Milani, Chevron, Sbattella
16-07-2013
Por Rolando Astarita
En los
últimos días hubo una serie de noticias que son de difícil digestión para los
que sostienen que el gobierno K está operando una transformación revolucionaria
(“liberación nacional”, “lucha contra los grupos concentrados”, y similares)
del país. Noticias que se pueden sintetizar en tres nombres: Milani, Chevron y
Sbattella. Dado que este blog lo lee gente que no vive en Argentina (en
promedio, el 40% de las visitas diarias son del exterior), sintetizo a qué me
refiero.
Milani (o acerca de la naturaleza represiva del Estado)
El general César Milani fue nombrado recientemente jefe del
Ejército, por la presidente Cristina Kirchner. Milani está
denunciado por haber participado en la represión durante la dictadura militar.
Ex presos políticos lo vinculan a la desaparición, en Tucumán, en 1976, del
soldado Alberto Ledo, que era su asistente. Milani estaba especializado en
inteligencia en el batallón de Ingenieros 141, de la provincia de La Rioja, y
fue enviado en comisión a la provincia de Tucumán, entre febrero de 1976 y
febrero de 1977. En esa época el Ejército llevaba adelante el Operativo
Independencia, contra el Ejército Revolucionario del Pueblo. Ledo, que según
testimonios, habría sido simpatizante del ERP, desapareció en Tucumán, a donde
había tenido que acompañar a Milani. Su madre, Marcela de Ledo, integra la asociación Madres
de Plaza de Mayo de La
Rioja. Milani también está mencionado por un ex detenido,
Ramón Olivera, en el libro Nunca
Más, de la Rioja.
Olivera explicó que Milani participó de la detención de su
padre, y que luego él mismo estuvo detenido en un centro clandestino. Desde
allí fue llevado ante un juez por Milani, quien estuvo presente durante la declaración. Además ,
Milani está sospechado de haber participado en Inteligencia durante la
dictadura militar. Asimismo, está denunciado por participar en el levantamiento
de los carapintadas, en los años 80, contra el gobierno de Alfonsín.
Frente a estos datos, Madres de Plaza de Mayo, línea Bonafini,
guarda silencio. Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas, dijo que no
correspondía pedir el desplazamiento de Milani. El Centro de Estudios Legales y
Sociales, a su vez, antes había dicho que no tenía información que pudiera
vincular a Milani con la
represión. Madres de Plaza de Mayo, Abuelas y el CELS son
organismos defensores de derechos humanos oficialistas. El Nunca Máses un material muy
conocido, y su legitimidad nunca fue cuestionada por alguno de estos organismos
(acerca de los K-criterios para evaluar lo actuado bajo la dictadura, ver aquí).
Pero no se trata sólo de la participación de Milani durante la
dictadura, o el alzamiento carapintada. Desde 2007 Milani está a cargo (y hoy
retiene esta función) de la
Jefatura II de Inteligencia del Estado Mayor. Allí trabó
estrecha relación, según todas las informaciones disponibles, con la ministra
de Defensa Nilda Garré (quien a su vez está muy cercana al CELS). Recordemos
que Nilda Garré ha sido denunciada por su participación en el llamado Proyecto X.
Se trata de una unidad de la Gendarmería Nacional , que fue creada para
organizar una base de datos de militantes, mediante el espionaje y la
infiltración en organizaciones sociales y políticas. Estos datos fueron luego
utilizados en juicios contra militantes. Las instrucciones contenidas en el
proyecto, elaboradas en 2009, destacan la importancia de vigilar a todos los
que pudieran crear “situaciones de alteración del orden público”. Según la abogada Myriam Bregman ,
defensora de derechos humanos y militante del PTS, el Proyecto X tiene como
objetivo la persecución de activistas sociales y políticos. El propio
comandante de Gendarmería, Héctor Schenone, reconoció ante la Justicia la
existencia del Proyecto. Hoy existe una causa abierta, que está avanzando (según
Bregman). A pesar de esto, la presidenta Kirchner acaba de decir que el
Proyecto X “es inexistente” (discurso del 9 de julio, en Tucumán). Los
organismos de derechos humanos oficialistas, y el progresismo K, no
desmintieron a la
presidenta. En cualquier caso, existen fuertes elementospara
vincular a Milani con un enfoque global de vigilancia y recolección de datos,
que luego son utilizados en la persecución judicial de la militancia. El área de
Inteligencia del Ejército recibió sustanciales incrementos presupuestarios en
los últimos años.
En este análisis debe incorporarse, además, la reforma, de
diciembre de 2011, de la Ley Antiterrorista. Esta reforma derogó la figura
de “asociación ilícita con fines terroristas”, pero elevó al doble las penas de
los delitos que se hubieran cometido con “la finalidad de aterrorizar a la
población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos
extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o
abstenerse de hacerlo” (artículo 41). De esta manera se deja abierta la puerta
para que manifestaciones o huelgas sean calificadas como actos terroristas,
como han manifestado muchas organizaciones sociales o políticas de izquierda.
El gobierno se defiende diciendo que la ley establece que no se castigarán las
protestas que se hagan en defensa de derechos humanos y sociales. Sin embargo,
muchos abogados argumentan que las modificaciones introducidas abren el campo
para interpretaciones, y habilitan a la criminalización de la protesta social.
Todo lo anterior debe vincularse también con la decisión del
Gobierno de responder al problema de la seguridad poniendo el acento,
crecientemente, en la represión y la punición. El enfoque tradicional del progresismo,
que hace hincapié en las raíces sociales del problema, pasa ahora a segundo
plano. El ministro de Seguridad de la Nación, de hecho, es Sergio Berni, un
militar en actividad, que goza del favor de la presidenta. Cristina
Kirchner , además, ha acusado a los jueces por ser demasiado
suaves en la aplicación de penas. Un discurso que hasta ahora el progresismo K
consideraba propio de la
derecha. De manera que la designación de Milani, el
ocultamiento de su accionar durante la dictadura, o el levantamiento
carapintada, debe leerse en esta secuencia de hechos. No es trueno en día
sereno.
Chevron (de nuevo, son sólo negocios)
En notas anteriores sostuve que la estatización de YPF no debía
interpretarse en clave de “liberación nacional”, sino en términos de negocios
entre capitalistas; esto es, negocios sustentados en la apropiación de
plusvalía (ver aquí y aquí).
En esas notas, y contra el discurso oficialista (“estatización de YPF sinónimo
de Patria recuperada”) planteé que se trataba de una renegociación de los
términos de la explotación del negocio.
Pues bien, en el día de ayer, 15 de julio, se conoció el decreto
que crea el Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de
Hidrocarburos. Según el mismo, están alcanzadas por este régimen las empresas
que inviertan 1000 millones de dólares, o más. Las que lo hagan, podrán
comercializar libremente, luego del quinto año, en el mercado externo el 20% de
la producción (resultado de esas inversiones), sin tener que pagar derechos de
exportación. Además, en caso de que la producción nacional no alcance a cubrir
la demanda, y las exportaciones se destinen a cubrir la demanda interna, el
precio no será inferior al precio de exportación, sin retenciones. Las
compañías también tendrán derecho prioritario a obtener divisas a través del
Mercado Único y Libre de Cambio (aceptemos que es un eufemismo) por hasta el
100% del precio obtenido en el mercado interno.
Naturalmente, se sigue discutiendo si con esto será suficiente
para que las empresas inviertan en extracción de petróleo y gas, y hay muchos
“detalles” que deberán ser aclarados (por ejemplo, a qué tipo de cambio
cotizarán los dólares que entren por inversiones). Sin embargo, lo relevante es
que todo esto parece desmentir la tesis-verso de “YPF recuperada, Patria
liberada”. El tema aquí no es el patriotismo, sino son los negocios y la rentabilidad. La
realidad es que la falta de inversiones provocó una caída, en la última década,
del 60% de las reservas de gas y del 20% del petróleo. Desde 2003 la producción
de petróleo cayó 30%, y la de gas 20%. Dado que, además, faltó inversión en
hidroelectricidad, aumentó el consumo de combustibles, con lo cual se agravó el
déficit de la balanza energética (sería de 6000 millones de dólares en 2013).
No sé qué cuento contarán ahora aquellos economistas que afirmaban que, principio
del acelerador mediante, bastaba con fomentar el consumo para que hubiera
inversión (ver la crítica a esta postura aquí y aquí).
Lo cierto es que la acumulación de capital -esto es, la reinversión de
plusvalía- se rige, como en cualquier país capitalista, por el olor de las
ganancias. El acuerdo con Chevron no hace más que ratificarlo. Con respecto a
este último, otro dato significativo para la tesis-verso “YPF recuperada,
Patria liberada”: en los medios ha
trascendido que el acuerdo se pone bajo jurisdicción de tribunales de EEUU.
Sbattella (o el intríngulis de la acumulación de capital)
José Sbattella es el titular de la Unidad Anti Lavado.
Según informaciones periodísticas, no desmentidas hasta el momento, Sbattella
mantuvo hace poco al menos dos reuniones con funcionarios de cumplimiento de
las normas antilavado de dinero, y técnicos bancarios, para pedirles que no
informaran las operaciones sospechosas que se hicieran con vistas al blanqueo
de capitales que puso en marcha el Gobierno. Aparentemente, los oficiales
antilavado y técnicos, así como los responsables bancarios, se negaron al
pedido, dado que les podría caber responsabilidad penal por no denunciar estas
operaciones.
Ubiquemos esta sed por dinero sucio por parte del Gobierno: en la
última década la economía argentina recibió una gigantesca renta, que puede
calcularse entre los 120.000 y 150.000 millones de dólares, por la mejora de
los términos de intercambio. Pero desde 2005 se fugaron del país más de 80.000
millones de dólares. En varias notas en este blog he planteado que esto
configura una gigantesca transferencia de excedente, que es la clave de la
acumulación y el desarrollo capitalista. En la última década no hubo un proceso
de acumulación estructuralmente sólido, o una transformación cualitativa de la
economía argentina, que es tecnológicamente atrasada y dependiente. Y esto no
se arregla convocando al lavado de dinero. Solo a un irremediable lumpen
burgués se le puede ocurrir semejante “solución”.
Más en general, este año el desempleo aumentó al 7,9%; otro 8% de la población económicamente activa está subocupada. En total, 2,7 millones de personas, el 15,9% de la fuerza laboral, están desempleadas o subocupadas. El 35% de los trabajadores está en
No hay comentarios:
Publicar un comentario