Dejemos de silenciar e invisibilizar las oficializadas como "zonas de sacrificio" y los feudos transnacionalizados que demuestran la incompatibilidad de los extractivismos con la democracia y la independencia económica.
Podemos
comprobar también la responsabilidad e impunidad del Partido Justicialista que designa
como su presidente a José Luís Gioja en el año 2016 en pleno período de denuncias sobre derrames de cianuro.
José Luis Gioja, el ‘hijo putativo’ de
la Barrick Gold corporation
Cuando el lobo Barrick cuida las gallinas
La rotura del caño con cianuro de Barrick Gold en San Juan y el no accionar de
su gobernador José Luis Gioja, es otra evidencia de la estrecha relación que hay
entre la empresa minera y funcionarios.
En ese marco, los tres principales candidatos a presidente, proponen profundizar
esta actividad cuyo pasivo ambiental los argentinos estamos comenzando a pagar.
FUENTE: strepteasedelpoder.com/
Por Silvia Ferreyra, Coordinadora del Área de Ambiente de la ONG ISEPCI
En San Juan es
muy difícil establecer el límite entre el accionar del estado y el de las
empresas mineras. La relación es de ida y vuelta: muchos funcionarios tienen o
han tenido fuertes vínculos con el sector, como el actual secretario de minería
de Nación, Jorge
Mayoral, secretario y luego director ejecutivo de la Cámara Minera de
la provincia (1994-2001). Y muchos asesores y técnicos de las mineras prestan
“colaboración” en el diseño de políticas públicas y normas que rigen la
actividad, como sucedió con Barrick y
el veto a la ley de glaciares primero, y luego con las leyes provinciales
presentadas por los gobernadores ante la inminente sanción por segunda vez de la
norma nacional.
Esta sintonía perfecta se mantiene intacta desde épocas del menemismo y se repite en todas las provincias mineras.
El domingo pasado
se rompió “una
válvula de una cañería que conduce solución cianurada” en la mina
Veladero, de la Barrick Gold, en el departamento Iglesia de San Juan. El
accidente alertó rápidamente a la población de Jáchal, localidad aguas abajo del
emprendimiento, que por temor a la contaminación se movilizó por la noche al
municipio. Gustavo
Herrnann, vecino del
pueblo, habló en una entrevista para la Olla.TV:
“Las
noticias que nosotros teníamos es de un derrame de cianuro y mercurio de aproximadamente
15 mil litros, ellos dicen que
eso es imposible. Nunca nos vamos a poner de acuerdo, pero estamos obligados a
monitorear las aguas, porque esto ha sucedido a 5 mil metros de altura, las
aguas escurren allá y vienen directamente por el río para acá. De boca de la
gente que trabaja en la empresa nos venimos a enterar que el incidente fue ayer
(por el domingo) a la mañana. Si no hubiera sido por la presión de las redes
sociales y que se viralizó todo, a nosotros nos queda toda la sensación de que
esto se hubiera tapado, no nos hubiéramos enterado de absolutamente nada”.
“De
boca del secretario de Minería (de la provincia) nos enteramos que ayer al
mediodía ya estaba la policía minera ahí arriba.
Si está la policía minera con tanta premura es porque había algo, después ha
dicho que los monitoreos de agua se hacen cada dos horas. Eso nos da la
sensación de que “algo” ha pasado. Ahora hay gente de Salud Pública y Obras
Sanitarias que están haciendo monitoreos en todas las plantas y habrá que hacer
monitoreo de aguas subterráneas y aguas arriba. Lo que pasa es que implica un
costo, implica movilización y hay gente que desconfía porque acá no tenemos
laboratorios para hacer análisis de agua y desconfiamos de los análisis de agua
que hace el gobierno. Entonces hay gente que quiere hacer análisis paralelos en
laboratorios particulares y eso también tiene un costo. Pero la gente no está
tranquila”.
La empresa
difundió el lunes un comunicado mostrando todo bajo control. “Nuestro
equipo de Medio Ambiente está investigando las causas del incidente y
monitoreando todas las variables ambientales en la zona” “No
existen peligros para nuestros trabajadores o para la comunidad con el incidente
ocurrido”. En igual sintonía se manifestó el
gobernador José Luis Gioja, quien siempre que va a Jáchal toma agua directamente
de una acequia, en respuesta a quienes critican a la minería.
En este caso dijo que
iniciará un sumario para determinar responsabilidades
por lo ocurrido, calificó el hecho como “una
contingencia técnica que fue controlada y no generó problemas”. “Hay
que llevarle seguridad a todos. Están todos los recaudos tomados, son cosas que
pueden llegar a pasar”. En cuanto a la información trascendida en las redes
sociales, señaló que “quienes quieran tergiversar o llevar agua para su molino
no sirve la situación. Ustedes lo podrán ver si esto se usa políticamente”.
En la Corte Suprema de Justicia de nuestro país están vigentes dos causas contra Barrick: una impulsada por la Fundación Ciudadanos Independientes – FUCI, por afectación de glaciares y por ocultar la presencia de estas fuentes de agua en el Informe de Impacto Ambiental de la mina Veladero, realizado por la consultora Knight Piésold. Como prueba ofrece la documentación del Informe de Impacto Ambiental de Pascua Lama, proyecto argentino-chileno de la misma empresa, elaborado por otra consultora (BGC) con notables diferencias sobre la misma zona geográfica. La otra causa es por daños, fue iniciada por Ricardo Vargas y está patrocinada por Diego Seguí. Refieren los daños ambientales a partir del inicio de Veladero y solicitan se suspenda la construcción de Pascua Lama del lado argentino -del lado chileno ya se encuentra suspendido por orden de la Justicia-, hasta tanto se realice el inventario de glaciares. Sostienen que este proyecto se está construyendo sobre glaciares de su provincia. Ambos expedientes, vinculados, esperan la respuesta del Tribunal.¿A quién le tienen que creer los vecinos de Jáchal, para quedarse tranquilos? ¿A los funcionarios provinciales que controlan la actividad? ¿Al gobierno nacional que nunca intervendrá, si no es por orden expresa de la provincia? ¿A la empresa? ¿Cuál es el trato que recibe cualquier voz crítica a la actividad en estas provincias? ¿La persecución, el apriete, el ninguneo, el despido, o todas a la vez?
En julio pasado,
el candidato a presidente Daniel Scioli viajó a San Juan y envió un mensaje
claro al sector minero: “los
empresarios, trabajadores, a los inversores y a los potenciales, la mayor de la
certidumbre, tranquilidad y previsibilidad que van a encontrar en Argentina una
tierra extraordinaria para invertir a distintos mercados del mundo”.
En otra oportunidad su contrincante Mauricio Macri señaló en dicha provincia la
importancia de la actividad y que “hay
países que salieron adelante con la minería y son respetados desde el punto de
vista ambiental”, mientras que Sergio Massa sostiene que “donde
haya licencia social, hay que bancar a muerte a la minería y donde no la hay, no
debe haber minería”.
Nuestro país
necesita una reforma minera profunda, que vaya más allá de lo estrictamente
económico, que aborde las estructuras de poder fortalecidas desde Menem en
adelante de la mano del clientelismo, la compra de voluntades y la corrupción.
Que contemple la defensa del agua y de la vida, y el respeto por la cultura de
nuestro pueblo y su forma de vivir. Que garantice mecanismos de control
transparentes y participativos, sobre todo de la población involucrada, con
funcionarios idóneos e independientes de los intereses de las empresas. Sólo así
se podrá construir un puente de confianza de cara a la sociedad.
Fuente: http://fundavida.org.ar/web2.0/jose-luis-gioja-el-hijo-putativo-de-la-barrick-gold-corporation/
Es un desafío
fundamental para las diversidades de abajo de todo el país, continente y mundo
romper el silencio e invisibilización sobre estos ecocidios-genocidios causados
por los extractivismos en exclusivo beneficio de los grandes capitales locales e
imperialistas y de los altos funcionarios. Ellos festejan sus negocios
criminales mientras:
En 2018 hubo unos mil incidentes
ambientales
Los derrames de
Vaca Muerta
19 de
noviembre de 2018
El Observatorio Petrolero Sur denuncia que se está produciendo “un desastre
ambiental y social”. Los derrames provocan graves perjuicios a los productores
de frutas. Las Naciones Unidas mostraron su preocupación. Página/12 dio cuenta
de ello en esta nota publicada en noviembre
pasado.
“Fracking seguro”
y “Vaca Muerta no va a contaminar” fueron los eslogan empresario y mediático en
2013, cuando comenzó a explotarse la formación petrolera Vaca Muerta (Neuquén).
La técnica (llamada “fractura hidráulica”) era ya muy cuestionada en el mundo
por sus impactos ambientales. A cinco años del acuerdo YPF-Chevron que dio
inicio a la explotación, se cumplió lo que alertaban comunidades mapuches y
organizaciones socioambientales: decenas de derrames, explosión de pozos e
incendios. La provincia reconoce que se producen dos derrames por día y Naciones
Unidas llamó a detener Vaca Muerta.
LEER MÁS
La denuncia penal que presentó el reportero detenido en Vaca Muerta| Torturas, robo y apremios ilegales
El 19 de octubre
se produjo un derrame de petróleo que afectó entre 40 y 80 hectáreas. Se trató
de un pozo de YPF y Schlumberger (multinacional estadounidense) en Bandurria Sur
(a once kilómetros de Añelo) que estuvo 36 horas fuera de control. El hecho se
conoció porque fue difundido por los propios trabajadores. El subsecretario de
Ambiente de Neuquén, Juan de Dios Lucchelli, señaló que fueron “algunas
hectáreas”. YPF reconoció, diez días después del desastre, que fueron 47
hectáreas. Las organizaciones Greenpeace y FARN (Fundación Ambiente y Recursos
Naturales) mediante imágenes satelitales advirtieron que se trataba de al menos
80 hectáreas.
El último derrame
de YPF es sólo una muestra de algo mayor: en la cuenca neuquina se produce un
promedio de dos derrames por día. Publicado por el periodista Matías del Pozzi
(en el Diario Río Negro), en los últimos cuatro años las petroleras admitieron
3368 “incidentes ambientales”, eufemismo de las empresas y el Gobierno para los
hechos de contaminación.
En base a
información oficial de la Secretaría de Ambiente de Neuquén se detalla que en
sólo diez meses de 2018 (enero a octubre) se registraron 934 hechos de
contaminación. En 2017 fueron 703, en 2016 se trató de 868 y en 2015 fueron 863.
El Observatorio
Petrolero Sur (Opsur) es un espacio de referencia en la investigación del
accionar de las petroleras y sus impactos. “En Vaca Muerta se está produciendo
un desastre ambiental y social. De continuar la explotación será aún peor y no
afecta sólo a quienes viven allí, la contaminación del aire y el agua nos
llegará a todos”, afirmó Fernando Cabrera, del Opsur. Recordó que en el derrame
de YPF-Schlumberger no dieron información oficial durante diez días. “Estos
eventos se producen porque son los propios vecinos, campesinos o trabajadores
los que denuncian. Otra muestra de que no se puede confiar en empresas ni en los
gobiernos”, destacó.
Un relevamiento
del Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental (integrado por Opsur y
Taller Ecologista) precisó los hechos graves de petroleras en la localidad
rionegrina de Allen (donde la avanzada petrolera perjudica a los tradicionales
productores de frutas de la región). Entre marzo de 2014 y enero de 2018 hubo al
menos catorce hechos que desmienten el “fracking seguro”: explosión de pozos,
incendios con llamas de hasta 15 metros de altura, derrames en zonas de
producción de peras, roturas de canales de riego y 240 mil litros de agua tóxica
derramada sobre chacras, entre otros.
La Confederación Mapuche
de Neuquén (que cuestiona la avanzada petrolera desde hace más de veinte años),
organismos de derechos humanos y la Asociación de Abogados Ambientalista
presentaron una denuncia penal enmarcada en la Ley de Residuos Peligrosos (para
las empresas) y “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de
funcionario público” para las autoridades ambientales de la Provincia. La
Confederación recordó que ya realizó cinco denuncias por hechos graves de
contaminación y por la falta de acción de los funcionarios del Gobierno. También
responsabilizaron al Poder Judicial por la falta de avance en las causas.
El Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de Naciones Unidas emitió en
octubre su “Cuarto Informe Periódico de Argentina”. Remarcó los impactos
negativos de Vaca Muerta y resaltó su preocupación para su incidencia en el
clima mundial. “La explotación total de todas las reservas de gas de esquisto
(de Vaca Muerta) consumiría un porcentaje significativo del presupuesto mundial
de carbono para alcanzar el objetivo de un calentamiento de 1,5 grados,
estipulado en el Acuerdo de París”. Y recomendó “reconsiderar la explotación a
gran escala de combustibles fósiles no convencionales mediante el fracking en la
región de Vaca Muerta” para garantizar el cumplimiento de los compromisos
climáticos asumidos por el Estado argentino.
El Comité de la
ONU también alertó que no se evaluaron correctamente los impactos negativos del
fracking y afirmó que no se consultó adecuadamente a las comunidades locales.
El Panel
Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) había emitido, dos semanas antes,
un informe con tono advertencia: si la temperatura del planeta sigue en aumento
y supera el 1,5 grados para 2030 se producirán “impactos catastróficos” en la
vida de las personas y el medioambiente. Para alcanzar el objetivo (para 2030)
se debe reducir a la mitad el uso de petróleo y el de gas a un tercio. La
explotación de Vaca Muerta va en sentido opuesto.
En Vaca Muerta
están presente, además de YPF y Chevron, las grandes multinacionales Shell,
Wintershall, ExxonMobil, Total, PAEG (Bulgheroni, CNNOC, BP), Equinor,
Schlumberger, Pluspetrol, Pampa Energía y Mercuria.
Es hora de acabar con la impunidad de los partidos de estados (PJ y UCR)
destapando en qué consiste su poder territorial y cómo las elecciones son un
simulacro de democracia.
Feuderalismo:
Quién ataca a los qom
7 de mayo de
2013
La comunidad Qom
de Formosa sigue sufriendo ataques sistemáticos por parte de un gobierno, el de
Gildo Insfrán, que minimiza cada muerte y cada golpiza. Insfrán gobierna desde
1995 un feudo que apoyó a todos los presidentes desde Menem hasta hoy, pone en
la corte provincial a funcionarios de la dictadura, controla a los medios y,
principalmente, arrasa con derechos de los pueblos originarios para ampliar el
modelo extractivo sojero. El gobierno nacional no termina de articular la
concreta e inmediata defensa que requieren esos pueblos. Se firmó en abril un
protocolo de defensa de la comunidad ordenado por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, pero hace dos días el hijo de Abelardo Díaz (hijo de Félix
Díaz) y Carlos Sosa sufrieron una agresión violenta que los tiene aún en el
hospital.
Gildo eterno
Gildo Insfrán, 62
años, es el gobernador de Formosa desde el 10 de diciembre de 1995, y desde el
83 que ocupa cargos políticos en la provincia tras dejar su oficio de
veterinario. De completar su quinto mandato en 2015, empataría a Adolfo
Rodríguez Saa en el arte de mantenerse como gobernador durante 20 años
consecutivos, la cifra más alta hasta ahora. Pero contando sus años como
diputado y vicegobernador, Insfrán ostenta un récord de 30 años en el poder.
La traición
originaria
Insfrán fue
diputado en la legislatura por Formosa del 83 hasta el 87, año en que ocupó
además el cargo de vicegobernador de la provincia hasta la fecha en que asumió
como gobernador – dos mandatos. Desde entonces fue elegido tres veces, la última
con el 76% de los votos, para lo cual necesitó reformar un mismo artículo de la
Constitución de Formosa en dos oportunidades: en 1999, para ser reelegido, y en
2003 habilitando la reelección indefinida.
Insfrán trepó a
la gobernación tras ser el vice de Vicente Joga – gobernador del 87 al 95,
actual líder del peronismo disidente en el noreste- quien se tomó en 1995 un
período de descanso para poder ser electo más adelante. Pero ya al frente de la
provincia, Insfrán pateó el acuerdo político con su viejo socio, se desprendió
del Partido Justicialista para armar uno propio, y proyectó un camino de
concentración de poder rodeado de gente de su confianza. De Menem a Néstor
Kirchner, pasando por De la Rúa, Rodríguez Saa y Duhalde, Insfrán mantuvo buenas
relaciones con los presidentes de turno.
El amigo de
todos
En 1999, Página 12
calificaba al gobernador como “menemista” y comparaba las truncas aspiraciones
reelectorales de Menem con las que concretaba Insfrán esas fechas con éxito.
Pero el ex veterinario asumió un nuevo período en diciembre de ese año
deshaciéndose en elogios hacia el entonces presidente de la Alianza, Fernando De
la Rúa, y firmando la emergencia económica.
En 2001, Insfrán
fue uno de los 7 gobernadores que visitaron a Menem en la quinta de Don Torcuato
donde cumplía arresto domiciliario por la causa de venta ilegal de armas.
Bancó a Rodríguez
Saa durante su corto mandato, otro especialista en las re-re en San Luis, y
luego se alineó a Duhalde, a pesar de haber sido en el 95 su enemigo electoral
en Formosa, al apostar por el ex Vicente Joga.
A través de esta
alianza, cuando asumió Néstor Kirchner su primera presidencia en 2003, Insfrán
salió a felicitarlo públicamente. En Formosa, Kirchner ganó con el 40,8% de los
votos frente a 26% de Menem. Ese mismo 2003, en octubre, Kirchner hizo un viaje
relámpago a Formosa de los que comenzaban a caracterizar su gestión: allí firmó
junto a Insfrán un Acuerdo de reparación histórica, que reactivaba obras de
infraestructura en la provincia y se comprometió a eliminar los bonos monetarios
de la crisis. Poco después Formosa debía elegir gobernador y el viaje de
Kirchner se leyó como una obvia devolución de gentilezas y apoyo. Ese diciembre,
Insfrán ganó con el 67,1% de los votos y encaraba su tercer mandato.
En 2006 se empezó
amasar la posibilidad de la re-re-re de Insfrán. Fue entonces que casi todos los
intendentes y jefes comunales de la provincia hicieron público un documento en
el que apoyaban la continuidad de Insfrán, con un tumulto de
elogios: “Demostrando con creces sus dotes de conductor, el compañero gobernador
Gildo Insfrán, interpretando de modo brillante aquél complejo contexto político
de los años 2001 y 2002, no escatimó su apoyo tempranero e incondicional a la
figura del hoy Presidente de la República”, decía el documento.
Insfrán había
logrado consolidar un modelo donde todas las comunas están gobernadas por sus
hombres, así también cada concejos deliberantes de la provincia. Actualmente su
partido tiene 2 de 3 senadores nacionales, 4 de 5 diputados nacionales, y 22 de
sus diputados ocupan las bancas provinciales, que son 30 en total.
Dos de “sus”
intendentes fueron denunciados por fraude electoral y un concejal está detenido
por un caso de narcotráfico.
Para continuar su empatía simpatía con los presidentes, Insfrán recibió elogios por cadena nacional de parte de Cristina Kirchner el pasado 4 de febrero.
Muertes qom
Los senadores
formoseños José Mayans y María Graciela de La Rosa, pidieron el pasado 24 de
abril al Senado de la Nación una declaración de “disconformidad con las
expresiones vertidas por el periodista Martín Granovsky en una nota publicada en
el diario Página/12 del día 18 de abril de 2013″ titulada Insfrán ya
no es invisible; el pedido terminó siendo aprobado junto a un paquete de
medidas.
En la nota se
cuenta la reciente intervención de las fuerzas nacionales de seguridad y también
provinciales para proteger a la comunidad qom Potae Napocna Navogoh (La
Primavera), cumpliendo una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos del 21 de abril de 2011.
El párrafo que
molestó a los senadores de Insfrán es el siguiente: “Si alguien pensaba que
Formosa era un Estado libre asociado con la Argentina, y más libre que asociado,
puede tomar nota de una novedad: Formosa está dejando de ser opaca”.
Dato: el cumplimiento de las disposiciones de la CIDH llegan con dos años de retraso, y seis muertos después. La cifra de muertes se desprende de la misma nota, ya que se relaciona la medida adoptada por la Secretaría de Derechos Humanos con una carta enviada por la comunidad Qom a la Presidenta detallando las víctimas desde el 23 de noviembre de 2010: Roberto López. Mario Gómez, Alberto Galván, Mártires López, Celestina Jara, su nieta Natalia Lila y Ricardo Coype completan la lista de quienes fueron asesinados en el marco de una “una renovada frontera de expansión económica principalmente para grandes grupos económicos ligados a los agronegocios, el petróleo y, aunque en menor medida, el turismo”.
Blindaje
mediático
En la provincia
tienen fuerte incidencia una serie de diarios locales que repiten la prédica del
oficialismo. Por ejemplo, el diario La Primavera titula la noticia de las
últimas agresiones en la comunidad Qom con las palabras del Ministro de Gobierno
de la provincia, Jorge González: “Todo ocurrió en un contexto de una pelea entre
muchachos mientras tomaban en la madrugada”. El diario El Comercial también
levanta la noticia basándose en la conferencia del ministro, con el siguiente
título: “La Primavera: denuncian “manejos políticos””. El primer párrafo refleja
el rol del periodismo provincial: “Quedó prácticamente claro el contexto de lo
ocurrido en torno a las lesiones sufridas por Abelardo Díaz y Carlos Sosa ,
corroborándose que se trataron de sucesos de corte policial, y sin ninguna
vinculación del gobierno en los mismos”. En otros periódicos también practican
propaganda oficial: “Los planes sociales son muy útiles para sus beneficiarios”,
titula, por ejemplo, el diario Formosa.
La justicia
Frente a la
situación, el Poder Judicial formoseño toma cartas en el asunto, persiguiendo a
los qom.
La semana pasada
el Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2 de Clorinda, a cargo del juez
Santos Gabriel Garzón, procesó a Félix Díaz por “usurpación de territorios” que,
según las leyes que defienden a los pueblos originarios, pertenecen a la propia
comunidad de la que Díaz es qarashe. En los terrenos en cuestión viven numerosos
miembros de la comunidad desde hace más de 40 años y, al menos, tres familias
habitan en viviendas construidas por un programa social.
Además, existen
gestiones en diferentes ámbitos – la Corte Interamericana, la Corte Suprema de
Justicia de la Nación- tendientes a destrabar la discusión de fondo sobre el uso
y la propiedad comunitaria de las tierras de los pueblos originarios, y en
particular de los Qom. Y algo más, la decisión judicial se da en el marco de la
aplicación por parte de la Secretaría de Derechos Humanos de la medida
interpuesta por la CIDH para proteger a la comunidad.
El Centro de
Estudios Legales y Sociales (CELS), que además representa a Félix Díaz en la
causa, dijo en un comunicado al respecto: “La justicia provincial insiste en
direccionar la persecución penal sobre el líder de la comunidad en lugar de
priorizar la implementación del derecho a la propiedad comunitaria de la
tierra”.
Otra medida tiene
que ver, precisamente, con la conformación del Poder Judicial formoseño. El
pasado 11 de abril, en la sexta sesión ordinaria de la Legislatura Provincial,
el bloque oficialista sorpresivamente modificó el plan de labor del día y
presentó “sobre tablas” a los postulantes para ocupar los cargos del Superior
Tribunal de Justicia.
Uno de ellos
es Ricardo Cabrera, nuevo miembro de la Corte Suprema de Formosa ya que el
proyecto fue aprobado por mayoría. El periódico La Mañana y el sitio hojacero.com.ar informaron
que Cabrera fue subsecretario de Industria durante la dictadura, entre 1977 y
1982, año en que fue designado secretario penal del Juzgado Federal de Formosa.
En esa época gobernaba el general Juan Carlos Colombo, condenado en 2009 a 25
años de prisión por asociación ilícita, privación ilegítima de la libertad
agravada, tormentos agravados reiterados y desaparición forzada de personas, del
que Cabrera no sólo habría sido funcionario sino uno de sus asesores.
Los pobres
índices
¿Cómo hace
Insfrán para perpetuarse en el poder –30 años contando su etapa como diputado y
vice, 18 como gobernador- en una de las provincias más pobres del país?
En el 2000, la
línea de la pobreza en la provincia superaba el 60%, llegó al tope de 78,3% en
2002. En el 2003, sin embargo, hubo una abrupta caída en las estadísticas que
registraron, de un semestre a otro, un 13% menos de pobres: alrededor de 68 mil
personas a escala formoseña.
En 2006, el
número porcentaje estadístico fue 43,7%; en 2007, 34,5%; en 2008 nuevamente hubo
una diferencia de casi el 13% en las dos mediciones anuales: de 30,7 a 23,4% en
el segundo semestre. En 2009 el valor se mantuvo más estable, 23,1%, y en 2010
el registro bajó de 20,1 al 13,6%, y luego volvió hacerlo en el segundo semestre
de 2011: 7,7%.
En años
electorales (2003, 2008, 2011), las estadísticas bajan más: ¿un éxito semestral
de las políticas, reparto de planes sociales que no cambian la pobreza
estructural, o maniobras en las formas de medición? En 2012, en Formosa el INDEC
registró un índice de 6,4% bajo la línea de la pobreza, es decir alrededor de
33.000 personas.
Según los datos
oficiales, la línea de la pobreza se mide “a partir de los ingresos de los
hogares, si éstos tienen capacidad de satisfacer – por medio de la compra de
bienes y servicios- un conjunto de necesidades alimentarias y no alimentarias
consideradas esenciales”.
En la cosmovisión Qom, el trabajo (los ingresos) no se mide en los términos institucionales que impone el registro del censo, mucho menos la interpretación sobre las “necesidades alimentarias y no alimentarias”, y basta una recorrida por la comunidad para darse cuenta de esto. La falta de agua potable, de electricidad, de caminos, la prohibición de pescar en lagunas que el Estado dice “protegidas”, la usurpación de sus tierras, sin contar la avanzada represiva y mortal contra los integrantes la comunidad, quizá oriente sobre la realidad de los Qom y los otros pueblos originarios que suman casi 20 mil habitantes. Sólo ellos son más de la mitad de los pobres que oficialmente reconoce Formosa.
El
disciplinamiento
Formosa es la
provincia en la que se verifica la mayor proporción entre personas que reciben
planes sociales y empleados estatales por un lado, y votantes por el otro. Desde
el 2002 se empezó a desarrollar el Plan Jefes y Jefas de Hogar como horizonte de
paliativo económico en respuesta a una crisis sin precedentes en la provincia.
Tres años después, en 2005 el proyecto alcanzaba a 55 mil personas, más del 10%
de la población total de la provincia.
Por otro lado, en
2008, según informes privados, se constató que alrededor del 80% de los
trabajadores del Estado recibían salarios inferiores al mínimo vital; el estudio
calculaba una base de 60 mil empleados públicos.
Entre los
beneficiarios de los planes y los empleados públicos cubren entonces más del 22%
de los electores de Formosa.
El diagnóstico,
más allá del análisis de estas políticas sociales, merece una relación con los
cada vez más cómodos triunfos de Insfrán desde 1995, junto con un modelo que
discrimina y reprime a comunidades como los Qom, que no dejan de marcar lo que
otros buscan tapar: sus necesidades, la injusticia.
Un modelo de
disciplinamiento social o la fórmula, cada vez menos perfecta, para mantenerse
el poder.
El desafío,
abajo y a la izquierda, es construcción
de democracia real y efectiva desde ahora mediante la multiplicación de espacios
en común donde haya deliberación popular de porqué es prioritaria la autoorganización de la unión entre las luchas contra las injusticias social y ambiental.
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