III. Indagar a qué se refiere la Presidenta cuando advierte:"yo vivo en un Estado de derecho,..." y cómo se contradice con la realidad de los de abajo.

MULTISECTORIAL CONTRA LA FRACTURA HIDRÁULICA 

No al pacto YPF - Chevron 

Fracking = saqueo, contaminación y muerte

La multisectorial contra la Fractura Hidráulica, convoca a todos los diputados/as provinciales en ejercicio de su mandato y a los pre candidatos/as a Diputados/as y Senadores/as Nacionales, a fijar su posición, sobre la explotación del gas y petróleo no convencional, mediante la técnica de Fractura Hidráulica.

Los/as invitamos a participar de la conferencia de prensa, a realizarse en la puerta de la Legislatura de la Provincia del Neuquén, el día martes 30 de julio a las 11hs.

Hace tiempo, diferentes organizaciones sociales, políticas, feministas, sindicales, de derechos humanos y pueblos originarios de nuestro país y países europeos e incluso en Estados Unidos, venimos y vienen denunciando los riesgos y las graves consecuencias de la explotación del petróleo y gas no convencional, en la cual se utiliza la técnica totalmente experimental denominada Fractura Hidráulica.

"Los problemas medioambientales y de salud pública relacionados con el fracking han creado desconfianza y resistencia por parte de la población, hasta el punto de que la mayoría de los países con yacimientos de gas pizarra en Europa, están tomando posiciones en contra del fracking. Francia y Bulgaria lo han prohibido, mientras Rumanía, la República Checa, Dinamarca y Wesfalia en Alemania han proclamado una moratoria. Tal como en Holanda, Reino Unido y Suiza, los proyectos en los países con moratorias han sido suspendidos hasta que haya valoraciones más exhaustivas sobre los riesgos de impacto ambiental.

En España el gobierno autónomo del PP en Cantabria lo ha prohibido y en Castellón los investigadores de la universidad JAUME I, recomendaron recientemente no realizar este tipo de actividad, ya que según sus estudios, el tratamiento de los residuos y los riesgos de fisuras no están cubiertos.

En Noruega y Suecia el fracking ha sido declarado económicamente inviable. En Austria y Suecia se han cancelado proyectos por la misma razón, pero sin medidas legales.

Pero las poderosas corporaciones de petróleo y gas están constantemente presionando contra la regulación. Incluso cuando existe una moratoria o prohibición, como en Francia, las empresas explotan tecnicismos legales para seguir con sus operaciones."

Por otra parte, muchos estudios -como los realizados por el Post Carbón Institute ponen en duda los reales beneficios económicos y energéticos de este tipo de explotación. Esto, sumado a los actuales beneficios que se pretende otorgar a las empresas (exenciones impositivas, posibilidad de girar la totalidad de las divisas al exterior, etc.), pone en evidencia de que este método de extracción no convencional de hidrocarburos no es más que un saqueo que dejará como saldo sólo contaminación y muerte.

Nos vemos obligados a exigir a nuestros representantes legislativos que den a conocer su posición con respecto a la Fractura Hidráulica y la explotación de gas y petróleo no convencional.

A los gobiernos provincial y nacional volvemos a preguntarles, si efectivamente les preocupa el desarrollo de la provincia y el futuro de su gente:

•  ¿Por qué con una provincia de una gran diversidad paisajística, cultural y territorial que ofrece la posibilidad de desarrollar otras actividades productivas, se insiste en profundizar la matriz mono – productiva con la extracción de HNC, incompatible con un desarrollo sostenible y equitativo para las comunidades?
•  ¿Por qué no valoran los recursos hídricos y se invierte en obras para abastecer a las empresas cuando muchas poblaciones padecen la falta de agua potable?
•  ¿Por qué no respetan los territorios mapuches ancestrales y la biodiversidad?
•  ¿Por qué se entrega territorio provincial hasta el 2048 a una multinacional (cuestionada y demandada internacionalmente) sin consulta previa, libre e informada a las poblaciones implicadas?
• -¿Por qué desde abril de este año para este tipo de explotación no convencional se exime a las empresas hacer los estudios de impacto ambiental? Esto es sólo un ejemplo más de como se vienen alivianando las exigencias establecidas en defensa del ambiente, incumpliendo las leyes y las normas constitucionales.
•  ¿Por qué el Estado dejó de hacer los controles del recurso energético, su manejo, y las reservas dejándolo librado a declaraciones juradas de las empresas?

Por último, y lo más importante, ¿por qué ocultan los términos del pacto Chevron-YPF?

Este hermetismo atenta contra cualquier forma de participación democrática y lesiona gravemente nuestra constitución nacional, provincial, los tratados internacionales, como el convenio 169 de la OIT, frente a decisiones de gran relevancia para el país. El gobernador Jorge Sapag, envió a la legislatura neuquina, el decreto provincial 1208/13, que contiende 60 pags. Y en ninguna de ellas hace referencia al pacto. Este decreto ratifica el acuerdo entre la provincia e YPF S.A. Si especificar absolutamente nada de lo pactado con Chevron, lo que deja en evidencia la hipocresía del derecho manipulando las leyes.

Consideramos prioritario, preservar el agua, la tierra y el aire, porque sin ello no hay desarrollo de vida posible, para ello necesitamos tu firma, ayúdanos a detener la Fractura Hidráulica: http://argentinasinfracking.org/quienes-somos/

Multisectorial contra la Fractura Hidráulica: Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Neuquén (APDH) - COB La Brecha – Colectiva Feminista La Revuelta – Confederación Mapuche de Neuquén - EcoSur - Federación Universitaria del Comahue (FUC) - Observatorio Petrolero Sur - U.P y juventud de UP - Proyecto Sur - FOPERMA – FCDN – ZAINUCO – MST – Secretaría DDHH CTA – Frente Popular Darío Santillán (FPDS) - Trabajadores y trabajadoras de Áreas Naturales Protegidas ATE – Partido Socialista – Coop. 8300 – Movimiento por la Recuperación de nuestro Petróleo (MRP) - Cátedra soberanía alimentaria –Asamblea Socio ambiental de Vecinos de Junín de los Andes – ADUNC – PCR / PTP – Grupo Moreno.

Contactos Prensa Multisectorial:

Confederación Mapuche de Neuquén: 
Lefxaru Nahuel (0299)156340448

Contacto Observatorio Petrolero Sur: 
Hernán Scandizzo (011) 1558036898

Fuente: http://www.anred.org/spip.php?breve8734

II. Indagar a qué se refiere la Presidenta cuando advierte:"yo vivo en un Estado de derecho,..." y cómo se contradice con la realidad de los de abajo.

El acuerdo con Chevron y las comunidades mapuches

Vaca muerta, cordero atado

Florencia Yanniello (Tinta Verde)

El polémico convenio entre YPF y la multinacional petrolera Chevron sigue siendo cuestionado desde diversos sectores. Ya se habían manifestado numerosas organizaciones en las afueras del edificio de YPF en Buenos Aires, el día que se firmó el acuerdo, mientras que en Vaca Muerta comunidades mapuches tomaron cuatro pozos en protesta. Desde la Confederación Mapuche de Neuquén nos cuentan la situación actual tras la firma del acuerdo. “Cambiar petróleo por vida humana no es algo que podemos admitir”, denuncian.

El área de Vaca Muerta, que ha sido pensada como zona de reserva de yacimientos petroleros y gasíferos, está a 100 kilómetros de la ciudad de Neuquén, a la vera del Río Neuquén y atravesada por dos lagos: el Mari Menuco y Los barreales. Se trata de una zona que se viene explotando hace más de 40 años y que está emplazada sobre el territorio de las comunidades mapuche Kaxipayiñ y Paynemil, que han denunciado sistemáticamente casos de contaminación y de altos índices de enfermedades oncológicas, el fuerte impacto en las economías regionales y en la ocupación territorial.

Luego de la firma del polémico convenio entre YPF, el Gobierno Nacional y la petrolera multinacional Chevron -condenada por la Justicia ecuatoriana por el derrame de 103 millones de litros de petróleo, que contaminaron ríos y alrededor de dos millones de hectáreas en las cuales estaban emplazadas comunidades indígenas-, se pretende avanzar en la explotación del yacimiento de Vaca Muerta mediante la cuestionada técnica de fractura hidráulica o fracking, prohibida en numerosos países por los daños ambientales que ha generado.
“La situación en Vaca Muerta es de una preocupación igual al momento previo al anuncio del convenio, porque se trata de un territorio amenazado con Chevron o sin Chevron. Hoy está trabajando YPF y múltiples contratistas en territorio mapuche, destrozando los campos de uso económico de la comunidad, sin ningún tipo de consulta previa ni participación de las comunidades”, señala Jorge Nahuel, representante de la Confederación Mapuche de Neuquén.
Nahuel señala que cuando se anunció la firma del convenio con Chevron, “la alarma fue más dramática, porque sabemos lo que implica esta multinacional criminal y lo que ha dejado a su paso en otras regiones. A partir de eso es que nos comenzamos a organizar y a plantear el alerta”.
El representante de la Confederación Mapuche, denuncia que se trata de un pacto “que se firmó totalmente a espaldas de la población, respondiendo a una necesidad preelectoral que tiene el gobierno y a negociados económicos, en donde el impacto mayor va a ser sobre el pueblo mapuche”.

En relación a la ocupación simbólica de los pozos petroleros, Nahuel explica: “La acción de parar cuatro pozos de perforación respondió a la decisión de generar un acto de resistencia pacífica en nuestro territorio y llamar la atención del mundo sobre algo que se está haciendo a nuestras espaldas que pone en riesgo de muerte la vida física y cultural del pueblo Mapuche”.
Además, agrega que la toma fue simbólica y por ese motivo ya fue levantada. “Ahora estamos revisando y analizando las medidas que vamos a realizar para no dejar ingresar a Chevron y no permitir que se aplique la fractura hidráulica en territorio comunitario. Nos parece que cambiar petróleo por vida humana no es algo que podemos admitir”, concluye.
Fuente: http://tintaverde.wordpress.com/2013/07/29/el-acuerdo-con-chevron-y-las-comunidades-mapuches/

I. Indagar a qué se refiere la Presidenta cuando advierte:"yo vivo en un Estado de derecho,..." y cómo se contradice con la realidad de los de abajo.

Inversión extranjera directa y Estado de derecho: 

Amenazas a la democracia y a la sociedad 

Por Pablo Dávalos 

La noción de “inversión extranjera directa” se ha convertido en una especie de dispositivo ideológico del capitalismo tardío que encubre sus derivas financieras y  especulativas, al mismo tiempo que justifica y otorga un cariz de legitimidad  jurídica y política a los procesos de privatización territorial y criminalización  social. La inversión extranjera directa y su correlato del Estado de derecho (o Estado  social de derecho) son ahora una de las amenazas más importantes en contra de la  democracia y la sociedad. Urge, entonces, comprender qué existe detrás de este  concepto aparentemente inocuo de “inversión extranjera directa”, y cómo se  relaciona con aquel de Estado de derecho, como formas políticas de la dominación  en el capitalismo tardío.   

(…)La convergencia normativa: criminalización social y seguridad jurídica 

Ahora bien, es necesario que los Estados reconozcan ese estatuto especial que  tiene el inversionista y que tiene la inversión extranjera. De una u otra forma, los  Estados están obligados a articular su legislación interna y sus normas de tal  manera que éstas se pongan en función de las necesidades y prerrogativas del  inversionista y de la inversión extranjera.  Este proceso se denomina convergencia normativa y su expresión mayor está en el  reconocimiento que hacen los Estados a la seguridad jurídica para el inversionista  y sus inversiones. Los Estados están obligados a reconocer ese estatuto supranacional y por fuera de toda regulación interna que tiene el inversionista y la  inversión extranjera.

Cuando un Estado reconoce la seguridad jurídica del  inversionista en el ámbito contractual (o Constitucional), se convierte en Estado de  derecho.  No obstante, la construcción del Estado de derecho tiene su lado numinoso, y hace  referencia al hecho de que a medida que los inversionistas ganan espacios de  reconocimiento jurídico, la sociedad y los ciudadanos los pierden.  La seguridad jurídica implica necesariamente la criminalización social. Se trata de  una conclusión lógica porque los inversionistas van a reclamar derechos de  propiedad que muchas veces atentan y lesionan incluso a los derechos humanos.  Muy rara vez los negocios van de la mano de los derechos humanos. El horizonte  de rentabilidad excluye cualquier consideración ética a nombre de la eficiencia  mercantil.  Cuando la sociedad reclama por los derechos humanos lesionados por la eficiencia  mercantil, los inversionistas acuden al expediente de acusar al Estado de falta de  garantías jurídicas para la inversión, y en virtud de que las decisiones de los  inversionistas implican los niveles de inversión, empleo, consumo, ingresos de  toda la sociedad, los gobiernos generalmente dan razón a los inversionistas en  contra de la sociedad.  De ahí que cualquier situación que amenace a los derechos de propiedad de los  inversionistas amerite duras respuestas por parte de los gobiernos que no dudan  en poner todo el poder legítimo de la violencia en beneficio exclusivo de los  inversionistas y sus inversiones.  

Quienes reclaman por sus derechos humanos, sociales y colectivos lesionados por los derechos de propiedad de los inversionistas, generalmente son perseguidos e  incluso criminalizados, muchas veces bajo el expediente del terrorismo. Muchos  líderes sociales que han defendido sus territorios ancestrales de la depredación y  del abuso de los inversionistas extranjeros, sobre todo en el caso de las industrias  extractivas, han sido criminalizados por sus respectivos Estados y acusados de  sedición y terrorismo. Muchos dirigentes laborales que han confrontado la  sobreexplotación de la cual son víctimas, han sido víctimas de secuestros,  asesinatos, persecuciones, criminalización por parte de estos inversionistas  extranjeros, con la complicidad del Estado de derecho. 

La conclusión parece evidente: a mayor seguridad jurídica mayor criminalización  social. De esta manera, el Estado de derecho, en realidad, es el Estado de  criminalización social. Esto que parece ser tanto una exageración cuanto una  antinomia se ejemplifica de manera evidente cuando se recorre el camino de las  inversiones extranjeras y se constata que junto a éstas hay una estela de conflictos sociales, represión gubernamental y criminalización social: de los femicidios de  Ciudad Juárez a la sobreexplotación laboral en las fábricas chinas media la  presencia del inversionista y la inversión extranjera como factótum de su propia  violencia. Empero, el Estado de derecho es más peligroso aún para los derechos humanos,  sociales y colectivos, porque abre un espacio transnacionalizado de coerción hecho  en función específica de los derechos de propiedad y legitimado por fuera del  Estado.  Los inversionistas han construido un locus de soberanía jurídica que rebasa la  soberanía política de los Estados y, en tal virtud, pueden ejercer la capacidad  coercitiva que permite el derecho y las leyes en beneficio propio y sin ninguna  consideración social ni ética. Los acuerdos que se discuten en la OMC a propósito de los derechos de propiedad  intelectual (Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA por sus siglas en inglés),  les otorgan a los inversionistas una capacidad coercitiva a nivel internacional y un  peso jurídico que no tiene ni siquiera la Corte Penal Internacional. El Acuerdo  ACTA, de suscribirse tal cual lo está discutiendo la OMC, le da la posibilidad al  inversionista de revisar y controlar el comercio mundial, sin la necesidad de  permisos estatales y bajo la cobertura de luchar contra la falsificación de los  derechos de propiedad intelectual.  Pero no solo les da el control sobre el comercio mundial sino también capacidades  coercitivas que generalmente son prerrogativas de los Estados-nación. (...) Leer

IV. Recuperar la soberanía en toda su dimensión por cambio del modelo productivo y de desarrollo

Córdoba gritó: Fuera Monsanto!
Por Asambleas

Hoy 23 de Mayo de 2013 nos hemos convocado para sumarnos a la lucha mundial contra Monsanto. Rechazamos la instalación de esta corporación norteamericana en la localidad de Malvinas Argentinas, en Córdoba, en nuestro país y en toda América Latina. Es por eso que en mas de 300 ciudades del mundo esta lucha se expresa con la misma fuerza, con la misma preocupación, con la misma convicción. Ya sabemos que Monsanto pretende dominarnos en su afán de monopolizar la producción de alimentos y semillas a nivel mundial.

Pero nosotros hermanos, ciudadanos, vecinos, hombres y mujeres estamos despertando, estamos sacándonos las vendas de los ojos. Los granos que se cultivan con la tecnología Round up, la soja transgénica, el maíz transgénico, no van a saciar el hambre del mundo, no son alimentos para los seres humanos, son forraje para los animales o combustible para saciar la voracidad del “progreso”.

Hoy, aquí, denunciamos enfáticamente este modelo de producción agro industrial basado en los cultivos transgénicos y las fumigaciones con productos altamente tóxicos. El agronegocio va de la mano de la destrucción de nuestros ecosistemas, de los bosques nativos, de la depredación de nuestro suelo, de la contaminación del agua, del aire, de la tierra y de la expulsión de los campesinos hacia los cinturones de pobreza de las grandes ciudades. Y sobre todo denunciamos la tremenda catástrofe social y sanitaria que padecemos más de 15 millones de habitantes expuestos a las fumigaciones.

Pero no sólo está en peligro la salud de quienes habitan las zonas rurales, también en las grandes ciudades estamos contaminados a través de los alimentos derivados de los productos transgénicos. Hay mucho para luchar, muchas cosas que nosotros, como vecinos podemos hacer, desde cada uno de nuestros lugares, para defender la vida. Aquí nos manifestamos, pero tenemos que estar informados, alertas, atentos para no dejar entrar a Monsanto en nuestra mesa.

Monsanto es una red de corrupción y complicidades con los poderes más oscuros de la política mundial. Fue el actor oculto en el golpe de estado de Paraguay, domina el Senado de Estados Unidos, 

Monsanto viene a dominar nuestra tierra, quiere monopolizar la producción de alimentos y semillas a nivel mundial. Monsanto tiene un verdadero prontuario de su accionar criminal y homicida, y las pruebas están a disposición de todos. “La historia esta guardada en la memoria”. 

La historia los condena y nosotros los repudiamos. Monsanto desde el principio se dedicó a la fabricación de productos químicos altamente cuestionados de los cuales varios han sido prohibidos. Comenzó trabajando con altas esferas del gobierno de los Estados Unidos en la fabricación de productos químicos para las grandes industrias, desde la automotriz hasta la peor de todas, la industria armamentística. Esta empresa fue la responsable de la fabricación de armas químicas en la primera guerra mundial. Durante la segunda guerra trabajó de lleno en el proyecto Manhattan, para el desarrollo de la bomba atómica. Aquí tenemos a las primeras víctimas de este monstruo llamado Monsanto.

Y así empieza un interminable genocidio. Desde 75.000 vidas segadas en Japón en Hiroshima y Nagasaky, los trabajadores negros de la planta de Monsanto enfermos con PCB, las familias contaminadas colindantes a su empresa, las 500.000 habitantes de Vietnam, rociados sistemáticamente con el agente naranja; los miles de campesinos hindúes, los niños muertos en el Chaco, los niños banderilleros en Córdoba y Santa Fé, miles de enfermos de cáncer, de enfermedades del sistema inmunológico,  malformaciones, abortos , y todas las víctimas de esta catástrofe sanitaria, que se suman a los millones de víctimas invisibles afectadas por los productos fabricados por Monsanto. Nos referimos a:

·         Sacarina, PCBs, Poliestireno, DDT Dioxinas

• Agente Naranja
• Glifosato (comercializado como RoundUp).
• Aspartamo
• Hormona de Crecimiento Bovino (rBGH)
• Cultivos Genéticamente Modificados OGM / GMO / GM
• Semillas Terminator

Las víctimas son innumerables: es emblemático el caso de las Madres de Barrio Ituzaingo Anexo, quienes durante tantos años han luchado contra la contaminación y la indiferencia de los gobiernos. Ellas son un ejemplo en la defensa de la salud y de la vida. El trabajo de las Madres visibilizó la tragedia de las fumigaciones: tan solo en su barrio hay cientos de víctimas fatales, y un sinnúmero de personas enfermas.

Durante el histórico Juicio a las fumigaciones de barrio Ituzaingo se mostraron los nefastos efectos de las fumigaciones: estudios epidemiológicos realizados en este barrio demostraron que 8 de cada 10 niños tienen hasta 6 agrotóxicos en sangre, que la deriva de estos productos es incontrolable e inmanejable, ya que se encontró endosulfan en el suelo del parque Sarmiento. Y lo más preocupante, 5 de cada diez niños en córdoba tienen agroquímicos en sangre!

La lucha de las madres de barrio Ituzaingó encendió la lucha en todo el territorio provincial. Así nació el colectivo Paren de Fumigar, uniendo la lucha de muchos pueblos en contra de las fumigaciones. Gracias a la lucha de los vecinos, ya son 20 las localidades cordobesas que dictaron sus propias normas de resguardo ambiental.

Nos declaramos en contra del Plan Estratégico Agroalimentario (PEA 2020) que pretende la profundización de este modelo extendiendo la frontera agraria a costa de los ecosistemas, de nuestros bosques, de los campesinos que en ellos habitan, dándole vía libre al saqueo que estas corporaciones realizan.

También decimos NO al nefasto proyecto de Ley de Semillas que promueve la privatización del uso de las mismas, y pone en peligro la soberanía alimentaria de nuestro pueblo.

“Quien controla las semillas controla la comida y quien controla la comida, controla la vida”.

Manifestamos repudio hacia la complicidad de la Justicia con los intereses corporativos, que se refleja en los amparos y los fallos a favor de las Multinacionales. Ejemplos hay en todo el mundo, Córdoba no es ajena: el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, que rechazó la medida cautelar presentada por los vecinos de Malvinas Argentinas, es Juez y Parte en este conflicto ya que en su declaración jurada de AFIP figura como productor sojero.     

Denunciamos también a los gobiernos que son socios y cómplices de las multinacionales. Tanto el gobierno nacional, como los gobiernos provinciales y municipales, niegan la tremenda situación sanitaria que atravesamos los ciudadanos derivada de la contaminación, del incumplimiento de leyes ambientales vigentes y la falta de legislación en defensa de la salud. Los gobiernos han desconocido todos estudios científicos que demuestran la alta toxicidad de los productos usados cada vez en mayor escala. En este mismo sentido denunciamos la complicidad del SENASA con las empresas multinacionales.

La lucha contra Monsanto se focaliza hoy en Malvinas Argentinas; a esta comunidad debemos brindar todo nuestro apoyo, porque la instalación de esta planta significaría el avance de esta multinacional en su derrotero de muerte y dominación sobre todo el territorio nacional.

Por eso estamos acá para decir  bien fuerte, fuera Monsanto de Córdoba, fuera Monsanto de Malvinas argentinas y fuera Monsanto de America Latina.

Fuente: http://argentina.indymedia.org/news/2013/05/838803.php

III. Recuperar la soberanía en toda su dimensión por cambio del modelo productivo y de desarrollo

9 de julio

Análisis Político

Por Ulises Bosia. 

Este martes se van a cumplir 197 años de la declaración de independencia. ¿Es posible ser independientes en el mundo del capitalismo globalizado?

El fenómeno de la extranjerización de la economía sufrió una aceleración cualitativa en los años 90, a tal punto que hoy es posible decir que el capital extranjero tiene una influencia decisiva en la economía argentina. La magnitud de este problema es tal que en el 2011 el 80,4% del valor generado por las 500 empresas más grandes correspondió a firmas extranjeras.

Monsanto, Cargill, Barrick Gold, Chevron, Pan American Energy, BBVA, HSBC, Telefónica, Telecom, Petrobrás, Carrefour o Volkswagen son algunas de las empresas multinacionales más conocidas que operan en nuestro país. Si bien muchas de ellas concentran su accionar en las actividades ligadas a la extracción y exportación de recursos naturales, en realidad se las puede encontrar en casi todas las ramas de la economía.

Las consecuencias de esta realidad son múltiples pero vamos a destacar tres.

Ø     Por un lado el problema de la enorme fuga de capitales, que desangra nuestra economía y es uno de los principales factores de la escasez de dólares que vivimos actualmente.

Ø     Por otro, la limitación al desarrollo de la industria nacional, en la medida en que la producción local es planificada como un eslabón de una cadena que se despliega por varios países. De esa manera los procesos más complejos vinculados a una mayor innovación tecnológica se reservan a los países centrales del capitalismo, mientras que en naciones como la nuestra se aprovecha la abundancia de recursos naturales y el bajo nivel salarial de la mano de obra.

Ø     Finalmente, en buena medida las inversiones extranjeras se orientan en toda América Latina a la extracción de bienes naturales y la actividad primaria en general, sea en la minería, el petróleo, el gas o la producción agraria, y al financiamiento de la infraestructura necesaria para ese circuito de exportación. En ese sentido la inversión extranjera, tal como está planteada hoy, es un factor de peso que empuja con fuerza la tendencia a la primarización de las economías de nuestros países hermanos.

Esta presencia económica se combina con el aspecto jurídico-político del fenómeno de la extranjerización que tiene que ver con un enorme entramado legislativo proveniente de la década de 1990 pero aún vigente.

·        En primer lugar nos referimos a la Ley de Inversiones Extranjeras (Ley 21.382) sancionada por la última dictadura militar y reformada por el menemismo. Es una norma que afirma que “los inversores extranjeros que inviertan capitales en el país tendrán los mismos derechos y obligaciones que la Constitución y las leyes acuerdan a los inversores nacionales”. Por si fuera poco asegura la libre disponibilidad para el giro de las ganancias empresarias al exterior del país y la ausencia de requisitos de inversión.

·        En segundo lugar, hay que tener en cuenta la vigencia de decenas de Tratados Bilaterales de Inversión con múltiples países mediante los que los capitales extranjeros gozan de diversos incentivos para invertir en nuestro país. Los tratados les aseguran la garantía de que ante cualquier problema que surja, sus intereses no serán defendidos ante la Justicia local sino ante el tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), un organismo dependiente del Banco Mundial en el que hoy se acumulan las denuncias de las empresas multinacionales contra nuestro país.

Algunos países de América Latina, pertenecientes a la Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América se retiraron del CIADI, como Venezuela, Bolivia y Ecuador, mientras que por ejemplo Brasil nunca formó parte, al entender que hacerlo implica una inaceptable entrega de la soberanía nacional.

Finalmente se puede pensar la extranjerización de la economía también por su dimensión social. Principalmente teniendo en cuenta el problema del bajo nivel salarial de la clase trabajadora y de las condiciones concretas en las que trabaja. Para que las multinacionales inviertan en nuestro país se necesita una mano de obra barata.

En los últimos diez años la tasa de ganancia empresaria fue muy elevada y en algunas ramas incluso más alta a la de la década del noventa. Sin embargo, el poder de compra real del salario de la clase trabajadora en promedio solamente pudo recomponerse ligeramente por sobre el nivel del año 2001, muy por debajo del máximo histórico que en nuestro país se dio en el año 1974. Además, el hecho de que uno de cada tres trabajadores se encuentre empleado en negro, es decir ilegalmente, no puede ser comprendido por fuera de esta realidad. Así como tampoco las condiciones de tercerización fraudulentas instaladas en múltiples actividades entre las que se destaca el empleo público.

¿Cómo recordar y homenajear entonces la entrega de los patriotas de nuestra independencia sin enfrentar en la actualidad estos impedimentos estructurales al desarrollo de nuestro país?

Fuente: http://www.dariovive.org/?p=6349

II. Recuperar la soberanía en toda su dimensión por cambio del modelo productivo y de desarrollo.

Porque el modelo esencialmente extractivista avanza como creciente concentración y transnacionalización económico territorial. Violencia de saqueo   y desalojo o de injusticia social que es garantizada mediante criminalización tanto de los desposeídos como de los que resisten tamaño avasallamiento de derechos humanos. La criminalización de la pobreza y la protesta social se agrava con las leyes anti-terroristas.

Argentina. Repudio de organismos de derechos humanos: 

Al nombramiento del Gral. César Milani al frente del Ejército

Ante la decisión de la presidenta Cristina Kirchner de nombrar a César Milani como nuevo jefe del Ejército, organismos defensores de derechos humanos manifiestan su repudio al nombramiento del general especializado en inteligencia, por su participación en violaciones a los derechos humanos en la década del ‘70.

Los Organismos de DDHH abajo firmantes repudiamos enérgicamente el nombramiento del Gral. César Milani al frente del Estado Mayor General del Ejército Argentino.

Este personaje de oscuro prontuario represivo en la década del ‘70, en tanto se ha señalado su participación en el “Operativo Independencia” en Tucumán como subteniente especializado en inteligencia en el Batallón de Ingenieros de Construcción 141 de La Rioja, en comisión en Tucumán, entre febrero de 1976 y febrero de 1977; ha sido también denunciado como consustanciado con los levantamientos “carapintadas” en los ‘80 y su condenable carrera la ha desempeñado en el área de Inteligencia del Ejército, cuya conducción ejerce desde 2007.

Con tales antecedentes llega este militar al más alto escalafón dentro de una Fuerza que todavía sigue rindiendo cuentas ante la justicia por los crímenes cometidos.

Sólo podemos entender esta designación en los términos de la búsqueda de una más eficaz aplicación de la Ley Antiterrorista sancionada por el Congreso Nacional a instancias del Poder Ejecutivo y que fuera ampliamente repudiada por el conjunto de los Organismos de Derechos Humanos.

El nombramiento de Milani es la representación práctica y simbólica de la continuidad de la impunidad siendo que él, al igual que muchísimos de los que participaron en la represión durante la Dictadura genocida, continúan en actividad en las fuerzas armadas y se los premia con ascensos y puestos de mando. A la vez, recordamos que no han sido negadas las denuncias contra Milani por haber sido el cerebro del proyecto de espionaje del que han sido objeto las organizaciones populares, conocido como Proyecto X.

Queremos expresar nuestro más absoluto rechazo a tal designación, entendiéndola como una provocación y un avasallamiento a los más de 36 años de lucha de nuestro pueblo en contra de la impunidad.

Asociación de Ex-Detenidos Desaparecidos (AEDD)
Asociación de Profesionales en Lucha (APeL)
Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH)
Colectivo de Abogados y Abogadas Populares La Ciega
Colectivo Memoria Militante
Hijos La Plata
Liberpueblo
Unión por los Derechos Humanos
Buenos Aires, 4 de julio de 2013 Fuente: http://www.argenpress.info/2013/07/argentina-repudio-de-organismos-de.html

I. Recuperar la soberanía en toda su dimensión por cambio del modelo productivo y de desarrollo.

El precio del pan en la discusión por la soberanía

Por: Julio Gambina (especial para ARGENPRESS.info)

La cuestión inflacionaria sigue siendo un problema en la Argentina y afecta a los sectores sociales más empobrecidos. Uno de los precios con más impacto social en la canasta de consumo cotidiano en estos días es el del pan, que viene en alza producto del creciente precio de la principal materia prima: el trigo.

El trigo aumenta por ley de oferta y demanda ante la menor producción y también por razones especulativas denunciadas por el gobierno y que anima la aplicación de la ley de abastecimiento. Son dos causas que remiten al funcionamiento del capitalismo.

• Por un lado el fenómeno de la escasez en el mercado derivado de la menor producción de trigo. En ello existe responsabilidad de la orientación seguida por la producción agraria de Argentina, de privilegio a la soja en los últimos tiempos. Si a mediados de los años noventa eran equiparables la producción sojera y triguera, con la autorización para producir transgénicos, la soja se expandió de los 6 millones de toneladas a más de 20 millones en tres lustros, y el trigo se redujo a 3 millones. La soja es producto de exportación y el trigo comparte la demanda tanto en el mercado interno como del externo. El modelo productivo argentino favorece desde hace tiempo la demanda del mercado mundial, sea para su producción agraria, minera e incluso de las principales industrias, especialmente la de los automotores.

• Por el otro, la especulación es favorecida por la tendencia al alza del precio del trigo que motiva la retención de la producción triguera todo lo que sea posible. Aunque se pretenda buscar motivaciones políticas en el hecho, que pueden existir, lo real es que la lógica capitalista sustentada en la maximización de la ganancia lleva a los propietarios de la cosecha de trigo a postergar todo lo posible la liquidación de existencias del grano. Es sabida la existencia de límites para la inversión rentable de capitales ociosos, con lo cual, esos propietarios de granos optan por la especulación con la cosecha ante la imposibilidad de compra de divisas al precio oficial u otras opciones de valorización de sus capitales. Son las reglas del capitalismo normal. Sea por una u otra razón, se verifica un impacto social regresivo vía incremento del precio de la harina y del pan. No se trata del único precio en discusión, pero sobresale por tratarse de un componente cotidiano en la dieta de los argentinos.

La discusión se concentra desde el gobierno en la aplicación de la ley de abastecimiento para inducir la venta de las existencias de trigo en manos de los productores. También se actúa sobre los molinos harineros y se promueven acuerdos de precios para contener el precio de la manufactura de harina y pan. Desde los actores económicos del sector agrícola se demandan modificaciones en la política de retenciones y otras medidas tendientes a mejorar la rentabilidad de su actividad. Lo que no se discute desde ambas posiciones es el modelo productivo y de desarrollo que resulta el motivo de las tensiones actuales. ¿Qué debe producir la Argentina, cómo, con quién, de qué manera y para qué mercado?

La soberanía en discusión

Está claro que el pan es producto esencial a la hora de pensar en términos de soberanía alimentaria, que constituye pieza fundamental para organizar el modelo productivo local y de otros países de la región.

La cuestión de la soberanía tiene que destacarse en momentos en que está puesta en el orden del día ante la agresión ejercida por algunos países europeos al Presidente de Bolivia y que motiva el rechazo de los gobiernos en la región.

Queremos introducir la idea que no sólo debe rechazarse políticamente el accionar imperialista contra EVO y Nuestramérica, sino bucear en la esencialidad económica de la dominación colonial e imperial. El imperialismo actúa del modo que lo hace sobre la base de su dominación económica, política, militar y cultural. En la base está la dominación del dólar y el euro, que imponen las transnacionales de la alimentación y la biotecnología, estadounidenses y europeas, que son aquellas que definen la orientación de la producción en nuestros países.

No hay expansión de la soja en Argentina y los países del Mercosur, sin el paquete productivo que proveen Monsanto, Syngenta, Cargill, Dreyfus y otros, del mismo modo que ocurre con la minería, en el petróleo, o en las tendencias de ensamble que presenta el sector industrial más dinámico en el país, especialmente las automotrices.

Por eso es que no alcanza con la ley de abastecimiento, más allá de su juridicidad o constitucionalidad, o de los acuerdos de precios para frenar el alza del precio del trigo, la harina y del pan. Lo que tiene que discutirse y modificarse es el modelo productivo y de desarrollo.

Europa discute con nuestra región un tratado de libre comercio, del mismo modo que lo hace Europa con EEUU. Este último espía a Europa y a todo el mundo. Aquellos hacen lo propio y ambos afectan los derechos soberanos.

La respuesta que exige nuestro tiempo es por la soberanía en toda su dimensión.

Es en defensa de la soberanía nacional, económica, política, cultural, y con relación a la cuestión del pan, se trata de afirmar la voluntad por ejercer la soberanía alimentaria evitando el manejo comercial.

Tal como venimos insistiendo se impone la des-mercantilización de la salud y la educación, del transporte y de la energía, y claro, también del pan y los alimentos de la canasta popular.

Julio Gambina es Director Académico del Centro de Estudios de la Federación Judicial Argentina (CEFJA) y Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas (FISyP).

Fuente: http://www.argenpress.info/2013/07/el-precio-del-pan-en-la-discusion-por.html