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30 de agosto de 2013

"Los medios frente a la represión en Neuquén y el acuerdo Chevron-YPF".


La represión llevada a cabo en Neuquén puso nuevamente en cuestión los enfoques de los medios masivos nacionales: Clarín pasó de definir los hechos como “incidentes” a denominarlos “represión” desde una acotada perspectiva. Página12 se preocupó por atacar algunos de los cuestionamientos de la “oposición”, apelando a las voces oficialistas. Ambos produjeron un recorte tanto de los sectores que realizaron las críticas, como del contenido de las mismas. Allí la importancia de los medios alternativos, como en este caso 8300.com.ar, para dar lugar a otras voces y reproducir sus reclamos. 

Por Red Eco Alternativo.
Página 12 trató el tema en tres notas. Las características de las mismas se centraron, primero en la simplificación de las posturas “opositoras”. Reduciéndolas al tema puntual del tratado YPF- Provincia de Neuquén, olvidó que dentro de los sectores contrapuestos a la medida también se cuestionó el mismo proceso de estatización de la petrolera, así como la política energética llevada a cabo por el gobierno. “La oposición cuestionó no sólo los plazos que prevé el acuerdo entre la provincia e YPF sino la imposibilidad de conocer el convenio entre YPF y Chevron”, aparece en una de las notas. Para contrarrestar estas posturas en la edición de ese mismo día apareció una nota con el comunicado de YPF donde justificó la existencia de cláusulas “confidenciales” (no secretas como se dice comúnmente) ya que la empresa es una sociedad anónima y se rige por la “Ley de Sociedades Comerciales y de los reguladores y accionistas”. Además se menciona que dichas cláusulas son para “proteger” a la empresa, y recuerda la enorme inversión a realizar por la multinacional Chevron.
Por otra parte, en una de las notas se desacreditó la actitud de la mayoría de los legisladores opuestos a la medida de abandonar el recinto parlamentario frente a la enorme represión que se llevó a cabo mientras se sesionaba. Estos legisladores pidieron que se levantara la sesión y al encontrarse con la negativa de la mayoría oficialista decidieron abandonar del recinto. En esa misma nota, donde apenas esbozan una descripción de la represión policial, aseveran que “si la totalidad de los opositores hubiese permanecido en sus bancas, igual (el oficialismo) habría conseguido más de dos tercios de los votos, pese a que solo necesitaba mayoría simple”.
Clarín, por su parte, emitió una primera nota titulada “Tras los incidentes, aprobaron en Neuquén el acuerdo YPF-Chevron”. Si bien en notas posteriores cambian el “incidentes” por “represión”, puede observarse la matriz desde la cual comúnmente enfoca las luchas sociales. A su vez también aquí podemos notar una reducción de las posturas políticas de oposición a la medida tomada por el gobierno. Eso pone en evidencia, como señalamos en notas anteriores, que la finalidad del diario es más bien golpear al gobierno y solo a este fin responde el enfoque parcial de las luchas de ciertos sectores de la sociedad.
En este sentido hay una nota titulada “Un acuerdo a medida y poco transparente” dónde lo primero que señala es la existencia de los acuerdos secretos generando la idea de un estado corrupto y “esto es lo que la sociedad ya no está dispuesta a tolerar”. Luego critica la expropiación de Repsol-YPF, y señala la necesidad de generar las “condiciones para la inversión privada pero con reglas claras”. El impacto ambiental es dejado para el último lugar: no se critica la técnica del fracking, sólo se pide la creación de un “cuerpo especializado en el área petrolera” que regule la explotación.

El medio provincial: 8300, el caso del periodismo independiente
8300.com.ar, medio alternativo de la provincia de Neuquén, realizó una cobertura completa del conflicto. Su intervención nos permite enfocar las limitaciones de los medios masivos nacionales y a su vez tematizar la importancia de los medios alternativos.
Desde este medio se informó casi a en forma simultánea lo que iba sucediendo en la manifestación. De hecho, fueron reconstruyendo el armado policial previsto desde los días anteriores: la clara decisión premeditada por parte de la gobernación de la provincia de impedir el acercamiento al recinto legislativo. La represión policial y la utilización de balas de plomo contra los manifestantes que dejaron un herido, fue abordada en primer lugar por el sitio. En este sentido frente al acompañamiento episódico y fuertemente intencionado de Clarín (como señalamos más arriba), 8300 dio lugar a los manifestantes desde las diversas agrupaciones, sindicatos o partidos políticos. Sí en un primer momento tanto los medios provinciales como los nacionales se refirieron a “enfrentamientos” o “incidentes” con la policía, la importancia de 8300 radica en dar muestra de la manera en que fueron aconteciendo los hechos desde la óptica de los sectores reprimidos.
Notas de referencia: (…)

27 de agosto de 2013

"Un nuevo Estado empresario...conjuga sus intereses con los del capital privado trasnacional y las políticas del Departamento de Estado de EE.UU."

Más allá de la dicotomía entre lo público y lo privado, el Estado empresario.

Por OPSur
Tras 10 años de búsquedas infructuosas, el kirchnerismo parece haber encontrado una fórmula propia para el manejo del sector hidrocarburífero. La ambigüedad de YPF -que por momentos pretende emular a su antecesora estatal y por otros asume su carácter privado, según lo determine la coyuntura- y las expectativas en la explotación no convencional, delinean la nueva perspectiva gubernamental, cuyo modelo promueve la exportación de bienes comunes al tiempo que la compatibiliza con la promoción de una industrialización dependiente y sectores extractivos (megaminería, complejo agroexportador).

En este escenario, el acuerdo con Chevron es el primer paso para lograr el “autoabastecimiento”, necesario a su vez para garantizar la continuidad del crecimiento macroeconómico y poner fin al abultado drenaje de divisas derivado de la importación de gas. En simultáneo, y siguiendo el esquema planteado tanto en la Ley de Soberanía Hidrocarburífera -por la que se expropió el 51% de las acciones de la empresa a Repsol- como en el Plan Quinquenal de YPF, la exportación aparece como un objetivo complementario. Cubrir la demanda actual y exportar, una lógica que no ve a los hidrocarburos por fuera de la ecuación económica, aunque ahora, se argumente que buena parte de lo producido se destinaría a infraestructura social y al fortalecimiento del Estado al tiempo que se genera desarrollo industrial local del sector.

En este sentido el CEO de YPF, Miguel Galuccio, es contundente: aspira a transformar a Argentina en potencia petrolera. Es decir, que si las expectativas y las valorizaciones en torno a los recursos no convencionales se cumplieran, Argentina se convertiría en un exportador neto de hidrocarburos. La llegada de más trasnacionales para que se sumen al juego e inyecten capital es, por ende, central. YPF, el Estado empresario, tendría entonces un rol protagónico en tanto coordinador del sector, beneficiario de una parte de la renta y mediador entre los múltiples intereses (principalmente trasnacionales-distintos niveles estatales, pero también capitales nacionales, locales y demandas comunitarias).

Así, las últimas medidas del Gobierno Nacional que dirige YPF S.A. no delinean ni una reprivatización de la empresa, ni la vuelta al neoliberalismo de la década de los 90′; pero, por otro lado, tampoco garantizan soberanía y autoabastecimiento, como tradicionalmente fueron entendidos. Es un nuevo formato de acumulación. YPF S.A. no sólo obtendrá un beneficio, sino que además es el motor y el garante en el pretendido desarrollo masivo de hidrocarburos no convencionales. Es un juego de beneficios económicos compartidos que conjuga los intereses del Estado Argentino, trasnacionales y el Departamento de Estado de EE.UU. –que promueve a nivel global el desarrollo de los no convencionales. Ganancias que ocasionarán pasivos que afectarán a los habitantes y de los que el responsable, en última instancia, será el Estado.

Vaca Muerta en sentido amplio
Más allá de las posibilidades reales, la intención de transformar a Argentina de país con petróleo a país petrolero es un proyecto de larga duración. Objetivo que necesitará de un Estado rector/inversor que garantice la infraestructura, el capital humano y la licencia social.
Por otro lado, convertir al país en una potencia no convencional implica una modificación integral y radical del mapa hidrocarburífero nacional. Más allá de Vaca Muerta, se evalúa desarrollar varias cuencas de no convencionales: algunas se superponen con las ya existentes, otras como la Chacoparanaense y Claromecó, comprenden territorios que han tenido otros desarrollos productivos. Son varios los proyectos de expansión territorial sobre los que, en la actualidad, se evalúa si son técnica y económicamente explotables.
Un nuevo Estado empresario, que conjuga sus intereses con los del capital privado trasnacional y las políticas del Departamento de Estado de EE.UU., demostrará su efectividad en la sesión de la Legislatura neuquina del 28 de agosto. En paralelo, una movilización en la que confluyen distintos sindicatos, comunidades mapuches, organizaciones sociales, la Multisectorial contra el Fracking y la iglesia, denunciará el acuerdo para la explotación de no convencionales. Con el resultado de esa confrontación habrá terminado otro round en la disputa por el futuro del fracking en el país.
Buenos Aires, 27 de agosto de 2013

26 de agosto de 2013

IV. Ocupación integral de todos los territorios y Estado represor

Acuerdo Neuquén-YPF:
¿El nuevo piso para las demandas corporativas?
El acuerdo entre la provincia de Neuquén e YPF S.A., firmado el 24 de julio y aprobado por el gobernador mediante decreto 1208/13, espera ser ratificado por la Legislatura provincial a fines de agosto. Si esto ocurre, la petrolera accederá a la nueva área no convencional ‘General Mosconi’ bajo los beneficios del decreto nacional 929/13. La única empresa que figura es YPF, que invertirá más de mil millones de dólares para asentar las bases de la explotación no convencional en el área, mientras la estadounidense Chevron aparecería en escena de ser aprobada el Acta Acuerdo por la legislatura neuquina, cosechando ‘los beneficios’ que recibiría el sector corporativo. 

Por OPSur

Acuerdos y política
El acuerdo se enmarca dentro de los principios de la política hidrocarburífera establecidos por el kirchnerismo a partir del control de YPF: la integración del capital público-privado nacional e internacional, en alianzas estratégicas dirigidas a la exploración y explotación de hidrocarburos convencionales y no convencionales con el objetivo prioritario de lograr el autoabastecimiento y saldos exportables.
Si bien el objetivo estratégico en materia energética es el autoabastecimiento nacional, las reglas de juego hasta ahora demarcadas permiten dilucidar que lo se busca con este acuerdo de inversión va más allá del objetivo planteado. Varios puntos contenidos en el decreto 929/13 nos hacen pensar en esto, teniendo en cuenta la laxitud y permisividad del Estado frente a las obligaciones de la empresa nacional y la eventual entrada de Chevron.
La libre comercialización en el mercado externo del 20% de la producción de hidrocarburos, a partir del quinto año de la aprobación e inicio de la ejecución del proyecto, aportando el 0% al país en alícuotas aduaneras y permitiendo liquidar divisas fuera del país; si el gobierno no autorizara la exportación -porque no se alcanzan a cubrir las necesidades internas de energía- la empresa tendrá el derecho a obtener por ese porcentaje de hidrocarburos un precio no inferior al de exportación. Hay que destacar que la puesta en producción de un área lleva varios años, no es inmediata, por lo que el plazo que impone el decreto para poder empezar a exportar es, aproximadamente, el que necesitan las operadoras para la puesta en producción. Es decir, habilitaría a exportar apenas entra en producción un área.
Asimismo, el Ejecutivo Nacional crea por decreto la figura de “explotación no convencional de hidrocarburos” para la cual se necesitan técnicas de estimulación no convencionales (fractura hidráulica, entre otras). Se profundiza así la política de valorización de estos recursos, desconociendo un debate actual, nacional e internacional, en el cual se plantea la necesidad de escuchar más voces, dados los daños ambientales denunciados en diferentes partes del mundo.
Se esperaría de los gobiernos y cuerpos legislativos que legislen basándose en los principios ambientales como máximas de interpretación y guías de razonamiento, solo por mencionar dos, el principio de prevención -pretendiendo evitar los efectos negativos que sobre el ambiente se puedan producir- y el principio precautorio -según el cual, si no hay certeza científica o información sobre un determinado tema que pueda generar daños graves o irreversibles en el ambiente, no deben postergarse las medidas eficaces para impedir la degradación ambiental(1); daños que lógicamente repercuten en la vida de las personas.
Estos principios no sólo no están siendo considerados, sino que además, en el caso del acuerdo entre la provincia e YPF, en la legislatura neuquina se evitó darle intervención ala Comisión de Medioambiente. Negándose también las autoridades provinciales a abrir un debate social amplio. Entonces, ¿qué están priorizando los gobiernos nacional y provincial?
Por otra parte, con el pretexto de que las empresas necesitan largos períodos para recuperar sus inversiones, se establece la prórroga anticipada de áreas que ya poseía YPF, una política que se viene implementando con resultados a la vista. Recuérdese que el mismo argumento se utilizó en el año 2000 para ‘garantizar’ las inversiones de Repsol en LomaLa Lata, en aquel momento se prorrogó hasta 2027 un contrato que vencía en 2017. Ahora la provincia, habilitada por el decreto 929 del gobierno nacional, otorga en concesión y sin licitación pública, la nueva área no convencional General Mosconi hasta 2048. Esta área está conformada por la totalidad del área Loma Campana, cuya concesión vencía en 2026, y la parte norte de Loma La Lata– Sierra Barrosa, que vencía en 2027 –por la vergonzosa prórroga anticipada a Repsol.

Estas prorrogas anticipadas tan extensas van a contramano de lo establecido legalmente como adjudicaciones mediante concurso, procedimiento fundado en la publicidad y en la posición igualitaria de los oferentes, que atribuye a la Autoridad de aplicación facultades suficientes para decidir el mismo con un criterio de equidad y certeza (2), en el que el concesionario que detente el área podrá participar y, de esta manera garantizar, si así lo quisiera, su continuidad en la concesión. Por la vía implementada se sella la suerte del área y los recursos estratégicos a las decisiones de una empresa por 35 años.

De beneficios fiscales y roles ambiguos
En materia impositiva la provincia se compromete a no gravar con nuevos tributos, renta extraordinaria ni Canon Extraordinario de Producción a la empresa y mantener el porcentaje de regalías en 12% durante el plazo de vigencia de la concesión y su prórroga (año 2048). Se supedita la no actualización porcentual a la confianza en el aumento anual de producción para que este porcentaje mantenga una vigencia que le sea realmente beneficiosa. De esta manera, no se aborda a los hidrocarburos como un recurso estratégico no renovable, que hace a la soberanía del país, sino como un commodity del que se obtienen beneficios a partir de abastecer masivamente al mercado. La misma determinación que garantiza beneficios extraordinarios se observa con el impuesto a ingresos brutos, que es del 3% para la actividad de extracción de crudo y gas natural. Esta es más baja que la alícuota para otras actividades de menor impacto, contenidas en la ley provincial impositiva 2837, tales como: comercialización directa de vehículos automotores nuevos o usados, comercialización mayorista de bienes, comercialización minorista en hipermercados y supermercados con predominio de productos alimentarios y bebidas -que tienen una alícuota de 3,5-, durante el plazo de la concesión y su prórroga.
En materia de fiscalización YPF permitirá el seguimiento de los trabajos, erogaciones e inversiones a realizar dentro de la concesión, para que sean inspeccionados y certificados por la Autoridad de Aplicación u otros organismos provinciales. Pero el Acta Acuerdo deja abierta la posibilidad de conformar un grupo de trabajo integrado por “las PARTES”, con la finalidad de hacer más eficiente el ejercicio dela Autoridad de Aplicación. Con esta medida se eleva el rango de control a la empresa que está llevando adelante el proyecto. Consideramos que este proceso de fiscalización no será objetivo e imparcial por los intereses que ella tiene sobre el mismo, además de que su deber sería el de colaborar en la forma más amplia con ejercicio de fiscalización e inspección de la autoridad pero de ninguna manera ejercer este rol.

Retomando la línea ambiental, el acuerdo estipula que iniciada la etapa del proyecto piloto se conformará una comisión integrada por YPF y la Secretaríade Estado de Ambiente y Desarrollo Sostenible dela Provincia para “revisar la existencia o no de otros posibles impactos ambientales relativos a la actividad hidrocarburífera”, ésta realizará controles e informes ambientales regulares. Lo anterior nos sitúa en la misma observación hecha para el tema de la fiscalización y supone que la empresa cumplirá un rol en igualdad de condiciones que el ente que se ocupa de la política ambiental provincial, rol que por su carácter de sociedad anónima no le corresponde y menos por ser parte interesada. Un avance en la materia sería dar intervención en esas comisiones a la sociedad civil a través de sus organizaciones.

Por último, otra de las obligaciones de la empresa será la financiación por US$ 45 millones de programas de Responsabilidad Social Empresaria. Lejos de un manejo y decisión provincial sobre el uso de los recursos, estos estarán sujetos a lo concordado por los funcionarios públicos y la Fundación YPF, desdibujando una vez más roles, responsabilidades y funciones.

La Justicia por París y Chevron por la ventana
Para la solución de controversias el acuerdo dice que se regirá y será interpretado a la luz de las leyes argentinas y por negociación entre las partes por cualquier controversia relativa a la interpretación, vigencia y/o validez. Pero en caso de no llegar a un entendimiento se acudirá a la vía inapelable del arbitraje conforme al Reglamento de Arbitraje dela Cámara de Comercio Internacional (CCI), la más grande y representativa organización empresarial mundial, situada en París, Francia. Esto plantea serias dudas de la capacidad de ejercicio soberano sobre el territorio y los actores que en él se sitúen y, aún más, sobre el carácter de imparcialidad de la mencionada instancia de arbitraje.
Finalizando, en el acuerdo se menciona la posibilidad de ceder todos los derechos y obligaciones en cabeza de YPF a cualquier otro cesionario. Este último punto abre la posibilidad de que YPF ceda –total o parcialmente- sus atribuciones a la norteamericana Chevron, detentando las pautas normativas tan laxas y beneficiosas antes expuestas.

Consideramos que es un acuerdo que se establece de manera rápida, sin información, participación social, ni consulta previa a las comunidades mapuche de ese territorio y que adolece de un debate que excede la delimitación de una nueva área en la que se utilizarán técnicas altamente cuestionadas de extracción de hidrocarburos en formaciones no convencionales. Por otro lado, consideramos que la política en materia energética a nivel nacional y provincial debería planificarse y desarrollarse en un marco de integralidad jurídica que no se aleje de los avances en materia de derechos humanos, tanto individuales como colectivos.
Notas:
(1) Ley 25.675 Política Ambiental Nacional, art. 4°.
(2) BELLORIO, Dino, CAVALLI Luis y PIGRETTI Eduardo [2011] Ambiente, petróleo y gas. Buenos Aires: Lajouane.

25 de agosto de 2013

III. Ocupación integral de todos los territorios y Estado represor

ASAMBLEA PERMANENTE DEL COMAHUE  POR EL AGUA  
LLAMADO A LA UNIFICACION Y ACCION NACIONAL, POR  
LA SOBERANÍA ECONÓMICA, POLÍTICA, AMBIENTAL Y CULTURAL DE NUESTROS PUEBLOS  

Ante el decreto 929 firmado por la presidenta de esta Nación en alianza con el Poder Imperialista, que abre las puertas a las empresas extractivistas de par en par, para que una vez mas vengan en pos del agua, la tierra y la soberanía de nuestro País, nos posicionamos en defensa de nuestros territorios y bienes comunes diciendo que resulta justo luchar hoy por el derecho de todos los hombres a vivir en un ambiente sano, al acceso salubre y suficiente de agua potable para todos los habitantes, al trabajo digno, a la producción local y al desarrollo soberano y participativo de los pueblos.
  • Que hoy en todo el País son las resistencias populares en contra de los emprendimientos extractivistas hidrocarburiferos, mega-mineros y de monocultivos transgenicos, las que se movilizan en defensa de la vida, la salud y los bienes comunes. Nuestro país ha venido experimentado en los últimos 20 años un auténtico saqueo de los bienes en pos de la mercantilización y la industria, dilapidando el bien común agua y condenando a grandes sectores de la sociedad a un futuro de contaminación y destrucción de sus territorios.
  • Que el objetivo primordial de nuestros pueblos debe ser defender el agua y la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras y exigir a los representantes de la sociedad, posicionarse en defensa de la vida de todos los habitantes de esta región y este País.
  • Que deben repensar los fundamentos respecto de la relación entre la sociedad y la naturaleza, y en dicho marco, redefinir sus posturas y buscar alternativas con consenso popular que resulten superadoras de lo que actualmente se entiende por desarrollo.

Creemos que llego la hora de unir las cientos de luchas, movimientos y organizaciones que estamos combatiendo de diferentes formas, la apropiación de nuestros destinos, patrimonios naturales y derechos por parte de las grandes corporaciones transnacionales en cada rincón de nuestro planeta. La globalización neoliberal abrió las puertas a la explotación salvaje del mundo por parte de los grandes poderes económicos y financieros. Estos, se han apoderado paulatinamente de nuestras vidas y de la tierra, creando un manto de impunidad a través del desmantelamiento de las instituciones, violación sistemática de las legislaciones y firmas de tratados internacionales de comercio e inversiones, que les brindan más derechos a “los inversionistas” y al capital que las/os ciudadanos. Así, los derechos de los pueblos han sido sistemáticamente violentados, la Tierra y sus recursos destruidos, saqueados y contaminados y las resistencias criminalizadas, mientras las empresas continúan cometiendo sus crímenes económicos y ecológicos con total impunidad.  

En la gran mayoría de los países, los gobiernos están al servicio de los intereses corporativos y en contra de las mayorías que son silenciadas a través de la represión, persecución y muerte.  En contra de los principios democráticos, usurpan las instituciones y  alteran las  leyes y políticas que les permiten continuar saqueando la riqueza de las naciones y mantener su relación depredadora con la naturaleza. Estas empresas, han diseñado herramientas como la Responsabilidad Social Corporativa para limpiar su imagen frente a las crecientes denuncias por sus acciones en contra de las poblaciones y colectivos afectados. Las multinacionales han mercantilizado la vida y siguen apoderándose de nuestros territorios, bosques y aguas, transformando las relaciones sociales y humanas y reduciéndolas a condiciones de vida miserables. Hoy, la salud y la educación son consideradas privilegios de quienes tiene dinero y no derechos universales de todos los pueblos. Las resistencias crecen diariamente, hay cada vez más comunidades, movimientos y pueblos que luchan contra las multinacionales, que enfrentan a empresas o sectores específicos y han obtenido importantes victorias. Aún así, no hemos logrado frenarles el avance,  pues cuando son derrotadas en un lugar rearman sus estrategias y se mueven hacia  otro territorio.  Es por ello que para enfrentar el poder corporativo y el sistema que les protege, las luchas de nuestras comunidades deben organizarse, ya que pueden ser aún más triunfadoras si podemos unirlas con las de otros pueblos, regiones y países. Nosotros, las organizaciones y los movimientos, los invitamos a sumarse y construir conjuntamente este proceso de movilización y campaña contra el poder de las corporaciones y sus crímenes. Desmantelar el sistema de poder de las multinacionales requiere de la acción coordinada a nivel nacional e internacional en todos los  ámbitos, de la  movilización en los territorios y las calles, y de la educación y difusión en los sectores públicos como escuelas y hospitales, parlamentos, foros y organizaciones nacionales e internacionales.  Por esto:  CONVOCAMOS A LA ORGANIZACIÓN Y MOVILIZACION  NACIONAL COORDINADA Y PERMANENTE,  A MOVILIZARNOS EN CONJUNTO HACIA  EL PODER LEGISLATIVO O INSTITUCIONES COMPETENTES  EL DIA 28-08 A LAS 10 HS. EN TODO EL PAÍS.              

EXIGIMOS:  
• QUE SE ANULE EL DECRETO PRESIDENCIAL 929 • EL ACUERDO ENTRE PROVINCIA E YPF • EL ACUERDO YPF-CHEVRON • EL DECRETO PROVINCIAL 1208 • EL DECRETO PROVINCIAL 422 • QUE SE RESPETE LA CONSTITUCION PROVINCIAL Y NACIONAL • QUE SE REPETEN LAS LEYES DE MEDIO AMBIENTE  QUE SE EJECUTE:  • UNA MORATORIA A NIVEL NACIONAL QUE SUSPENDA TODA ACTIVIDAD EXPLORATORIA Y DE EXPLOTACIÓN HIDROCARBURIFERA NO CONVENCIONAL. • QUE SE DETENGAN TODOS LOS PROYECTOS MEGAMINEROS Y DE CULTIVOS TRANSGENICOS EN EL PAÍS. • QUE CADA MUNICIPIO PROHIBA LA EXPLOTACIÓN HIDROCARBURIFERA NO CONVENCIONAL, MEGAMINERA Y DE TRANSGENICOS EN SUS EJIDOS URBANOS. • QUE NOS DEVUELVAN LA CONSULTA PREVIA. • QUE SE RESPETE EL PRINCIPIO PRECAUTORIO. • Y QUE LOS RECURSOS HIDRICOS SEAN RESGUARDADOS PARA CONSUMO DE LAS POBLACIONES HABITANTES DEL TERRITORIO ARGENTINO.
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Comisión Prensa y Comunicación
UAC Unión de Asambleas Ciudadanas
UAC Unión de Asambleas Ciudadanas
Contra el Saqueo y la Contaminación


II. Ocupación integral de todos los territorios y Estado represor


PRONUNCIAMIENTO ANTE LAS VII JORNADAS INTERNACIONALES 
SOBRE MEDIO AMBIENTE - SALTA

“521 AÑOS… DE SAQUEO”

    Preguntamos: ¿Hasta dónde y con qué fines el Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales continuarán implementando estas políticas y metodologías de Saqueo?
     Siglos de vivir en Comunidad y en diálogo y armonía con la Naturaleza
     Es larga y siniestra, desde diferentes costados a analizar, la Historia que nos une, nos Hermana y, muchas veces, nos distancia.
    521 años desde que se instalara en Todo este vasto Territorio un pensamiento etnocéntrico de extirpación y dominio extranjero. Modelo que, sin duda, han aprendido, copiado y ejecutado, según los propios intereses, muchos mal llamados “próceres” y los actuales “representantes” políticos.
   521 años y más… de Violación a los Derechos del Hombre (nuestros actuales Derechos Humanos); de Saqueo de Nuestros Bienes Naturales y Culturales; de Expropiación de Tierras. Genocidios. Crímenes de Lesa Humanidad.
   Pero he aquí que el Proceso Histórico ha agudizado estas políticas. Un Proceso en el que cada uno de Nosotros somos parte como actores y artífices. Como analizaría alguna vez un pensador: Todos somos parte de una Red de Poder. Un Tejido donde, cada actor, traza un hilo de esa gran trama.
   Nos encontramos frente a nuevas visiones de esa red: por un lado los Tecnócratas (políticos, empresarios nacionales y extranjeros, etc.), por otro lado el Pueblo.
   Pero, qué sucedió? Qué sucede desde años más recientes en el Territorio Nacional?
   Simple: el Saqueo, sobre todo a partir de la década de los ’90, se vuelve Ley. Queda Legalmente permitido.

   Un Territorio en crisis. “Impunemente Regalado”. Un Pueblo al que se le puede expropiar hasta sus propias vidas…
   
En la Provincia de Salta, los “responsables” continúan ocupando sillones en distintas áreas para decidir el futuro de los habitantes de estas Tierras. Y la Gestión Provincial y Nacional se pronuncian igualmente “responsables y cómplices” que las anteriores.
   Con fecha del 16 de Octubre de 2007, por Resolución Nº 395 y firmada por el Secretario de Minería Dr. Ricardo N. Alonso y la Secretaria de Minería –Supervisor Administrativo- Silvia Elizabeth Montenegro, “(…) El Secretario de Minería Resuelve: ARTÍCULO 1.- Crear la zona de Investigación Geológica y Minera denominada “Cafayate” en todo el territorio del Municipio mencionado donde –a la fecha (…)- no existan pedidos de cateos y/u otorgamientos a concesiones mineras. ARTÍCULO 2.- La Secretaría de Minería tendrá a su cargo la investigación (…), siendo su objetivo (…) la actualización del Padrón minero y la confección de un Ordenamiento Minero Territorial (…)”. (Ver Resolución Nº 395 completa).
   Luego, con fecha del 22 de Octubre de 2007, por Resolución Nº 422, firmada por los mismos Secretarios, se especifica: “(…) resulta necesario extender dicha zona de investigación geológica y minera a toda la región de los Valles Calchaquíes de la Provincia, incluyendo los Departamentos de Cachi, Molinos, La Poma y San Carlos; (…). El Secretario de Minería Resuelve: ARTÍCULO 1.- Crear la zona de Investigación Geológica y Minera denominada “Valles Calchaquíes” en todo el territorio de la región mencionada (…). ARTÍCULO 2.- El Programa de Catastro Minero (…) determinará la superficie en cuestión de acuerdo a los parámetros establecidos por la normativa vigente (…). ARTÍCULO 3.- La Secretaríade Minería tendrá a su cargo la investigación dentro del área afectada, siendo su objetivo principal la actualización del Padrón Minero y la confección de un Ordenamiento Minero Territorial. (…)”.  (Ver Resolución Nº 422 completa).
  
    Legalizado y amparado en el Código de Minería, viene la trampa…
   Código de Minería, en su “Título XVIII –De la Investigación Geológica-Minera a cargo del Estado (…)”, resuelve:
“ARTÍCULO 409.- La investigación geológica-minera de base que realice el Estado Nacional en todo el país y las que efectúen las provincias en sus territorios, es libre y no requiere permiso de la autoridad minera (…). La autoridad provincial, y en su caso, (…), la empresa o entidad provincial, que tenga a su cargo la investigación podrá disponer (…), zonas exclusivas de interés especial (aclaración: la extensión máxima para estas zonas es de 100.000 Hectáreas) para la prospección minera, que realizará en forma directa o con participación de terceros. (…) En caso de decidir la intervención de terceros, (…), deberá convocar a un concurso invitando (…) a empresas a presentar sus antecedentes, un programa de trabajos y un compromiso de inversión compatible con los objetivos de investigación propuestos.
(…) Dentro del plazo fijado para la prospección, el adjudicatario (…) podrá solicitar uno o más permisos de exploración o efectuar manifestaciones de descubrimientos.
(…) Las minas que descubran los organismos antes mencionados en el curso de sus investigaciones (…), cuando no hayan dado participación a terceros, deberán ser transferidas a la actividad privada dentro del año de operado el descubrimiento (…). Caso contrario, quedarán (…) vacantes y a disposición de cualquier interesado en adquirirlas. 

ARTÍCULO 410.- (…) a los efectos de promover la igualdad de tratamiento con las disposiciones del presente título, los organismos estatales deberán procurar, dentro del plazo de dos (2) años (…), transformar las actuales zonas o áreas reservadas, en permisos de exploración, (…), a favor de los adjudicatarios y, de no haberlos, a favor de terceros (…)”. (Ver ambos ARTÍCULOS completos).
  
   Éstas Áreas de Reserva para Investigación Geológica y Minera, sonZonas Legalmente Regaladas para futuras Explotaciones.
   ¿Cuál es la justificación para que Niños y Adultos sigan enfermándose justamente porque la Tierra, el Agua, el Aire…están también enfermos?
   Animales y plantas que desaparecen.
   Panzas con hambre.
   Agua que falta.
   Desertificación.

   Un Pueblo olvidado… Pero un Pueblo que aún se levanta contra la Injusticia y la Impunidad.

   Justicia… lo justo.
   ¿Qué es lo “justo,” entonces?
   O será que lo “justo” se ha vuelto tan ajustable que se diluye y termina sacándose su careta para mostrar lo “Injusto de su Justicia”?

   ¿Por qué motivos lógicos un Pueblo debe seguir sufriendo las consecuencias de “supuestos desarrollos económicos”?

  Otros regímenes. Carteles que dicen “Democracia”. Y muchos sólo conformándose con poder llevar el voto a la urna.

   Exento de todo tipo de Impuestos y Controles Aduaneros, el Saqueo no es sólo responsabilidad de Empresarios sino que nace en el seno mismo de las mentalidades de “nuestros Políticos” y de la “Justicia” que lo ampara.

   Pueblos perseguidos, amenazados, asesinados, reprimidos, obligados a callar.
   El silencio se vuelve cómplice del temor.
   Asesinadas las voces no hay quién se levante en un grito.

   Justamente por esto, porque el poder político y económico temen al Pueblo, lo “Criminalizan”.
   Sacan de las galeras viejos resabios dictatoriales. Los Gobiernos ponen en vigencia la “Ley Antiterrorista” para ser aplicada sobre el “visible Pueblo” que no le teme al accionar, a la unidad, al respeto por las particularidades en armonía con este TODO que somos.
   Al Pueblo… a cada uno de nosotros que NO claudicamos, porque entendemos que un paso junto al otro, “el colectivo”, es más fuerte para “construir el cambio” que el mero paso individual.
   Porque abrazamos a la Vida.
   Porque defendemos la Autodeterminación de los Pueblos.

   EXIGIMOS:
1-    Al Gobierno de la Provincia de Salta:
a)    la recomposición Total del Sitio Tonco mediante la remediación ambiental de las 500.000 Toneladas de colas de residuos de mineral radiactivo, abandonadas desde el año 1981 a la fecha, en la Mina Don Otto.
b)    que no se concrete la reapertura de la Mina Nuclear Don Otto,Departamento de San Carlos.
c)    que se revoquen todos los permisos otorgados para cateos, exploración, explotación y/o cualquier otro tipo de actividad minera metalífera y no metalífera, como así también cualquier otro permiso relacionado con la Minería Nuclear en TODA LA PCIA. DE SALTA.
d)     que realice las acciones necesarias ante el Gobierno de la Pcia.de Catamarca y ante el Gobierno Nacional para que no se lleven adelante los Proyectos Minera Agua Rica, Filo Colorado y otros.
e)    que realice las presentaciones legales necesarias ante el Gobierno de la Pcia. de Catamarca y ante el Gobierno Nacional para que Minera Alumbrera cese sus actividades AHORA.
f)     se respete en todos sus Artículos la Ley Provincial Nº 7070.

   2-  Al Gobierno Nacional:
    La inmediata reforma del Código de Minería y de la Ley de Medio Ambiente para Minería, por contraponerse con los principios Constitucionales, que en su Art. 41 de la Constitución Nacional establece:“Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano (…) y tienen el deber de preservarlo (…). Las Autoridades proveerán a la protección de este derecho (…)”.
  
   La Derogación urgente de la Ley Antiterrorista.
  
   Exigimos se respeten y cumplan los Artículos de nuestra Constitución Nacional: 14 Bis; 41; 43; 75 inc.17 y 22. Convenio Internacional de la OIT Nº 169. Ley Nacional Nº 24.071. Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Declaración Universal de los DDHH. Convenio sobre Biodiversidad, Art. 8 J, Agenda 21. Leyes Nacionales: 23.302; 26.160; 25.675 (Ley Gral. del Ambiente); 22.351 (Parques, Reservas y Monumentos Nacionales).
  
   Resulta necesario y urgente que el debate se establezca en el seno de la sociedad toda. Nosotros, como Pueblo, tenemos el derecho pero, sobre todo, el deber de hacerlo, para no convertirnos también en cómplices.

A los “mal gobiernos” les decimos:

Nuestras Vidas, Nuestros Territorios NO tienen valor de compra y venta.
Nunca seremos negociables ni sacrificables!!!!!
Por Tierra, Trabajo Digno, Justicia y Libertad para Todos!!!!!

    PORQUE ABRAZAMOS A LA VIDA
521 años de Resistencia nos siguen uniendo

AUTOCONVOCADOS DEL VALLE CALCHAQUÍ – CAFAYATE - SALTA


Cafayate-Salta, 14 de Agosto de 2013
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Comisión Prensa y Comunicación
UAC Unión de Asambleas Ciudadanas
UAC Unión de Asambleas Ciudadanas
Contra el Saqueo y la Contaminación



I. Ocupación integral de todos los territorios y Estado represor

DE NUEVO AL FRENTE DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL
Marambio, el torturador preferido de Cristina Fernández
Oscar Castelnovo (Agencia Rodolfo Walsh)

 (AW)No es tarea de los abolicionistas elegir cuál dueño de los candados es el mejor para mantener en el encierro a los pobres. Ninguno lo es. Pero sí corresponde al periodismo de confrontación llamar a las cosas por su nombre. Al pan pan, al vino vino, torturador al que flagela  y a los que matan: asesinos. Así, la decisión  del gobierno nacional de reciclar al experto en torturas, autor intelectual y encubridor de crímenes de personas maniatadas, corrupto hasta la médula, Alejandro Marambio Avaría al frente del Servicio Penitenciario Federal es una medida oprobiosa aunque no sorprende. El nombramiento se halla en clara sintonía con su política: ninguna gestión al frente del Estado mató y atormentó más hijos vulnerables del pueblo que el kirchnerismo, a uno y otro lado de las rejas, después de la dictadura cívico-militar..

Como podía esperarse, el primer día al frente de la fuerza gris, miércoles 21 a la noche/ primeras horas del jueves 22, hombres y mujeres de uniforme bajo el mando  de Marambio apalearon a unas 20  chicas de la Cárcel de Ezeiza. Las sacaron al frío de la madrugada a garrote sucio y allí las empaparon con agua a presión. Luego, las metieron a los buzones, les tiraron gases y al grito reiterado de “¡te vas a morir hija de puta, ya no está tu papá Hortel!”, se lanzaban encima con colchones mientras sus cabezas rebotaban en el piso. Una de ellas se halla vomitando sangre, al cierre de esta edición. En su acto de reasunción, un día antes, Marambio había asegurado que la seguridad no se hace a los palos.
Alejandro Marambio Avaría ya había sido titular del SPF desde junio de 2007 hasta enero de 2011. Tuvo el respaldo ostensible de Néstor Kirchner, Aníbal Fernández, Julio Alak y Cristina Fernández. Pero, el gran cuestionamiento a su ferocidad represiva por organizaciones humanitarias, sociales, políticas, de presos, cautivas y sus familias, determinaron su alejamiento y reemplazo por Víctor Hortel. Luego de la “cinematográfica fuga” de 13 presos del Complejo Penitenciario 1 de Ezeiza, armada días atrás, renunció Hortel y el gobierno renombró a este personaje. Como puede apreciarse, sin esfuerzos, resulta más peligroso para la sociedad el nombramiento que la huída. 

Contra todos y todas
Una de las primeras voces opositoras fue la del Premio Nóbel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, quien comparó la determinación con el anterior empeño de designar al represor César Milani al frente del Ejército. También se pronunció en contra la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, quien suele acompañar al kirchnerismo sin fisuras. En el mismo sentido lo hizo la Procuración Penitenciaria de la Nación –organismo autárquico que defiende los derechos de los privados de libertad-, a través de su titular Francisco Mugnolo. Asimismo, se expresó Memoria Verdad y Justicia, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y una multitud de organizaciones (ver comunicados más abajo).
Por su parte, Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos (Gespydh) del Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, coordinado por Alcira Daroqui, repudió y rechazó el nombramiento. Y en diálogo con esta Agencia, Daroqui remarcó que “la “cuestión” de los derechos humanos del presente se ve una vez más interpelada ante el nombramiento de Alejandro Marambio al frente del Servicio Penitenciario Federal. El Gobierno Nacional garantiza a la corporación penitenciaria que serán “protegidos y cuidados” tal cual la exigencia de varios de sus representantes, ante denuncias de su accionar dentro de las cárceles. La violación de los derechos humanos de las personas detenidas seguirán siendo, puertas adentro de las cárceles,  una práctica penitenciaria cotidiana y su invisibilidad asegurada por la Dirección de la Institución”. 

“Rey del engome”
Como se sabe, la nefasta gestión Marambio dejó 180 muertes, en un lugar donde nadie deber morir; una investigación de la PPN, conducida por Daroqui y Carlos Motto, reveló que el 70 por ciento de los habitantes del encierro había sido torturados (se cree, con razón, que el 30 restante por ciento calló por miedo). Durante su mandato, Marambio fue llamado  el “Rey del engome” (encierro en la celda) por su política de “sectorización”. El  eje central de tal engendro consistía en el reagrupamiento de los presos y cautivas en base a su potencial de conflictividad, inadaptabilidad al régimen o liderazgo «negativo para el resto de la población», de acuerdo a las categorizaciones del SPF. En su manifestación más “pura” la sectorización incluye aislamiento en la celda individual 23 horas, disponiendo solo 60 minutos para ducharse, ir al patio y hablar por teléfono.
Por su parte, el  Programa UBA XXII-Educación en Cárceles sufrió una embestida como nunca se habían animado los grises en la etapa constitucional en más de 25 años. Al respecto, Rodolfo “Cacho” Rodríguez, describió una diversidad de torturas aplicadas en la época, y sostuvo que “el estado intervino con fuerzas de seguridad en territorio universitario ¿Por qué atacó a la UBA y al Centro Universitario Devoto de un modo que nunca había sucedido? A ningún fucionario le debiera molestar la educación en las cárceles si solo consistiera en incorporar datos en la cabeza de sujetos dóciles. Lo que irrita al poder y enfurecía a Marambio, es el ámbito autogestivo real del CUD, sus denuncias de las violaciones a los derechos de otros presos y presas, la visibilización de la corrupción, las torturas, las muertes de evidente responsabilidad institucional y la atroz complicidad de la corporación judicial. A los que él consideraba “denuncieros”  los perseguía y les hacía la “calesita” por todos los penales del país”.

Ensañamiento contra las mujeres en prisión
A principios de 2009, Marambio Avaría a la cabeza inicia la matanza, directa o tercerizada, de chicas cautivas en la ex Unidad 3, actual Complejo Penitenciario Federal Nº IV, más conocida como Cárcel de Mujeres de Ezeiza. Así, fueron asesinadas Silvia Barby Nicodemo y RominaLa Colo Leotta (2009); Noelia Randone y Vanesa García Ordoñez (2010); Ale La Tucu Del Valle (2011); Yanina Hernández Painnenfil, María Laura Acosta, Cecilia Bebu Hidalgo y Florencia La China Cuellar, en 2012.
Todas mujeres jóvenes, indóciles a la militarización y el verdugueo. Las versiones más antojadizas corrieron para encubrir las verdaderas responsabilidades. De acuerdo a las explicaciones difundidas, el SPF es –indubitablemente- la entidad más eficaz del país en la ayuda al suicida. En su ámbito ha logrado inmolaciones asombrosas, incluso algunas daban cuenta de ahorcamientos desde una altura menor a la de la víctima o de suicidados que se molieron a palos a sí mismos antes de morir. Con relación a las nueve chicas ultimadas, también los grises argumentaron alteraciones mentales y hasta peleas “entre ellas”. Lo cierto es que si alguna muchacha tenía problemas psicológicos, entonces aún más debió ser resguardada y contenida. Si una de las ellas sucumbió bajo la agresión de otra presa reclutada por el Servicio, entonces se agrava la responsabilidad institucional Si existió una pelea, supongamos, no inducida por los penitenciarios, nunca debió suceder porque para evitarlas se suponen que están. Ya que nadie les paga para ser abonados a un ring side letal. 

Argentino Peloso Iturri
Un caso emblemático, para exhibir la ferocidad de los grises en la etapa Marambio contra los hombres y mujeres en el encierro es el de Argentino Peloso Iturri, quien fue asesinado en la Prisión Regional del Sur (cárcel federal) Unidad 9 de Neuquén. Los responsables son unos 15 penitenciarios, entre ellos un médico y un enfermero, quienes lo ultimaron con palos reglamentarios, trompazos y patadas. El hecho ocurrió en abril de 2008 e, inmediatamente, el director de ese Penal y Marambio, modificaron la escena del crimen y encubrieron a los autores materiales. A pesar de los esfuerzos éstos se hallan procesados por la repercusión pública del crimen a fuerza de la denuncia popular, especialmente de los militantes de Zainuco.
Un testigo clave del caso Peloso Iturri, que en el momento de los hechos estaba preso en ese penal, fue entrevistado por la Agencia Walsh –mientras revestía la condición de testigo protegido y ya se hallaba en libertad-. Se trata de Luis “El Gallego” Abella.
El Gallego vio cada golpe y la porfiada defensa de Peloso contra la multitud de grises armados que lo apalearon en su celda, durante todo el trayecto al Servicio Médico y siguieron la paliza en ese espacio. Así lo relató Abella: "Peloso ya había venido golpeado en una pierna de otra unidad, pero se la bancaba, se defendió y resistió lo que pudo, a piñas y hasta con los dientes, recuerdo que a uno le mordió la mano. En un momento escucho que el enfermero Carilao, que ya estaba atendiendo a Peloso, dice 'la concha de mi madre'. Y le preguntan '¿Qué pasa?'. 'Palmó', respondió Carilao. A Peloso ya le habían pegado en las costillas con los borcegos, con los palos, en la cara. Lo rompieron todo. Hasta matarlo".
Esos son los hombres de “la pesada” que -corruptela de por medio- despliega tan buenas migas con Marambio. 

“Los cobanis chorros”
Los negociados turbios caracterizaron toda la gestión marambista. Uno de ellos, denunciado por esta Agencia en su momento, exhibe la impunidad con que se manejaban “los cobanis chorros”. Casi 800 mil pesos que la provincia del Chubut pagó al Servicio Penitenciario Federal nunca fue depositado en la cuenta del organismo y sí fue retirado por ventanilla del Banco Nación, generalmente en sucesivos montos de 40 mil pesos, con destino aún incierto. Los pagos chubutenses, se realizaron en concepto de raciones, alojamiento, atención médica, higiene y deuda histórica por aquellos presos de la Provincia que permanecen detenidos en la Unidad 6 de Rawson, siendo esta una cárcel federal.
La denuncia la formuló el ex alcaide mayor Horacio Leguizamón, quien fue echado de la institución con un vertiginoso pase a retiro impulsado por Marambio. Mientras que los denunciados, por caso el prefecto y principal implicado, Osvaldo Barnechea, ascendió dos grados y fue promovido a tesorero nacional del SPF; Sixto Ferreira, auditor contable que recibió la denuncia de Leguizamón, para luego desaparecerla, fue ascendido a inspector general y a Jefe de Administración del Servicio; José Lera, por entonces titular de Administración se retiró como inspector general, máximo cargo penitenciario con jugosa jubilación. Tanto Claudio Barberá, retirado como inspector general, como el actual director del Servicio Penitenciario Federal, Alejandro Marambio, actuaron como encubridores, ya que ambos tenían pleno conocimiento de los hechos, y no solo no emitieron una sola palabra reprobatoria, sino que consintieron los ascensos de sus cobanis chorros a pesar de que éstos no pueden ascender mientras dure el sumario. Marambio, a quien le llegó el expediente en mano por una persona cercana a Leguizamón y también por la vía institucional, afirmó que Leguizamón estuvo bien echado. 

Homínidos arbóreos
Cada peso que roban los cobanis chorros significa, entre otras cosas, bajar la calidad de vida, ya en permanente descenso de por sí, de los seres caídos en desgracia enrejada. En plena época de Marambio, abril de 2009, un detenido de la U6, a quien llamaremos Juan Pérez, envió una carta a la Procuración.
En el texto, Pérez le dice a los funcionarios: "Me dirijo a Uds. para informarles que los internos alojados en el CRD (Centro de Rehabilitación de Drogodependientes) de la U6 han presentado reclamos por escrito ante la Dirección por la escasa ración alimentaria provista para los catorce (14) del colectivo alojado. Como ejemplo, cito lo que se entrega diariamente: 1 kg de zanahoria, 2 kg papas, 1 kg cebollas, 1 kg. de carne. Los alojados preparan con ello el almuerzo y la cena. No se desayuna ni merienda. No se dispone de heladera para guardar los alimentos preparados al mediodía para la noche". 
A su vez, en otro escrito, firmado por tres decenas de presos de la U6 que data de la misma época, afirman que mermó la "comida común en los pabellones, como en los regímenes dietéticos, aconsejados por el personal médico a internos con enfermedades crónicas".
También, la carta subraya que "en la actualidad se come con las manos, como si fuéramos medio orientales u orientales nada más. Nos faltan los recipientes para poder lavarnos las manos, luego de la utilización de las manos, o sea que estamos culturizándonos en una nueva forma de ingerir los alimentos, en forma manual (...) Tal vez en este lugar se esté gestando el fin de la cultura del buen comer occidental con cubiertos, y se pase a la utilización de las manos como los homínidos arbóreos".
Estos fraudes o robos son la política nacional implacable y constitutiva de la fuerza, ahora marambista otra vez.  En la actualidad se destinan 18.400 pesos por cada preso o cautiva en cárceles federales, ¿por qué las prisiones son un espacio permanente de necesidad y urgencia? En las cuentas, bienes y brillos de los marambios, está la respuesta.
"La secta del gatillo alegre y la picana es también la logia de los dedos en la lata", indicó Rodolfo Walsh refiriéndose a la policía. Cualquier similitud con el servicio penitenciario es empeñosa emulación. Así, lo demuestran, por caso, innumerables causas por robo en alimentos, medicamentos e insumos, nunca sancionadas, y los lacerantes testimonios de los perjudicados directos.
Precisamente, estas denuncias en nuestra Agencia irritaron tanto a Marambio quien durante 12 meses prohibió la entrada  los penales a quien escribe estas líneas, ya sea como tallerista o como visita humanitaria a los cautivos y presas a través de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Fueron necesarias marchas al Ministerio de Justicias, denuncias y campaña de firmas solidarias para que los privados de libertad, la Liga y la AW restablezcan su derecho vulnerado por Marambio. 

“Mugnolo está muerto”
En pleno apogeo marambista, se publicó el informe lapidario “Cuerpos castigados”, sobre la infinita variedad de torturas del SPF, impulsado por la Procuración. La circulación del volumen coincidió con la divulgación pública de una conspiración para asesinar al titular de la entidad que es contralor del SPF, Francisco Mugnolo y al segundo, Ariel Cejas Meliare, urdida desde el Servicio, según declararon dos detenidos en sede judicial, a quienes altos funcionarios grises le habían encargado “la tarea” y luego se arrepintieron.  Un juez encontró el arma en el lugar señalado por el detenido reclutado por el Servicio el mismo día del evento al que asistieron ambos “sentenciados”, en el Complejo Penitenciario II de Marcos Paz. Consultado Marambio sobre estos hechos, dijo ¿Quién va querer matar a Mugnolo, si Mugnolo está muerto.  Más análogo a un barra brava que a un funcionario, Marambio exhibía sin embargo una categórica versión de sí mismo. ¿Qué sucedió con la denuncia? Si bien los privados de libertad sucumben por muerte violenta,  las causas que castigarían a funcionarios se extinguen de muerte natural. 

Nacional y popular
El pasado de Marambio, su presente cuestionado por una infinidad de personalidades y organizaciones populares desaconsejarían  a cualquier gobernante su designación. ¿Por qué el kircherismo lo reinstala contra viento y marea?¿Acaso desconoce la presidenta que Silvia Barbi Nicodemo fue una joven indócil masacrada como tantos otros por su nuevo  Candado Mayor y que marcó un inicio funesto? ¿Ignora las 2350 muertes en la década? ¿Carece de hombres más confiables para la represión brutal que despliega el estado en sus cárceles de mala muerte? ¿Pretende dar un mensaje inequívoco mano dura? Son interrogantes que deberá responder Cristina Fernández.
Su verdugo elegido solo tardó instantes en abalanzarse  a palazos sobre chicas indefensas en la U3 de Ezeiza. Ellas tiritaban con los golpes y el grito “te vas morir hija de puta”, durante un gobierno constitucional, nacional y popular. Una  aún vomita sangre. Muchas otras se doblan de dolor y humillación. El miedo se hace más intenso tras la sordidez de los barrotes y bajo miles y miles de endebles techos. La indignación, la rebeldía y la movilización tendrán que ganar las calles, una vez, otra vez y tantas otras, contra el ensañamiento que devasta  a los más pobres en las cárceles de mala muerte de la Argentina.