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24 de junio de 2019

II. La fórmula F-F prueba que la profundización del modelo K era el de MM

Dejemos de silenciar e invisibilizar las oficializadas como "zonas de sacrificio" y los feudos transnacionalizados que demuestran la incompatibilidad de los extractivismos con la democracia y la independencia económica.

Podemos comprobar también la responsabilidad e impunidad del Partido Justicialista que designa como su presidente a José Luís Gioja en el año 2016 en pleno período de denuncias sobre derrames de cianuro.

 

José Luis Gioja, el ‘hijo putativo’ de

la Barrick Gold corporation

Cuando el lobo Barrick cuida las gallinas

La rotura del caño con cianuro de Barrick Gold en San Juan y el no accionar de su gobernador José Luis Gioja, es otra evidencia de la estrecha relación que hay entre la empresa minera y funcionarios.
En ese marco, los tres principales candidatos a presidente, proponen profundizar esta actividad cuyo pasivo ambiental los argentinos estamos comenzando a pagar.
FUENTE: strepteasedelpoder.com/
 
Por Silvia Ferreyra, Coordinadora del Área de Ambiente de la ONG ISEPCI
 
En San Juan es muy difícil establecer el límite entre el accionar del estado y el de las empresas mineras. La relación es de ida y vuelta: muchos funcionarios tienen o han tenido fuertes vínculos con el sector, como el actual secretario de minería de Nación, Jorge Mayoral, secretario y luego director ejecutivo de la Cámara Minera de la provincia (1994-2001). Y muchos asesores y técnicos de las mineras prestan “colaboración” en el diseño de políticas públicas y normas que rigen la actividad, como sucedió con Barrick y el veto a la ley de glaciares primero, y luego con las leyes provinciales presentadas por los gobernadores ante la inminente sanción por segunda vez de la norma nacional. Esta sintonía perfecta se mantiene intacta desde épocas del menemismo y se repite en todas las provincias mineras.
 
El domingo pasado se rompió “una válvula de una cañería que conduce solución cianurada” en la mina Veladero, de la Barrick Gold, en el departamento Iglesia de San Juan. El accidente alertó rápidamente a la población de Jáchal, localidad aguas abajo del emprendimiento, que por temor a la contaminación se movilizó por la noche al municipio. Gustavo Herrnann, vecino del pueblo, habló en una entrevista para la Olla.TV:
Las noticias que nosotros teníamos es de un derrame de cianuro y mercurio de aproximadamente 15 mil litros, ellos dicen que eso es imposible. Nunca nos vamos a poner de acuerdo, pero estamos obligados a monitorear las aguas, porque esto ha sucedido a 5 mil metros de altura, las aguas escurren allá y vienen directamente por el río para acá. De boca de la gente que trabaja en la empresa nos venimos a enterar que el incidente fue ayer (por el domingo) a la mañana. Si no hubiera sido por la presión de las redes sociales y que se viralizó todo, a nosotros nos queda toda la sensación de que esto se hubiera tapado, no nos hubiéramos enterado de absolutamente nada”.
 
De boca del secretario de Minería (de la provincia) nos enteramos que ayer al mediodía ya estaba la policía minera ahí arriba. Si está la policía minera con tanta premura es porque había algo, después ha dicho que los monitoreos de agua se hacen cada dos horas. Eso nos da la sensación de que “algo” ha pasado. Ahora hay gente de Salud Pública y Obras Sanitarias que están haciendo monitoreos en todas las plantas y habrá que hacer monitoreo de aguas subterráneas y aguas arriba. Lo que pasa es que implica un costo, implica movilización y hay gente que desconfía porque acá no tenemos laboratorios para hacer análisis de agua y desconfiamos de los análisis de agua que hace el gobierno. Entonces hay gente que quiere hacer análisis paralelos en laboratorios particulares y eso también tiene un costo. Pero la gente no está tranquila”.
La empresa difundió el lunes un comunicado mostrando todo bajo control. “Nuestro equipo de Medio Ambiente está investigando las causas del incidente y monitoreando todas las variables ambientales en la zona” “No existen peligros para nuestros trabajadores o para la comunidad con el incidente ocurrido”. En igual sintonía se manifestó el gobernador José Luis Gioja, quien siempre que va a Jáchal toma agua directamente de una acequia, en respuesta a quienes critican a la minería. En este caso dijo que iniciará un sumario para determinar responsabilidades por lo ocurrido, calificó el hecho como “una contingencia técnica que fue controlada y no generó problemas”. “Hay que llevarle seguridad a todos. Están todos los recaudos tomados, son cosas que pueden llegar a pasar”. En cuanto a la información trascendida en las redes sociales, señaló que “quienes quieran tergiversar o llevar agua para su molino no sirve la situación. Ustedes lo podrán ver si esto se usa políticamente”.
En la Corte Suprema de Justicia de nuestro país están vigentes dos causas contra Barrick: una impulsada por la Fundación Ciudadanos Independientes – FUCI, por afectación de glaciares y por ocultar la presencia de estas fuentes de agua en el Informe de Impacto Ambiental de la mina Veladero, realizado por la consultora Knight Piésold. Como prueba ofrece la documentación del Informe de Impacto Ambiental de Pascua Lama, proyecto argentino-chileno de la misma empresa, elaborado por otra consultora (BGC) con notables diferencias sobre la misma zona geográfica. La otra causa es por daños, fue iniciada por Ricardo Vargas y está patrocinada por Diego Seguí. Refieren los daños ambientales a partir del inicio de Veladero y solicitan se suspenda la construcción de Pascua Lama del lado argentino -del lado chileno ya se encuentra suspendido por orden de la Justicia-, hasta tanto se realice el inventario de glaciares. Sostienen que este proyecto se está construyendo sobre glaciares de su provincia. Ambos expedientes, vinculados, esperan la respuesta del Tribunal.

¿A quién le tienen que creer los vecinos de Jáchal, para quedarse tranquilos? ¿A los funcionarios provinciales que controlan la actividad? ¿Al gobierno nacional que nunca intervendrá, si no es por orden expresa de la provincia? ¿A la empresa? ¿Cuál es el trato que recibe cualquier voz crítica a la actividad en estas provincias? ¿La persecución, el apriete, el ninguneo, el despido, o todas a la vez?
En julio pasado, el candidato a presidente Daniel Scioli viajó a San Juan y envió un mensaje claro al sector minero: “los empresarios, trabajadores, a los inversores y a los potenciales, la mayor de la certidumbre, tranquilidad y previsibilidad que van a encontrar en Argentina una tierra extraordinaria para invertir a distintos mercados del mundo”. En otra oportunidad su contrincante Mauricio Macri señaló en dicha provincia la importancia de la actividad y que “hay países que salieron adelante con la minería y son respetados desde el punto de vista ambiental”, mientras que Sergio Massa sostiene que “donde haya licencia social, hay que bancar a muerte a la minería y donde no la hay, no debe haber minería”.
 
Nuestro país necesita una reforma minera profunda, que vaya más allá de lo estrictamente económico, que aborde las estructuras de poder fortalecidas desde Menem en adelante de la mano del clientelismo, la compra de voluntades y la corrupción. Que contemple la defensa del agua y de la vida, y el respeto por la cultura de nuestro pueblo y su forma de vivir. Que garantice mecanismos de control transparentes y participativos, sobre todo de la población involucrada, con funcionarios idóneos e independientes de los intereses de las empresas. Sólo así se podrá construir un puente de confianza de cara a la sociedad.
 
Es un desafío fundamental para las diversidades de abajo de todo el país, continente y mundo romper el silencio e invisibilización sobre estos ecocidios-genocidios causados por los extractivismos en exclusivo beneficio de los grandes capitales locales e imperialistas y de los altos funcionarios. Ellos festejan sus negocios criminales mientras:

En 2018 hubo unos mil incidentes ambientales

Los derrames de
Vaca Muerta
19 de noviembre de 2018
 
El Observatorio Petrolero Sur denuncia que se está produciendo “un desastre ambiental y social”. Los derrames provocan graves perjuicios a los productores de frutas. Las Naciones Unidas mostraron su preocupación. Página/12 dio cuenta de ello en esta nota publicada en noviembre pasado.
“Fracking seguro” y “Vaca Muerta no va a contaminar” fueron los eslogan empresario y mediático en 2013, cuando comenzó a explotarse la formación petrolera Vaca Muerta (Neuquén). La técnica (llamada “fractura hidráulica”) era ya muy cuestionada en el mundo por sus impactos ambientales. A cinco años del acuerdo YPF-Chevron que dio inicio a la explotación, se cumplió lo que alertaban comunidades mapuches y organizaciones socioambientales: decenas de derrames, explosión de pozos e incendios. La provincia reconoce que se producen dos derrames por día y Naciones Unidas llamó a detener Vaca Muerta.
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La denuncia penal que presentó el reportero detenido en Vaca Muerta| Torturas, robo y apremios ilegales
El 19 de octubre se produjo un derrame de petróleo que afectó entre 40 y 80 hectáreas. Se trató de un pozo de YPF y Schlumberger (multinacional estadounidense) en Bandurria Sur (a once kilómetros de Añelo) que estuvo 36 horas fuera de control. El hecho se conoció porque fue difundido por los propios trabajadores. El subsecretario de Ambiente de Neuquén, Juan de Dios Lucchelli, señaló que fueron “algunas hectáreas”. YPF reconoció, diez días después del desastre, que fueron 47 hectáreas. Las organizaciones Greenpeace y FARN (Fundación Ambiente y Recursos Naturales) mediante imágenes satelitales advirtieron que se trataba de al menos 80 hectáreas.
El último derrame de YPF es sólo una muestra de algo mayor: en la cuenca neuquina se produce un promedio de dos derrames por día. Publicado por el periodista Matías del Pozzi (en el Diario Río Negro), en los últimos cuatro años las petroleras admitieron 3368 “incidentes ambientales”, eufemismo de las empresas y el Gobierno para los hechos de contaminación.
En base a información oficial de la Secretaría de Ambiente de Neuquén se detalla que en sólo diez meses de 2018 (enero a octubre) se registraron 934 hechos de contaminación. En 2017 fueron 703, en 2016 se trató de 868 y en 2015 fueron 863.
El Observatorio Petrolero Sur (Opsur) es un espacio de referencia en la investigación del accionar de las petroleras y sus impactos. “En Vaca Muerta se está produciendo un desastre ambiental y social. De continuar la explotación será aún peor y no afecta sólo a quienes viven allí, la contaminación del aire y el agua nos llegará a todos”, afirmó Fernando Cabrera, del Opsur. Recordó que en el derrame de YPF-Schlumberger no dieron información oficial durante diez días. “Estos eventos se producen porque son los propios vecinos, campesinos o trabajadores los que denuncian. Otra muestra de que no se puede confiar en empresas ni en los gobiernos”, destacó.
Un relevamiento del Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental (integrado por Opsur y Taller Ecologista) precisó los hechos graves de petroleras en la localidad rionegrina de Allen (donde la avanzada petrolera perjudica a los tradicionales productores de frutas de la región). Entre marzo de 2014 y enero de 2018 hubo al menos catorce hechos que desmienten el “fracking seguro”: explosión de pozos, incendios con llamas de hasta 15 metros de altura, derrames en zonas de producción de peras, roturas de canales de riego y 240 mil litros de agua tóxica derramada sobre chacras, entre otros.
La Confederación Mapuche de Neuquén (que cuestiona la avanzada petrolera desde hace más de veinte años), organismos de derechos humanos y la Asociación de Abogados Ambientalista presentaron una denuncia penal enmarcada en la Ley de Residuos Peligrosos (para las empresas) y “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público” para las autoridades ambientales de la Provincia. La Confederación recordó que ya realizó cinco denuncias por hechos graves de contaminación y por la falta de acción de los funcionarios del Gobierno. También responsabilizaron al Poder Judicial por la falta de avance en las causas.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de Naciones Unidas emitió en octubre su “Cuarto Informe Periódico de Argentina”. Remarcó los impactos negativos de Vaca Muerta y resaltó su preocupación para su incidencia en el clima mundial. “La explotación total de todas las reservas de gas de esquisto (de Vaca Muerta) consumiría un porcentaje significativo del presupuesto mundial de carbono para alcanzar el objetivo de un calentamiento de 1,5 grados, estipulado en el Acuerdo de París”. Y recomendó “reconsiderar la explotación a gran escala de combustibles fósiles no convencionales mediante el fracking en la región de Vaca Muerta” para garantizar el cumplimiento de los compromisos climáticos asumidos por el Estado argentino.
El Comité de la ONU también alertó que no se evaluaron correctamente los impactos negativos del fracking y afirmó que no se consultó adecuadamente a las comunidades locales.
El Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) había emitido, dos semanas antes, un informe con tono advertencia: si la temperatura del planeta sigue en aumento y supera el 1,5 grados para 2030 se producirán “impactos catastróficos” en la vida de las personas y el medioambiente. Para alcanzar el objetivo (para 2030) se debe reducir a la mitad el uso de petróleo y el de gas a un tercio. La explotación de Vaca Muerta va en sentido opuesto.
En Vaca Muerta están presente, además de YPF y Chevron, las grandes multinacionales Shell, Wintershall, ExxonMobil, Total, PAEG (Bulgheroni, CNNOC, BP), Equinor, Schlumberger, Pluspetrol, Pampa Energía y Mercuria. 


 
Es hora de acabar con la impunidad de los partidos de estados (PJ y UCR) destapando en qué consiste su poder territorial y cómo las elecciones son un simulacro de democracia.
 

Feuderalismo: 
 Quién ataca a los qom
7 de mayo de 2013



La comunidad Qom de Formosa sigue sufriendo ataques sistemáticos por parte de un gobierno, el de Gildo Insfrán, que minimiza cada muerte y cada golpiza. Insfrán gobierna desde 1995 un feudo que apoyó a todos los presidentes desde Menem hasta hoy, pone en la corte provincial a funcionarios de la dictadura, controla a los medios y, principalmente, arrasa con derechos de los pueblos originarios para ampliar el modelo extractivo sojero. El gobierno nacional no termina de articular la concreta e inmediata defensa que requieren esos pueblos. Se firmó en abril un protocolo de defensa de la comunidad ordenado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero hace dos días el hijo de Abelardo Díaz (hijo de Félix Díaz) y Carlos Sosa sufrieron una agresión violenta que los tiene aún en el hospital.
 
Gildo eterno
Gildo Insfrán, 62 años, es el gobernador de Formosa desde el 10 de diciembre de 1995, y desde el 83 que ocupa cargos políticos en la provincia tras dejar su oficio de veterinario. De completar su quinto mandato en 2015, empataría a Adolfo Rodríguez Saa en el arte de mantenerse como gobernador durante 20 años consecutivos, la cifra más alta hasta ahora. Pero contando sus años como diputado y vicegobernador, Insfrán ostenta un récord de 30 años en el poder.
 
La traición originaria
Insfrán fue diputado en la legislatura por Formosa del 83 hasta el 87, año en que ocupó además el cargo de vicegobernador de la provincia hasta la fecha en que asumió como gobernador – dos mandatos. Desde entonces fue elegido tres veces, la última con el 76% de los votos, para lo cual necesitó reformar un mismo artículo de la Constitución de Formosa en dos oportunidades: en 1999, para ser reelegido, y en 2003 habilitando la reelección indefinida.
Insfrán trepó a la gobernación tras ser el vice de Vicente Joga – gobernador del 87 al 95, actual líder del peronismo disidente en el noreste- quien se tomó en 1995 un período de descanso para poder ser electo más adelante. Pero ya al frente de la provincia, Insfrán pateó el acuerdo político con su viejo socio, se desprendió del Partido Justicialista para armar uno propio, y proyectó un camino de concentración de poder rodeado de gente de su confianza. De Menem a Néstor Kirchner, pasando por De la Rúa, Rodríguez Saa y Duhalde, Insfrán mantuvo buenas relaciones con los presidentes de turno.
 
El amigo de todos
En 1999, Página 12 calificaba al gobernador como “menemista” y comparaba las truncas aspiraciones reelectorales de Menem con las que concretaba Insfrán esas fechas con éxito. Pero el ex veterinario asumió un nuevo período en diciembre de ese año deshaciéndose en elogios hacia el entonces presidente de la Alianza, Fernando De la Rúa, y firmando la emergencia económica.
En 2001, Insfrán fue uno de los 7 gobernadores que visitaron a Menem en la quinta de Don Torcuato donde cumplía arresto domiciliario por la causa de venta ilegal de armas.
Bancó a Rodríguez Saa durante su corto mandato, otro especialista en las re-re en San Luis, y luego se alineó a Duhalde, a pesar de haber sido en el 95 su enemigo electoral en Formosa, al apostar por el ex Vicente Joga.
A través de esta alianza, cuando asumió Néstor Kirchner su primera presidencia en 2003, Insfrán salió a felicitarlo públicamente. En Formosa, Kirchner ganó con el 40,8% de los votos frente a 26% de Menem. Ese mismo 2003, en octubre, Kirchner hizo un viaje relámpago a Formosa de los que comenzaban a caracterizar su gestión: allí firmó junto a Insfrán un Acuerdo de reparación histórica, que reactivaba obras de infraestructura en la provincia y se comprometió a eliminar los bonos monetarios de la crisis. Poco después Formosa debía elegir gobernador y el viaje de Kirchner se leyó como una obvia devolución de gentilezas y apoyo. Ese diciembre, Insfrán ganó con el 67,1% de los votos y encaraba su tercer mandato.
 
Gildo Insfrán con Néstor Kirchner, en 2007
En 2006 se empezó amasar la posibilidad de la re-re-re de Insfrán. Fue entonces que casi todos los intendentes y jefes comunales de la provincia hicieron público un documento en el que apoyaban la continuidad de Insfrán, con un tumulto de elogios: “Demostrando con creces sus dotes de conductor, el compañero gobernador Gildo Insfrán, interpretando de modo brillante aquél complejo contexto político de los años 2001 y 2002, no escatimó su apoyo tempranero e incondicional a la figura del hoy Presidente de la República”, decía el documento.
Insfrán había logrado consolidar un modelo donde todas las comunas están gobernadas por sus hombres, así también cada concejos deliberantes de la provincia. Actualmente su partido tiene 2 de 3 senadores nacionales, 4 de 5 diputados nacionales, y 22 de sus diputados ocupan las bancas provinciales, que son 30 en total.
Dos de “sus” intendentes fueron denunciados por fraude electoral y un concejal está detenido por un caso de narcotráfico.
Para continuar su empatía simpatía con los presidentes, Insfrán recibió elogios por cadena nacional de parte de Cristina Kirchner el pasado 4 de febrero.
 
Muertes qom
Los senadores formoseños José Mayans y María Graciela de La Rosa, pidieron el pasado 24 de abril al Senado de la Nación una declaración de “disconformidad con las expresiones vertidas por el periodista Martín Granovsky en una nota publicada en el diario Página/12 del día 18 de abril de 2013″ titulada Insfrán ya no es invisible; el pedido terminó siendo aprobado junto a un paquete de medidas.
En la nota se cuenta la reciente intervención de las fuerzas nacionales de seguridad y también provinciales para proteger a la comunidad qom Potae Napocna Navogoh (La Primavera), cumpliendo una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 21 de abril de 2011.
El párrafo que molestó a los senadores de Insfrán es el siguiente: “Si alguien pensaba que Formosa era un Estado libre asociado con la Argentina, y más libre que asociado, puede tomar nota de una novedad: Formosa está dejando de ser opaca”.
Dato: el cumplimiento de las disposiciones de la CIDH llegan con dos años de retraso, y seis muertos después. La cifra de muertes se desprende de la misma nota, ya que se relaciona la medida adoptada por la Secretaría de Derechos Humanos con una carta enviada por la comunidad Qom a la Presidenta detallando las víctimas desde el 23 de noviembre de 2010: Roberto López. Mario Gómez, Alberto Galván, Mártires López, Celestina Jara, su nieta Natalia Lila y Ricardo Coype completan la lista de quienes fueron asesinados en el marco de una “una renovada frontera de expansión económica principalmente para grandes grupos económicos ligados a los agronegocios, el petróleo y, aunque en menor medida, el turismo”.
Blindaje mediático
En la provincia tienen fuerte incidencia una serie de diarios locales que repiten la prédica del oficialismo. Por ejemplo, el diario La Primavera titula la noticia de las últimas agresiones en la comunidad Qom con las palabras del Ministro de Gobierno de la provincia, Jorge González: “Todo ocurrió en un contexto de una pelea entre muchachos mientras tomaban en la madrugada”. El diario El Comercial también levanta la noticia basándose en la conferencia del ministro, con el siguiente título: “La Primavera: denuncian “manejos políticos””. El primer párrafo refleja el rol del periodismo provincial: “Quedó prácticamente claro el contexto de lo ocurrido en torno a las lesiones sufridas por Abelardo Díaz y Carlos Sosa , corroborándose que se trataron de sucesos de corte policial, y sin ninguna vinculación del gobierno en los mismos”. En otros periódicos también practican propaganda oficial: “Los planes sociales son muy útiles para sus beneficiarios”, titula, por ejemplo, el diario Formosa.
 
La justicia
Frente a la situación, el Poder Judicial formoseño toma cartas en el asunto, persiguiendo a los qom.
La semana pasada el Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2 de Clorinda, a cargo del juez Santos Gabriel Garzón, procesó a Félix Díaz por “usurpación de territorios” que, según las leyes que defienden a los pueblos originarios, pertenecen a la propia comunidad de la que Díaz es qarashe. En los terrenos en cuestión viven numerosos miembros de la comunidad desde hace más de 40 años y, al menos, tres familias habitan en viviendas construidas por un programa social.
Además, existen gestiones en diferentes ámbitos – la Corte Interamericana, la Corte Suprema de Justicia de la Nación- tendientes a destrabar la discusión de fondo sobre el uso y la propiedad comunitaria de las tierras de los pueblos originarios, y en particular de los Qom. Y algo más, la decisión judicial se da en el marco de la aplicación por parte de la Secretaría de Derechos Humanos de la medida interpuesta por la CIDH para proteger a la comunidad.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que además representa a Félix Díaz en la causa, dijo en un comunicado al respecto: “La justicia provincial insiste en direccionar la persecución penal sobre el líder de la comunidad en lugar de priorizar la implementación del derecho a la propiedad comunitaria de la tierra”.
Otra medida tiene que ver, precisamente, con la conformación del Poder Judicial formoseño. El pasado 11 de abril, en la sexta sesión ordinaria de la Legislatura Provincial, el bloque oficialista sorpresivamente modificó el plan de labor del día y presentó “sobre tablas” a los postulantes para ocupar los cargos del Superior Tribunal de Justicia.
Uno de ellos es Ricardo Cabrera, nuevo miembro de la Corte Suprema de Formosa ya que el proyecto fue aprobado por mayoría. El periódico La Mañana y el sitio hojacero.com.ar informaron que Cabrera fue subsecretario de Industria durante la dictadura, entre 1977 y 1982, año en que fue designado secretario penal del Juzgado Federal de Formosa. En esa época gobernaba el general Juan Carlos Colombo, condenado en 2009 a 25 años de prisión por asociación ilícita, privación ilegítima de la libertad agravada, tormentos agravados reiterados y desaparición forzada de personas, del que Cabrera no sólo habría sido funcionario sino uno de sus asesores.
 
Los pobres índices
¿Cómo hace Insfrán para perpetuarse en el poder –30 años contando su etapa como diputado y vice, 18 como gobernador- en una de las provincias más pobres del país?
En el 2000, la línea de la pobreza en la provincia superaba el 60%, llegó al tope de 78,3% en 2002. En el 2003, sin embargo, hubo una abrupta caída en las estadísticas que registraron, de un semestre a otro, un 13% menos de pobres: alrededor de 68 mil personas a escala formoseña.
En 2006, el número porcentaje estadístico fue 43,7%; en 2007, 34,5%; en 2008 nuevamente hubo una diferencia de casi el 13% en las dos mediciones anuales: de 30,7 a 23,4% en el segundo semestre. En 2009 el valor se mantuvo más estable, 23,1%, y en 2010 el registro bajó de 20,1 al 13,6%, y luego volvió hacerlo en el segundo semestre de 2011: 7,7%.
En años electorales (2003, 2008, 2011), las estadísticas bajan más: ¿un éxito semestral de las políticas, reparto de planes sociales que no cambian la pobreza estructural, o maniobras en las formas de medición? En 2012, en Formosa el INDEC registró un índice de 6,4% bajo la línea de la pobreza, es decir alrededor de 33.000 personas.
Según los datos oficiales, la línea de la pobreza se mide “a partir de los ingresos de los hogares, si éstos tienen capacidad de satisfacer – por medio de la compra de bienes y servicios- un conjunto de necesidades alimentarias y no alimentarias consideradas esenciales”.
En la cosmovisión Qom, el trabajo (los ingresos) no se mide en los términos institucionales que impone el registro del censo, mucho menos la interpretación sobre las “necesidades alimentarias y no alimentarias”, y basta una recorrida por la comunidad para darse cuenta de esto. La falta de agua potable, de electricidad, de caminos, la prohibición de pescar en lagunas que el Estado dice “protegidas”, la usurpación de sus tierras, sin contar la avanzada represiva y mortal contra los integrantes la comunidad, quizá oriente sobre la realidad de los Qom y los otros pueblos originarios que suman casi 20 mil habitantes. Sólo ellos son más de la mitad de los pobres que oficialmente reconoce Formosa.
 
El disciplinamiento
Formosa es la provincia en la que se verifica la mayor proporción entre personas que reciben planes sociales y empleados estatales por un lado, y votantes por el otro. Desde el 2002 se empezó a desarrollar el Plan Jefes y Jefas de Hogar como horizonte de paliativo económico en respuesta a una crisis sin precedentes en la provincia. Tres años después, en 2005 el proyecto alcanzaba a 55 mil personas, más del 10% de la población total de la provincia.
Por otro lado, en 2008, según informes privados, se constató que alrededor del 80% de los trabajadores del Estado recibían salarios inferiores al mínimo vital; el estudio calculaba una base de 60 mil empleados públicos.
Entre los beneficiarios de los planes y los empleados públicos cubren entonces más del 22% de los electores de Formosa.
El diagnóstico, más allá del análisis de estas políticas sociales, merece una relación con los cada vez más cómodos triunfos de Insfrán desde 1995, junto con un modelo que discrimina y reprime a comunidades como los Qom, que no dejan de marcar lo que otros buscan tapar: sus necesidades, la injusticia.
Un modelo de disciplinamiento social o la fórmula, cada vez menos perfecta, para mantenerse el poder.
 
El desafío, abajo y a la izquierda, es construcción de democracia real y efectiva desde ahora mediante la multiplicación de espacios en común donde haya deliberación popular de porqué es prioritaria la autoorganización de la unión entre las luchas contra las injusticias social y ambiental.
  

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