Milani: la “integración” del Ejército a
cambio de impunidad
25 julio, 2013
Por Gabriel Solano
El derrumbe de los “derechos humanos” oficiales
A esta altura, es claro que la crisis política producida con la
designación de César Milani como jefe del Ejército no puede atribuirse
exclusivamente al pasado oscuro de quien fuera, durante décadas, un cuadro del
servicio de inteligencia de las Fuerzas Armadas. Esas acusaciones ya habían
sido formuladas desde hace años -entre ellas, su participación en el Operativo
Independencia en Tucumán bajo las órdenes de Bussi y su integración al nefasto
Batallón 601 de Suárez Mason. Pero, a pesar de ellas, César Milani había
logrado obtener la votación favorable del Senado para sus sucesivos ascensos.
Es cierto que el último de ellos, en 2010, fue gracias a un ajustado quórum
facilitado por Menem, el autor del indulto, que generó un escándalo. Pero esto
no le movió un pelo al Cels de Verbitsky, que en aquella oportunidad
desacreditó las acusaciones contra Milani.
Era natural que, con estos antecedentes, el oficialismo
considerara que el nombramiento de Milani no iba a generar mayores debates.
Hasta el domingo pasado, el apoyo de Verbitsky y el Cels se mantenía incólume,
como así también el de los organismos de derechos humanos cooptados por el
kirchnerismo. Fue necesario que el escándalo tome proporciones para que el Cels
pegara un viraje y aconsejara que el pliego del ascenso de Milani sea
rechazado. Ya totalmente a la defensiva, Verbitsky buscó encubrir su derrota
política y la del propio gobierno argumentando la aparición de nuevas pruebas
-cuando, en realidad, la mayoría de ellas eran conocidas desde hace tiempo. Ya
contra las cuerdas, el gobierno decidió mandar al freezer el pliego del ascenso
de Milani. En cambio, pese a las denuncias en su contra, lo confirmó como jefe
del Ejército.
Quiebra del Estado
¿Por qué el mismo Senado que aprobó el ascenso de Milani en 2010
no pudo hacerlo en 2013? La respuesta debe encontrarse en el retroceso del
propio kirchnerismo. Cristina Kirchner decidió encumbrar en la máxima jerarquía
del Ejército al capo de la inteligencia militar con un propósito definido:
armar un servicio de inteligencia paralelo a la ex Side (hoy SI),
destinando para ello un fabuloso presupuesto. Motivó esta jugada la creencia de
Cristina de que una parte considerable de los espías de la Side trabajan
abiertamente para Massa y alimentan, además, las denuncias de corrupción
formuladas por la
oposición. La propia Carrió, que lleva la delantera en el
trabajo de denunciante, afirmó que un sector de la Side se pasó a la oposición
como consecuencia de su rechazo al memorando con Irán sobre el atentado de la Amia. O sea que no sólo se
bajaron del barco oficial el intendente de Tigre y varios de sus pares del
conurbano, más el ex capo de la UIA De Mendiguren y media CGT-Balcarce. También
lo hizo un sector fundamental de los servicios de inteligencia. Pero en este
caso, el pasaje al post kirchnerismo equivale a una quiebra del aparato del
Estado.
Las Fuerzas Armadas
y el régimen político
y el régimen político
La propagación de la crisis política al interior de los aparatos
de seguridad fue confirmada por el propio César Milani, cuando en su discurso
de asunción dijo que su objetivo era que el Ejército sea parte del proyecto
“nacional” del kirchnerismo (en un reportaje a Página/12, le agregó el mote de
“popular”). De este modo, asistimos a dos movimientos simétricos: por un lado,
el pasaje a la oposición de un sector de los aparatos de seguridad y, en
respuesta a ello, la pretensión del kirchnerismo de convertir al Ejército en un
instrumento del gobierno y no del Estado. Se trata de dos variantes igualmente
reaccionarias.
Del lado del
oficialismo, la consumación de su objetivo conduce a devolverle al Ejército y a
las Fuerzas Armadas el protagonismo político que tuvieron desde el golpe del
’30 en adelante, el cual perdieron como resultado de los crímenes de la
dictadura y la derrota de Malvinas en 1982. En los planes oficiales figura,
incluso, darle al Ejército un papel central en la “asistencia social”, lo que
equivale a establecer una contención social a través de las Fuerzas Armadas
cuando crecen la pobreza y la desocupación. También se conocieron planes para
llevar al Ejército a ocupar posiciones en las fronteras, tarea que está cargo
de la misma Gendarmería
que tiene a sus efectivos cumpliendo tareas represivas y de espionaje (Proyecto
X) en los centros urbanos.
Cristina Kirchner confirmó plenamente esta caracterización por
cadena nacional, cuando -para confirmar a Milani en su puesto -dijo que había
que evitar la división de la “sociedad con las Fuerzas Armadas” y afirmó que
ese es el objetivo que persiguen “los enemigos de la patria”. En el plan de
Cristina está, seguramente, que el Ejército vuelva a desfilar por las calles,
como ocurría en la época de Perón. Pero oculta que este protagonismo militar
derivó en sucesivos golpes de Estado que instauraron gobiernos
pro-imperialistas y antiobreros.
El nacionalismo de
contenido burgués, incluidas sus alas de izquierda, vio siempre al Ejército
como un eje de su política, mientras simultáneamente buscaba regimentar a la
clase obrera por medio del copamiento de los sindicatos por parte de una
burocracia afín.
La crisis con Milani también ha sacado a relucir que el gobierno
que se precia de ser el defensor de los derechos humanos ha sido el
salvoconducto para proteger a los cuadros que actuaron como ejecutores del
terrorismo de Estado entre 1976 y 1983. Luego de una década K, los genocidas
con sentencia firme no superan los 200. Milani, por lo tanto, no es una
excepción sino la regla. La
propia actitud del Cels, que ha cambiado de parecer bajo la presión de una
denuncia que se extendió a pesar suyo, colocó en cuestión todo el régimen de
ascensos militares llevado adelante bajo el kirchnerismo. En efecto: ¿cuántos
Milani han sido ascendidos sin que el Cels abriera la boca?
Como suele ocurrir en estos casos, el papel más miserable queda
reservado para los progresistas que militan en el campo oficial. Los
intelectuales de Carta Abierta dieron su apoyo a Milani horas antes de que el
Cels cambiara de posición. Al no ser advertidos, perdieron la oportunidad de
callarse la boca. Otro
tanto vale para Daniel Filmus, quien, en vez de rechazar el pliego de Milani,
decidió renunciar a la Comisión que debía tratarlo, eludiendo su
responsabilidad. Con esta actitud, Filmus quedó invalidado como candidato y el
gobierno, a la vez, quedó desairado por quien debe representarlo en las
elecciones. Como se ve, una crisis completa.
De nuestra parte, exigimos la separación de Milani de su cargo y
que sea juzgado por los crímenes que se le imputan. Del mismo modo, planteamos
la apertura de los archivos de la dictadura para poder separar de las fuerzas
de seguridad a todos aquéllos que fueron parte del terrorismo de Estado. Se
trata de una tarea que, por su alcance estratégico, supera a los
centroizquierdistas de toda laya y reclama un protagonismo político de la
izquierda revolucionaria.
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