3 de Julio de 2014
Por Alejandro Olmos Gaona.
La deuda externa argentina es que heredó de la última dictadura
cívico-militar, pero sucedida de nuevos empréstitos para sufragarla. Acerca de
por qué es “odiosa”.
Hace muchos meses el ministro de Economía Axel Kicillof y el embajador argentino en
La deuda con el Club de París se arrastra desde el default
de 2001, y el 2 de septiembre de 2008 la Presidenta de la Nación decidió
pagarla en su totalidad con las reservas del Banco Central, para lo cual emitió
el Decreto 1394, que también fue firmado por el jefe de Gabinete de Ministros,
Sergio Massa. Esa norma que fue tácitamente suspendida, sin que se diera a
conocer los motivos de la decisión, pero que sigue teniendo vigencia.
Debe recordarse que en mayo de 2011, trascendió que el
entonces ministro de Economía Amado Boudou habría arreglado finalmente el monto
a negociar con el Club de Paris, con lo que se fijó en la suma de 8470 millones
de dólares la deuda a pagar. Se enfatizó el “éxito” de haber conseguido una
rebaja importante al no reconocerse deudas consideradas ilegítimas. Según
fuentes de la cartera económica en ese momento las “deudas que se incluyeron
tienen como fundamento contratos acordados luego de diciembre de 1983. Esto
llevó a rechazar varios reclamos de acreedores, que sumaban más de 100 millones
de dólares, que pretendían incluir presuntas deudas basadas en contratos
efectuados durante la dictadura militar, no convalidadas por un gobierno
democrático” (Diario Página 12, 15/5/2011).
Aunque todas las negociaciones que se efectuaron siempre
fueron secretas, los pasivos incluidos también lo son, no se conoce el detalle
de los créditos reclamados y el nombre de las empresas privadas involucradas,
cuyas deudas asumiera el Estado Nacional. La noticia difundida por los medios oficialistas es un claro ejemplo de cómo se
manipula la información y se articula un mensaje que pretende mostrar una
actitud independiente y soberana en el manejo de las negociaciones, además del
hecho inédito de plantear la ilegitimidad de una parte del endeudamiento que se
originara durante la dictadura militar.
Pero como siempre la realidad viene a contradecir el
discurso los hechos, resultan sustancialmente distintos y las deudas que
reclaman los países que integran el Club de Paris, como provenientes de la dictadura
cívico-militar no se reducen a esos exiguos 100 millones de dólares que
supuestamente se habrían descontado. Voy a mostrar cuál es la realidad que el
Gobierno pretende ocultar con su acostumbrado palabrerío mediático pero
insustancial.
Dejando de lado deudas canceladas de la década de 1960, las
obligaciones que hoy se van a negociar tienen en parte su origen durante la
gestión del dictador Jorge Rafael Videla, y fueron acrecentadas posteriormente
con nuevas deudas contraídas durante la década de 1990, después de realizada la V Ronda de negociaciones
que culminara en 1992, durante la gestión de Domingo Cavallo.
Para poder tener una idea exacta del significado de lo que
se va a pagar, es necesario retroceder unas décadas y llegar hasta 1985, cuando
comenzaron las primeras negociaciones. En ese entonces el monto de la deuda a
renegociar era de 5500 millones de dólares y se estableció como fecha de corte
el 10 de diciembre de 1983. En esa fecha (Ronda I) se llegó a un acuerdo por la
suma de 2250 millones de dólares, incluidos capital e intereses, siendo
importante puntualizar que todavía las estimaciones no eran definitivas, por lo
cual el gobierno de Raúl Alfonsín siguió recibiendo reclamos de acreedores para
la posterior conciliación.
En la
segunda Ronda , se sumaron montos no refinanciados en la
primera y la deuda se estimó en 4250 millones de dólares hasta 1986. Luego, en
el acuerdo firmado en 1987 se fijó en 5303 millones. Estos montos se fueron
modificando con la inclusión de otras deudas, como las de Cogasco, que entraron
en las rondas llevadas a cabo durante la década del 90.
Al poco tiempo de asumir Carlos Menem y firmado el acuerdo
con el FMI en noviembre de 1989, comenzó una nueva ronda de negociaciones donde
se incluyeron 1200 millones de dólares de atrasos en los que había incurrido el
gobierno radical. Se acordó capitalizar los intereses atrasados y postergar los
vencimientos para los años siguientes, efectuando pagos poco relevantes.
El 19 de septiembre de 1991 se firmó el acta multilateral
que puso término a la Ronda
IV , consolidándose la deuda, incluidos los atrasos en 7592
millones de dólares.
El último acuerdo con el Club de Paris (Ronda V) se firmó en
el marco de toda la reestructuración de la deuda externa efectuada en 1992 a través del Plan
Brady, que contó con la participación del FMI, el Banco Mundial y el BID. La
deuda a esa fecha quedó en 8900 millones de dólares, a través de distintas
reprogramaciones que se hicieron, estableciéndose un nuevo cronograma de pagos,
para llegar a cancelar la misma.
En el Boletín Fiscal de la Nación se indica que al 30 de
diciembre de 1996 la deuda era de 6725 millones de dólares, haciéndose constar
además la existencia de deudas con otros bilaterales, por la suma de 3.436
millones de dólares. La cifra disminuye en 1997 a 5144 millones, más
2959 por deudas bilaterales. En 1998 la deuda es de 4512 millones de dólares,
más 2943 (bilaterales), en 1999 es de 3235, más 2682 (bilaterales) y cuando se
produce el default del 2001 la deuda era de 1879 millones de dólares, más 2579
millones en concepto de otros bilaterales. Estas deudas bilaterales son
préstamos que se negocian en el marco del Club de Paris e integran las sumas
que este reclama.
Producido el default y la interrupción de los pagos, comenzó
nuevamente el crecimiento de la deuda, capitalizándose los intereses,
estimándose que hasta diciembre del año 2010 la deuda por capital con el Club
de parís era de 6298 millones de dólares, según los informes del Ministerio de
Economía, por lo que sumando los intereses convencionales más los punitorios,
la deuda treparía a más de 9500 millones de esa moneda a la fecha.
Hasta aquí el detalle riguroso de las negociaciones y la
evolución de la deuda hasta hoy, donde por razones de síntesis no incluyo los
detalles de la reprogramación de intereses, amortizaciones y punitorios por
mora. Lo fundamental que surge de las cifras y de las fechas consignadas es
determinar qué importe corresponde a la deuda de la dictadura y cuál el que a
los gobiernos a partir de diciembre de 1983.
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