Crecidas e inundaciones,
el
extractivismo arrasa los territorios
4 de marzo de 2015
4 de marzo de 2015
Argentina/Resumen Latinoamericano / La Izquierda Diario
Por Leonardo Rossi, periodista especializado en extractivismo
Técnicos y organizaciones sociales habían advertido el impacto del
desmonte y la avanzada inmobiliaria
Tal
vez la definición de “Tsunami” del gobernador José Manuel de la Sota fue la
expresión que mejor sintetizó esa intención por negar los antecedentes que
podrían haber cambiado el cuadro frente a las recientes crecidas de ríos e
inundaciones en Córdoba. Las abundantes lluvias, entre 200 y 300 milímetros en
menos de doce horas según la zona, son un dato objetivo. También lo son la
cantidad de hectáreas desmontadas en determinada cantidad de años, la ubicación
geográfica de un loteo, los incendios y la capacidad de recuperación del monte
nativo, entre otros factores. Organizaciones ambientales, técnicos e
investigadores vuelven a expresar lo que con poca repercusión manifestaron
antes del ’tsunami’: la descontrolada urbanización y avance de la frontera
agro-empresaria tiene un alto costo social y ecológico. “Estas crecidas no son
mero producto de precipitaciones, sino fruto de la acumulación de acciones
extractivistas”, define el geógrafo Joaquín Deón, quien realizó una extensa
tesina de grado sobre el uso del suelo y el agua en Sierras Chicas. “Lo que
ocurrió estaba predicho, y en esta dirección se va a agravar”, agrega la
doctora en arquitectura Beatriz Giobellina, especializada en planificación
urbana.
Las precipitaciones ocurridas entre el domingo 15 y el
lunes 16, y su impacto social (al menos ocho muertes) y en infraestructura
(caída de puentes, rotura de sistemas hídricos, anegamientos de calles, pérdida
de viviendas) abrió la puerta a una discusión amplia sobre la cuestión
ambiental. Sin embargo eran varias las alertas sobre hechos de este tipo. En
las 287 páginas de su trabajo Deón realiza un extenso repaso en torno a la
gestión del agua y el territorio, cita antecedentes internacionales, para luego
ubicarse en las Sierras Chicas y finalmente se adentra específicamente en la
cuenca del Chavascate, donde se ubican Agua de Oro, Cerro Azul, El Manzano, La Granja. Escasez y
exceso de agua son dos caras de una misma moneda, la falta de planificación
estratégica, abordada en el trabajo. “Lo que motiva la presente investigación
es analizar el creciente trabajo de organizaciones que buscan revertir los
procesos de ‘avance de la frontera urbana y minera’ sobre el área de cuenca”,
apunta el investigador en su trabajo.
La investigación aporta un dato que cobra un rico sentido
en estos días. Los principales municipios de las Sierras Chicas, que ocupan 1760 kilómetros
cuadrados y albergan hoy más de 140 mil personas, “nacen el mismo año (1939) en
que se producen las principales y más trágicas crecidas de arroyos e inundaciones
asociadas a fuertes tormentas que precipitaron más de 130 milímetros en
pocas horas”. Entre diferentes llamados de atención a este tema, Deón resalta
las advertencias de vecinos de Villa Allende por las crecidas, y la falta de
planificación urbana, realizadas ya en el año 1989. Justamente esta ciudad una
de las más afectadas en las últimas semanas. Por si hace falta aclarar, la
investigación del geógrafo no fue realizada en las últimas horas, está fechada
en junio del año pasado, y recupera otros trabajos realizados en la misma
línea. También recuerda que el 12 de marzo del 2000 “precipitaron entre 100 y 120 milímetros de
agua en no más de dos horas”. “La inundación ocasionó la evacuación de más de
600 personas, la muerte de tres personas en La Calera, y la destrucción de
varias viviendas.”
Desmontes
y urbanización
Entrevistado para esta nota, Deón señala que “incendios,
urbanización y desmonte van de la mano” para desembocar en este tipo de
acontecimientos, o su reverso: la
sequía. El repaso histórico que realiza sobre el avance de
los cambios en el uso del suelo (de áreas de bosque a usos agrícolas, urbanos,
e industriales), dice que en las más de 93.500 hectáreas
de cuenca media, se perdió un 40 por ciento entre 1940 y 1980; un 5 por ciento
entre 1981 y 1990; más de 8 por ciento entre 1991 y 200; y un 9 por ciento en
la última década. Los incendios muchas veces fueron la antesala al cambio en el
uso del suelo. Entre 2004 y 2013 llegan a 75.220 hectáreas
quemadas acumuladas, un 40 por ciento menos que la década anterior, pero “en
áreas que se han incendiado más de dos veces en los últimos 20 años”.
Aunque Deón pone el foco en la zona del Chavascate, y
los conflictos por el territorio entre 2007-2012, aporta varios datos que
exceden ese recorte y sirven para analizar el cuadro en Sierras Chicas y
alrededores. La no aplicación de legislación para gestionar cuencas, la falta
de trabajo de los municipios entre sí y con organizaciones sociales, y como
punto macro la ausencia de gestión participativa de los territorios salen a la
luz a lo largo de todo el trabajo, y preanuncian situaciones como la de las
últimas semanas.
Entre las conclusiones, el geógrafo dice sin lugar a dobles
interpretaciones: “Los aspectos que restringen la posibilidad de una gestión
participativa e intergubernamental de la cuenca del Río Chavascate, son los
intereses económicos, políticos y culturales puestos en juego por los diversos
agentes del subcampo económico empresarial y del subcampo político-cultural
articulados a diversas escalas con miembros del metacampo Estatal o formando
ellos mismos parte de este metacampo”. Y destaca que “las inversiones
inmobiliarias y turísticas en la cuenca han reconvertido a espacios loteados o
chacrarizados (subdivididos en chacras) las áreas de bosque ocioso”.
Es basta la bibliografía sobre el rol fundamental del bosque
nativo como regulador del escurrimiento del agua. Publicado a fines de 2014, un
trabajo del Instituto Superior de Estudios Ambientales de la UNC, también
referido al Chavascate, apunta que “la deforestación de toda la cuenca alcanza
una tasa anual del 0,5 por ciento, mientras que el incremento de uso
urbano-agrícola, un 2 por ciento anual (valor altamente significativo)”. El
documento de 38 carillas, firmado por la agrónoma Alicia Barchuk ,
plantea que en esa zona “sería necesario recuperar 4617,3 hectáreas ”
de bosque. Como en otros textos académicos se dejó claro que es “esencial que
mediante un ordenamiento territorial se limite el avance de la frontera
urbana”.
Denuncia
desde el territorio
Desde las organizaciones sociales también se plantea la
misma problemática. La Mesa del Agua de La Granja añade que “los desmontes e
interrupción de cursos naturales de agua en la zona alta y media contribuyen a
que la absorción de agua sea casi nula y que el suelo se impermeabilice”. “Así
el agua corre desde los acuíferos como por avenidas asfaltadas transportando
casi la totalidad de lo precipitado provocando cuantiosos daños río abajo, muy
superior al que podría haber provocado de existir el monte de antaño”,
describen. La mesa sostiene que “no sólo los desmontes en la zona alta provocan
daños” también “la invasión de los emprendimientos inmobiliarios en la línea de
sirga de los ríos que atraviesan los pueblos se convierten en principal foco de
destrucción y caos social”. Desde la tesina de Deón se advierte técnicamente lo
que gritan los vecinos: “Deberá regularse la superficie de cubierta vegetal
nativa y general que cada propietario de inmueble en la zona ya loteada debe
respetar, de lo contrario se perderán alrededor de entre 50 y 130 hectáreas anuales
de bosque en toda la cuenca con el avance de la edificación”.
Desplazados
“Lo que ocurrió es crónica de una muerte anunciada”,
asegura Beatriz Giobellina. La doctora en arquitectura, especializada en planificación
urbana y su vínculo con el ambiente, coincide con Deón en que “el crecimiento
urbano no planificado, muchas veces en zonas inundables, lleva a este tipo de
situaciones”. “Esto se va a agravar si no se limita el crecimiento urbano, se
crean reservas, se frena el desmonte, y se deja de lotear”, enumera. Para
Giobellina debe analizarse la cuestión del precio de la tierra. Más allá de
que las crecidas golpearon en zonas de casas de fin de semana, la peor parte la
llevaron las familias pobres o de clase media, que muchas veces se han ubicado
en terrenos de las Sierras Chicas o en la periferia de Córdoba no tanto por
elección sino por falta de recursos. “Conozco personas que están en zonas de
Sierras Chicas sumamente riesgosas porque han conseguido el terreno a un precio
accesible, pero son lugares donde tal vez no debiera haber población”, analiza.
En este sentido “aparece el concepto de desplazado ambiental, el tema es que al
no tener recursos y no haber políticas para esas personas, deben regresar a ese
sitio”.
La lectura de Giobellina agrega otra arista más a la
problemática de las últimas semanas y tiene que ver con la especulación
inmobiliaria, que por un lado desplaza de forma indirecta poblaciones a costa
del alto precio de la tierra, y por otro avanza sobre territorios frágiles no
tanto por necesidad habitacional sino más bien para brindar inmuebles de lujo,
incluso a veces deshabitados que sirven como mero bien especulativo. Para
ilustrar esto vale repasar un interesante artículo del grupo académico Llano en
Llamas (UNC y Universidad Católica), del año 2013, donde se apuntaba que “el
área destinada al uso urbano aumentó entre 1991 y 2001 un 320 por ciento por
encima del crecimiento poblacional”. Mientras que “el valor de los terrenos
dentro del anillo de la Circunvalación de la ciudad de Córdoba subió en
promedio -entre noviembre de 2007 y febrero de 2011- alrededor del 50 por
ciento” y en algunas zonas llegó al ciento por ciento. Un dato que no puede
soslayarse es que la
Sierras Chicas son parte del área metropolitana de la segunda
ciudad del país. De no regularse estos puntos, “el modelo de desarrollo de
Córdoba es insustentable por donde se lo mire”, concluye la arquitecta.
Cambiar
el rumbo
Como propuesta, Deón sostiene que “deberán acordarse y
establecerse los mecanismos necesarios, abiertos a la comunidad, para ordenar
estos territorios desde lo social y lo técnico”. “El agua es fuente de vida y
de poder, cuando está y cuando falta, pero la tierra que la sostiene es también
fuente de lucha y de poder; así, es la voluntad política, la que debe empoderar
a los gobernantes y vecinos para cambiar el rumbo del uso del suelo en estas
cuencas, en esta tierra y por esta agua”, dice en uno de los últimos pasajes de
su trabajo.
Entrevistado, Deón valora “el debate de los últimos
días en torno a qué es realmente desarrollo y crecimiento”. “El tema será quién
termina decidiendo en torno al ordenamiento territorial”, dice, y
automáticamente da la respuesta: “La comunidad debe dar la respuesta”.
*El autor ha colaborado con
Página/12, Revista Acción (IMFC), Revista Marcha, Noticias Aliadas y Latein
Amerika (Alemania), entre otras.
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