El derecho a la
energía y a los bienes comunes
Por Julio C. Gambina (Rebelión)
Es increíble lo que ocurre. El gobierno anuncia el congelamiento
de precios de los combustibles por 6 meses, desde abril a octubre y en el mismo
día YPF “adecua” sus precios a los máximos permitidos. De hecho un incremento
del 7% promedio en el país, que en algunos casos alcanza al 10%. Lo real es que
el gobierno legitima a la transnacional Shell que aumentó previamente los
precios y resuelve un colchón de ganancias ante el anuncio actual de la
Secretaría de Comercio. Es evidente que la estatización parcial de YPF no
alcanza para manejar el mercado, ya que la gestión estatal apenas alcanza a un
tercio del negocio petrolero, que sigue en manos de transnacionales. No sólo
eso, sino que en aras del autoabastecimiento, YPF avanza en negociaciones con
CHEVRON, una empresa monopólica demandada por 30.000 familias de pueblos
originarios del Ecuador por depredación de la naturaleza entre 1965 y 1990. La
demanda es por 19.000 millones de dólares.
El asunto es que YPF necesita la tecnología de Chevron, la fractura hidráulica, para extraer gas y petróleo no convencional e intentar resolver el déficit de hidrocarburos de la Argentina, al parecer, a cualquier costo, ya que las denuncias de contaminación por esa tecnología se extiende en todo el mundo, especialmente en EE.UU..
En Argentina se destaca el movimiento popular en la Provincia de Entre Ríos y la resolución del Concejo Deliberante de Cinco Saltos que insistió ante el veto de la intendente alineada con el ejecutivo nacional, para declarar a la zona libre del fracking (fractura hidráulica). En rigor, Argentina sufre déficit energético, que significa importaciones por 10.000 millones de dólares anuales en estos últimos años, el equivalente del superávit comercial anual dela Argentina. Es una
situación agravada con la explosión sufrida en Ensenada el 2 de abril, a
propósito de las inundaciones, que afecta la capacidad de auto abastecimiento y
hace presumir un crecimiento de la factura de importación de combustibles
líquidos para el presente año y los próximos inmediatos.
El problema es la mercantilización de la energía, utilizada como insumo estratégico para un modelo productivo y de desarrollo sustentado en la super explotación de la fuerza de trabajo y la depredación de los recursos naturales. Es la soja, la mega-minería y la industria de ensamble. Es el conjunto de una política que reproduce la extranjerización y transnacionalización de la economía capitalista argentina. Es la exportación de tierra, nutrientes, agua, minerales y recursos de la naturaleza, los bienes comunes de la actual y futura generación de argentinas y argentinos. Es la mercantilización del agua, de la tierra y todos los bienes comunes.
El asunto es que YPF necesita la tecnología de Chevron, la fractura hidráulica, para extraer gas y petróleo no convencional e intentar resolver el déficit de hidrocarburos de la Argentina, al parecer, a cualquier costo, ya que las denuncias de contaminación por esa tecnología se extiende en todo el mundo, especialmente en EE.UU..
En Argentina se destaca el movimiento popular en la Provincia de Entre Ríos y la resolución del Concejo Deliberante de Cinco Saltos que insistió ante el veto de la intendente alineada con el ejecutivo nacional, para declarar a la zona libre del fracking (fractura hidráulica). En rigor, Argentina sufre déficit energético, que significa importaciones por 10.000 millones de dólares anuales en estos últimos años, el equivalente del superávit comercial anual de
El problema es la mercantilización de la energía, utilizada como insumo estratégico para un modelo productivo y de desarrollo sustentado en la super explotación de la fuerza de trabajo y la depredación de los recursos naturales. Es la soja, la mega-minería y la industria de ensamble. Es el conjunto de una política que reproduce la extranjerización y transnacionalización de la economía capitalista argentina. Es la exportación de tierra, nutrientes, agua, minerales y recursos de la naturaleza, los bienes comunes de la actual y futura generación de argentinas y argentinos. Es la mercantilización del agua, de la tierra y todos los bienes comunes.
Más que nunca necesitamos des-mercantilizar
nuestras relaciones sociales de producción. Debemos luchar por el derecho a la
producción que satisfaga las necesidades populares, que asocie la producción en
la Argentina a la soberanía alimentaria en Nuestramérica y los pueblos del
mundo; a la soberanía energética asumiendo el planteo de Petroamérica que
oportunamente hiciera Hugo Chávez a los países de la región; a la soberanía
financiera para denunciar el CIADI, como Venezuela, Bolivia o Ecuador,
avanzando en un Banco del Sur que utilice las reservas internacionales
cuantiososas de nuestros países para un desarrollo alternativo que coloque por
delante la satisfacción de las necesidades de nuestros pueblos.
La consulta popular por los bienes comunes supone construir el sujeto político necesario para instalar el programa de la des-mercantilización, para recuperar nuestros derechos, a los bienes comunes, al conocimiento, a la educación, a la salud, a la tierra, al agua, al petróleo y al gas, ala energía. Necesitamos
ser millones para frenar al capitalismo que en crisis exacerba la ofensiva del
capital contra el trabajo y por la desposesión de los pueblos sobre los bienes
comunes. Ellos luchan por hacer que todo sea una mercancía. Nosotros luchamos,
en sentido integral, por los derechos humanos. Por eso la consulta, para que el
nunca más alcance al poder, a las clases dominantes, al capitalismo, y hagamos
realidad una sociedad emancipada, anti capitalista y por el socialismo.
Julio C.
Gambina. Director del Centro de Estudios de La consulta popular por los bienes comunes supone construir el sujeto político necesario para instalar el programa de la des-mercantilización, para recuperar nuestros derechos, a los bienes comunes, al conocimiento, a la educación, a la salud, a la tierra, al agua, al petróleo y al gas, a
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