado. (18) En todos los casos mejor. Es la ley de “Participación Público-Privada” que, al fin, empieza a derramar “crecimiento económico”. Porque hasta ahora, solo se había concretado un solo emprendimiento: la construcción de una “cárcel modelo” con 1.800 plazas, donde los presos comerán pescado hasta ¡dos veces por semana!
Los gobiernos del Frente Amplio aceleraron la contrarrevolución agraria. Los propietarios del agronegocio la definen como una “revolución sorprendente” (19) Editorialistas liberales son más punzantes en el juicio. El gobierno Mujica, “será recordado por no haber concretado los desastres que los tupamaros proponían hace cuatro décadas (…) “No hay ‘reforma agraria’ (salvo la que desarrollaron con indudable éxito los empresarios brasileños en el campo uruguayo), la banca privada es toda extranjera, las relaciones con el FMI son excelentes, las multinacionales y el capital extranjero no sólo son bienvenidos sino que han sido llamados con desesperación por el liderazgo tupamaro (…) y la ‘extranjerización de la tierra’ se expandió como pocas veces en la historia del Uruguay durante los dos gobiernos del Frente Amplio”. (20) Ayuda memoria: Mujica ejerció como Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca (2010-2014) en el primer mandato de Vázquez.
En un contexto desfavorable, los sindicatos de trabajadores rurales denuncian la sobreexplotación, los salarios de hambre, la persecución sindical, las agresiones físicas, las deplorables condiciones laborales. Y luchan. Aunque la tasa de sindicalización ronde apenas el 6%. Reclaman fomento de la producción libre de transgénicos, destinada al mercado interno; créditos a cooperativas. Es decir, proponen otro modelo de “acceso a la tierra”. Sin embargo, “reforma agraria” y “expropiaciones” están ausentes de la extensa lista de “reivindicaciones inmediatas”. (21)

¿Ciclo o paréntesis?
1° de marzo de 2018. Ya no hay entusiasmo. Ni multitudes tomando las calles para saludar a Tabaré Vázquez, el “compañero presidente”. Como ocurría 13 años atrás, cuando el Frente Amplio asumía el gobierno nacional por primera vez. En esta ocasión, el progresismo optó, para “defender su gestión”, por “una nueva estrategia de comunicación”: la Cadena Nacional de Radio y Televisión. Sin barullo militante ni ondear de banderas. Así los votantes meditan atentos en sus casas.
La tropa de choque aprueba sin chistar. Tanto el contenido como la modalidad. Son los miles de “cuadros políticos” y sindicalistas que se reciclaron como “gestores/administradores” del aparato de Estado. Para empujar “más a la izquierda". Y que siguen atornillados en sus “cargos de confianza política”. Hace rato que abandonaron la tesis de “rumbo en disputa”. Sus principales instigadores, el Movimiento de Participación Popular (MPP) y el Partido Comunista, la tacharon del diccionario. Defienden su cuota de poder en la “nueva elite gobernante”. Ejerciendo clientelismo, comprando Ongs, traficando influencias, usando dineros públicos. Haciendo carrera como capa social privilegiada.
Más de una década después de aquel “cimbronazo político” que prometía, según Tabaré Vázquez, un “camino de transformaciones” que haría “temblar las raíces de los árboles” el resultado es, cuando mucho, avaro. Incluso desde una mirada “reformista”.
Leyes de protección laboral; derechos sindicales; “recuperación salarial” (entre 2005-2013); reducción de la pobreza y la indigencia (entre 2005-2015); “agenda de nuevos derechos” (despenalización del aborto, legalización de la marihuana, matrimonio igualitario). En fin, 600 mil personas (27% de la población) integradas al “confortable” consumo de “clase media”.
No obstante, las “asignaturas pendientes” superan la lista de materias aprobadas. A pesar de una década con record histórico de “crecimiento económico” que permitió una “recuperación salarial sin precedentes”, casi la mitad de la fuerza de trabajo “percibe una remuneración inferior a los 600 dólares mensuales”. (22) El desempleo se ubica en 8,5%. (145 mil personas). Una cifra “no dramática” según el gobierno. Pero en el caso de los jóvenes, el desempleo llega casi al 25%. Alrededor de 185 mil personas habitan los “asentamientos irregulares”. Las 15 mil viviendas populares que Mujica prometió en el marco de su “generoso” Plan Juntos, fueron menos de 3 mil al final de su mandato. El embarazo adolescente llega al 17% en los barrios más pobres y a cero en los más ricos Apenas 2% de los “hijos de clase trabajadora” accede a la Universidad. En la enseñanza pública, 6 de cada 10 alumnos no completa los seis años del ciclo secundario. .
Las pautas del programa económico, certificado por las Instituciones Financieras Internacionales en junio de 2005, en la ciudad de Washington, están vigentes. Las ataduras a las condiciones que impone la “mundialización” capitalista, también. La fraudulenta deuda externa se paga puntualmente. Al final, el progresismo resultó un “cambio posible”...en la misma dirección.
Por tanto, es una exageración hablar de dos “ciclos” o de dos “eras”. Neoliberalismo y “pos-neoliberalismo” convergen en la misma lógica. La prosa “neo-desarrollista” apenas un eufemismo que no modifica la ecuación. La “matriz” fue diseñada por los gobiernos de coalición entre colorados y blancos en la “década perdida” de 1990 y así continúa. Los pilares son los mismos. Ley Forestal; Ley de Inversiones; Ley de Zonas Francas; Sistema de Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (Afap); Ley de Puertos. Cuando el Frente Amplio, era oposición de izquierda, se opuso a este proceso de contrarreformas neoliberales, promoviendo en algunos casos plebiscitos y referéndums. Ninguna fue derogada en estos 13 años.
El “ciclo progresista” consistió, justamente, en más continuidad. Desregulación financiera; desnacionalización de la producción y de la comercialización de los rubros exportables: soja (100% transgénica), carne, arroz, trigo, lácteos; concentración-extranjerización de la tierra; multiplicación del régimen de zonas francas; exoneraciones tributarias a las multinacionales de celulosa y mineras; privatizaciones y subcontrataciones.
Los sucesivos gobiernos del Frente Amplio le agregaron: Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF), primer mandato de Vázquez; ley de “Participación Público-Privada” (PPP) y ley de “Inclusión Financiera”, mandato de Mujica (23); privatización-tercerización de áreas y servicios del Banco de la República (BROU), segundo mandato de Vázquez.
La agenda económica no contempló, en ningún momento, una real distribución de la riqueza. La “rentabilidad” empresarial siempre estuvo a cubierto de los vaivenes “cíclicos” de la economía. En todo caso, el progresismo se benefició del paréntesis que abrió la “bonanza” de los commodities (entre 2004-2001), para “ocultar el “conflicto distributivo” y generar recursos de inversión pública y financiamiento del proceso asistencialista de las políticas sociales. Aunque el monto destinado a esas políticas nunca haya alcanzado el 0,4% del PBI. (24)
Desde el vamos, la política económica fue una sola. Coherente. Jamás estuvo “en disputa”. Ni hubo tire y afloje entre “dos equipos económicos”. Las directrices fueron marcadas por su principal teórico y ejecutor: el solvente Danilo Astori. El historiador y politólogo Gerardo Caetano, a quién nadie puede tildar de “radical” o desinformado, lo describe con precisión. “Me causa mucha gracia cuando me dicen que Astori es el gran perdedor en la interna frenteamplista. En los tres gobiernos frenteamplistas, luego del presidente, ha sido sin duda el hombre más poderoso en estos 11 años. Vázquez lo ha respaldado siempre o casi siempre y Mujica, aun cuando lo ha discutido, a la hora de la verdad también lo respaldó. Entonces la mera discusión de la política económica del gobierno frenteamplista se ha convertido en un tabú”. (25) Lo continúa siendo, aun si de vez en cuando hay griterío y rabieta. Y muchos militantes se sientan desconcertados. Incómodos.

Partido de Estado
Nadie pretendía, o siquiera imaginaba, que el Frente Amplio sería un gobierno de “ruptura anticapitalista”. Que fuera a poner en tela de juicio las “relaciones sociales de producción” o que demolería las instituciones del régimen burgués de dominación política. Tampoco que asumiría una postura soberanista ante la prepotencia del “campo imperialista”. De hecho, está a favor de firmar Tratados de Libre Comercio con quien sea. Por ejemplo, es uno de los socios del Mercosur más proclives a concretar, rápidamente, el que se negocia con la Unión Europea.
Su definición estratégica se basó en llegar al poder de Estado, sometiéndose al régimen de “democracia gobernable”. Ya cuando la brutal crisis económico-financiera de 2001-2003, su compromiso fue preciso: “lealtad institucional”. Mientras diversos analistas nacionales e internaciones (hasta incluso el FMI) daban que el presidente de entonces, Jorge Batlle (Partido Colorado) estaba “con los días contados”, amortiguó las terribles consecuencias sociales para “no incendiar la pradera”. No hubo saqueos, ni huelgas generales, ni asambleas barriales, ni gente con cacerolas en los ómnibus como en Buenos Aires. Y mucho menos el “que se vayan todos”. Fue el último examen y lo aprobó. El trampolín hacia la victoria electoral de octubre de 2004.
Cierto. El Frente Amplio no llegó al gobierno empujado por una ola de insurgencias populares, ni rebeliones masivas. Es la diferencia con Argentina, Bolivia, Ecuador, Venezuela. No estaba obligado a ir por las “reformas estructurales” del programa “antioligárquico” y “antiimperialista” de 1971, cuando su fundación. La reforma agraria, la nacionalización de los bancos privados, la reforma urbana, la nacionalización del comercio exterior, no eran ya una seña programática de la clase trabajadora y sus aliados populares. La crisis de 2001-2003, fue un punto de inflexión. Las demandas bajaron a tierra. El desastroso cuadro socio-económico pincho la “inflación de expectativas”. Había que “recuperar” condiciones de vida soportables. Más de 150 mil trabajadores/as habían perdido el empleo en el sector privado; el salario sufrió una caída del 20%; la pobreza y la indigencia sumaban 39%.
En tal sentido, el progresismo se hizo cargo de la “herencia maldita” sembrada por la “crisis del neoliberalismo”; recompuso en parte el “tejido social”, redujo los índices de “pobreza reciente” y, fundamentalmente, restauró la “normalización” sistémica. Ejerciendo el poder como partido de Estado. O sea, como partido del orden capitalista. Hecho cualitativo y definitorio que los sectores frenteamplistas “desconcertados”, por lo general, omiten de sus análisis. Con mayorías parlamentarias (en los dos primeros mandatos) y sin formalizar un gobierno de coalición con la gran burguesía como en el caso del Partido de los Trabajadores en Brasil, el progresismo uruguayo aplicó con prudencia la estrategia de “unidad nacional” a partir de una consistente política de colaboración de clases. Que, debe decirse, contó (y cuenta) con un amplio consentimiento social.
Evidente. La “decadencia ideológica” de la “centroizquierda” fue sorteando etapas. Comenzó con las distintas “actualizaciones programáticas”, con el acceso al gobierno municipal de Montevideo hace 28 años, y con la idea verticalista de que los “cambios” son más eficientes, duraderos y sostenibles, si se realizan “desde arriba”. Desmotivando así cualquier proceso de auto-organización por fuera de lo institucional (partidos, sindicatos, gremios estudiantiles, Ongs cooptadas). Razones que también olvidan los militantes del Frente Amplio que hoy son críticos y se preguntan qué es lo que terminó y qué es lo que comienza. (26) Sin responderse sobre la naturaleza y la función actual del Frente Amplio.
Las fuerzas políticas que deciden en el Frente Amplio y sostienen al gobierno, ya no pueden considerarse “de izquierda”, ni en un sentido práctico ni programático. Su capa dirigente es, esencialmente, un grupo de funcionarios y parlamentarios que viven de los cargos públicos y las nominaciones electorales; que negocia por dentro del aparato de Estado con un conjunto de enemigos de la clase trabajadora (derecha política, poderes mediáticos, corporaciones patronales, instituciones financieras internacionales, gobiernos imperialistas o reaccionarios), Una capa social conservadora que, más allá de sus contorsiones discursivas y espasmódicos “virajes a la izquierda”, es irrecuperable, incluso para una lucha más o menos “reformista”. Su horizonte estratégico es el poder por el poder mismo, su programa está desprovisto de un proyecto de nación soberana y huérfano de cualquier noción de emancipación social.
Obviamente, esto no significa subestimar al Frente Amplio como maquinaria electoral. En este terreno seguirá gravitando. Tanto como su indiscutida capacidad de volver a reclutar votos y voluntades que se inclinan por “lo menos malo” para que “no vuelva la derecha”.
Las conclusiones que resultan de estos 13 años de progresismo en Uruguay, coinciden con las realizadas por Decio Machado y Raúl Zibechi en torno a los llamados “gobiernos nacionales y populares” o “pos-neoliberales” del “ciclo progresista” en América del Sur. “Lo que entró en crisis es un proyecto que buscó administrar el capitalismo realmente existente (o sea extractivo) pero con buenos modales. El resultado de los años dedicados a gerenciar el modelo, fue el ascenso de nuevas proles de gestores que se incrustaron en los altos escalones del Estado, ya sea como en las administraciones centrales, en las empresas estatales en alianza con empresas privadas. La crisis del progresismo devela lo que el discurso pretendió enmascarar: cómo las políticas sociales, bajo el argumento de la justicia social, el combate a la pobreza y la desigualdad, se limitaron a cooptar a los dirigentes populares para intentar domesticar los movimientos de los más pobres”. (27)
La verdadera “disputa”, entonces, pasa por (re)construir “un campo estratégico” de la izquierda socialista y revolucionaria. Y no apenas corregir el “rumbo perdido” de la antigua izquierda. Si la función central del progresismo es la de cerrajero del “potencial anticapitalista” de la clase trabajadora, el desafío de las fuerzas de “intención revolucionaria” es (o debería ser) la de forjar una vinculación real con las resistencias sindicales y populares, siendo protagonista visible, sin pretensiones vanguardistas, proponiendo alternativas programáticas y estratégicas antagonistas del poder de Estado y de su arquitectura institucional. En este cuadro, aquellos militantes del Frente Amplio “desencantados”, enfrentan un dilema: incómodos adentro, ¿peor afuera?
Montevideo, marzo de 2018.

Notas
1) “Uruguay es un país con poca violencia de género”. La Diaria, edición Fin de Semana, 3-3-2018.
2) “Brecha salarial: las mujeres trabajan 87 días gratis al año”. Informe Equal Pay Day divulgado por el estudio de abogados Ferrere, El País, 8-3-2018.
3) “Esta es mi revolución. El feminismo militante en Uruguay”, Daiana García, Brecha, 9-3-2018, y Correspondencia de Prensa, 9-3-2018.
4) Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores, central sindical única.
5) La Marcha recuerda el 20 de mayo de 1976, durante la dictadura (1973-1985), cuando fueron asesinados en Buenos Aires los legisladores Zelmar Michelini (Frente Amplio) y Héctor Gutiérrez Ruiz (Partido Nacional), y Rosario Barredo y William Whitelaw (militantes escindidos del movimiento tupamaro). Todos ellos se encontraban exiliados. El crimen fue cometido por militares uruguayos y argentinos en el marco de coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay), conocida más tarde como “Operación Cóndor”.
6) “Las cloacas de la impunidad”. Ernesto Herrera, Rebelión, 22-1-2015 (http://www.rebelion.org/noticia.php?id=194573) y A l´encontre, 6-2-2015 (http://alencontre.org/?s=ernesto+herrera+impunit%C3%A9)
7) “Hasta acá llegamos”, La renuncia de Familiares al Grupo por Verdad y Justicia”, Samuel Blixen, Brecha, 2-3-2018 y Correspondencia de Prensa, 3-3-2018.
8) Almuerzo de Mujica (12-12-2012) con 200 empresarios hoteleros, inmobiliarios y gastronómicos, Actividad organizada por “Destino Uruguay” en el restaurante Boca Chica de Punta del Este. Búsqueda, 27-12-2012.
9) Entrevista a Mujica, diario El Mercurio, Santiago de Chile, 5-1-2014.
10) Entrevista a Mujica, suplemento El Empresario, El País, 5-4-2013.
11) “El 14 de abril”, Ana Bolon, Brecha, 13-4-2012
12) “Uruguay tuvo con Mujica su mayor grado de libertad económica”, Búsqueda, 5-10-2017.
13) “Los policías denuncian sentirse “rehenes” en los barrios críticos”. El País, Montevideo, 9-3-2018.
14) “Seguridad, pobreza y criminalización. La profundización del estado punitivo en Uruguay”, Ana Juanche y Giani Di Palma, Revista Contrapunto, Montevideo, mayo de 2014.
15) “La benevolencia de la izquierda con los criminales es un mito”, entrevista al sociólogo Luis Eduardo Morás en el Semanario Hebreo, Montevideo Portal, 3-3-2018 y Correspondencia de Prensa, 10-3-2018
16) “La pobreza como un problema personal y privado. El ropaje des-socializante de las nuevas políticas sociales”, Bentura, Alonso, Mariatti, Brecha, 2-9-2018.
17) “Es pobre por “su culpa”: la nueva grieta uruguaya”, Tomer Urwicz, El País, 24-9-2017.
18) Ya existen dos gigantescas fábricas pasteras: una de UPM (ex Botnia), transnacional finlandesa, ubicada en la ciudad de Fray Bentos, departamento de Río Negro; y otra de Montes del Plata, propiedad de Arauco y Stora Enso, de origen chileno y sueco-finlandés, ubicada en Conchillas, departamento de Colonia. La segunda de UPM, se instalará cerca de la ciudad de Paso de los Toros, ubicada entre los departamentos de Durazno y Tacuarembó.
19) “Agro. La revolución sorprendente”, Rosanna Dellazoppa, Fin de Siglo, Montevideo, 2014.
20) “Dos años de Mujica”, Claudio Paolillo, Búsqueda, 1-3-2012.
21) “El conflicto del campo en la mirada de los trabajadores. La séptima mochila”, Salvador Neves, Brecha, 9-3-2018, y Correspondencia de Prensa, 10-3-2018.
22) “Hijos de la tierra. Apuntes sobre la economía política del Uruguay”, Gabriel Oyhantçabal. y Rodrigo Alonso, artículo publicado en el libro “Entre: ensayos sobre lo empieza y lo que termina”, Estuario editora, Montevideo, 2017.
23) A propósito del poder de los “servicios financieros” y sus consecuencias económicas y sociales, hay un estudio riguroso de Lena Levinas, investigadora del Instituto de Economía de la Universidad Federal de Río de Janeiro, “La financierización de la política social: el caso brasileño”, publicado en el sito de Sin Permiso, el 10-10-2015: (http://www.sinpermiso.info/textos/la-financierizacion-de-la-politica-social-el-caso-brasileno)
24) “Modos de ocultar el conflicto distributivo. Focopolítica en Uruguay”, Leticia Pérez, Brecha, 26-8-2016.
25) “El próximo presidente del FA tendrá que hacer varios parricidios”, entrevista a Gerardo Caetano, Brecha, 22-7-2016, y Correspondencia de Prensa, 23-7-2016.
26) Un resumen de las posiciones de estos sectores críticos, la expone el sociólogo Gabriel Delacoste en una entrevista titulada “La decadencia del progresismo no es electoral sino ideológica”, Brecha, 9-2-2018. Lacoste integra el colectivo de jóvenes académicos y activistas de diversas redes sociales, militantes del Frente Amplio, que publicaron el libro citado en la nota 22.
27) “Cambiar el mundo desde arriba. Los límites del progresismo”. Decio Machado y Raúl Zibechi, Ediciones desde abajo, Bogotá, 2016.
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