La reforma y unificación del Código Civil y Comercial prueba que la seguridad jurídica del poder económico imperialista se consolida avasallando los derechos humanos abajo.

Y nos siguen pegando abajo: Algunas líneas para pensar la reforma y unificación del código civil y comercial.

En la madrugada del jueves 28 de Noviembre, el Senado de la Nación trato la reforma y unificación del Código Civil y Comercial, dándole media sanción al proyecto del oficialismo. De este modo se prendió una luz de alarma frente a los derechos de lxs de abajo. 

Por Colectivo de Abogadxs Populares La Ciega

El proyecto en cuestión recorrió el siguiente camino: fue redactado por una comisión integrada por lxs Ministrxs de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Luis Lorenzetti, (que la presidia), Elena Highton de Nolasco, y la profesora Aída Kemelmajer de Carlucci. Luego, una comisión liderada por Alak (Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación) revisó el texto y le introdujo modificaciones. Esta nueva versión fue enviada al Congreso. Una vez allí se creó la Comisión Bicameral para que trate el tema. La mayoría oficialista que integra esta comisión realizó 180 modificaciones al proyecto que se le remitiera. Es esta versión la que obtuvo la media sanción en el senado.

A pesar de que en un principio se prometió que el proyecto iba a tener una construcción participativa y democrática, terminó siendo impuesto, luego de idas y vueltas, con un contenido de corte neoliberal que, si bien cuenta con avances en materia de derecho de familia, beneficia a los sectores de altos ingresos de la sociedad, y que descuida y desprotege los derechos de la clase trabajadora.

El derecho privado, regulado por los códigos civil y comercial, es de una importancia fundamental, ya que regula cuestiones de la vida privada de lxs individuxs (como los derechos personalisimos y el derecho de familia) y cuestiones que hacen a la vida económica del país (contratos, sociedades, bienes, quiebras, etc.). Esta rama del derecho está caracterizada por provenir de una matriz individualista y liberal que, si bien tuvo diversas modificaciones a lo largo de los años, se contrapone a las necesidades sociales de los sectores menos favorecidos de la sociedad. Es por ello que es necesario actualizar la normativa para otorgar herramientas que garanticen mejores condiciones de vida a estos sectores y los proteja frente a los más poderosos.

Ante la necesidad de darle un contenido social al proyecto de código civil y comercial, nos encontramos con que poco se ha hecho en este sentido y con que mucho ha sido el peso de los sectores más conservadores de la sociedad y el de los grandes intereses económicos. Esto se demuestra con las modificaciones al anteproyecto realizadas a pedido de la iglesia y por la marcada mercantilización de las relaciones civiles, tendiente a generar un marco de mayor seguridad jurídica para los negocios en lugar de dar privilegio a las necesidades de la persona humana en su aspecto social, económico y cultural. De esta manera, se refleja una línea continuidad con los intentos de unificación de la década del 90.

El proyecto contiene disposiciones preocupantes en numerosos aspectos, siendo especialmente graves la regulación de los contratos y las sociedades en perjuicio de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, la regulación de los derechos de las comunidades indígenas, de la responsabilidad del Estado, la prórroga de jurisdicción, las locaciones, los servicios públicos, el derecho al agua, el derecho de consumidores y usuarios, etc. Sin perjuicio de ello, señalaremos solo algunos ejemplos concretos.

 

Comienzo de la existencia de la persona humana

Con respecto al artículo 19, que habla del comienzo de la existencia de la persona humana, la redacción final resultó producto de una modificación introducida por la mayoría oficialista de la comisión bicameral, constituyendo una regresión y una clara concesión a las presiones y exigencias de los sectores más conservadores de la iglesia católica que pretenden que todo se considere persona (recordemos aquí que incluso están en contra del a utilización de métodos anticonceptivos). Vale describir con detalle, ya que hay mucha confusión al respecto: el código civil vigente en la actualidad considera que comienza la existencia de la persona desde la concepción en el seno materno; en todo el proceso de reforma, y ante los posicionamientos públicos del ejecutivo nacional, no había elementos que llevaran a pensar que hubiese posibilidades de una modificación progresiva de la norma en cuestión. De todas maneras, entendemos que esa afirmación no obsta la posibilidad de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), ya que el Código civil regula los derechos, obligaciones y las relaciones entre particulares, mientras que cuando hablamos del Código Penal y de la salud pública, estamos en el ámbito del derecho público. Es decir, ni ante las disposiciones del código actual ni ante las del proyecto, concedemos que las disposiciones de un código civil sobre qué es persona obsten al reconocimiento del derecho a la IVE.

La propuesta de reforma elaborada por la comisión presidida por Lorenzetti, mantenía la misma formulación del código actual, pero en relación a las técnicas de reproducción asistida afirmaba que se considera persona desde que el embrión es implantado en la mujer, sin embargo la mayoría oficialista de la comisión bicameral quitó esta aclaración y fue por mas: también suprimió la afirmación “en el seno materno” quedando el artículo en cuestión redactado del siguiente modo: “La existencia de la persona humana comienza con la concepción”, así se habilitan interpretaciones que sostengan, por ejemplo, que los embriones no implantados también son personas (posición sostenida por la iglesia católica). Recordemos aquí que las leyes son aplicadas por lxs jueces y juezas, la gran mayoría católicxs y patriarcales.

De la mano con esto en el proyecto aprobado se mantiene (al igual que en el Código actual) a la iglesia católica como persona pública. Lo cual coloca al culto católico en un lugar preferencial en relación a los otros cultos, le otorga un estatus excepcional comparable al Estado, le da la posibilidad a que sus bienes sean inembargables y mantiene la intensa relación entre el estado argentino y la iglesia católica.

 

Función social de la propiedad

Otro aspecto claramente regresivo es la supresión a la referencia a la función social de la propiedad. La función social de la propiedad está reconocida en el texto del Código Civil vigente, así ha sido interpretado por la jurisprudencia. En la nota al artículo 2508 se expresa, en punto al contenido social del ejercicio del derecho de dominio, que el mismo existe “en los límites y bajo las condiciones determinadas por la ley, por una consideración esencial a la sociedad: el predominio, para el mayor bien de todos y de cada uno, del interés general y colectivo, sobre el interés individual”.

En una misma línea de pensamiento, los más altos tribunales del país han dispuesto que los derechos reconocidos en la Constitución no son absolutos, suponiendo su relatividad la posibilidad de que se encuentren sujetos a reglamentaciones y limitaciones que permitan, una debida correspondencia entre los iguales derechos de los demás individuos y, a su vez, el cumplimiento de la "funcionalidad social" en orden a un beneficio general.

En el proyecto de código civil y comercial, el kirchnerismo incluyó un artículo al proyecto original que afirmaba: “La propiedad tiene una función social y, en consecuencia, está sometida a las obligaciones que establece la ley con fines de bien común”. Luego, ante presiones de los sectores empresarios, este concepto fue eliminado del dictamen mayoritario de la Comision bicameral. Esta supresión es una clara regresión, ya que la inclusión expresa de la función social de la propiedad era acorde con lo establecido por los pactos y tratados de derechos humanos que gozan de jerarquía constitucional. Y, como dijimos, siempre es preferible que se contengan expresamente estas cuestiones, y no dejarlo librado a la interpretación judicial.

Es así como queda evidenciada la matriz del proyecto de Código, que omite el reconocimiento expreso de derechos que impactan favorablemente en los sectores medios y bajos de la sociedad, y regula y legisla profundamente sobre formas jurídicas relacionadas con problemáticas y modos de vida de la burguesía (clubes de campo, barrios cerrados o privados, parques industriales, empresariales o náuticos, etc.).

 

Responsabilidad del Estado

Otra supresión regresiva tuvo como objeto los artículos que versaban sobre la responsabilidad del Estado. La intervención del ministro Alak, excluyó directa y explícitamente el tratamiento de la responsabilidad civil del Estado en el nuevo Código, estableciéndose que las cuestiones como la responsabilidad del Estado Nacional y de sus funcionarios por los hechos y omisiones cometidos en el ejercicio de sus funciones serán objeto de una ley especial. Así se establece cuando se regula la responsabilidad civil que “las disposiciones de este Título no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera directa ni subsidiaria” (art. 1764).

Esta modificación fue mantenida por el dictamen mayoritario de la comisión bicameral. El mismo día que se dio media sanción al proyecto en el Senado, en la Cámara de diputados se le dio media sanción a una ley sobre responsabilidad civil del Estado. En esta ley se establece que las sanciones pecuniarias disuasivas son improcedentes contra el Estado, sus agentes y funcionarios. Esto es por demás cuestionable. Asimismo es importante destacar que el código civil es una ley de fondo que se debe aplicar en todo el territorio nacional, mientras que la ley de responsabilidad sancionada sólo abarca al ámbito del Estado nacional. Las provincias y la CABA pueden adherir a la misma, o dictar sus propias leyes, se complejiza pensar qué legislación se aplicará si no lo hacen ante la expresa exclusión de la aplicación de las normas del Código civil y comercial.

Con esta modificación del proyecto, se estaría discriminando a los trabajadorxs del Estado, ya que ante un accidente o una enfermedad laboral, que le ocasione un daño indemnizable, solo podrán recurrir a las prestaciones previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo, y no tendrán la opción, como los restantes trabajadorxs, de optar por una reparación integral en los términos de las normas del Código Civil.

 

Irresponsabilidad empresaria

El proyecto contiene numerosas normas referidas al funcionamiento de las empresas y sus relaciones con terceros, caracterizándose por la inclusión de diferentes figuras funcionales a la irresponsabilidad empresaria, perjudicando principalmente a los integrantes de la clase obrera, como consumidores y usuarios de dichas empresas y muy especialmente como trabajadorxs.

El proyecto incluye diferentes contratos, otorgando herramientas tendientes a favorecer la externalización y la descentralización productiva, regulando distintas modalidades de relacionamiento y subordinación entre empresas y permitiendo el control entre ellas. Por ejemplo, tenemos la regulación de las UTE (Uniones Transitorias de Empresas) que dispone en el art. 1467 que no se presume la responsabilidad solidaria de los socios por los actos y operaciones que realicen en la UTE, ni por las obligaciones que contraigan frente a terceros, siendo necesario un pacto expreso en tal sentido. Así se pone en riesgo el crédito de lxs trabajadorxs, que pasará a contar como garantía solo a los activos de la empresa que los haya contratado, desactivándose la jurisprudencia de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que atribuye responsabilidad solidaria a las empresas integrantes de una UTE por incumplimiento de una de ellas para con su empleadx. En los consorcios de cooperación sucede algo parecido, posibilitando a los socios establecer la proporción en que cada miembro responde por las obligaciones asumidas en nombre del consorcio (art. 1477).

También se regulan situaciones de control externo de hecho entre las empresas, es decir, cuando la actividad principal de la controlada queda supeditada a las decisiones de la controlante, recibiendo aquella toda la actividad vital de esta. Los casos más comunes de este tipo de control fueron regulados en el proyecto, por ejemplo los contratos de agencia, concesión, distribución, suministro y franquicia. Estos contratos pueden ser utilizados para lograr la irresponsabilidad de la empresa controlante, como podrá suceder en el art. 1520, que establece que “los dependientes del franquiciado no tienen relación jurídica laboral con el franquiciante, sin perjuicio de la aplicación de las normas sobre fraude laboral”. De esta manera, frente a la insolvencia del franquiciado, por ejemplo, los acreedores laborales no tendrán ningún tipo de acción contra el franquiciante para perseguir el cobro de sus créditos.

Otra vía útil para burlar las normas de orden público laboral y de la seguridad social que se encuentra en el proyecto es la incorporación en la Ley de Sociedades Comerciales de la sociedad anónima unipersonal. Este tipo asociativo que desde el vamos constituye un absurdo al no existir asociación entre personas, encubre el propósito de permitir que se constituyan patrimonios de afectación que liberen de obligaciones a los instituyentes del mismo, lo que puede servir para desactivar la plena efectividad de la legislación social.

Otra figura polémica que se regula es la del fideicomiso, el cual viene usándose para llevar a cabo maniobras económicas que dejan a los trabajadores sin interlocutor válido en cuanto a la protección sus derechos cuando de la actividad fideicomisada resultan daños. Grandes emprendimientos a la hora de responder ante lxs trabajadorxs, son imposibles de responsabilizar por su propio accionar, tanto lícito, como ilícito, ya que el fideicomiso implica la constitución de un patrimonio separado de los patrimonios de los sujetos del contrato (fiduciario, fiduciante, beneficiario y fideicomisario).

Con estas disposiciones que permiten limitar la responsabilidad empresaria, se deja de lado la realidad de las relaciones de trabajo, en la cual el poder con que cuenta el empresario, solo puede ser compensado con su responsabilidad ilimitada frente a los derechos de lxs trabajadorxs, por lo que todas las instituciones incluidas en el proyecto deberían al menos imponer la responsabilidad ilimitada frente a este tipo de deudas.

Otras disposiciones, a su vez, permiten encubrir relaciones de trabajo, como el caso del art. 774 que indica que “La prestación de un servicio puede consistir: a) en realizar cierta actividad, con la diligencia apropiada, independientemente de su éxito. Las cláusulas que comprometen a los buenos oficios, o a aplicar los mejores esfuerzos están comprendidas en este inciso...”. Frente a la imprecisión al regular este tipo de contratación, pareciera que se olvidan del amplio uso de los contratos de locación de servicio y de obra para encubrir relaciones laborales, principalmente en el Estado. Esta posibilidad de encubrir relaciones laborales también se ve en el contrato de agencia, el cual presenta grandes puntos en contacto con la actividad que en nuestro país llevan adelante los viajantes de comercio y los agentes de propaganda médica, entre otros, posibilitando la deslaboralización y desprotección de un número significativo de trabajadorxs.

Además de beneficiarse con la regulación de las diferentes figuras contractuales y asociativas mencionadas, los empresarios se verán favorecidos en diferentes aspectos con el régimen general de responsabilidad civil que se pretende establecer, especialmente ante los accidentes de trabajo.

De esta manera se incorporan nuevos retrocesos a la regulación de accidentes de trabajo, como si hubieran sido pocos los productos de la ley 26.773 de 2012. Por ejemplo, se elimina la aplicación del deber de seguridad y garantía de indemnidad en el contrato de locación de servicios, como es posible en la actualidad (art 1870, inc. 4º, arts. 1953 y 1954), por lo que no podrá invocarse para el caso de accidentes de trabajo.

En lo que hace a la indemnización por lesiones o incapacidad física o psíquica, se establece en el art. 1746 que “en caso de lesiones o incapacidad permanente, física o psíquica, total o parcial, la indemnización debe ser evaluada mediante la determinación de un capital, de tal modo que sus rentas cubran la disminución de la aptitud del damnificado para realizar actividades productivas o económicamente valorables, y que se agote al término del plazo en que razonablemente pudo continuar realizando tales actividades”. Esta disposición, que obviamente no solo perjudica a los trabajadores, termina considerando que la vida humana no tiene un valor económico por si mismo sino en función de lo que produce o potencialmente podría producir, resarciendo solamente el lucro cesante, dejando de lado el criterio de reparación integral, impuesto constitucionalmente y reconocido en la jurisprudencia sobre daños en accidentes de trabajo, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Libertad Sindical, Derecho a la Protesta y Responsabilidad por daños a terceros

Otra novedad dentro del proyecto de reforma es la incorporación de la responsabilidad colectiva y anónima, en los arts. 1761 y 1762. En el primer artículo se establece que cuando un daño proviene de un miembro no identificado de un grupo determinado responden solidariamente todos sus integrantes, excepto quien demuestre que no ha contribuido a su producción. En el caso del art. 1762, se establece que “Si un grupo realiza una actividad peligrosa para terceros, todos sus integrantes responden solidariamente por el daño causado por uno o más de sus miembros. Sólo se libera quien demuestra que no integraba el grupo”.

Estas disposiciones son una grave amenaza al ejercicio de los derechos a la protesta y de libertad sindical, de jerarquía constitucional, ya que se pueden aplicar cuando la actividad llevada a cabo por un conjunto de manifestantes reunidos en el marco de una concentración, movilización, piquete o corte de ruta, sea considerada como riesgosa o peligrosa para terceros, pudiendo obligar a cualquiera de esos manifestantes, o a la organización que los nuclea, a reparar esos daños que podrían ocasionarse.

Al no hacerse aclaración alguna en referencia a los derechos colectivos de protesta, denuncia o petición a las autoridades, garantizados constitucionalmente, quedará librado a la discrecionalidad del juez/a la delimitación de la extensión del perjuicio a terceros. Resulta evidente la intención represiva de la norma, que no se contradice con la política legislativa del gobierno si tomamos en cuenta otros antecedentes como la ley antiterrorista.

Agua para vivir

La comisión redactora del Código Civil y Comercial presidida por Lorenzetti propuso la inclusión de un artículo que establecía “Todos los habitantes tienen garantizado el acceso al agua potable para fines vitales.” Este artículo fue eliminado por el Poder Ejecutivo previo a la presentación del proyecto al Congreso, argumentando en que se avanzaría sobre el federalismo, en virtud del dominio de los estados provinciales sobre los recursos naturales (art. 124 de la CN), pero desconociendo la jerarquía de los derechos humanos y no haciéndose cargo de la función indelegable del Estado Nacional de regular sobre derechos fundamentales que hacen a la vida de las personas.

Así es como se está perdiendo de vista que el acceso al agua es un problema cada vez más apremiante. Por ejemplo, según el último censo nacional, 7.760.803 habitantes (21,60%) no tienen acceso al agua potable y 20.654.920 personas (57,50%) no tienen servicio de cloacas. El acceso a fuentes de agua contaminadas o sin garantías de calidad, con contenidos elevados de sustancias nocivas como arsénico, plomo, cromo, etc., las redes de distribución que en muchos centros urbanos son obsoletas y no acompañan el crecimiento demográfico, agravan la situación.

El derecho a un nivel de vida suficiente, reconocido por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), comprende implícitamente el derecho humano al agua, en los términos de la Observación General 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU. Dicha Observación, obligatoria para el Estado nacional, establece el contenido normativo del derecho al agua y la obligación de los Estados de ponerlo en vigor sin ningún tipo de discriminación.

El kirchnerismo eliminó el reconocimiento de este derecho del proyecto, pero se garantiza el uso comercial e industrial del agua, especialmente en el art. 239, titulado “Aguas de Los Particulares”, que establece que “las aguas que surgen en los terrenos de los particulares pertenecen a sus dueños, quienes pueden usar libremente de ellas, siempre que no formen cauce natural”, ante lo cual el acceso para los que necesitan el agua para vivir se encuentra en mayor desprotección.

Teniendo en cuenta los conflictos relacionados con la actividad de la megaminería metalífera a cielo abierto, que tiene al agua como principal insumo, puede entenderse la intención del Poder Ejecutivo al eliminar el art. 241 y también realizar recortes en otras disposiciones como en el caso del art. 240, que regula el derecho a reclamar daños de incidencia colectiva. Este artículo, que marca los “límites al ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes”, sufrió mutilaciones y agregados por parte del Poder Ejecutivo respecto al anteproyecto que establecía que el ejercicio de los derechos individuales, “debe ser compatible con los derechos de incidencia colectiva” “en los términos del artículo 14”. Pero el Poder Ejecutivo eliminó su terminación al texto original y luego agregó que el ejercicio de esos derechos individuales “debe conformarse a las normas del derecho administrativo nacional y local dictadas en el interés público”. También se quitó el párrafo que establecía que “los sujetos mencionados en el artículo 14 tienen derecho a que se les suministre información necesaria y a participar en la discusión sobre decisiones relevantes conforme con lo dispuesto en la legislación especial”. De esta manera, se apartó a los ciudadanos particulares de intervenir directamente en las cuestiones ambientales que pueden perjudicarlos. Para disimular la eliminación del artículo 241, al último párrafo del artículo 240 del proyecto original, el Poder Ejecutivo lo transformó en un nuevo artículo 241 referido a la “Jurisdicción” que ahora dice: “Cualquiera sea la jurisdicción en que se ejerzan los derechos, debe respetarse la normativa sobre presupuestos mínimos que resulte aplicable.”

El mencionado art. 14, referido a los “Derechos individuales y de incidencia colectiva”, también fue modificado por el Poder Ejecutivo Eliminando enteramente de él el inciso b) sobre “derechos individuales, que pueden ser ejercidos mediante una acción colectiva, si existe una pluralidad de afectados individuales, con daños comunes pero divisibles o diferenciados, generados por una causa común”, y el inciso “c)” del artículo 14 del anteproyecto, en la parte que decía “el afectado, el Defensor del Pueblo, las asociaciones registradas y otros sujetos que dispongan leyes especiales, tienen legitimación para el ejercicio de derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general”.

Como dijimos con anterioridad: era necesaria una reforma y actualización de los códigos civil y comercial, pero la misma debería hacerse para lograr coherencia y acompasarse con el reconocimiento de los Derechos Humanos, y en particular de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, realizado por numerosa normativa con jerarquía constitucional. Sin embargo las modificaciones y reformas introducidas por el Kirchnerismo, sea por el Ministro Alak como representante del Poder Ejecutivo Nacional, como por la mayoría oficialista de la comisión bicameral, refuerzan la matriz neoliberal, pro empresaria e individualista, en desmedro de los derechos sociales, colectivos, y sobre todo de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Una vez más: nos siguen pegando abajo.

Colectivo de Abogadxs Populares La Ciega

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Fuente: http://www.anred.org/spip.php?article7070

III. La democracia, durante los 30 años, ha ido reorganizando la Argentina para la imposición del orden o seguridad jurídica del poder económico imperialista a los diversos de abajo.

De los Mártires de Chicago a los petroleros de Las Heras

Por: Andrés Figueroa Cornejo (especial para ARGENPRESS.info)

“Quiero más una libertad peligrosa que una servidumbre tranquila.”
Mariano Moreno

El 12 de diciembre de 2013, alrededor del medio día, cuatro trabajadores petroleros de Las Heras -explotación situada en la provincia de Santa Cruz, en la Patagonia- fueron condenados a cadena perpetua por luchar hace 7 años contra la tercerización y el denominado “impuesto a la ganancia”.

Sí, en Argentina. No en tiranías africanas, ni en las dictaduras que asolaron a Latinoamérica entre los 60 y los 80 de la centuria pasada. Ni en el crimen sempiterno cometido contra los pueblos centroamericanos, ni en Asia dolorosa, ni en Medio Oriente. En Argentina. En la del Papa Francisco I y Messi, en la de Cortázar y las Madres de la Plaza de Mayo; en la de el novel de la Paz, Pérez Esquivel; en la del discurso oficialista con abundante excipiente de ‘titanes de los derechos humanos’. En territorio de Piazzolla y Goyeneche; de Borges y la producción científica contra las cardiopatías; la del psicoanálisis a granel, la antipsiquiatría; de José Hernández de Martín Fierro. El mismo país donde nació Guevara de la Serna; que fue llamado ‘el granero del mundo’; la Argentina, que cobijó a tanto exiliado chileno y uruguayo.

La petrolera Las Heras pertenece a YPF-Repsol. Está en medio de una comunidad de 15 mil habitantes que hace parte de Santa Cruz y cuyo gobernador, Daniel Peralta, es miembro de la coalición oficialista nacional Frente para la Victoria. Hace 7 años los trabajadores de Las Heras se levantaron volcánicamente contra la tercerización del empleo, por el mejoramiento de sus condiciones laborales, y en particular, contra el “impuesto a la ganancia” –u otro modo de arrancar más excedente a los trabajadores, está vez con un disfraz de tributo legalizado-. De hecho, fueron los primeros en plantarse decididamente contra ese impuesto del todo absurdo en su forma, y totalmente gratificante para el Estado subsidiario del capital.

Hace 7 años, y en la tercera semana de los piquetes, la huelga y la resistencia de los trabajadores, fue encarcelado el vocero de los petroleros. Sus compañeros partieron a buscarlo a la alcandía. La policía, ante la pueblada, comenzó con los balazos. En ese contexto, murió en circunstancias jamás aclaradas, un uniformado apellidado Sayazo. Naturalmente, el poder culpó a los trabajadores con el fin de terminar con la huelga e imponer el orden que demanda la explotación humana en la comuna.

Primero fueron detenidos 12 trabajadores. Absolvieron a uno. Sobre las acusaciones por el policía muerto, una de las abogadas del caso, Claudia Ferrero, indicó que “no hay ninguna prueba concreta. Fueron armadas por la Brigada de Investigaciones de Santa Cruz en base a apremios y torturas, aterrorizando a toda la población en esa época y consiguiendo testimonios falsos a través de amenazas y persecuciones”.

Ramón Cortéz, José Rosales, Franco Padilla y Hugo González recibieron, sin más pruebas que las declaraciones arrancadas bajo tortura –donde para evitar los dolores sin nombre, se suele decir lo que el torturador quiere escuchar- el cautiverio ilimitado. Si en Argentina existiera la pena de muerte, se estaría frente a la versión argentina y contemporánea de los Mártires de Chicago, que con sus ejecuciones ominosas inauguraron el Día Internacional de los Trabajadores en 1886. Hace 127 años.

Los demás fueron acusados de ‘coacción agravada’ (también sin pruebas) con condenas de 5 años.

¿Por qué los trabajadores recibieron semejantes condenas?
Porque ante el ajuste estructural y antipopular en curso y que se intensificará en el corto plazo, ejecutado por el gobierno y mandatado por los organismos financieros del imperialismo norteamericano, la clase política toda –salvo los tres diputados del Frente de Izquierda de los Trabajadores, de un total de 250 parlamentarios subordinados al capital- debe con rapidez y brutalidad que no deje cabida a ambigüedades, imponer medidas ejemplares para el conjunto de los asalariados y los oprimidos castigados por la crisis económica. La inversión transnacional exige mansedumbre social, el precio más barato posible del trabajo, garantías y riesgo cero para continuar saqueando los recursos naturales del país. No es suficiente con aranceles inexistentes o puramente simbólicos a las utilidades empresariales de Monsanto, Chevron, Barrick Gold, Bayer, Santander, Itaú, etc. Los pocos dueños de todo –capital nativo transnacionalizado o capital transnacionalizado vestido de nativo-, quieren más. Y los inquilinos de turno de la Rosada tienen que facilitar la realización de esos intereses. De lo contrario, de no ofrecer gobernabilidad suficiente a la reproducción capitalista, calificarían como concesionaria política ineficiente y sustituible.

Porque se trata de petróleo, el recurso energético estratégico de la actual fase capitalista. Los Estados imperialistas, en particular el estadounidense, hacen guerras, matan niños, pulverizan pueblos completos por la apropiación del ‘oro negro’. Y Chevron (ex Texaco) quiero convertirse en exportador de petróleo y gas desde Argentina.

Y, por último, están las recientes motines policiales reclamando reajustes salariales –superiores a los de los trabajadores en general-, en varias provincias, y en algunas de ellas, como Córdoba, segunda provincia Argentina, aliadas con la industria del crimen organizado. Ante ello, y manifestando una debilidad alarmante para todos quienes preferimos aun las democracias burguesas a las tiranías cívico-militares (más allá de que ambas formas ocultan la dictadura del capital), el gobierno, dentro del paquete de concesiones a los uniformados o al cuerpo estatal encargado de cautelar la propiedad privada y cualquier manifestación de descontento de la mayoría oprimida, envía, además de plata, una nueva señal de tranquilidad a la policía, y por extensión obvia (César Milani, Comandante en jefe del Ejército, mediante) al conjunto de las Fuerzas Armadas.

Desde el movimiento popular o mayoría activa, hoy las fuerzas resultan ostensiblemente insuficientes.

Al respecto sólo existe una táctica posible: la unidad acelerada y generosa de todo lo que se mueve y que en su movimiento enfrenta al capital. Manteniendo la independencia de clase de los oprimidos, mucho más allá de los trabajadores organizados; fundiendo tanta bandera incomprensible; colocando los intereses históricos del pueblo siempre por delante de los ideologismos, el caudillismo y los ombligos particulares. Conquistar y recuperar los territorios sociales controlados momentáneamente por la hegemonía de los exponentes políticos del capital y de la usina del crimen. Emplazar y multiplicar las organizaciones sociales en vistas de la acción directa, las primeras pistas de poder popular. Exudar vocación unitaria y convicción de poder. Sin atajos y desarrollando militancia joven, creadora, en disposición de lucha. Se pueden ganar todas las federaciones universitarias y comisiones de delegados sindicales, pero ello, teniendo su importancia, por sí sola no crea fuerza social transformadora e insurrecta.

La estrategia es el poder y la socialización de la vida. La toma de decisiones colectivas de todo un pueblo a la hora de escribir la historia, sin desdeñar ninguna forma de lucha. La estatura de nuestros deberes es proporcional a las medidas del enemigo y de la nueva sociedad post capitalista, que por necesidad histórica, tiene que devenir por voluntad y condiciones objetivas. Ya estamos atrasados. Entonces, sincronía y articulación pronta de la unidad.

Fuente: http://www.argenpress.info/2013/12/argentina-de-los-martires-de-chicago.html

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II. La democracia, durante los 30 años, ha ido reorganizando la Argentina para la imposición del orden o seguridad jurídica del poder económico imperialista a los diversos de abajo.

Milani, Chevron, Sbattella

16-07-2013

Por Rolando Astarita

En los últimos días hubo una serie de noticias que son de difícil digestión para los que sostienen que el gobierno K está operando una transformación revolucionaria (“liberación nacional”, “lucha contra los grupos concentrados”, y similares) del país. Noticias que se pueden sintetizar en tres nombres: Milani, Chevron y Sbattella. Dado que este blog lo lee gente que no vive en Argentina (en promedio, el 40% de las visitas diarias son del exterior), sintetizo a qué me refiero.

Milani (o acerca de la naturaleza represiva del Estado)

El general César Milani fue nombrado recientemente jefe del Ejército, por la presidente Cristina Kirchner. Milani está denunciado por haber participado en la represión durante la dictadura militar. Ex presos políticos lo vinculan a la desaparición, en Tucumán, en 1976, del soldado Alberto Ledo, que era su asistente. Milani estaba especializado en inteligencia en el batallón de Ingenieros 141, de la provincia de La Rioja, y fue enviado en comisión a la provincia de Tucumán, entre febrero de 1976 y febrero de 1977. En esa época el Ejército llevaba adelante el Operativo Independencia, contra el Ejército Revolucionario del Pueblo. Ledo, que según testimonios, habría sido simpatizante del ERP, desapareció en Tucumán, a donde había tenido que acompañar a Milani. Su madre, Marcela de Ledo, integra la asociación Madres de Plaza de Mayo de La Rioja. Milani también está mencionado por un ex detenido, Ramón Olivera, en el libro Nunca Más, de la Rioja. Olivera explicó que Milani participó de la detención de su padre, y que luego él mismo estuvo detenido en un centro clandestino. Desde allí fue llevado ante un juez por Milani, quien estuvo presente durante la declaración. Además, Milani está sospechado de haber participado en Inteligencia durante la dictadura militar. Asimismo, está denunciado por participar en el levantamiento de los carapintadas, en los años 80, contra el gobierno de Alfonsín.

Frente a estos datos, Madres de Plaza de Mayo, línea Bonafini, guarda silencio. Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas, dijo que no correspondía pedir el desplazamiento de Milani. El Centro de Estudios Legales y Sociales, a su vez, antes había dicho que no tenía información que pudiera vincular a Milani con la represión. Madres de Plaza de Mayo, Abuelas y el CELS son organismos defensores de derechos humanos oficialistas. El Nunca Máses un material muy conocido, y su legitimidad nunca fue cuestionada por alguno de estos organismos (acerca de los K-criterios para evaluar lo actuado bajo la dictadura, ver aquí).

Pero no se trata sólo de la participación de Milani durante la dictadura, o el alzamiento carapintada. Desde 2007 Milani está a cargo (y hoy retiene esta función) de la Jefatura II de Inteligencia del Estado Mayor. Allí trabó estrecha relación, según todas las informaciones disponibles, con la ministra de Defensa Nilda Garré (quien a su vez está muy cercana al CELS). Recordemos que Nilda Garré ha sido denunciada por su participación en el llamado Proyecto X. Se trata de una unidad de la Gendarmería Nacional, que fue creada para organizar una base de datos de militantes, mediante el espionaje y la infiltración en organizaciones sociales y políticas. Estos datos fueron luego utilizados en juicios contra militantes. Las instrucciones contenidas en el proyecto, elaboradas en 2009, destacan la importancia de vigilar a todos los que pudieran crear “situaciones de alteración del orden público”. Según la abogada Myriam Bregman, defensora de derechos humanos y militante del PTS, el Proyecto X tiene como objetivo la persecución de activistas sociales y políticos. El propio comandante de Gendarmería, Héctor Schenone, reconoció ante la Justicia la existencia del Proyecto. Hoy existe una causa abierta, que está avanzando (según Bregman). A pesar de esto, la presidenta Kirchner acaba de decir que el Proyecto X “es inexistente” (discurso del 9 de julio, en Tucumán). Los organismos de derechos humanos oficialistas, y el progresismo K, no desmintieron a la presidenta. En cualquier caso, existen fuertes elementospara vincular a Milani con un enfoque global de vigilancia y recolección de datos, que luego son utilizados en la persecución judicial de la militancia. El área de Inteligencia del Ejército recibió sustanciales incrementos presupuestarios en los últimos años.

En este análisis debe incorporarse, además, la reforma, de diciembre de 2011, de la Ley Antiterrorista. Esta reforma derogó la figura de “asociación ilícita con fines terroristas”, pero elevó al doble las penas de los delitos que se hubieran cometido con “la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo” (artículo 41). De esta manera se deja abierta la puerta para que manifestaciones o huelgas sean calificadas como actos terroristas, como han manifestado muchas organizaciones sociales o políticas de izquierda. El gobierno se defiende diciendo que la ley establece que no se castigarán las protestas que se hagan en defensa de derechos humanos y sociales. Sin embargo, muchos abogados argumentan que las modificaciones introducidas abren el campo para interpretaciones, y habilitan a la criminalización de la protesta social.

Todo lo anterior debe vincularse también con la decisión del Gobierno de responder al problema de la seguridad poniendo el acento, crecientemente, en la represión y la punición. El enfoque tradicional del progresismo, que hace hincapié en las raíces sociales del problema, pasa ahora a segundo plano. El ministro de Seguridad de la Nación, de hecho, es Sergio Berni, un militar en actividad, que goza del favor de la presidenta. Cristina Kirchner, además, ha acusado a los jueces por ser demasiado suaves en la aplicación de penas. Un discurso que hasta ahora el progresismo K consideraba propio de la derecha. De manera que la designación de Milani, el ocultamiento de su accionar durante la dictadura, o el levantamiento carapintada, debe leerse en esta secuencia de hechos. No es trueno en día sereno.

Chevron (de nuevo, son sólo negocios)

En notas anteriores sostuve que la estatización de YPF no debía interpretarse en clave de “liberación nacional”, sino en términos de negocios entre capitalistas; esto es, negocios sustentados en la apropiación de plusvalía (ver aquí y aquí). En esas notas, y contra el discurso oficialista (“estatización de YPF sinónimo de Patria recuperada”) planteé que se trataba de una renegociación de los términos de la explotación del negocio.

Pues bien, en el día de ayer, 15 de julio, se conoció el decreto que crea el Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos. Según el mismo, están alcanzadas por este régimen las empresas que inviertan 1000 millones de dólares, o más. Las que lo hagan, podrán comercializar libremente, luego del quinto año, en el mercado externo el 20% de la producción (resultado de esas inversiones), sin tener que pagar derechos de exportación. Además, en caso de que la producción nacional no alcance a cubrir la demanda, y las exportaciones se destinen a cubrir la demanda interna, el precio no será inferior al precio de exportación, sin retenciones. Las compañías también tendrán derecho prioritario a obtener divisas a través del Mercado Único y Libre de Cambio (aceptemos que es un eufemismo) por hasta el 100% del precio obtenido en el mercado interno.

Naturalmente, se sigue discutiendo si con esto será suficiente para que las empresas inviertan en extracción de petróleo y gas, y hay muchos “detalles” que deberán ser aclarados (por ejemplo, a qué tipo de cambio cotizarán los dólares que entren por inversiones). Sin embargo, lo relevante es que todo esto parece desmentir la tesis-verso de “YPF recuperada, Patria liberada”. El tema aquí no es el patriotismo, sino son los negocios y la rentabilidad. La realidad es que la falta de inversiones provocó una caída, en la última década, del 60% de las reservas de gas y del 20% del petróleo. Desde 2003 la producción de petróleo cayó 30%, y la de gas 20%. Dado que, además, faltó inversión en hidroelectricidad, aumentó el consumo de combustibles, con lo cual se agravó el déficit de la balanza energética (sería de 6000 millones de dólares en 2013). No sé qué cuento contarán ahora aquellos economistas que afirmaban que, principio del acelerador mediante, bastaba con fomentar el consumo para que hubiera inversión (ver la crítica a esta postura aquí y aquí). Lo cierto es que la acumulación de capital -esto es, la reinversión de plusvalía- se rige, como en cualquier país capitalista, por el olor de las ganancias. El acuerdo con Chevron no hace más que ratificarlo. Con respecto a este último, otro dato significativo para la tesis-verso “YPF recuperada, Patria liberada”: en los medios ha trascendido que el acuerdo se pone bajo jurisdicción de tribunales de EEUU.

Sbattella (o el intríngulis de la acumulación de capital)

José Sbattella es el titular de la Unidad Anti Lavado. Según informaciones periodísticas, no desmentidas hasta el momento, Sbattella mantuvo hace poco al menos dos reuniones con funcionarios de cumplimiento de las normas antilavado de dinero, y técnicos bancarios, para pedirles que no informaran las operaciones sospechosas que se hicieran con vistas al blanqueo de capitales que puso en marcha el Gobierno. Aparentemente, los oficiales antilavado y técnicos, así como los responsables bancarios, se negaron al pedido, dado que les podría caber responsabilidad penal por no denunciar estas operaciones.

Ubiquemos esta sed por dinero sucio por parte del Gobierno: en la última década la economía argentina recibió una gigantesca renta, que puede calcularse entre los 120.000 y 150.000 millones de dólares, por la mejora de los términos de intercambio. Pero desde 2005 se fugaron del país más de 80.000 millones de dólares. En varias notas en este blog he planteado que esto configura una gigantesca transferencia de excedente, que es la clave de la acumulación y el desarrollo capitalista. En la última década no hubo un proceso de acumulación estructuralmente sólido, o una transformación cualitativa de la economía argentina, que es tecnológicamente atrasada y dependiente. Y esto no se arregla convocando al lavado de dinero. Solo a un irremediable lumpen burgués se le puede ocurrir semejante “solución”.

Más en general, este año el desempleo aumentó al 7,9%; otro 8% de la población económicamente activa está subocupada. En total, 2,7 millones de personas, el 15,9% de la fuerza laboral, están desempleadas o subocupadas. El 35% de los trabajadores está en la informalidad. La mitad de los asalariados gana menos de $3500 por mes. Entre un 20 y un 27% de la población (según los cálculos no INDEC), está en la pobreza. Y gracias a la no actualización del impuesto a las ganancias, ha desaparecido una parte significativa del aguinaldo (entre el 45% y 80%) para el 35% de los asalariados. Las respuestas por parte del gobierno a esta realidad se llaman Milani, Chevron, Sbattella. Tienen un sentido, y son expresiones de un contenido esencial. Por supuesto, también está el relato para construir una gesta heroica (“revolución, liberación”) con el pasado de Milani, con el Proyecto X o con el lavado de dinero. Es que nunca deberíamos olvidar que el lumpen burgués parece no tener límites.

Fuente: http://rolandoastarita.wordpress.com/2013/07/16/milani-chevron-sbattella/

I. La democracia, durante los 30 años, ha ido reorganizando la Argentina para la imposición del orden o seguridad jurídica del poder económico imperialista a los diversos de abajo.

Milani: la “integración” del Ejército a cambio de impunidad

25 julio, 2013

Por Gabriel Solano

El derrumbe de los “derechos humanos” oficiales

A esta altura, es claro que la crisis política producida con la designación de César Milani como jefe del Ejército no puede atribuirse exclusivamente al pasado oscuro de quien fuera, durante décadas, un cuadro del servicio de inteligencia de las Fuerzas Armadas. Esas acusaciones ya habían sido formuladas desde hace años -entre ellas, su participación en el Operativo Independencia en Tucumán bajo las órdenes de Bussi y su integración al nefasto Batallón 601 de Suárez Mason. Pero, a pesar de ellas, César Milani había logrado obtener la votación favorable del Senado para sus sucesivos ascensos. Es cierto que el último de ellos, en 2010, fue gracias a un ajustado quórum facilitado por Menem, el autor del indulto, que generó un escándalo. Pero esto no le movió un pelo al Cels de Verbitsky, que en aquella oportunidad desacreditó las acusaciones contra Milani.

Era natural que, con estos antecedentes, el oficialismo considerara que el nombramiento de Milani no iba a generar mayores debates. Hasta el domingo pasado, el apoyo de Verbitsky y el Cels se mantenía incólume, como así también el de los organismos de derechos humanos cooptados por el kirchnerismo. Fue necesario que el escándalo tome proporciones para que el Cels pegara un viraje y aconsejara que el pliego del ascenso de Milani sea rechazado. Ya totalmente a la defensiva, Verbitsky buscó encubrir su derrota política y la del propio gobierno argumentando la aparición de nuevas pruebas -cuando, en realidad, la mayoría de ellas eran conocidas desde hace tiempo. Ya contra las cuerdas, el gobierno decidió mandar al freezer el pliego del ascenso de Milani. En cambio, pese a las denuncias en su contra, lo confirmó como jefe del Ejército.

Quiebra del Estado

¿Por qué el mismo Senado que aprobó el ascenso de Milani en 2010 no pudo hacerlo en 2013? La respuesta debe encontrarse en el retroceso del propio kirchnerismo. Cristina Kirchner decidió encumbrar en la máxima jerarquía del Ejército al capo de la inteligencia militar con un propósito definido: armar un servicio de inteligencia paralelo a la ex Side (hoy SI), destinando para ello un fabuloso presupuesto. Motivó esta jugada la creencia de Cristina de que una parte considerable de los espías de la Side trabajan abiertamente para Massa y alimentan, además, las denuncias de corrupción formuladas por la oposición. La propia Carrió, que lleva la delantera en el trabajo de denunciante, afirmó que un sector de la Side se pasó a la oposición como consecuencia de su rechazo al memorando con Irán sobre el atentado de la Amia. O sea que no sólo se bajaron del barco oficial el intendente de Tigre y varios de sus pares del conurbano, más el ex capo de la UIA De Mendiguren y media CGT-Balcarce. También lo hizo un sector fundamental de los servicios de inteligencia. Pero en este caso, el pasaje al post kirchnerismo equivale a una quiebra del aparato del Estado.

Las Fuerzas Armadas
y el régimen político

La propagación de la crisis política al interior de los aparatos de seguridad fue confirmada por el propio César Milani, cuando en su discurso de asunción dijo que su objetivo era que el Ejército sea parte del proyecto “nacional” del kirchnerismo (en un reportaje a Página/12, le agregó el mote de “popular”). De este modo, asistimos a dos movimientos simétricos: por un lado, el pasaje a la oposición de un sector de los aparatos de seguridad y, en respuesta a ello, la pretensión del kirchnerismo de convertir al Ejército en un instrumento del gobierno y no del Estado. Se trata de dos variantes igualmente reaccionarias.

Del lado del oficialismo, la consumación de su objetivo conduce a devolverle al Ejército y a las Fuerzas Armadas el protagonismo político que tuvieron desde el golpe del ’30 en adelante, el cual perdieron como resultado de los crímenes de la dictadura y la derrota de Malvinas en 1982. En los planes oficiales figura, incluso, darle al Ejército un papel central en la “asistencia social”, lo que equivale a establecer una contención social a través de las Fuerzas Armadas cuando crecen la pobreza y la desocupación. También se conocieron planes para llevar al Ejército a ocupar posiciones en las fronteras, tarea que está cargo de la misma Gendarmería que tiene a sus efectivos cumpliendo tareas represivas y de espionaje (Proyecto X) en los centros urbanos.

Cristina Kirchner confirmó plenamente esta caracterización por cadena nacional, cuando -para confirmar a Milani en su puesto -dijo que había que evitar la división de la “sociedad con las Fuerzas Armadas” y afirmó que ese es el objetivo que persiguen “los enemigos de la patria”. En el plan de Cristina está, seguramente, que el Ejército vuelva a desfilar por las calles, como ocurría en la época de Perón. Pero oculta que este protagonismo militar derivó en sucesivos golpes de Estado que instauraron gobiernos pro-imperialistas y antiobreros.

El nacionalismo de contenido burgués, incluidas sus alas de izquierda, vio siempre al Ejército como un eje de su política, mientras simultáneamente buscaba regimentar a la clase obrera por medio del copamiento de los sindicatos por parte de una burocracia afín.

La crisis con Milani también ha sacado a relucir que el gobierno que se precia de ser el defensor de los derechos humanos ha sido el salvoconducto para proteger a los cuadros que actuaron como ejecutores del terrorismo de Estado entre 1976 y 1983. Luego de una década K, los genocidas con sentencia firme no superan los 200. Milani, por lo tanto, no es una excepción sino la regla. La propia actitud del Cels, que ha cambiado de parecer bajo la presión de una denuncia que se extendió a pesar suyo, colocó en cuestión todo el régimen de ascensos militares llevado adelante bajo el kirchnerismo. En efecto: ¿cuántos Milani han sido ascendidos sin que el Cels abriera la boca?

Como suele ocurrir en estos casos, el papel más miserable queda reservado para los progresistas que militan en el campo oficial. Los intelectuales de Carta Abierta dieron su apoyo a Milani horas antes de que el Cels cambiara de posición. Al no ser advertidos, perdieron la oportunidad de callarse la boca. Otro tanto vale para Daniel Filmus, quien, en vez de rechazar el pliego de Milani, decidió renunciar a la Comisión que debía tratarlo, eludiendo su responsabilidad. Con esta actitud, Filmus quedó invalidado como candidato y el gobierno, a la vez, quedó desairado por quien debe representarlo en las elecciones. Como se ve, una crisis completa.

De nuestra parte, exigimos la separación de Milani de su cargo y que sea juzgado por los crímenes que se le imputan. Del mismo modo, planteamos la apertura de los archivos de la dictadura para poder separar de las fuerzas de seguridad a todos aquéllos que fueron parte del terrorismo de Estado. Se trata de una tarea que, por su alcance estratégico, supera a los centroizquierdistas de toda laya y reclama un protagonismo político de la izquierda revolucionaria.

Fuente: http://prensa.po.org.ar/po1278/2013/07/25/milani-la-integracion-del-ejercito-a-cambio-de-impunidad/#sthash.mobQU3xp.dpuf

El proceso de acumulación del actual poder económico imperialista se implantó con terrorismo de estado en los '70.

 Para enderezar rumbos precisamos discutir al capitalismo imperialismo que nos domina y a su gestión actual destapando:

1. La relación de la democracia con la dictadura genocida en consolidar el sistema de sometimiento a la globalización financiera o imperialismo

Percatémonos que la democracia centrada en "honrar la deuda" o en "el desendeudamiento" es representativa de los intereses de los grandes capitales imperialistas y los locales. Estos son quienes han ganado como nunca con el modelo extractivista en plena expansión desde 2002. Constituyen el poder económico e imperialista que impulsó la aplicación del terrorismo de estado para instaurar su neoliberalismo. Desde 1984 hasta hoy se despliega este proceso de acumulación oligopólica de riquezas por desposesión y violación de derechos mediante la transnacionalización económica . En la actualidad el poder empobrecedor de las corporaciones imperialistas se refuerza debido a que sus motores productivos emplean poca mano de obra y estiman a las grandes mayorías como población sobrante e incluso estorbo. Porque tienen carácter exportador y optimizador de su Mercado con lo cual atienden al consumo suntuario.

Tomemos conciencia sobre que los gobiernos constitucionales desde 1983 no rompieron con lo establecido y planificado durante la dictadura genocida convirtiendo el legado de esta última en responsabilidad fundamental del Ejecutivo. Tampoco los gobiernos K rompieron con el neoliberalismo implantado mediante dictadura genocida. Como la propia Presidenta calificó, fueron y son pagadores seriales en ese sistema premeditadamente organizado para la perpetuidad en el empobrecimiento del país y los diversos de abajo y en el desmantelamiento de los bienes comunes tanto sociales como naturales.

Sepamos a qué costo se paga la deuda externa pública que se impuso con Estado terrorista, hoy oculto como prueban la segunda desaparición física de Jorge Julio López,  la mediática y la delegación gubernamental de la investigación a la policía bonaerense (así como el tardío reconocimiento gubernamental de la desaparición forzada). Reflexionemos sobre cómo el pago de la estafa empobrece al país y a los de abajo:

"(...)A diferencia de los vencimientos de capital, que no se pagan sino se refinancian íntegramente, los intereses sí se abonan y forman parte del Gasto Público Corriente.(7)

Según el  Proyecto de Ley de Presupuesto en 2014 está previsto pagar por este concepto 77.300 M$ (12.200 MD).

Es el 9.0 % del Gasto Público Total (859.000 M$), el 10.1 % del Gasto Público Corriente y el 16.9 % - prácticamente el 17 % - del Gasto de la Administración Central, lo que quiere decir que casi 1/5 de las erogaciones del Gobierno Central se destinan al pago de intereses (sin contar los cupones PBI).

Comparativamente a las otras jurisdicciones del Presupuesto 2014 los gastos por intereses a pagar en el año - los 77.300 M$ citados - son muy elevados frente a los de Interior/Transporte (29.500 M$), Seguridad (36.300 M$), Defensa (35.100 M$), Educación (45.700 M$), Ciencia/Técnica (5.600 M$), Salud (16.300 M$) y Desarrollo Social (48.800 M$).

La partida presupuestaria para el pago de Intereses es fuertemente creciente dentro del Gasto Total y constituye el rubro de gasto con mayor aumento en el ejercicio: su incremento contra el 2013 es del 73.2 % (44.500 versus 77.300 M$), lo que supera ampliamente el aumento general de gastos del Presupuesto 2014, que es del 19.2 % (721.200 versus 859.500 M$).

Es decir, que el aumento del gasto por pago de intereses es de casi 4 veces (3.8) el aumento del promedio general de gastos en el presupuesto 2014.

Para tener una idea gráfica del costo comparativo y alternativo de los intereses de la Deuda Pública - los 12.200 MD en el año - hay que considerar que este importe significa un promedio de 33.4 MD por día: 1.4 MD por hora que pasa de nuestra vida (estimativamente, el costo equivalente a la obra civil de una sala médica asistencial)".

Sigamos el artículo:

Argentina: Deuda pública y Presupuesto 2014

Por: Héctor Giuliano (20-09-2013)

 (...)Paralelamente a este Proyecto de Ley de Presupuesto, el PEN envió al Congreso otro proyecto que prorroga una vez más la ley de Emergencia Pública   y varios impuestos conexos que vienen rigiendo en forma “transitoria” desde hace diez años o más (como el caso del Impuesto al Cheque) y sin los cuales la lógica práctica del Modelo K no podría sostenerse.

Este estado continuado de Emergencia Pública, unido a las facultades extraordinarias y discrecionales que las leyes anuales de presupuesto conceden al Ejecutivo a través de la Jefatura de Gabinete no sólo desdibujan el sentido del presupuesto sino que determinan a la vez un descontrol fiscal en su cumplimiento.

Formalmente la Argentina se encuentra todavía bajo régimen legal de Emergencia Pública y el proyecto de Presupuesto 2014 - lo mismo que los anteriores - mantiene y actualiza esa delegación de facultades extraordinarias al PEN que le permiten seguir usando tal procedimiento de excepción, que rige desde la caída de la Convertibilidad, hasta fin de su mandato en Diciembre de 2015.(...)Leer

2. La relación de la democracia con la dictadura genocida en consolidar el sistema de empobrecimiento del país y de los diversos de abajo.

La postconvertibilidad se funda en la precarización tanto del trabajo como de la vida en la mayoría de los de abajo arranca de una enorme transferencia de ingresos desde los de abajo hacia el poder económico imperialista mediante la pesificación asimétrica. Ha sido exitosa por profundización de la transnacionalización económica que resulta tanto en mayor desigualdad social como en agravación del mal vivir entre los diversos de abajo. A este proceso de empobrecimiento se suma:

• el mantenimiento de la intervención económica del Estado en facilitar los ámbitos privilegiados de acumulación para los grandes grupos económicos locales en las obras públicas e infraestructura socioeconómica cuya continuidad viene desde la dictadura cívico militar (iniciada por Onganía) que los adoptó como uno de los pilares de su programa económico Leer;
   
• la recuperación por los gobiernos K de la intervencióneconómica del Estado en legalizar y legitimar la ocupación integral de territorios de la Argentina que llevan a cabo las corporaciones y los estados imperialistas.

Veamos significados y sentidos de la pobreza en expansión:

 

SOMOS EL 34,5% en Negro

Por una Década sin Precarización del Trabajo y de la Vida

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Extracto del Documento Político

En la Argentina de la “década ganada” el PBI creció a tasas chinas durante años. El comercio exterior generó un ingreso de 300.000 millones de dólares en los últimos 10 años, que fueron en gran medida para darle dólares a quiénes siguen pagando la deuda externa ilegítima o a quienes los fugan. En estos años ya se pagaron 173.000 millones de dólares, y se busca abrir una y otra vez los canjes de deuda para pagar hasta la última moneda. A pesar de los gigantescos pagos, sigue creciendo y ya supera los 200.000 millones. Toda esa riqueza, que se llevan en gran parte otros, la producimos nosotros y nosotras.

Los trabajadores y trabajadoras sabemos que el 34,5% de los asalariados no estamos registrados ni registradas. 
Pero este número del 34.5% de empleo no registrado, en negro, no dice nada sobre toda la variedad de situaciones laborales cotidianas con las que nos enfrentamos. Quienes trabajamos en estas condiciones somos mucho más que el 34,5%. Somos más del 50% de los trabajadores y trabajadoras del país!

Mientras que para rastrear algunas de esas condiciones de trabajo ni existen datos, para algunas pocas hay números terribles: De 18 millones de personas que trabajan o quieren trabajar, los sobreocupados son 5 millones, los subocupados son 1 millón 700 mil, los desocupados 1 millón 250 mil. Sobran horas para trabajar, pero falta el trabajo!!!

Precarización contractual, salarial y en el proceso de trabajo son parte de nuestro lenguaje cotidiano que se afirmó en esta última década como la condición que nos impusieron con las reformas laborales neoliberales de los años 90s, y contra las que hoy día seguimos peleando.

Así vivimos la precarización... 
La precarización salarial: Cuando nos niegan un salario digno, nos pagan una parte por fuera de lo que figura en el recibo, o nos la pagan de menos. Cuando un funcionario, una facultad, un intermediario se queda con una parte de lo que deberíamos llevarnos como salario..

La precarización contractual: relaciones laborales encubiertas bajo la modalidad monotributistas, contratos temporales, subcontratación y tercerización, periodo de prueba, encuadramiento colectivo fraudulento, o inexistente.

La precarización en el proceso de trabajo: turnos rotativos, extensión de la jornada de trabajo, falta de condiciones y elementos de seguridad, flexibilidad  de las tareas y puestos de trabajo. Todo esto es la forma que tiene el capitalismo en nuestro país de arrancarnos la máxima plusvalía. Es una situación estructural del sistema en este momento histórico, son las condiciones que se dan en la producción y que se nos imponen desde mediados de los 70s. Mientras nuestros puestos de trabajo están listos para cualquier ajuste, los precios no dejan de subir. Lo intentan ocultar con la intervención del INDEC, nos dicen que la inflación apenas es del 10% por año, pero sabemos que es mucho más alta, y golpea especialmente los precios de los alimentos y otros bienes básicos. La canasta básica ya se encuentra cerca de los $8300 (Estadística y Censos CABA), y se pretende que sea un gran logro que el salario mínimo sea de $3300!!! 
 

La precarización no afecta sólo al trabajo sino también todas nuestras condiciones de vida.

Viviendas precarias y un enorme déficit habitacional en todo el país, donde nuestras familias viven hacinadas y faltan servicios básicos esenciales.

Un sistema de salud deficiente, hospitales donde falta personal y presupuesto hasta para insumos básicos, mientras hacemos largas colas en las madrugadas para sacar turnos para dentro de meses.... Un sistema educativo fragmentado y totalmente desfinanciado, donde el Estado nacional terceriza a las provincias la educación. Donde el plantel docente tienen que hacer enormes esfuerzos por superar el rol del “contenedor” dentro del aula de chicos que vienen cruzados por mil dramas puertas afuera de los colegios. Un transporte público digno del movimiento de ganado, pésimos transportes por los que les subsidian cada vez más, son decenas de miles de millones de pesos en estos últimos años.

La inversión en las propias industrias todos estos años fue bajísima, lo sentimos en las condiciones de seguridad que faltan en miles de empresas. Lo  vemos con la baja productividad que se esconde el pedido de devaluación con el que quieren licuar otra vez nuestros salarios. 

El Estado no sólo es cómplice de esta situación. La convalida día a día: Es el mayor precarizador del país. También, un número importantísimo de trabajadores precarizados que hace más de una década están condenados prácticamente a la subsistencia con salarios cercanos a los 2000 pesos por mes, a merced del manejo punteril y clientelar de los gobiernos municipales, provinciales y de Nación. A pesar de dicha situación un amplio espectro de organizaciones sociales se viene organizando, exigiendo al Estado soluciones para todas los reclamos de los trabajadores precarizados, y la puesta en marcha de programas de empleo al servicio de las necesidades de los barrios más humildes a través de obras básicas de infraestructura. 
La precarización generalizada no sería posible sin el acuerdo de la mayoría de las direcciones sindicales, que miran para el costado cuando precarizan a los trabajadores y trabajadoras de sus gremios. La lucha contra las burocracias sindicales es la bandera que levantamos con Mariano Ferreyra, presente acá hoy, y siempre. A tres años de su asesinato, seguimos la lucha por justicia, no aceptamos ningún tipo de rebaja a la pena que le corresponde a Pedraza y todos los culpables, la perpetua.

Montones de experiencias de colectivos, compañeras y compañeros van marcando un camino de lucha en todo el país contra las ganancias empresarias que crecen a costa del desprecio de nuestras condiciones de trabajo y de vida:(...) Leer

3. La relación de la democracia con la dictadura genocida en la imposición de un modelo de ciudad y campo que expulsa, excluye y sume en la inseguridad abajo.

Otros sectores urbanos nos advierten porqué el sistema capitalista avanza arrasando con la vida y las posibilidades mayoritarias de buen vivir.

 

CONVOCATORIA: Juicio Ético y Popular a

las Corporaciones en la Ciudad de Buenos Aires

29 agosto 2013

Movimientos populares, organizaciones sociales, colectivos culturales, de investigación y educación popular, radios comunitarias, activistas feministas, de derechos humanos, estamos promoviendo la realización de un “Juicio Ético y Popular a las Corporaciones en la ciudad de Buenos Aires”, inspirados en los Juicios Éticos y Populares a las Transnacionales realizados en el año 2011, como parte del proyecto de Resistencias Populares a la Recolonización del Continente.

Quienes venimos luchando contra la imposición de un modelo de ciudad expulsivo, exclusivo, inadecuado para vivir, observamos una relación muy especial y funcional entre lo que sucede en el ámbito urbano con la especulación inmobiliaria y la emergencia habitacional, y con la sobreexplotación, mercantilización y exportación de nuestros bienes comunes en los ámbitos no urbanos.

En los últimos años se han multiplicado en la Ciudad de Buenos Aires las resistencias a este modelo, y también su articulación -que tuvo por un lado su expresión en el enfrentamiento a las leyes del pacto Pro-K, y por otro lado en la denuncia de las distintas modalidades de represión, criminalización de la pobreza y judicialización de la protesta-. Hemos denunciado que el modelo, tanto en la Ciudad como en el país, representa la concentración de la propiedad de la tierra, el desprecio por la naturaleza y los bienes comunes, el extractivismo -que reproduce una política de saqueo neocolonial-, la sojización del campo, el control represivo de la población, y el arrasamiento de la soberanía de los pueblos. Todo esto ligado íntimamente a mecanismos de corrupción, de clientelismo, de mercantilización de las relaciones, como modalidad para ganar voluntades para los proyectos del gran capital.

Argentina es hoy un país subordinado a las corporaciones transnacionales. Esto se ejemplifica en la Cordillera de los Andes, con la megaminería y la entrega a la Barrick Gold, en el campo con el monocultivo, el uso masivo de agrotóxicos (que afecta a la salud de la población también en las ciudades), y la expansión del agronegocio –que benefician a las grandes corporaciones como Monsanto, Cargill, etc.), en la explotación petrolera con los acuerdos realizados con transnacionales como Chevron, que fueron enjuiciadas y en algunos casos expulsadas de otros países por sus políticas de destrucción de las poblaciones y de la naturaleza.

En la Ciudad de Buenos Aires, estas políticas se expresan en la entrega de cientos de hectáreas para que empresas como IRSA construyan de manera indiscriminada, apropiándose de la plusvalía generada por toda la ciudad; en la construcción de redes de comunicación y transporte, de infraestructura funcional a las rutas del saqueo; en la creación de los gigantescos mercados y shoppings en los que se extiende el agronegocio; y en general, en la organización colonial, capitalista y patriarcal del territorio urbano, de acuerdo con un modelo mal llamado de “desarrollo”, que es el que hoy domina en Nuestra América.

Si nos preguntamos ¿quién produce la ciudad? ¿Quién y cómo se gobierna? ¿Quiénes son sus dueños? ¿Quiénes son los expulsados y expulsadas? ¿Quiénes resultan excluidos y excluidas? ¿Quiénes son tratadas? ¿Quiénes son sometidos y sometidas a trabajo esclavo? ¿Quiénes son los reprimidos? ¿Quiénes “no caben” en el transporte, en la vivienda, en los hospitales, en los lugares de recreación? ¿Quiénes acceden al espacio público? ¿Quiénes acceden a los servicios públicos? ¿En qué condiciones están los mismos? ¿Quiénes quedan vulnerables en las inundaciones? ¿Quiénes son maltratados y maltratadas en manicomios y lugares de encierro? ¿Quiénes sobreviven en la marginación de la ciudad? ¿Quiénes mueren por causas evitables? Si nos preguntamos éstas y otras preguntas sobre la vida cotidiana, las respuestas nos conducen de un lado a identificar quiénes se benefician de la Ciudad, de sus negocios, de su mercantilización: las grandes corporaciones ligadas al poder político. Y quiénes son los sacrificados y sacrificadas: el pueblo pobre.

Entre los “ganadores”, que en estos años se han llenado de súper ganancias, nos encontramos con una empresa como IRSA, la gran terrateniente de la Ciudad, que es propietaria de 16.250.000 m2 de la tierra de Buenos Aires, entre edificios, shoppings y terrenos: la misma superficie que los barrios de Belgrano, la Boca y Recoleta juntos. Si se agregan las propiedades en el resto del país, IRSA es propietaria de 21 millones de m2.

Para permitir e incluso promover ese “desarrollo”, y esa apropiación desenfrenada, son ninguneados los mecanismos previstos en la Constitución local, así como las diferentes leyes que garantizan la participación ciudadana en las decisiones de planificación urbana, incumpliéndose así derechos humanos fundamentales.

El gobierno de la Ciudad promueve la especulación inmobiliaria y la valorización del suelo, sin concebir al suelo urbano como un bien social, común y estratégico, que tiene que garantizar los derechos sociales, económicos y culturales, para el conjunto de la ciudadanía.

Frente a esta lógica mercantil, que piensa el desarrollo urbano bajo el imperio de la valorización empresaria, impulsando los negocios privados de grandes constructoras, inmobiliarias, empresas contratistas de obras y servicios, que necesita del consumo ilimitado como paradigma de la felicidad, sostenemos una lógica diferente: la del Buen Vivir en la Ciudad, donde el desarrollo urbano, la calidad de vida de la población, y en general la satisfacción popular en torno al hábitat, la vivienda y el ambiente, estén basadas en las necesidades sociales y en la utilidad social de la tierra, por sobre y más allá del capital.

El gobierno de la Ciudad y el gobierno Nacional se han enfrentado en distintos temas que afectan la vida de quienes vivimos y transitamos la Ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, con el traspaso del subte, de las tierras fiscales donde se asientan barrios populares, el traspaso de la jurisdicción del puerto, el manejo del juego, las competencias de la policía, por nombrar solo algunos de los temas. Pero han acordado la entrega de las tierras públicas a las grandes corporaciones, y el desarrollo inmobiliario indiscriminado. Las leyes votadas en la Legislatura a fines del 2012, como parte del Pacto PRO-K (avalado por el PRO, Radicales, el Frente Para la Victoria y sus aliados), son un claro ejemplo.

Por ello, entendiendo que los gobiernos actuales de Ciudad y Nación promueven las súper ganancias de las corporaciones transnacionales y locales, y la entrega del territorio como espacios de acumulación del capital, es que decidimos llevar adelante este Juicio Ético Popular a las Corporaciones de la Ciudad de Buenos Aires.

En el sistema jurídico actual, las leyes y códigos están puestos al servicio de la defensa de la propiedad privada, la ganancia capitalista, el orden neocolonial y patriarcal, antes que del cuidado de las personas, las poblaciones, las generaciones presentes y futuras, y los territorios que sufren las consecuencias de dicho “orden”. Esta justicia criminaliza sistemáticamente a las y los pobres, a quienes protestan frente a las injusticias, a quienes se organizan y se rebelan. Cuestionarla desde la ética, es señalar los límites de su accionar, y los intereses a los que sirve.

Es desde esta perspectiva, basada no en los marcos actuales de la legalidad, sino en el concepto profundo de legitimidad, de reivindicación histórica de los derechos de los pueblos y de la naturaleza, que se ha constituido este Juicio Ético Popular, que tiene un sentido profundamente humano: la salvaguarda de la vida, y su reproducción actual y futura, en todas sus dimensiones e implicancias.

Sostenemos que el Derecho a la Ciudad, no es simplemente, el derecho de acceso a una vivienda, ni el acceso igualitario a los servicios públicos o a la tierra, sino también el derecho a transformar la Ciudad en algo radicalmente distinto: en un espacio a habitar, en el que puedan crecer nuestros sueños y proyectos como pueblo, sobre la base de la participación popular y la creación; y no de la destrucción de nuestros vínculos entre seres humanos, en la naturaleza. Leer