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16 de abril de 2018

I. "El principio es la comunidad, la comunalidad, la reproducción de la vida y la defensa territorial".

América Latina 
en el cambio de época:
¿normalizar 
el estado de excepción?
23 de marzo de 2018


Por Emiliano Teran Mantovani (Rebelión)


A Marielle Franco, Sabino Romero, Berta Cáceres, Santiago Maldonado, Macarena Valdés, Yolanda Maturana. A todas y todos los que nos arrebataron, los que murieron por la vida
  
Panoramas inciertos y cambio de época en América Latina
Tiempos complejos y difíciles se viven para América Latina en la actualidad, de reflujo para las izquierdas y los progresismos, y de intensificación de las múltiples contradicciones sociales, políticas, económicas y geopolíticas que caracterizan la región. A estas alturas, antes que seguir preguntándonos si se ha cerrado un ciclo, parece más pertinente y estratégico tratar de revelar cuáles son las formas generales que pueden tener los nuevos tiempos que se están configurando.
Las cosas, en efecto, ya han cambiado. Las nuevas condiciones materiales que se han desarrollado en los últimos tres lustros –agudización de las crisis urbanas, avances de la frontera extractiva, crecimiento absoluto de los metabolismos sociales, sistemas sociales más complejos y emergencia de nuevos grupos de poder, vigorización de las economías informales, crecimiento y sofisticación de grupos delincuenciales urbanos y rurales, avance geopolítico de China y Rusia en la región, entre otros factores–, apuntan al potencial crecimiento de conflictos, revueltas sociales e intensas disputas territoriales por los bienes comunes y los territorios.

Los mecanismos de construcción de consenso social por medio de la distribución masiva de las rentas del extractivismo, que caracterizó en muy buena medida a los gobiernos progresistas y en general a este ciclo político regional determinado por el boom de las commodities, han sido afectados de manera importante (aunque de forma diferenciada dependiendo el país). Esto ha sido así por los efectos de corto y mediano plazo que provocó el período de recesión económica detonado desde la crisis mundial 2008-2009, pasando por el derrumbe de los precios internacionales de las materias primas iniciado en 2014 hasta la actualidad.

Esto tiene importantes implicaciones políticas, que no pueden ser sólo evaluadas en el corto plazo, ante una ‘recuperación’ económica regional en 2017: el atornillamiento y la profundización de la dependencia a los sectores primarios, los altos niveles de endeudamiento externo público y privado, y los límites estructurales en la capacidad de respuesta de las economías de la región, entre otros factores, minan las bases económicas que han permitido un tipo de gobernabilidades “inclusivas” que, en diversos grados, se expresaron en el ciclo progresista.

Ante esto, parece redimensionarse y cobrar aún mayor relevancia el rol de la violencia como mecanismo de poder estatal y para-estatal, y de intermediación en las disputas económicas y ecológicas en la región.
En el horizonte se vislumbran al menos dos factores determinantes en el desarrollo de este cambio de época:

·         Por un lado, los ingredientes para una nueva crisis global, con iguales o mayores dimensiones de la desencadenada diez años atrás, persisten. Destacan las tendencias al ‘estancamiento secular’ de la economía mundial (FMI dixit ) , la incertidumbre sobre la economía china, el fin de los estímulos monetarios de la Reserva Federal de los Estados Unidos ( ‘quantitative easing’ o QE ) o la ya cada vez más anunciada burbuja global de los precios de los activos –¿la madre de todas las burbujas?
Estos elementos, como ha ocurrido en otros procesos históricos en América Latina, pueden operar como detonantes de nuevos ciclos de crisis.

 
·         Por otro lado, y en consonancia con esta situación global, América Latina está siendo atravesada con mayor profundidad por la confrontación internacional entre los Estados Unidos (y sus aliados) y China y Rusia (y sus aliados), resaltando la aceleración de la lógica belicista y militarista del Gobierno norteamericano, con su explícita idea de “ Preservar la paz mediante el uso de la fuerza ” ( PILLAR III Preserve Peace Through Strength [1] ) y su persistente y progresivo re-posicionamiento militar en la región (directo o indirecto), con especial foco en Venezuela.

El fin de ciclo se estructura desde arriba como contención: ¿el estado de excepción como norma?
El conjunto de factores descritos parecen apuntar a una temporalidad en la región donde se van instalando y consolidando el escenario y las lógicas de una situación extraordinaria o de emergencia, que sirven de pilares a la normalización y permanencia de regímenes de excepción. Esto amerita evaluarlo con mucho cuidado en la medida en la que proliferan normativas de emergencia y nuevas doctrinas de seguridad nacional, donde prevalecen los criterios de eficiencia política en detrimento del estado formal de derechos sociales consagrados.
A su vez, toman un nuevo auge las narrativas beligerantes en las cuales resalta la tipificación de amenazas y el ‘enemigo público’ a combatir, lo que da carta blanca a las fuerzas militares y cuerpos de seguridad para actuar con “mano dura” y celeridad, a penetrar todo tejido social e institucional para enfrentar estos “desafíos” a los “intereses de la nación”. Todo esto va poniendo en suspenso las ya subordinadas, frágiles y agredidas ‘democracias’ latinoamericanas.

Pero es necesario insistir que no se trata únicamente de la reformulación de políticas impulsadas por viejos gobiernos de derecha u otros recién instalados, luego del desplazamiento de gobiernos progresistas. Estas dinámicas de excepcionalidad y beligerancia atraviesan tanto a conservadores como a progresistas. En cada caso varía, ciertamente. Sin embargo, antes que evaluar estos procesos sólo como propios de los gobiernos conservadores, es necesario resaltar cómo también van permeando y determinando de manera creciente la política de los progresismos, cómo inciden significativamente en sus regímenes de gobernabilidad, y por tanto, en el perfil del cambio de época que se configura desde arriba. En cualquiera de los casos, prevalece la razón de Estado, la conservación del poder y la búsqueda de viabilidad política para ejecutar las reestructuraciones y flexibilizaciones económicas que están en desarrollo en esta nueva fase del extractivismo en América Latina.

En Argentina, en el contexto de la declaración de la Emergencia en Seguridad Pública a partir de 2016, la ministra de seguridad, Patricia Bullrich, anuncia una "nueva doctrina" del ejercicio de la autoridad en la cual “el Estado es el que realiza las acciones para impedir el delito" [2] . Mediante una modificación al Código Penal se buscaría darle más garantías a la policía –pues "sólo" se les permite disparar en legítima defensa − y otorgarle funciones de seguridad interior al sector militar.

En Brasil, tras el reciente decreto de militarización de Río de Janeiro –medida tomada ante la ‘emergencia’ para ‘combatir el crimen organizado en la ciudad’−, el gobierno de facto de Michel Temer declaró que este plan servirá como un "laboratorio" para todo el país, por lo que no descartó que las fuerzas armadas sean desplegadas en otras regiones [3].

En Venezuela, en medio de la situación de alta conflictividad política y geopolítica, y de colapso económico, se ha impulsado una creciente militarización de todos los ámbitos de la vida y la instauración, de hecho y de derecho, de un estado de excepción en el país. El mismo se ha convertido en condición permanente dada su ejecución por medio de decretos oficiales emitidos desde enero de 2016 – declarando el “ estado de excepción y emergencia económica en todo el territorio nacional ”– , los cuales son prorrogados continuamente hasta nuestros días. El Decreto N° 2.849 del 13 de mayo de 2017 [4] indica que podrán ser restringidas las garantías para el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución, con algunas salvedades.

En Colombia, donde el estado de excepción constituye un instrumento ordinario de la política gubernamental y de las estructuras jurídicas desde hace ya varias décadas, el escenario post-acuerdo (desde noviembre de 2016) no supone la interrupción del proceso de militarización imperante, la asistencia militar por parte de los EEUU, ni la intensa represión social y desaparición de activistas que está en desarrollo en el país [5] .

El caso mexicano es también conocido, en el cual se instaura de facto un régimen de excepcionalidad desde la declaración de “Guerra contra el narcotráfico” en el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) – que ha dejado miles y miles de muertos − hasta la reciente promulgación de la controvertida Ley de Seguridad Interior (diciembre de 2017) en el gobierno de Enrique Peña Nieto, que ordena la intervención de las Fuerzas Armadas cuando se identifiquen amenazas a la seguridad interna.

En Honduras, país que refleja de manera dramática estas lógicas imperantes en Centroamérica, se va desarrollando un incremento de la militarización desde el Golpe de Estado ejecutado en 2009 contra el presidente Manuel Zelaya, lo cual se va intensificando a partir de 2012-2013 (durante la presidencia de Porfirio Lobo) con la ampliación de funciones que el Ejército cumple en relación al control de la seguridad ciudadana y la creación de laPolicía Militar de Orden Público (2013) [6] . A raíz de las intensas protestas sociales que se produjeron ante las irregulares y dudosas [7] elecciones presidenciales de diciembre de 2017, que dieran como ganador a Juan Orlando Hernández (JOH), se declaraba el estado de excepción y la suspensión de varias garantías constitucionales en 18 departamentos del país, lo que en definitiva dejó más de una veintena de muertos, adjudicados por ONU a una fuerza excesiva y letal por parte de los cuerpos de seguridad de Honduras , en particular de la policía militar [8] . Cabe añadir que JOH declaró que América Latina debe prepararse y “adelantarse” ante posibles atentados terroristas [9] , lo que va en consonancia con la progresiva reinstauración de las doctrinas de seguridad nacional en esta sub-región.

Una semana después de iniciada la presidencia de Horacio Cartes en Paraguay (agosto de 2013), se procedió a la reforma de la Ley 1337/99 de Defensa Nacional y de Seguridad Interna, lo cual otorgaba al presidente vía decreto, sin acuerdo del Parlamento y por el tiempo que éste considerase conveniente, la facultad de militarizar zonas enteras del país con el objetivo de “enfrentar cualquier forma de agresión externa e interna que ponga en peligro la soberanía, la independencia y la integridad territorial” [10] . La medida hacía alusión al combate de grupos armados, como el denominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), a quienes se le atribuyese el asesinato de cinco personas en Tacuatí, ese mismo mes de agosto. Las órdenes de militarización se asignaron a los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay, destacando el rol de la “ Fuerza de Tarea Conjunta ” (FTC), unidad especial asignada para estos fines, principalmente en el norte del país.

La configuración de regímenes de excepción no debe ser interpretada únicamente como un proceso centralizado, homogéneo y estable. Se trata también de la combinación de zonas de “paz” y de consumo, y algunas políticas de asistencia social, con lo que podríamos entender como estados de excepción selectivos, que se van estableciendo local e incluso flexiblemente, dependiendo de diversos factores coyunturales y de los diferentes focos de resistencia y movilización social que puedan provocar los acontecimientos. Conviene destacar a su vez, que el desencadenamiento de nuevos sucesos entendidos como “perturbaciones”, pueden ser utilizados como la “evidencia” o “confirmación” de la existencia de una amenaza a la seguridad nacional, lo cual sirve para establecer, consolidar, reforzar e incluso radicalizar estas tendencias generales de excepcionalidad.

En estas claves pueden ser evaluados, por ejemplo, el decreto de estado de excepción que el presidente de Ecuador, Lenin Moreno, estableció a fines de enero de 2018 en San Lorenzo y Eloy Alfaro, provincia de Esmeraldas (frontera con Colombia), a raíz del atentado con un carro bomba ocurrido frente a una estación de la Policía, lo que fue calificado por Moreno como un ataque “terrorista” atribuido al narcotráfico [11] . Del mismo modo, durante dos meses se estableció el estado excepción en la provincia amazónica Morona Santiago, a raíz del levantamiento de la comunidad indígena shuar contra las actividades mineras en su territorios a mediados de diciembre de 2016[12] (gobierno de Rafael Correa), mientras que el ministro del Interior, César Navas, indicaba que la presencia militar se mantendría en la zona atenta ante cualquier eventualidad; o bien, similar decreto en el cantón Zaruma (provincia fronteriza de El Oro) en septiembre de 2017, gravemente afectada por la minería ilegal [13] .

Destacan también varias declaraciones de estado de emergencia en Perú, las cuales se van volviendo permanentes y normalizándose en ciertas localidades andinas, como ocurrió en los distritos de Chalhuahuacho, Haquira y Mara (Apurimac) y Capacmarca (Cuzco), donde, a raíz de protestas contra las empresas mineras [14] , se suspendían varios derechos constitucionales y se autorizaba a la Policía Nacional a mantener el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas. A su vez, en septiembre de 2016 se decretaba el estado de excepción en tres distritos de Huancavelica, Ayacucho y Cuzco, con el objetivo de combatir a los “remanentes terroristas” y los cárteles del narcotráfico en la zona [15].

Otros ejemplos de formas selectivas de regímenes de excepción pueden situarse con la militarización de los territorios ancestrales del pueblo mapuche (Wall Mapu), en poder de grandes empresas extractivas forestales, latifundistas y capital transnacional, con el consiguiente crecimiento de la criminalización de las movilizaciones indígenas. Del mismo modo, cabe evaluar la evolución de las lógicas de militarización urbana ante una potencial proliferación de saqueos y estallidos sociales – como los ocurridos en enero de 2017 en México, a fines de febrero de 2018 en Bogotá y otras ciudades de los departamentos de Cundinamarca, Tolima, Boyacá y Quindío (Colombia), y en Colón, en marzo 2018 (Panamá) .

Por último, pero no menos importante, el rol de los desastres ambientales en la instauración, consolidación y/o radicalización de los estados excepción en la región puede ser significativo, si tomamos en cuenta el incremento de su incidencia ante la crisis ambiental global. Esto ha ocurrido de formas parciales en varios países –por ejemplo, con l a explosión del volcán Cotopaxi en agosto 2015, que implicó declaración de estado de excepción a nivel nacional y la orden de movilización de todas las fuerzas armadas en el Ecuador [16] −, aunque un caso emblemático es el de Puerto Rico, donde se reimpulsa y busca normalizarse el estado de excepción instalado desde la crisis de la deuda de 2006, a raíz de las devastadoras consecuencias del paso del huracán María por la isla, en septiembre de 2017.

En el contexto traumático de este desastre , uno de los mecanismos para normalizar el régimen de excepción ha sido la firma a mediados de diciembre de 2017 de la “Ley del Nuevo Gobierno de Puerto Rico”, que le otorga los poderes necesarios al gobernador y a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) para reorganizar el conjunto de instituciones y dispositivos de las instituciones estatales e impulsar medidas de reestructuración económica, mediante orden ejecutiva emitida conforme a las disposiciones de la Ley, por un período de 10 años [17] .

Estos procesos no deben ser leídos únicamente en clave nacional-estatal, en la medida en la que pueden operar en articulación con la política exterior de las potencias en disputa en la región, principalmente de los Estados Unidos, que instala nuevas bases militares o “task forces” en diversos países (especialmente en Perú, Paraguay, Colombia y Argentina) o impulsa maniobras conjuntas de fuerzas militares (como las operaciones militares que desarrolló con Brasil, Colombia y Perú en la frontera amazónica de estos tres países en noviembre de 2017).

El juego sigue abierto: ¿un nuevo ciclo de luchas en tiempos de beligerancia?
Estas dinámicas descritas no son en ningún sentido lineales, irresistibles y homogéneas. Si bien revelan la conformación y el avance progresivo de figuras y marcos formales de excepcionalidad ‘desde arriba’, estas no sólo aparecen como decretos, sino también como dispositivos biopolíticos que buscan penetrar los tejidos socio-territoriales, la vida cotidiana de los latinoamericanos, por medio de lógicas militar/policiales de control, sitio, vigilancia y represión social. Se articulan también con estrategias de lo contingente, de lo informal y persiguen adaptarse a las variadas condiciones territoriales existentes. Pero esto también se debe a la volatilidad y complejidad del escenario. Al hecho de que todo esto sigue siendo un juego abierto, inestable, en ciertas formas regionalizado y en disputa.

El cambio de época en América Latina también expresa que estamos ante una nueva correlación de fuerzas, no sólo determinada por el reposicionamiento de sectores y corrientes conservadoras, la emergencia de nuevos actores y subjetividades, el agotamiento de ciertos horizontes y modos de hacer política, o por la intensificación de las tensiones geopolíticas; sino también por lo que los actores en disputa están dispuestos a hacer y poner en juego para lograr sus objetivos. Son tiempos de altos riesgos y peligros.

En estos escenarios, el fin de ciclo no necesariamente supone una era “post-progresista”, sencillamente porque los progresismos, como un modo de hacer política, no van a desaparecer, del mismo modo en que el ciclo progresista nunca fue un período “post-neoliberal”. Aunque el progresismo ya no es el gran rasgo de peso en la región, seguirá teniendo presencia en la disputa política latinoamericana.

Pero ante esta situación no se trata, nuevamente, aumentar la colección de gobiernos de centro-izquierda, o crear mayor presencia de nominaciones y discursos progresistas. Vale las preguntas, ¿qué es y será el progresismo en este cambio de época? ¿Será exactamente el mismo de 10-15 años atrás? ¿Cómo serviría este progresismo al conjunto de luchas que desde abajo intenta impulsar re-existencias y alternativas a los modelos imperantes? En este sentido, es necesario evaluar:

·         Por un lado, cuáles son las posibilidades de concreción de sus objetivos de posicionamiento político y de realmente impulsar una agenda “progresista”, en esta particular correlación de fuerzas actual.
·         Por otro lado y por consiguiente, de ser exitosos, ¿cómo ensamblarían sus modos de gobernabilidad y sus patrones de acumulación extractivistas ante las duras dinámicas de crisis económica y beligerancia global? ¿Prevalecerían y se intensificarían los pragmatismos, las lógicas de seguridad y orden interno, los mecanismos de cooperación con sus aliados geopolíticos en esta especie de Guerra Fría que vivimos a escala global?

 
Es en estas claves que creemos que también deben ser interpretadas las mutaciones y giros políticos de Lenin Moreno en Ecuador, el probable fraude electoral en Honduras en diciembre de 2017, la forma que va tomando el Gobierno Bolivariano en Venezuela, el posible encarcelamiento de Luiz Inácio “Lula” da Silva en Brasil, o los condicionamientos a las posibilidades de éxito electoral e incluso gubernamental de Gustavo Petro en Colombia y Andrés Manuel López Obrador en México.

Todo esto deja abiertas múltiples interrogantes vitales: ¿cuál es la agenda de las izquierdas, o si se quiere, de los diversos movimientos contra-hegemónicos, ante estos tiempos de reflujo, pragmatismo, securitización, sobrevivencia política de los gobiernos y reestructuraciones económicas en la región? A fin de cuentas, ¿quiénes son los principales afectados por las lógicas de excepción y “seguridad nacional” que van avanzando en la región, sean de cuño conservador o progresista? ¿Cuál es la postura ética de la izquierda ante esto, o incluso, qué significa ser de izquierda en estos tiempos de beligerancia? ¿Cuál sería el programa contestatario ante esta coyuntura? ¿O es que se afirma que ya no es posible un programa tal?

El agotamiento del “ciclo progresista”, no representa el final de una historia de luchas, sino la continuación de la misma bajo nuevas condiciones. Muy duras, probablemente. Pero precisamente la intensificación de las contradicciones que constituyen esta vibrante y muy activa región del mundo, abre al mismo tiempo las posibilidades para la masividad de un nuevo ciclo de luchas, posiblemente con nuevas modalidades, narrativas y formatos que, en su emergencia, discutan críticamente con la ya tradicional propuesta impulsada por los progresismos.

Pero lo fundamental es no olvidar que el estado de la correlación de fuerzas estará siempre determinado y atravesado por las luchas desde abajo que, dependiendo de la impronta y masividad de las mismas, puede mejorar las condiciones de disputa, la gestión común de la vida, las posibilidades de transformación social, e incluso incidir en la composición política del Estado en un período determinado.

Ante el caos, la guerra y la excepcionalidad, el principio es la comunidad, la comunalidad, la resiliencia, la reproducción de la vida y la defensa territorial. Múltiples experiencias siguen ofreciendo horizontes de actuación, de referencia: la Guardia Indígena del Cauca (Colombia), las fogatas y las guardias comunitarias en Cherán y los caracoles zapatistas (México), las Oficinas de Seguridad de los indígenas yekwana en el río Caura, la experiencia de la comuna El Maizal y los campamentos de pioneros (Venezuela), las Rondas Campesinas de Cajamarca (Perú), las resistencias contra la minería por parte de la comunidad de Intag (Ecuador), y un largo etcétera. Todas son semillas de transformación social; son referentes y planes piloto ante los tiempos de confusión y caos que crecen.
Tiempos duros se visualizan en el horizonte. Sí. Pero si hay un tiempo para incidir en el curso de los próximos acontecimientos, es éste.
Caracas, marzo de 2018
*Emiliano Teran Mantovani es sociólogo de la UCV, ecologista político y master en Economía Ecológica por la Universidad Autónoma de Barcelona. Investigador asociado al Centro de Estudios para el Desarrollo (CENDES), miembro del Observatorio de Ecología Política de Venezuela y mención honorífica del Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2015 por el libro ‘El fantasma de la Gran Venezuela’.

Notas (...)

IV. Progresismo vs. "plurinacionalizar el territorio del Estado moderno; dar cabida a la gestión del territorio sobre diversas formas de ver y reproducir la vida".

Las dificultades para la producción de sentidos rebeldes en los tiempos del MAS
Bolivia y la necesidad de
una agenda política desde abajo
16 de abril de 2018

Por Huascar Salazar Lohman (Rebelión)
A 18 años de la Guerra del Agua –aquel momento histórico que inauguró los tiempos de la Bolivia Rebelde, de las grandes movilizaciones populares que cimbraron el orden neoliberal–, y después de 12 años de gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) –en los que se restituyó un nuevo orden dominante–, en Bolivia nos está costando rearticular luchas fértiles y actualizar perspectivas útiles que nos permitan ver más allá del tan limitado, pobre y sórdido campo político en el que se contrapone el gobierno y las élites racistas de este país.
Como ya es una constatación, el flamante Estado Plurinacional restauró el rol que asume como mediador del capital, continuador –ahora con el camino mucho más libre– de un agresivo modelo económico primario exportador. Para lo cual re-articuló a viejas y nuevas clases dominantes en torno suyo –incluido lo más rancio: la oligarquía terrateniente-agroindustrial del oriente–. Sin embargo, a diferencia del neoliberalismo, este gobierno logró dicho cometido al asumir tendencialmente una función parasitaria, que se fue nutriendo de la fuerza, discurso, experiencia y capacidad política de las luchas que las organizaciones sociales –urbanas y rurales– construyeron durante años en la búsqueda de sus propios y múltiples horizontes de transformación; y lo hizo reactualizando formas brutales de misoginia, represión y tutela.
Entre noviembre de 2017 y enero de 2018, Bolivia se sumergió en un momento particularmente complejo. El 28 de noviembre el Tribunal Constitucional Plurinacional, controlado por el oficialismo, habilitó a Evo Morales para una tercera reelección –por medio de un artificioso recurso jurídico que argumenta que la Constitución Política del Estado violenta los derechos políticos del presidente al no permitir que vuelva a presentarse a una nueva elección presidencial–, desconociendo con ello los resultados del Referendo vinculante del 21 de febrero de 2016 –promovido por el mismo gobierno– en el que ganó la opción del No a la modificación de la carta magna para permitir dicha re-elección. Unos días después, el 3 de diciembre, la indignación frente a dicha habilitación se expresó en las elecciones judiciales, imponiéndose a nivel nacional el voto nulo y blanco frente al voto válido, con porcentajes superiores al 60%.
En este contexto también se objetó la promulgación del nuevo Código Penal impulsado por el ejecutivo. Diversos sectores consideraron esta normativa como atentatoria a algunos intereses civiles y gremiales, desde la tipificación de nuevos crímenes –por ejemplo, en la práctica de algunas profesiones como la medicina o el derecho–, hasta la posibilidad de un ejercicio discrecional –no mediado por la justicia– de los aparatos represivos del Estado en ciertos casos que previamente debían pasar por filtros jurídicos; pasando por el incremento promedio de las penas para la sociedad civil y disminuyendo las condenas para los crímenes cometidos por funcionarios públicos, además de una clara intención de criminalizar la protesta social. Y si bien también era posible encontrar artículos considerados “progresistas” respecto al Código Penal precedente –como los relacionados con la despenalización parcial del aborto–, lo cierto es que frente a la tendencia cada vez más autoritaria del gobierno y al desconocimiento por parte de éste de la CPE, el cuestionamiento al código penal pasó de un debate técnico a una impugnación política en la que ya no importó tanto el contenido mismo del código sino la indignación de la sociedad civil que se expresó en la consigna: “abrogación completa del código penal”, lo que finalmente sucedió a finales de enero.
Ahora bien, la victoria del voto nulo y blanco en las elecciones judiciales y la abrogación del nuevo código penal como resultado de un país movilizado –expresando una legítima indignación por la manera en que el gobierno violentó los límites de la democracia formal que en otros momentos se jacta de promover– tuvo poca densidad orgánica y en buena medida se acopló en torno a sentidos y consignas provenientes de núcleos políticos que normalmente reconocemos como “derecha tradicional” –es decir, la élite política racista y clasista cuyo discurso es distinto al del gobierno, pese a que ambos actores políticos tienen un horizonte económico similar–.
Lo que generalmente en Bolivia reconocemos como una constelación de organizaciones sociales en lucha con horizontes políticos diversos, esta vez se presentó como una “sociedad civil” difusa, es decir, como unas élites políticas productoras de un discurso democrático conservador; unas clases medias ensimismadas, poco creativas y permeadas por ese discurso; mientras que los sectores populares históricamente contestatarios –aquellos que no están subordinados al MAS– aparecieron poco organizados y con escasa o nula capacidad de poner sobre la mesa de debate un horizonte que reivindique la autonomía política, la disputa por el excedente económico o cuestione la relación mando-obediencia que se sostiene en principios clasistas y/o racistas, como históricamente lo han hecho.
En otras palabras, existe una capacidad visible y efectiva de movilización social, pero que se presenta confusa y sin posibilidad de rebasar el discurso de oposición planteado por las élites políticas tradicionales del país –que gira en torno a una idea vacía de democracia formal–. Esta situación es resultado de dos hechos que se conjugan y han sido parte componente de la construcción hegemónica del MAS durante la última década. Por un lado, la expropiación de sentidos emancipatorios desde el ámbito estatal: el partido de gobierno se presenta como el único sujeto político con capacidad de conducir el “proceso de cambio”, que no es más que una artimaña discursiva para legitimar un nuevo proyecto estatal dominante revestido de ornamentos folclóricos que aluden a lo “popular”. Se ha consolidado, así, un enorme proceso de despojo político abierto después de la Masacre del Porvenir, conexo con la creciente tutela de cualquier sentido político disidente o mínimamente crítico.
Por otro lado, desde hace ya varios años, se ha impulsado una política de desarticulación inducida de las fuerzas sociales contestatarias y de sus diversas formas organizativas autónomas que, por lo general, se mostraron adversas al proyecto político y económico promovido por el MAS. Esto sucedió a través de la subordinación de estas estructuras al partido gobernante y/o a través de la intervención directa –y en algunos casos violenta– de las organizaciones que no se sometieron y disciplinaron, como sucedió con la CIDOB y el CONAMQ.
A efectos prácticos, lo anterior ha significado un desdibujamiento de la capacidad organizativa y prefigurativa de respuesta popular frente a la política estatal. Que a su vez logró aislar, fragmentar y devaluar la lucha de diversos pueblos que, de manera invisibilizada, resisten los embates directos de la política de despojo promovida a través de los mega proyectos extractivistas, energéticos y de comunicación, y que es en estas luchas donde subsisten con mayor fuerza horizontes comunitario-populares que reivindican prerrogativas de decisión autónoma para decidir sobre su vida y sus territorios.
Una estrategia eficaz del gobierno ha consistido en producir un escenario de polarización entre oficialismo y “derecha tradicional”, logrando con esto, por un lado, enmascarar la similar alianza de clases que ambos sectores sostienen; así como invisibilizar los horizontes comunitario-populares y las luchas en contra de estas alianzas y planes que cuestionan el núcleo de la estructura dominante y procapitalista del Estado Plurinacional, catalogándolas como horizontes y luchas “funcionales” o “promovidas por la derecha”.
Es decir, esta polarización, que viene operando como organizadora de la política boliviana en los últimos años, produce una apariencia desde la cual se visibiliza como relevantes a dos contrincantes que se enfrentan en el plano de lo estatal, mientras se encubre al “contrincante principal”, que son todas aquellas organizaciones y luchas que desde abajo, desde las formas organizativas no estatales y cotidianas, impugnaron el orden neoliberal y ahora impugnan el modelo dominante del MAS.
Esta ausencia de sentidos que organicen posibles cursos de acción de lucha popular en esta coyuntura derivó en lo que considero dos posiciones poco fértiles –y que nuevamente nos arrinconan a la artificiosa polarización política–: 1) “frente a la captura por parte de la élite política tradicional racista de la movilización social, el mal menor es el gobierno”; o 2) “no importa cómo, incluso si es a lado de la ‘derecha tradicional’, el gobierno debe ser debilitado para hacer prevalecer la ‘democracia’ y el ‘Estado de Derecho’”. Esta aparente, frustrante y paralizante dualidad se presenta, se promueve y se alimenta como el único horizonte posible en la política Boliviana. Nos enfrentamos, entonces, a un desafío significativo: producir sentidos críticos más allá de los que emanan de los núcleos de poder político.
Nos toca ser creativos en tiempos oscuros y difíciles. Nos toca darnos a la tarea de producir, actualizar y revitalizar sentidos críticos que no caigan en el lugar común de la frustración y despolitización. Nos toca romper con la hegemonía del discurso dominante que intenta dar forma y condicionar nuestro hacer político. Nos toca nombrar claramente a la dominación. Nos toca volver a construir, de a poco pero sin pausa, una agenda política emancipatoria que en adelante nos permita posicionarnos de manera potente frente a lo que sucede. También nos toca reconocer que no tenemos esa agenda en este momento, los pocos sentidos claros de resistencia durante los últimos años se han nutrido fundamentalmente de las luchas de pueblos indígenas frente a los proyectos de despojo, y si bien esas luchas deben ser potenciadas y también debemos trabajar sobre ello, no podemos poner sobre esos pueblos todo el peso de la historia, ni la responsabilidad de la transformación hacia adelante.
Pero para producir y actualizar una agenda de este tipo, que será resultado de un proceso histórico en el que se conjuguen la práctica y las palabras, tenemos que comenzar por resignificar y reinterpretar los códigos de lo que nos sucede, lo que nos amenaza y las dificultades a las cuales nos enfrentamos; no podemos hacerlo sin más desde las mismas claves que nos plantea la dominación.
Este proceso crítico y autocrítico pasa, entonces, por cuestionar una serie de presupuestos que parecen de “sentido común” o incuestionables, y más cuando esta realidad es interpretada desde aquella estéril polarización que abordamos anteriormente. Sin aspiraciones exhaustivas, a continuación reflexiono brevemente sobre algunas suposiciones que considero importante cuestionar en el ánimo de producir nuevas claves para una agenda política emancipatoria desde abajo.
·         “Izquierda” y “Derecha” nos dicen poco. Ambos son conceptos históricos que en Bolivia tienen mucho arraigo y tradición. El ser de “izquierda”, por lo menos entre 2000 y 2005, permitía identificar a sujetos políticos (personas, organizaciones y partidos) que se asociaban en torno a horizontes populares, algunos más comunitarios que otros, pero que claramente se confrontaban contra el orden neoliberal establecido. Mientras, por otro lado, la etiqueta “derecha” representaba el poder oligárquico, burgués y su élite política (principalmente blanca). Es cierto que existían varios matices, pero estos conceptos permitían identificar a los aliados –cercanos y lejanos– y a los enemigos de los que luchaban desde abajo.
En el presente estos conceptos han perdido su capacidad de organizar comprensivamente las determinantes del antagonismo social, la muestra de ello es la excesiva adjetivación de los cuales son objeto: “la derecha del MAS”, “la derecha tradicional”, “la derecha reciclada”, “la derecha indígena”, “la izquierda oligárquica”, “la izquierda higiénica”, “la izquierda infantil”, “la izquierda opositora”, “la izquierda estatal”, “la izquierda popular”, etc. Los adjetivos parecen decir más que los sustantivos. Quizá esto tenga que ver con la apropiación y auto-identificación de “izquierda” de un gobierno que recurre a discursos centrados en lo popular pero que promueve un proyecto que históricamente se reconoce como de “derecha”; y, segundo, porque una parte importante de la “izquierda” siempre fue anticomunitaria en su horizonte político estatal –en especial los partidos comunistas más ortodoxos–.
En este contexto es fundamental darnos a la tarea de repensar claves articuladoras frente a la dominación, para lo cual considero que es de vital importancia que estas surjan de haceres compartidos y no –por lo menos de manera primaria– de premisas ideológicas o nacionalistas–. Reconocernos en común frente a la dominación por: trabajar la tierra, trabajar en fábricas, construir proyectos centrados en garantizar la vida, producir resistencias colectivas frente al estado, el capital, el patriarcado, etc. Nuestro reconocimiento frente al otro como aliado o antagónico no debe depender tanto de si se defiende más a un autor o a una idea teórica, sino a la calidad y profundidad de relaciones y haceres que sostienen sentidos disidentes, inconformes y de subversión.
·         El MAS es el menos… malo. Si hay algo que no pudo hacer el neoliberalismo es lo que el MAS si logró durante esta década: quebrar la fuerza popular que frenó el embate de ese modelo socioeconómico, abriendo la senda para un impulso agresivo y sin precedentes del capitalismo en el país. En buena medida esto fue posible gracias a una política sostenida en la prebenda y el asistencialismo, política vigorosa durante varios años gracias a los recursos generados por la exportación de materias primas a precios elevados, lo que, junto al discurso de “izquierda”, permitió contener y desarticular la potencia de lo popular no estatal.
Sin embargo, la frustración política y el propio discurso del MAS nos plantea que el actual gobierno es “lo menos malo” frente al posible retorno, con paso de parada, de una “derecha neoliberal”, es decir, aquellos que están al otro lado de la polarización producida y recreada por el mismo gobierno.
Frente a esta afirmación toca considerar dos cosas: 1) la posibilidad del retorno de esta élite política tiene más que ver con la desarticulación inducida desde el Estado que sufrieron las organizaciones sociales que en otros tiempos impusieron límites al proyecto dominante. En otras palabras, es el propio gobierno, su política cada vez más autoritaria y su modelo económico y prebendal, el que abrió las puertas para un retorno rimbombante de sujetos neoliberales que ya habían sufrido una muerte política… no es la gente confundida o la sociedad en decadencia, como afirman los gobernantes. 2) Así esa vieja élite política no retorne al gobierno y el MAS se mantenga en el poder, los hechos del presente nos demuestran que el horizonte estatal en manos del gobierno actual es cada vez más antipopular y procapitalista, lo que nos permite observar una coincidencia de proyectos entre las élites políticas supuestamente enfrentadas; el horizonte político no es “mejor” ni “menos malo” así el MAS se sostenga en el poder.
En este sentido, considero que una agenda desde abajo, disidente y popular –más que abordar una discusión escolástica sobre si el MAS es el partido “menos malo”– debe concentrarse en desplegar nuestra energía en torno al resguardo de lo que tenemos, no se puede conceder más, debemos cuidar nuestras fuerzas, cuidarnos colectivamente; cuidar nuestras fuentes de subsistencia y su calidad, que no se precaricen más; cuidar nuestra relación con la naturaleza; acuerparnos, producir decisión colectiva autónoma desde donde sea posible, resistir y –como hemos venido diciendo– hacer el esfuerzo por cambiar las claves de lucha a otras renovadas y potentes.
·         Miremos lo pequeño para pensar lo grande. En Bolivia se ha impuesto una deriva “trucha” de la Real Politik –que ya de por sí nos refiere y nos limita a la política estatal como ámbito privilegiado para la toma de decisiones sobre asuntos públicos–. Sin embargo, desde el cinismo patético y el manejo utilitario de los discursos de izquierda, el gobierno boliviano hace muchos años que viene argumentando que toda concesión a –y/o negociación con– los grupos dominantes del país, a la expansión capitalista e, incluso, al enriquecimiento de sus burócratas de alto rango, es parte de una necesidad estratégica coyuntural que se da en el marco de “lo posible”, tachando cualquier crítica de “idealismo”, “izquierdismo deslactosado” y una serie de apelativos –muy demandados por una “izquierda” intelectual mediocre y, por lo general, muy paternalista– que nos plantean un posibilismo estatal ramplón y que no es otra cosa que la justificación de una serie de políticas de despojo, prebendales, antipopulares y procapitalistas que el gobierno trata de justificar como “fatalismo histórico”.
Nuestra agenda debe, por lo menos al inicio, concentrarse en la política seria, es decir, en las formas de autogobierno y decisión colectiva que se producen desde ámbitos cotidianos: gobiernos indígenas y originarios, juntas barriales, sindicatos campesinos comunitarios, colectivos urbanos, cooperativas de agua, etc. Si algo hay en Bolivia es una amplia y polimorfa experiencia y capacidad de producir decisión colectiva no estatal, e históricamente ahí reside la potencia transformadora del país. Se vienen (o se profundizarán) tiempos difíciles y de lo que se trata no es tanto de volcar nuestras energías para interpelar al Estado desde la democracia formal liberal –habrá que hacerlo cuando sea necesario–, sino en (re)construir ámbitos autónomos y autogestivos para reapropiarnos de la decisión y de la riqueza que está siendo despojada.
De ninguna manera digo que se debe dejar de mirar la dominación a escala estatal, pero nuestra fuerza para enfrentarla –y la historia nos lo confirma– no reside en los cánones políticos de la política estatal, sino en nuestra capacidad de darnos forma política más allá del Estado. Desde ahí sabemos, de manera efectiva y contundente, enfrentarlo, cambiar gobiernos de ser necesario y posicionar horizontes de transformación real.
Estos puntos hacen referencia, de manera inacabada, a algunas cuestiones que considero importantes para comenzar a repensar una agenda política desde abajo, desde lo popular, desde lo comunitario, desde donde se vive la agresión del Estado y el capital, desde los márgenes, desde el subsuelo, desde aquellos lugares que la cerrazón estatal invisibilizó, reprimió, despreció y devaluó. Hay muchos temas más, desde la centralidad que ahora ocupa la lucha de las mujeres, hasta la descolonización de nuestra vida, pasando por las luchas socioambientales, son temas que tenemos que ir tejiendo entre todxs. Los ensayos de respuesta que planteo no son, para nada, un intento de zanjar discusiones, sino una búsqueda –compartida con otras personas– de abrir debates contrarios a los que en este momento están en la agenda política dominante.
Recuperemos la capacidad de nombrar lo que nos pasa, compartamos palabras, reflexionemos, debatamos abierta y apasionadamente –como se suele hacer en Bolivia– para significar nuestros horizontes de futuro y desde ahí comencemos a hacer lo necesario; haceres que seguramente –y ojalá sea así– sean múltiples, distintos e, incluso, contradictorios por momentos; no busquemos la homogeneización y unidad (lo “único”), sino, como diría Silvia Rivera Cusicanqui, empecemos por construir los puentes para la articulación de lo diverso.
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=240393


III. Progresismo vs. "plurinacionalizar el territorio del Estado moderno; dar cabida a la gestión del territorio sobre diversas formas de ver y reproducir la vida".

SOCIALISTAS REVOLUCIONARIOS EN BUENOS AIRES

Tensiones económicas e

inestabilidad política en la situación mundial

20 de marzo de 2018

 En estas líneas reproducimos una versión resumida del documento sobre la situación mundial aprobado en la XI Conferencia de la FT-CI (fracción trokista que mira a la Cuarta Internacional) .
 
La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, y el ascenso de tendencias nacionalistas en los países centrales -Brexit, partidos xenófobos euroescépticos, “soberanismos”- mostró el agotamiento del consenso globalizador neoliberal, que se hizo hegemónico tras los procesos de restauración capitalista en Rusia y China. En las últimas décadas, Estados Unidos ejerció el liderazgo a través de organismos multilaterales como la OMC, que le garantizaban el máximo beneficio al capital norteamericano pero también permitían que se beneficiaran, no sin disputas y crisis, aliados y competidores de Estados Unidos como Alemania, Japón y más tarde China. Este orden (neo)liberal entró en crisis como consecuencia de la Gran Recesión de 2008, que dejó una profunda polarización social y política.
Independientemente de las contradicciones que enfrente para aplicar su programa nacionalista, ya es un hecho que Trump cambió la agenda internacional volviendo a poner en el centro la disputa entre “estados nación” en detrimento de las tendencias globalizadoras. Esto no significa replegarse dentro de las fronteras nacionales, sino por el contrario, perseguir más agresivamente el interés nacional en perjuicio del resto.
Es un hecho que en el último año estas tendencias nacionalistas se han profundizado y son las que le dan el tono a la situación internacional caracterizada por las tensiones económicas y la inestabilidad geopolítica, aunque se mantiene la estructura globalizada de la economía y el comercio mundial se ha seguido desarrollando. La imposición por parte del gobierno de Trump de tarifas de 25% a las importaciones de acero y de 10% a las de aluminio, aunque haya exceptuado a México y Canadá con los que está renegociando el NAFTA sienta un precedente riesgoso de transformar una disputa comercial en un problema de “seguridad nacional”. Esta medida proteccionista, a diferencia de otras menores que tomó Trump en el primer año de su gobierno, está reavivando los temores de que sea el comienzo de una escalada que pueda derivar en una guerra de tarifas si los afectados deciden responder con medidas punitivas sobre exportaciones norteamericanas, incluso si Trump utilizara las tarifas como método de negociación dura.
Se abre un nuevo escenario de mayores rivalidades, amenazas de guerras comerciales y escalada de conflictos regionales en los que puedan verse involucradas grandes potencias.

Contradicciones e inestabilidad en la economía mundial

En la economía mundial se verifican dos tendencias aparentemente contradictorias. Por un lado el crecimiento en 2017 –aunque aún se encuentra en el terreno de los pronósticos- fue mayor al de todos los años pos crisis 2008/9 y se observa un alza sincronizada en EEUU, China, Japón y Europa –aunque sólo los dos últimos crecieron por encima del promedio del período. Por el otro, el crecimiento exuberante de las bolsas y los activos financieros que en EEUU, Japón, China –como en varios países latinoamericanos- alcanzaron durante 2017 y principios de este año, máximos de la última década, están en el origen de la caída de Wall Street de febrero pasado que, aunque duró pocos días, mostró una intensidad sorprendente. Aún cuando esa caída resultó contenida, se instaló una situación de inestabilidad en Estados Unidos –con derrotero imprevisible- que afecta a todos los mercados de activos bursátiles y financieros del mundo.
La diferencia de velocidad entre el crecimiento de la economía –muy lento- y el de los activos financieros –muy acelerado- acrecienta la distancia entre el precio de dichos activos y las ganancias corporativas reales que les dan sustento. El precio de las acciones tiende a separarse cada vez más de la ganancia real que generan las empresas. Esa relación que ya 2016 en Estados Unidos era de 27 veces, en 2017 y bajo gobierno Trump, llegó a 31, o sea, mayor que la verificada en 2007 poco antes del inicio de la crisis. Esta separación expresa la escasez de fuentes para la nueva inversión lucrativa de capital, es la base de una inestabilidad estructural y la esencia de la tesis burguesa del “estancamiento secular”.
El origen de la inestabilidad financiera está asociado al temor de que la Reserva Federal norteamericana, bajo administración Trump, suba las tasas de interés de corto plazo más allá de las tres subas programadas para este año. En ese caso las deudas corporativas que junto con las deudas públicas crecieron significativamente durante los últimos años podría llevar a la quiebra a alrededor del 14% de las empresas norteamericanas. Por otra parte si ya los incrementos de tasas planificados tendrán indudables efectos negativos sobre las economías semicoloniales en general y sobre las latinoamericanas más endeudadas o dependientes de los mercados financieros –como Brasil y Argentina en particular-, aumentos significativamente mayores a los previstos podrían generar potencialmente efectos catastróficos. A su vez impactarían negativamente sobre los precios de las materias primas que en este momento aparecen como factor de estabilidad relativa para muchos países latinoamericanos.
Aunque la posibilidad de un período más inflacionario aún es materia de discusión hay quienes sostienen que si la causa última de la deflación de los últimos años está asociada al rol de China y a su tendencia a la sobreproducción de mercancías, los nuevos planes internos de la burocracia de Pekín así como mayores tendencias proteccionistas, podrían regenerar presiones inflacionarias. En un contexto tal, una combinación futura de mayor inflación, déficit crecientes y mayores tasas de interés, no sería descartable.
 
En términos más generales los límites de las políticas de estímulos monetarios en los países centrales son en gran parte resultado de un dilema derivado de la imposibilidad de China –un motor fundamental que, junto con el dinero barato, garantizó el crecimiento aún débil durante el período pos Lehman- de continuar creciendo como hasta entonces. Este problema se hizo presente alrededor del año 2014 y es en gran medida fundamento de las crecientes tendencias nacionalistas en China, en Estados Unidos, pero también en la Unión Europea, Rusia y otros países que se expresan en ascendentes tensiones geopolíticas y elementos de guerra comercial.
 
En definitiva el mayor crecimiento de la economía mundial no consigue retornar a los valores previos a la crisis y las contradicciones que signaron las debilidades de estos últimos diez años se mantienen. La recuperación en curso es modesta y no alcanza para deshacer las profundas consecuencias económicas, políticas y sociales que produjo la Gran Recesión de 2008/9. De hecho lo que preocupa a las corporaciones y a los organismos internacionales como la OCDE, el FMI o el Banco Mundial son tanto los pronósticos de una disminución del crecimiento en los países centrales, como las consecuencias políticas derivadas de la debilidad económica. Entre ellas el riesgo de que una intensificación de disputas comerciales, de tendencias nacionalistas y factores extraeconómicos, como una crisis geopolítica de magnitud o fenómenos políticos, terminen desestabilizando la economía.
 

Tendencias a la crisis orgánica, neoliberalismo senil y lucha de clases

Desde el punto de vista teórico, venimos definiendo esta situación pos crisis de 2008 como el desarrollo de tendencias a la “crisis orgánica” en varios países.
Incorporamos a las categorías “clásicas” que utilizamos los marxistas revolucionarios para analizar situaciones la de “crisis orgánica” que tomamos de A. Gramsci para dar cuenta de situaciones intermedias (entre las situaciones no revolucionarias y pre-revolucionarias o directamente revolucionarias), abiertas por las consecuencias sociales y políticas de la crisis de 2008, en la que se desarrollan elementos de crisis de hegemonía burguesa pero sin que prime la lucha de clases y la radicalización política de masas como tendencia generalizada (aunque haya habido procesos agudos como la Primavera árabe). Estas situaciones son producto en gran medida de que la burguesía pudo evitar mediante la intervención estatal un escenario catastrófico similar a la crisis de 1930 y la crisis siguió durante varios años como una crisis rastrera.
Los elementos de crisis orgánica tiene expresión política en la crisis de los partidos burgueses tradicionales (el “extremo centro”) que son vistos como agentes de los ajustes y ataques neoliberales.
Sobre esta base surgen nuevos fenómenos políticos “populistas”, tanto por derecha (partidos xenófobos europeos) como por izquierda, expresado en el surgimiento de corrientes neorreformistas como Podemos, Syriza, Momentum en el Partido Laborista, DSA en Estados Unidos, Francia Insumisa de Mélenchon, Frente Amplio en Chile, etc. El último ejemplo de esta crisis son las elecciones en Italia, donde los dos partidos más votados fueron la Liga Norte (que se presentó simplemente como “Liga”) y el Movimiento 5 estrellas.
Esto no quiere decir que no haya intentos burgueses de superar por derecha esta situación (Macron o Ciudadanos podrían ser ejemplos) o ataques capitalistas como las reformas laborales o jubilatorias, con la contradicción de que los gobiernos que intentan aplicarlos por lo general son débiles y ya están encontrando resistencia. Incluso aunque pasen estas reformas (como la reforma laboral en Brasil) se trata de un neoliberalismo senil, no hegemónico, que tiende a profundizar la polarización social y política lo que podría crear eventualmente condiciones más favorables para el desarrollo de procesos agudos de lucha de clases y radicalización política.
 

Trump: un gobierno bonapartista débil con fuertes contradicciones

El balance del primer año de gobierno de Trump es mixto. No pudo aplicar su agenda más ambiciosa de campaña ni en el plano interno ni en la política exterior pero tampoco fue neutralizado. Mientras lo primero se evidencia por ejemplo en el hecho de que las medidas “proteccionistas” implementadas durante el primer año, resultaron medidas parciales que respondieron más a lobbies de industrias locales que a una estrategia de conjunto, lo segundo se expresa en la reciente imposición de tarifas a importaciones de acero y aluminio. Esto le da un carácter volátil a la situación política. La respuesta a estas tendencias contradictorias, que surgen de las divisiones en la clase dominante y sus partidos, ha sido profundizar los rasgos bonapartistas del gobierno.
Las divisiones en la Casa Blanca y en el establishment político expresan las disputas al interior de la clase dominante y de la burocracia estatal y también la polarización social, entre las que Trump busca arbitrar apoyándose en el ala militar de la administración pero aún con una política errática y pragmática. El despido de Rex Tillerson y su reemplazo por Mike Pompeo en lo inmediato fortalece al sector completamente alineado con el presidente. Estas oscilaciones señalan que sigue siendo un gobierno bonapartista débil, con una base social estrecha y un presidente muy impopular, lo que lo hace relativamente inestable.
 

La preparación estratégica de Estados Unidos para un “conflicto entre potencias”

El cuestionamiento de Trump a instituciones internacionales como la OTAN, el desprecio a los acuerdos multilaterales, como el que firmaron Estados Unidos y la Unión Europea con Irán, y más en general, la subordinación de la diplomacia al objetivo de reducir los desbalances comerciales está socavando la relación de Estados Unidos con sus aliados occidentales, en particular con la Unión Europea.
Por otra parte hay dos procesos estructurales que en última instancia están haciendo crujir la estabilidad del orden de posguerra/posguerra fría y en cierta medida explican el ascenso de Trump: uno es el salto en la declinación hegemónica norteamericana y el otro la emergencia de China como “competidor estratégico” de Estados Unidos, y en menor medida y con más contradicciones la actividad de otras potencias regionales como Rusia.
En líneas generales, Trump expresa la voluntad de una fracción de la clase dominante y del aparato estatal norteamericano de revertir estas coordenadas mediante un programa nacionalista reaccionario y la reconcentración del poderío militar, sintetizado en la consigna “America First”.
La nueva estrategia de seguridad y defensa nacional define como prioridad el conflicto entre potencias, desplazando a segundo plano la guerra contra el terrorismo. Según estos documentos, elaborados por el ala militar del gobierno, la principal amenaza para la seguridad norteamericana son China y Rusia, seguidas por Corea del Norte e Irán y por último el terrorismo islámico.
La clave de esta nueva estrategia es fortalecer la letalidad del poderío militar de Estados Unidos para aumentar su capacidad disuasiva. En concreto significa un aumento considerable del gasto militar para modernizar el arsenal convencional y sobre todo para ampliar el arsenal nuclear.
Poner como norte la preparación para un conflicto interestatal de envergadura, después de décadas de librar una guerra asimétrica contra actores mayormente no estatales, es sin dudas es el giro más significativo de la presidencia Trump.
Pero este viraje estratégico de Estados Unidos no ocurre en el vacío, y aunque no se trata de una respuesta directa, conviene leerlo en espejo con las resoluciones del 19 Congreso del PCCh de octubre pasado, en el que el presidente Xi Jinping anunció la apertura de una “nueva era” que debería culminar con la transformación de China en una superpotencia mundial para 2050, bajo el liderazgo férreo del PCCh que deberá comandar con mano de hierro las reformas económicas.
En síntesis hoy China no disputa el liderazgo mundial a Estados Unidos que seguirá siendo la principal potencia imperialista por los próximos años. El PBI per cápita de China sigue siendo muy inferior, la séptima parte del de Estados Unidos, detrás todavía de Rusia y casi al mismo nivel que México. En el plano militar aunque China está modernizando sus Fuerzas Armadas la disparidad sigue siendo abrumadora, lo mismo en el terreno tecnológico. Y ni en China ni en Rusia, por las particularidades de la restauración, se han consolidado aún una clase capitalista y sigue primando el rol del estado. Pero a la vez, China es demasiado grande, demasiado autosuficiente y bien financiada para sucumbir a la presión económica directa de los EEUU o un grupo de potencias imperialistas. La doble dificultad de China para salir de la loza que impone el dominio imperialista a nivel mundial a la vez que de EEUU de doblegar al más fuerte estado chino en comparación a la China que sufrió la brutal opresión imperialista desde mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX es lo que explica las tensiones de la situación actual en la principal relación de co-dependencia EEUU/China del ciclo neoliberal/globalizador que se está acabando.
El dato objetivo es que la brecha entre ambos se ha estrechado. En 2000, Estados Unidos daba cuenta del 31% de la economía global, y China del 4%. Hoy la porción de Estados Unidos es 24% y la de China 15%. Es sobre esta base que los sectores proteccionistas y los halcones del Pentágono exageran las amenazas tecnológicas asegurando que en algunos años China alcanzará a EE.UU. para justificar con argumentos defensivos una política más ofensiva, por ejemplo exigir la apertura del sector financiero o que el gobierno chino retire la cláusula que impone a las empresas norteamericanas integrar joint ventures y “compatir” tecnología para ingresar a su mercado. Esta línea dura también se justifica en el fracaso de las políticas amistosas de domesticar a la burocracia del PCCh, detrás de la esperanza vana de que el mercado y la entrada a la OMC traerían una democracia burguesa pro-imperialista y un mercado interno sin restricciones para el capital foráneo. Lo que muestra que no hay ninguna posibilidad de una “vía pacífica” al desarrollo imperialista de China.
 
La hipótesis a largo plazo de conflicto entre potencias como prioridad puso en marcha una suerte de reedición de la carrera armamentista que involucra no sólo a Estados Unidos, China y Rusia, sino también a Japón y las principales potencias de la UE.
Sería un error confundir el posicionamiento estratégico con la política inmediata. Hoy no está planteada una guerra entre potencias, pero el solo hecho de que aparezca como perspectiva nada menos que en la política estatal de Estados Unidos, influye en los acontecimientos actuales y hace más probable la escalada de conflictos regionales en los que ya compiten diversas potencias, como la guerra civil en Siria y la crisis con Corea del Norte -un conflicto con profundas contradicciones y de difícil resolución, aún con la propuesta de cumbre entre Trump y Kim Jong Un a mediados de mayo.
En otro nivel se encuentra el cambio en la estrategia de la política norteamericana hacia Medio Oriente. La guerra civil en Siria ha recrudecido. Sobrevuelan aviones de guerra de al menos media docena de países, entre ellos Estados Unidos, Rusia, Turquía e Israel. En el terreno se vienen enfrentando fracciones armadas por potencias rivales. La decisión de Trump de transformar las milicias kurdas en una suerte de fuerza fronteriza permanente hizo que Turquía (que es miembro de la OTAN) escalara el conflicto abriendo un nuevo frente de batalla en Afrin.
El levantamiento democrático contra Assad, que fue parte de los procesos de la primavera árabe, fue ahogado por una guerra civil completamente reaccionaria creando una situación catastrófica. Millones de desplazados que terminan en campos de concentración o muriendo en el Mediterráneo. Y los que no han podido huir son blanco de bombardeos del régimen y de diversas fracciones en pugna. Un sector de la izquierda, que sostiene que hay un curso una “revolución democrática” contra el régimen dictatorial de Assad, apoyó al “campo rebelde” independientemente de su carácter de clase y su estrategia. Nosotros sentamos una posición de principios, repudiamos al régimen dictatorial de Assad, nos oponemos a toda injerencia imperialista y de potencias extranjeras como Rusia y apoyamos el derecho democrático a la autodeterminación nacional del pueblo kurdo aunque no la política de su dirección nacionalista cuya estrategia ha llevado a sostener una alianza con Estados Unidos y un acuerdo tácito con el régimen de Assad.
 
El otro punto caliente en la región es Irán donde la política de Trump de reforzar sus alianzas con Arabia Saudita e Israel contra el régimen de los ayatolas y degradar el acuerdo nuclear está exacerbando el conflicto intra islámico entre chiitas y sunitas, que se expresa en guerras civiles como las de Yemen y Siria. EEUU apuesta a un “cambio de régimen” generado por las propias contradicciones de la sociedad y el régimen iraní. Sin embargo, el proceso social en Irán es más profundo, como se vio en los sectores sociales involucrados, y difícilmente pueda ser reconducido a un tipo de “revolución colorida” como las que impulsó Estados Unidos en Ucrania y otros países.

 

La crisis del proyecto imperialista de la Unión Europea

La relación entre Estados Unidos y la Unión Europea está en su punto más bajo y es casi de ruptura con Alemania. Esta hostilidad manifiesta cohesiona al motor franco alemán y alienta la búsqueda de políticas independientes, como la propuesta de constitución de una fuerza de defensa europea. Pero también existen tendencias centrífugas de grupos de miembros de distinta jerarquía dentro de la UE donde los partidos nacionalistas de derecha están en el poder y se identifican claramente con el Brexit o el discurso nacionalista de Trump. Es el caso de Polonia, Hungría o República Checa. La tendencia contrarrestante fue la expresión por izquierda del proceso independentista catalán.
Lo más novedoso es que la crisis política llegó a Alemania, que fue el bastión de la estabilidad y conservadurismo y la potencia regente de la UE. La “era Merkel” está llegando a su fin. En las elecciones de septiembre los dos grandes partidos sufrieron una derrota y emergió Alternativa por Alemania, un partido de extrema derecha que por primera vez accedió al parlamento. Aunque Merkel logró formar un gobierno de coalición con el SPD, este es un gobierno débil surgido después de meses de negociaciones a un alto costo.

Agotamiento del populismo y derechas no hegemónicas en América Latina

En América Latina se agotó el ciclo de los gobiernos populistas. Hubo un recambio de gobiernos de derecha en la mayoría de los países, pero ésta es una derecha no asentada, que no tiene un proyecto hegemónico como fue el neoliberalismo de los ’90, y debe lidiar con una relación de fuerzas heredada de la situación anterior que no ha logrado revertir, lo que dificulta los ataques neoliberales y las reformas que son el núcleo de su programa económico que pasan pero a un elevado costo. Estas condiciones, junto a las malas perspectivas económicas, hacen difícil la estabilización de los gobiernos de derecha y abren la perspectiva de giros bruscos y cambios de situación política, como está sucediendo en Argentina a partir de las movilizaciones del 14 y 18 de diciembre contra la reforma jubilatoria.
La política de Trump es recuperar influencia y negocios en el antiguo patio trasero norteamericano, que ahora también disputa con China.
En Brasil la crisis política y la polarización se expresan de manera abierta y aún no hay un candidato potable de la burguesía para las próximas elecciones presidenciales. El golpe institucional contra Dilma hoy tiene su continuidad en la acción bonapartista del poder judicial y la operación Lava Jato, por la que Lula, que sería el candidato más votado si se presentara a elecciones, está condenado y podría ir a prisión. Aunque la situación puede dar un giro luego del asesinato de Marielle Franco, concejala del PSOL en Río de Janeiro del que el régimen golpista es responsable más allá de quiénes sean sus autores materiales (narcos o policías).
La crisis en Venezuela es la más aguda del continente. La derecha proimperialista intenta capitalizar aún sin éxito la decadencia del chavismo utilizando la doble presión de los gobiernos de derecha de la región y la injerencia de Estado Unidos y de la Unión Europea. El gobierno de Maduro ha perdido base popular y como todo gobierno bonapartista se apoya en las Fuerzas Armadas para mantenerse en el poder, aumentando el control social sobre los sectores populares y la represión para evitar un estallido similar al Caracazo motorizado por la catástrofe económica y social. Las Fuerzas Armadas han pasado a concentrar los resortes del poder transformándose en el árbitro de cualquier salida burguesa a la crisis. Mientras que las corrientes del populismo latinoamericano siguen absolviendo al chavismo de su responsabilidad en esta catástrofe nacional y justifican sus medidas represivas, incluso cuando se dirigen contra trabajadores y pobres hambrientos, sectores de la izquierda, como la UIT y la LIT, se oponen al bonapartismo de Maduro pero desde una posición democrática liberal, sin partir de la lucha contra el imperialismo y la derecha escuálida que son agentes directos de los empresarios y banqueros. La situación en Venezuela muestra la debacle del nacionalismo burgués. El régimen chavista mantuvo la estructura rentística del país, no cambió las relaciones sociales fundamentales, a pesar de haber llevado adelante nacionalizaciones de empresas (con indemnizaciones), ni tampoco terminó con la dependencia nacional con respecto al capital imperialista. Aún hoy, en medio de un desastre económico sin precedentes, el gobierno de Maduro sigue pagando la deuda externa y aplica medidas antipopulares, mientras la camarilla que detenta el poder del estado y la burguesía sigue beneficiándose. Nuestra corriente viene levantando la necesidad de una salida obrera independiente, contra el bonapartismo de Maduro y contra el imperialismo y sus agentes.
 

Lucha de clases y perspectivas políticas para la FT

En el último período se vienen desarrollando nuevas tendencias de la lucha de clases que pueden estar anunciando procesos más profundos de la clase trabajadora, influidos por la irrupción de grandes movimientos progresivos (aunque policlasistas) en particular el imponente movimiento de mujeres que se volvió a expresar el pasado 8 de marzo y nuevos fenómenos políticos en la juventud.
Lo más avanzado ha sido el proceso en Cataluña, a pesar del rol catastrófico de su dirección burguesa a la que se adaptaron las corrientes del independentismo radical pequeño burgués como la CUP. La Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras (CRT) del Estado español, integrante de la FT-CI, intervino planteando claramente una posición revolucionaria, levantamos la perspectiva de una Cataluña obrera y socialista que sea un punto de apoyo para desarrollar la lucha anticapitalista y antimonárquica en el conjunto del Estado español.
En Argentina las jornadas del 14 y 18 de diciembre cambiaron la relación de fuerzas, y de hecho hicieron retroceder el plan de ataque más ambicioso que tenía el gobierno de Macri, que pretendía aprobar una reformar laboral que atacaba importantes conquistas del movimiento obrero. Esta situación política más general crea mejores condiciones para las luchas parciales contra despidos que se dan en sectores puntuales, tanto en el estado como en el sector privado, donde la estrategia del PTS es coordinar estas luchas y ligarlas a los movimientos masas progresivos como el movimiento de mujeres.
 
En Francia el gobierno de Macron ha lanzado un ataque contra los ferroviarios que pretende transformar en un conflicto testigo para pasar su agenda neoliberal. El “plan de guerra” es avanzar con la apertura de la competencia, liquidar conquistas y cerrar ramales no rentables. Los sindicatos ya preparan la resistencia que tiene el potencial para transformarse en un conflicto de gran magnitud. A otro nivel, la huelga de Onet protagonizada por sectores precarios de la clase obrera se ha transformado en un conflicto de gran visibilidad que terminó en una victoria, mostró cómo una política y una estrategia justas permiten la politización de los sectores más oprimidos de la clase obrera. El rol de la Courant Communiste Révolutionnaire (CCR) ha sido un factor importante en este resultado.
También fueron novedosas las huelgas de la IG Metall en Alemania, de las que participaron algunos cientos de miles de trabajadores, paralizando importantes automotrices. Estas huelgas le dieron visibilidad a la reducción de la jornada de trabajo, aunque en clave reformista. A pesar de la dirección burocrática que llevó a un resultado mixto, es probable que esta acción haya subido las aspiraciones del conjunto de la clase obrera que tiene un amplísimo sector precarizado sobre todo de jóvenes. Y en Estados Unidos, la huelga de los docentes de West Virginia desafió las leyes anti huelga en un estado donde ganó Trump nada menos que con el 68% de los votos.
El movimiento de mujeres sigue siendo el principal fenómenos de alcance internacional, en el que también confluye la juventud. Aunque tiene un carácter progresivo, tomado de conjunto es un movimiento policlasista, donde nuestra estrategia es intervenir para construir una fracción feminista socialista en lucha política e ideológica contra el feminismo liberal y el “feminismo radical”.
Las tendencias que desarrollamos en este documento de mayores tensiones económicas, polarización política y crisis de los partidos patronales plantean la perspectiva de situaciones cambiantes y giros bruscos, donde puedan emerger procesos más agudos de la lucha de clases, radicalización política y surgimiento de fenómenos políticos progresivos (tendencias “centristas” progresivas, etc.), sobre todo en los países donde se combinan el peso del movimiento obrero con tradiciones políticas de izquierda, como por ejemplo Argentina o Francia, que creen mejores condiciones para la construcción de partidos obreros revolucionarios.

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II. Progresismo vs. "plurinacionalizar el territorio del Estado moderno; dar cabida a la gestión del territorio sobre diversas formas de ver y reproducir la vida".

Entrevista a Guilherme Boulos,
coordinador del Movimiento Sin Techo de Brasil y precandidato presidencial 2018
“Brasil vive la crisis democrática más grave desde el fin de la dictadura”
16 de abril de 2018

Por Lucio Garriga y Gerardo Szalkowicz
NODAL


Es quizás la principal figura de la nueva generación de la izquierda brasileña. A fuerza de carisma, liderazgo popular y claridad política, a sus 35 años Guilherme Boulos pasó de referente social (líder del Movimiento Sin Techo) a ser “la esperanza del futuro”, según palabras del propio Lula en el cierre de su último discurso antes de ir a prisión. En esta entrevista, el también precandidato presidencial por el Partido Socialismo y Libertad (PSOL) analiza la crisis estructural del sistema político brasileño y destaca que “va a ser muy importante la presión internacional para la libertad de Lula y para restaurar la democracia”. Además, reflexiona sobre los límites que mostraron los gobiernos del PT: “Ya no hay más espacio para una política de conciliación de clases, no hay posibilidades de avanzar sin enfrentar los privilegios de los de arriba”.


Lucio Garriga y Gerardo Szalkowicz.– Por estos días los ojos del mundo están puestos en Brasil. ¿Cuál es su análisis de lo que ha venido pasando en los últimos tiempos con la democracia brasileña, con el sistema político brasileño, y en particular cómo califica el proceso judicial y la detención de Lula?

Guilherme Boulos.– Brasil vive hoy la crisis democrática más grave, más profunda, desde el fin de la dictadura militar. El proceso contra Lula es la expresión de una farsa judicial, protagonizada por sectores del sistema judiciario que fueron parte del golpe parlamentario contra Dilma. Estos sectores no hicieron un juicio, hicieron política. Condenaron a Lula sin ninguna prueba al tiempo que hay pruebas de sobra de corrupción contra Temer, Aécio Neves y varias figuras de la derecha y no han sido condenados.

Está claro que el sistema político brasileño está fallido, no funciona más, no tiene credibilidad. Hay una crisis de hegemonía en las instituciones y una desesperanza completa en la sociedad de las salidas políticas tradicionales. Eso nos pone el desafío de conformar un frente democrático para luchar por la libertad de Lula, y sobre todo para recuperar y profundizar la democracia en Brasil.

Lucio Garriga y Gerardo Szalkowicz.- ¿Cómo evalúa la respuesta de los movimientos populares y de la sociedad brasileña en general ante esta crisis política y en especial ante la persecución contra Lula?

Guilherme Boulos.– Estamos en un fuerte proceso de resistencia. El próximo sábado se va a cumplir un mes del asesinato de Marielle Franco, representante política de la izquierda, del PSOL, una representante negra, mujer, que venía de las favelas, que era una de las voces de la diversidad y de una nueva forma de hacer política. Marielle fue brutalmente asesinada y hubo una reacción muy fuerte en las calles exigiendo justicia. Ahora, como parte de este avance del proceso antidemocrático, se generó una resistencia importante en rechazo a la prisión de Lula. En la sede de la Policía Federal de Curitiba, donde Lula está encarcelado, hay un campamento de los movimientos sociales con acciones y movilizaciones todos los días. Sabemos que es necesario más, una reacción más fuerte, por eso las organizaciones estamos construyendo un proceso de unidad democrática amplio que nos permita fortalecer la resistencia en las calles y también la denuncia internacional. Porque el sistema judicial de Brasil no nos deja muchas expectativas de que se pueda revertir la situación sin una presión importante en las calles, pero también desde afuera de Brasil. Va a ser muy importante la presión internacional para la libertad de Lula y para la restauración democrática en el país.

Lucio Garriga y Gerardo Szalkowicz.- En relación a su candidatura, ¿qué posibilidades hay de hacer una alianza con el PT y eventualmente usted asumir la candidatura de toda la izquierda brasileña en caso de que Lula no pueda presentarse?

Guilherme Boulos.– Creemos que no es momento para anticipar ese debate. Nosotros defendemos el derecho de Lula a presentar su candidatura. Tenemos nuestra propia candidatura, con un proyecto para el país, y rechazamos que se saque a Lula de forma ilegítima. Hoy Lula es candidato a presidente y nosotros defendemos su derecho a presentarse.

Lucio Garriga y Gerardo Szalkowicz.- ¿Qué lecciones y enseñanzas dejan los 12 años de gobierno del PT y la destitución de Dilma de cara a su proyecto de gobierno?

Guilherme Boulos.– El golpe nos demostró que no hay más espacio para una política de conciliación de clases, de los de abajo con los de arriba. Ellos han roto esa posibilidad cuando nos dieron el golpe. Los mismos sectores que han ganado con el desarrollo económico en los gobiernos del PT hoy son los que apoyan la persecución a Lula. Es necesaria entonces una política de mayor enfrentamiento. La mayor lección de este proceso es que no hay posibilidades de avanzar en derechos sociales y en conquistas democráticas sin enfrentar los privilegios de los de arriba, del 1%.

Tenemos el desafío de profundizar la democracia. El modelo de gobernabilidad de alianzas entre partidos, que incluso significaba bajar muchas banderas que son importantísimas para la izquierda, ese modelo ya no funciona más. Es necesario ampliar, profundizar la democracia a partir de la participación popular: con plebiscitos, con referendos, con concejos, con formas de participación que comprendan que democracia no es sólo ir y votar cada cuatro años y después no se participa más en nada. No puede ser un cheque en blanco y que los políticos hagan lo que quieran. La participación popular, la movilización y la organización de la sociedad es esencial para sostener cualquier proyecto efectivo de cambio. Esto es lo que analizamos del último ciclo progresista en Brasil y en esto se basa nuestro proyecto político, no sólo para el proceso electoral de octubre sino sobre todo como un proyecto de reorganización del campo progresista para enfrentar los desafíos del próximo período histórico.

Lucio Garriga y Gerardo Szalkowicz.- Y abriendo el abanico hacia la región, ¿cuáles cree que son las principales razones del cambio de escenario político en América Latina en los últimos años, de la recomposición de las derechas y el retroceso de los proyectos progresistas y populares?

Guilherme Boulos.– Los proyectos progresistas tuvieron muchas dificultades para dar una respuesta más fuerte ante la crisis económica. En un proceso de ascenso económico, esos proyectos impulsaron con políticas sociales el crecimiento económico durante una década pero no consiguieron establecer una política de mayor confrontación distributiva, de la riqueza, de la renta, en el momento de la crisis. Cuando llega la crisis, las posibilidades se tornan menores y es necesario confrontar para mantener una política social. Es claro que también hay muchas diferencias entre los gobiernos progresistas en América Latina, pero muchos de ellos, incluso en Brasil, tuvieron dificultad para presentar una política que necesariamente debe pasar por la movilización de la sociedad, por dar un paso más allá. Eso nos faltó. Entonces la derecha lo aprovechó muy bien, con el control de los medios y el control de las fuerzas económicas, y ha logrado reconstruir una hegemonía política, en algunos casos por el voto, como en Argentina, y en otros casos, como en Brasil o Paraguay, a través de un golpe parlamentario. El desafío para nosotros ahora es ir más allá y pensar en los pasos que tenemos que dar para recuperar la democracia y profundizarla.
https://www.nodal.am/2018/04/guilherme-boulos-dirigente-social-y-precandidato-presidencial-brasil-vive-la-crisis-democratica-mas-grave-desde-el-fin-de-la-dictadura/