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7 de septiembre de 2012

II. Disputas por el territorio y por la vida encaminan hacia la convergencia de quienes se afirman sujetos colectivos de derechos y de autoorganización social


El nuevo Código Civil será "promotor de desalojos indígenas y condenas penales"

Por: AGENCIA WALSH


"Venimos a decirles a los congresistas que este proyecto de Código Civil es promotor de desalojos indígenas y promotor de condenas penales por usurpación", afirmó el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi) ante la Comisión Bicameral del Congreso Nacional, en la audiencia pública de ayer en Buenos Aires. La organización de derechos humanos coincidió con los pueblos indígenas (que ya habían expuesto) al remarcar la "evidente inconstitucionalidad" del texto propuesto por el Poder Ejecutivo. El Odhpi instó a los legisladores a que "no propaguen el genocidio legalizando el despojo de los pueblos indígenas".


"La situación actual al interior de las provincias es que la discusión sobre la propiedad comunitaria indígena se da en el ámbito judicial y no en otros ámbitos. Esa es la única respuesta que tiene el Estado para abordar un tema tan sensible como lo es la situación territorial indígena. Ese es el escenario que se ofrece, un escenario donde terratenientes y empresarios se mueven como pez en el agua, y los indígenas apenas si logran, en el mejor de los casos, recurrir a defensores voluntarios. Allí es donde nos encontramos con jueces racistas que se resisten a comprender o se oponen ideológicamente a respetar y considerar al Pueblo Mapuche como colectivamente diferente, a respetar la diversidad que está declarada en la Constitución y a receptar las consecuencias jurídicas concretas que tiene el reconocimiento de pueblos preexistentes", alertó Micaela Gomiz, abogada y secretaria ejecutiva del Odhpi.

"Esos jueces de provincia que comparten el origen social de los impulsores de los juicios, que están impregnados de prejuicios personales y raciales, y que son adictos a la aplicación de normas del derecho común, ahora van a tener en ‘su" Código Civil normas que se dicen reguladoras de la propiedad indígena, pero que ayudarán a seguir equiparando a la posesión indígena con la posesión civil", advirtió Gomiz.

El Odhpi recordó que la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la OIT (de carácter supralegal) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos establecen dos cuestiones centrales para reconocer la propiedad comunitaria indígena: que la posesión indígena implica propiedad (haya reconocimiento explícito estatal o no) y que esa posesión indígena es sustancialmente diferente a la posesión del código civil.

"Ninguna de estos dos aspectos están incluidos en la regulación propuesta. Y no sólo no están incluidos, sino que están siendo negados. La negación de estos aspectos significarán directamente la expulsión de los territorios y la negación de derechos territoriales indígenas, o sea lo contrario a lo que muchos creen que este proyecto viene a hacer. Aunque en unos años logremos la inconstitucionalidad de esos artículos, lo cierto es que mientras tanto las consecuencias las van a sufrir las comunidades", denunció.

La abogada especializada en derecho indígena afirmó que el nuevo Código Civil beneficiará a los terratenientes que avanzan sobre territorios indígenas. "Los jueces penales condenarán a los miembros de las comunidades porque estarán ‘usurpando' tierras que el Estado tituló a nombre de otro. Porque pese a que la Corte Interamericana ya ha dicho que la posesión indígena implica propiedad, los jueces van a recurrir a un Código Civil que sí habla de propiedad comunitaria indígena pero que la subordina a las reglas típicas del derecho de propiedad clásico", lamentó la abogada del Odhpi.

El Odhpi recordó que la "falta de titulación" de los territorios indígenas es la gran génesis de la mayoría de las violaciones de derechos de las comunidades, y es el origen de los juicios que enfrentan las comunidades. A modo de ejemplo, en Neuquén existen 57 comunidades mapuche y sólo cinco tienen su territorio titulado en su totalidad. Ni una sola tiene el relevamiento territorial hecho (a pesar de que la Ley 26160, que insta a relevarlas, fue sancionada en 2006) y 16 comunidades tienen juicios relacionados con sus tierras. "¿Qué se soluciona con este texto propuesto de Código Civil para estas comunidades en lo concreto para cada uno de esos juicios? No sólo no hay procedimiento establecido en este proyecto para obtener ese título sino que se desconoce las actuales propiedades al negar la posesión indígena", aclaró Gomiz.

En línea con el pedido de la mayoría de los pueblos indígenas del país, el Odhpi solicitó a los congresistas que retiren de la reforma los artículos referidos a los pueblos indígenas. "No propaguen el genocidio legalizando el despojo que han sufrido los pueblos indígenas. Si la voluntad es legislar sobre estos derechos, los mismos indígenas están dispuestos a participar en ese proceso y el Estado está obligado a garantizarlo", reclamó el Odhpi.


Fuente: http://www.argenpress.info/2012/09/el-nuevo-codigo-civil-sera-promotor-de.html

I. Disputas por el territorio y por la vida encaminan hacia la convergencia de quienes se afirman sujetos colectivos de derechos y de autoorganización social


La Agencia de Noticias Red Acción difunde el siguiente comunicado de prensa:
MARCHA POR LA VIDA
Desde hace un tiempo en Florencio Varela, las organizaciones sociales que día a día caminamos y trabajamos en el partido, venimos sufriendo ataques de bandas delictivas con amparo policial y político que intentan apoderarse del territorio donde desarrollamos nuestra actividad.
Coincidentemente con nuestro accionar, se inician o se reactivan causas judiciales contra compañeros y compañeras, así como el espionaje a las organizaciones sociales por parte de fuerzas policiales.
Por todo esto, decimos basta y el viernes 7/9 a las 10 de la mañana marcharemos desde el playón de la estación a la fiscalía de Florencio Varela, a la comisaría primera y luego al municipio.
Marchamos para repudiar:
· La violenta agresión sufrida en Pico de Oro a una familia de militantes sociales integrantes del Movimiento de Colectivos Maximiliano Kosteki, por parte de una banda de narcotraficantes con amparo de la comisaría primera. Posteriormente, son allanadas por la policía las casas de los testigos.
· La detención ilegal durante 16 hs. de Cristina Rodríguez, militante del FTC, miembro del jardín comunitario y de la capilla Nuestra señora de América del barrio Luján, por parte de la comisaría segunda. Al día siguiente, su hijo es atropellado por un patrullero de la misma comisaría.
· La detención de tres jóvenes integrantes del Movimiento Teresa Rodríguez, los cuales fueron golpeados en la dependencia de la comisaría primera.
· Las amenazas de bandas armadas de Villa Olimpo a miembros del Centro Angelelli y la Parroquia San Jorge en una asamblea de delegados del asentamiento Luján, quienes contaban con el amparo de la comisaría segunda.
· La citación a declarar a Ana María delegada del barrio Los Caracolitos por una causa del año 2008, donde los vecinos habían cortado la ruta 2 debido a la inundación del barrio por obras viales.
· La acción del gobierno municipal y la comisaría tercera en la que es detenida y golpeada Laura Lenzi, miembro del MIJD, durante una inspección en la estación de servicio perteneciente a esa organización.
· La detención en comisaría primera de los estudiantes de la SB 318, entre ellos el presidente del centro de estudiantes, con el argumento de ser “el organizador de la marcha”.
· El robo al depósito de Barrios de Pie ubicado en La Sirena (jurisdicción de la comisaría segunda).
· El allanamiento ilegal al centro comunitario “Mirada al Cielo” del barrio 2 de Febrero, perteneciente a la red del Centro Angelelli, por parte de la comisaría primera.
· El intento de incendiar la camioneta perteneciente a los curas de la Parroquia San Jorge.
Por ello exigimos:
· La destitución inmediata de las cúpulas policiales de las comisarías primera y segunda de Florencio Varela, así como la de la subsecretaria de seguridad Laura Vivas.
· El cese del amparo del gobierno municipal y la policía local a las bandas vinculadas al narcotráfico
· El cese de la complicidad de las fiscalías locales con las bandas delictivas y la persecución y criminalización a los movimientos sociales que luchan contra ellas.
· Inicio del juicio político a los fiscales responsables de las causas
· Crear una mesa de seguridad democrática con participación de los movimientos sociales, organismos nacionales y provinciales de derechos humanos para ejercer el control de la actividad policial y su financiamiento.
Convocan y adhieren:
Movimiento de Colectivos Maximiliano Kosteki- Delegados de las tomas de Luján y Villa Argentina- Espacio de Tierras para Todos y Todas- Centro de Participación Popular Monseñor Enrique Angelelli- Servicio de Justicia y Paz del Obispado de Quilmes- Comisión de Homenaje Permanente a Madres de Plaza de Mayo Quilmes- Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Florencio Varela- Parroquia San Jorge- Hermanas de la Esperanza de Pico de Oro- Casona de Flores- FTC M29- Barrios de Pie- Movimiento Teresa Rodríguez (MTR)- Asociación María de los Desamparados (AMD)- Asociación de Trabajadores Varelenses (ATV)- Frente Popular Darío Santillán (FPDS)- Corriente Clasista y Combativa (CCC)- SUTEBA Quilmes- SUTEBA Berazategui- Lista Marrón SUTEBA Florencio Varela- Alternativa Docente- Partido Obrero (PO)- Frente Amplio Progresista (FAP)- Generación para un Encuentro Nacional (GEN)- Partido Socialista (PS)- Partido del Trabajo y del Pueblo (PTP)- Partido Comunista Revolucionario (PCR)- Movimiento Socialista de los Trabajadores Sur(MST).
Area de Comunicación
Centro de Participacion Mons. Enrique Angelelli
Tel. 4255-8086 - Fcio Varela Fuente: http://www.anred.org/spip.php?breve7794

18 de agosto de 2012

La lectura de la paralización del subte en clave de "Macri-Cristina Kirchner" confiere impunidad a Roggio


Al vaciamiento de Roggio lo silencian sus amigos

Por Jorge Duarte. 
El Grupo Roggio es un impactante grupo empresario de la construcción, el transporte, la ingeniería ambiental, el juego y más rubros, que creció a costa de beneficios gubernamentales. Ha cimentado su imperio en base a la obtención sistemática de licitaciones que le otorgaron la concesión de servicios públicos y la construcción de obra pública de gran magnitud.

Íntima relación con los principales personajes políticos de la Argentina, millonarios subsidios y asignaciones presupuestarias, hicieron de Roggio el imperio que gestiona subtes, trenes (FF.CC. Urquiza, San Martín, Roca, Belgrano Sur, Belgrano Cargas y tranvía de Puerto Madero), concesiones viales (Coviares Au Buenos Aires-La Plata, Covisur Au Buenos Aires-Mar del Plata, Puentes del Litoral Rosario-Victoria y Tapé Porá en Paraguay), obra pública (extensión de las líneas B, E y H de subterráneo, entre otras obras), hoteles, juego y mucho más. Repasemos el entramado de este imperio.
Roggio y el Gobierno Nacional
La relación entre el Grupo Roggio y el Estado nacional no pasa por malos momentos, todo lo contrario. Desde el año 2003 a la fecha, el Estado nacional ha firmado contratos con el Grupo Roggio por unos 8 mil millones de pesos. Esta cifra fue expuesta esta semana por el propio ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio De Vido, en conferencia de prensa. Encontramos que en tiempos kirchneristas Roggio recibió casi $900 millones al año en concepto de contratos con el Estado nacional. Esta cifra da muestra de la fructífera relación que el grupo empresario consolidó en los últimos años con el ejecutivo nacional. Como ejemplos de este maridaje, podemos mencionar que Roggio ha sido beneficiado con obras de ampliación de la red de subterráneos, con distintas concesiones y obras públicas desde 2003 a la fecha.
A pesar del obvio deterioro de los ramales de ferrocarriles gestionados por el Grupo Roggio y de las constantes denuncias por desvíos de fondos provenientes de subsidios pagados por el Estado nacional, la relación parece no haber tenido grietas. Tanto es así que hace unos meses el Grupo Roggio fue beneficiado con la cesión de la ex TBA, luego de que le quitaran la concesión a Cirigliano post tragedia de Once. De este modo, la ex TBA junto con sus subsidios fueron un nuevo premio para Roggio y ampliaron aún más sus potencialidades de jugar con los fondos destinados al sistema ferroviario nacional.
Roggio y los Macri
La relación entre Roggio y los Macri no es nueva, tiene muchos años de solidez. Ambos son empresarios subsidiarios del Estado nacional que crecieron de la mano de los distintos gobiernos locales y nacionales. Además consolidaron diversas sociedades que lograron beneficios para ambos. En la actualidad Roggio y Macri son socios, por ejemplo, en el manejo del Ferrocarril Belgrano Cargas (emprendimiento en el que también están asociados con la Unión Ferroviaria de Pedraza).
Franco Macri y Roggio han compartido en el pasado cercano la construcción de la Autopista Rosario-Córdoba. También compartieron el pliego de licitación que ganó la construcción de los subterráneos cordobeses en conjunto con la empresa china Railways Internacional. Además, a través de la empresa Cliba, Roggio brinda servicios de recolección de residuos en la CABA macrista y servicios de limpieza urbana del micro-centro porteño y Puerto Madero. Estos negocios le representan al Grupo unos ingresos de $500 millones anuales.
Es tan obvia la relación de los Macri con el grupo concesionario de los subterráneos porteños, que la primera medida de Mauricio al recibir el control del servicio, en enero de este año, fue otorgarle un aumento del 127% del boleto que pagan los usuarios del subte. Como si esto fuera poco, el lobby empresarial de Macri ahora lo llevó a pedir un nuevo incremento de boleto que beneficie a Roggio y lleve las tarifas a $5,50 por viaje.

Operativo “invisibilización de responsabilidades”
Los amigos y los negocios de Roggio permiten empezar a encontrar el por qué de la invisibilización de la responsabilidad empresarial en el conflicto gremial que tuvo el subte paralizado por 10 días, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La responsabilidad de Metrovías, que a pesar de haber repartido dividendos por $67 millones en 2011 dice estar quebrada, fue silenciada por el gobierno porteño y el gobierno nacional, que se pasaban la pelota entre ellos y señalaban constantemente a los trabajadores.
Con los trabajadores bajo la lupa de la justicia y de los gobiernos, resta empezar a correr el velo que cubre a Roggio y sus maniobras contables. Como ejemplo alcanza con mencionar que Metrovías ha contratado a Benito Roggio Transporte para que le brinde asesoramiento. A cambio del servicio Roggio (Metrovìas) le paga a Roggio (Benito Roggio Transporte) el 2,6% de ingresos por venta de pasajes. Con maniobras similares, según un informe de Hernán González Badián y el legislador Rafael Gentili, Roggio llega a fugar el 27% del total de subsidios de Metrovías a otras empresas del grupo. Todas estas estafas en la concesión han sido silenciadas a medida que el servicio desmejoraba. El vaciamiento es evidente y notorio.
Los trabajadores siguen pidiendo que se abran los libros contables de la empresa y se revisen las maniobras de desvío de fondos. Mientras tanto, se estima que entre 2001 y 2011 Metrovías “erogó en concepto de pago a proveedores pertenecientes al mismo Grupo Roggio $381.430.795”. Gracias a sus “amigos”, Roggio ha conseguido invisibilizar el saqueo de recursos y el vaciamiento parasitario de Metrovías.
La solución para el conflicto de los subterráneos está lejos de Roggio, y seguramente, lejos de las intenciones de los “amigos de Roggio”, que le permitieron crecer a costa del desmantelamiento del sistema ferroviario y manejar a su antojo cientos de millones destinados a subsidios al transporte.

10 de agosto de 2012

II. Razones para apoyar las resistencias al modelo extractivo y propuesta de CAOI de otro paradigma civilizatorio



Latinoamérica: CAOI propone la construcción de nuevo paradigma civilizatorio en III Congreso
Servindi, 1 de agosto, 2012.- Avanzar hacia la construcción de un nuevo paradigma civilizatorio sustentado en el buen vivir fue una de las resoluciones del Tercer Congreso de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) celebrado del 15 al 17 de julio.
El congreso que se celebró en la ciudad de Bogotá, en Colombia, y en el municipio de Chinauta, en Cundinamarca, también resolvió la renovación de su Junta Directiva, presidida desde el 2006 por Miguel Palacín Quispe, de Perú.
Participaron más de doscientos delegados de las organizaciones indígenas andinas de los cuatro países que integran la CAOI: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.
Además de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI), el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu de Bolivia (CONAMAQ) y la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI) asisten aliados e invitados de otras instituciones.
A continuación, la declaración:


Declaración III Congreso CAOI

Por la construcción de un nuevo paradigma civilizatorio. Los delegados y delegadas de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI) y Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI), asistentes al III Congreso Ordinario de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), reafirmando nuestra identidad como hijos de la Madre Tierra, frente al extractivismo neoliberal, la criminalización y la militarización, en defensa de la vida, en ejercicio de nuestra libre determinación y por la construcción de un nuevo paradigma civilizatorio sustentado en el Buen Vivir.
CONSIDERANDO:
Que durante quinientos años los pueblos indígenas del Abya Yala fuimos reprimidos, invisibilizados, excluidos, por políticas de exterminio o de asimilación implementadas la Colonia y luego por los Estados uninacionales y monoculturales creados sin nosotros y contra nosotros. Pero hoy nos visibilizamos, pasamos de la resistencia a la propuesta, nos articulamos, somos actores políticos y ya nada puede hacerse sin tomarnos en cuenta.
Que en la Región Andina y todo el continente, los Estados, sean abiertamente neoliberales, “alternativos” o “progresistas”, persisten en la aplicación de un modelo neoliberal extractivista, que vulnera los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, saquea los bienes naturales y depreda la Madre Tierra, renunciando a la soberanía nacional a través de políticas de promoción de inversiones, tratados de libre comercio, megaproyectos e intervenciones militares directas (bases militares) e indirectas (asesores extranjeros), vulnerando los derechos humanos y colectivos.

3 de agosto de 2012

I. Razones para apoyar las resistencias al modelo extractivo y elaborar colectivamente proyectos de otro desarrollo


Crisis económica y ofensiva extractivista

Por José Seoane y Clara Algranati. 

América Latina sostuvo su crecimiento hasta el 2011, y eso alimentó ilusiones de blindaje regional ante la crisis global. Pero el panorama es mucho menos tranquilizador. La crisis se expresa hoy en la región como ofensiva extractivista.

Una de las formas en las que se expresa la crisis global en América Latina y el Caribe es bajo la promoción de un nuevo ciclo de mercantilización, apropiación y control de una serie de bienes por parte del gran capital, en especial los que llamamos bienes comunes de la naturaleza. Hemos bautizado a este proceso con el nombre de ofensiva extractivista. No tenemos todavía efectiva conciencia de su magnitud y de las fuerzas que la empujan.

Una evidencia de ello fue la evolución de la Inversión Extranjera Directa (IED) en la región entre 2008 y 2011, que llegó a volúmenes récords; entre 70 y 130% más que el promedio ingresado entre 2000 y 2005, según detalla el trabajo “La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe”, editado este año por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
En 2011 este incremento fue del 31% respecto al año anterior, aumentando la participación regional sobre el total mundial, hasta alcanzar el 10%. Esta IED se orientó mayoritariamente a América del Sur, especialmente a las actividades vinculadas con la explotación de los bienes de la naturaleza. En este proceso se destacan las inversiones en la megaminería, que representaron en 2011 un monto histórico de 140 mil millones de dólares, un 40% más que en 2010 y un 250% superior que en 2003 (Ver "Record en inversión minera").

Una ofensiva del gran capital sobre los bienes naturales que no excluye ciertamente a los territorios de otras regiones del llamado Tercer Mundo. El Banco Mundial, uno de los promotores del proceso global de mercantilización de la tierra, reconoce que entre 2008 y 2009 fueron arrendadas o vendidas 56 millones de hectáreas, especialmente en África y América Latina, resultado de inversiones provenientes en gran parte de los fondos de inversión trasnacionales. A su vez, la frontera agrícola, particularmente bajo el motor de la soja transgénica, no ha dejado de expandirse en los últimos años a nivel regional, consolidando en América del Sur un territorio de soberanía corporativa que ha recibido el nombre de “República de la Soja”.

Finalmente, esta ofensiva se expresa también en el terreno global de la crisis climática; por ejemplo, bajo la llamada “economía verde” impulsada en la pasada Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable (“Río+20”). Una iniciativa que no sólo promueve la ampliación de los “mercados de carbono” y la producción y uso de los agrocombustibles, sino también la utilización del agronegocio basado en las tecnologías de manipulación genética. El empresario sojero argentino Gustavo Grobocopatel, en un artículo publicado por el diario La Nación el 2 de mayo de 2011, afirmaba: “cada vez más las plantas se utilizan como biorreactores… [Que]…no sólo producen alimentos… sino variadas formas de energía, enzimas industriales, plásticos o medicinas… [Y se convierten] en pequeñas plantas industriales”. Así, bajo la excusa de “energías limpias y renovables” para resolver el cambio climático, se intenta justificar un nuevo proceso de mercantilización de la naturaleza. 
En estos diferentes terrenos, los pueblos de América Latina han afrontado y combatido en los últimos años y de diferentes maneras los intentos de profundizar el saqueo, la contaminación y la dependencia.

Megacorporaciones y gobiernos
Una de las fuerzas que motoriza esta ofensiva es la del capital trasnacional, representado por unas pocas decenas de megacorporaciones. Pero, junto a éste, de manera asociada o competitiva, aparece también el capital local-nacional tanto bajo la forma de grandes grupos económicos (la Vale, Los Grobo, etc.) que tienen una proyección regional e internacional, como de empresarios menores muchas veces encargados de la realización de las formas más violentas e ilegales de esta acumulación.
Pero esta ofensiva extractivista se instaló también en la agenda de los gobiernos de la región que, incluso más allá de sus diferencias político ideológicas, parecen inclinarse por profundizar este modelo, justificado como una respuesta ante la incertidumbre económica global. En este terreno se cuentan los recientes acuerdos de instalación de las primeras megamineras a cielo abierto en Ecuador y Uruguay, los procesos de contrarreforma agraria y mercantilización de los territorios amazónicos en Perú en 2008, y en la ley de regularización de la apropiación privada ilegal de la Amazonia aprobada también en 2008 en Brasil, bajo el gobierno de Lula. También los proyectos de “reforma energética” y privatización de la petrolera mexicana PEMEX o las intenciones de privatizar la empresa estatal de cobre CODELCO en Chile, y las políticas de promoción del agronegocio y los agrocombustibles en el Cono Sur. Avanzan en el mismo sentido la habilitación de grandes proyectos mineros por gobiernos recientemente electos con un discurso de regulación de la megaminería, como Ollanta Humala en Perú, Beder Herrera en la provincia argentina de La Rioja y el gobierno nacional del mismo país frente al proyecto minero en Famatina. También se suma la profundización y la expansión de la explotación hidrocarburífera, ahora incluyendo los llamados petróleo y gas no convencionales. Son parte de la misma agenda la promoción de la minería transnacional en Colombia y Centroamérica, y el nuevo impulso de los proyectos hidroeléctricos y forestales en el sur chileno.
Por último, la promoción de esta ofensiva extractivista se expresa también en el terreno de la geopolítica regional. Ejemplo de ello es el golpe de Estado parlamentario en Paraguay, prohijado por los sectores latifundistas, del agronegocio y la megaminería. Muestra de su rostro autoritario -presente también en la represión y violencia ejercida ante el conflicto social- y de la iniciativa estadounidense en el control de los bienes naturales signada, a partir de 2009, por el redespliegue militar y los intentos de desestabilización con el golpe en Honduras como una de sus primeras manifestaciones. Menos conocida es tal vez la continuidad de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA). En 2011, entre las iniciativas que presentó la UNASUR para responder a la crisis se incluyó la realización de 31 obras de infraestructura promovidas por el Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN) que forman parte de la cartera del IIRSA, integrado al COSIPLAN en 2009. De esta manera, la prioridad otorgada a estas obras para facilitar el comercio exterior de commodities es otra expresión de la hegemonía ganada por el modelo extractivo exportador.

¿Ante un nuevo ciclo regional de luchas?
Frente a esta ofensiva, una ola de protestas y resistencias sociales emergió y está desarrollándose en el continente. Allí se cuentan un sinnúmero de las principales luchas y movilizaciones de los últimos años que ponen en cuestionamiento al modelo extractivo exportador. A pesar de la fragmentación y aislamiento al que quiere condenárselas, en múltiples casos lograron detener los emprendimientos o morigerar los efectos más regresivos de las políticas públicas.  
La combinación de estos procesos con el impacto de la desaceleración económica y los ajustes del gasto fiscal, sugiere que estamos frente a la posibilidad de un nuevo ciclo regional de luchas. Ciclo que parte de los cambios y los logros pero también de los límites y frustraciones de lo acontecido en América Latina en la última década. Y donde la construcción colectiva de alternativas populares frente a la crisis plantea también el desafío de elaborar un proyecto alternativo de “otro desarrollo”.

8 de julio de 2012

IV. Afianzamiento de la correlación de fuerzas contra la democracia o autodeterminación de los pueblos mediante la constante ramificación de negocios oligopólicos que avasallan a los pueblos y dejan tierra arrasada

Desafíos ante la nueva frontera

¿QUÉ HAY DETRÁS DE SU RECUPERACIÓN?
 Por OPSur.- Cuando las asambleas socio-ambientales cuestionan la mega-minería metalífera y afirman: “el agua vale más que el oro”, logran la adhesión de amplios sectores de la población, incluso de abrumadoras mayorías, en algunas regiones. El agua es tan necesaria para la vida como el aire que respiramos; la ecuación es sencilla: sin agua no hay vida. En cambio, podemos prescindir del oro. Pero si afirmamos: “el agua vale más que los hidrocarburos”, esa certeza entra en crisis, se establece una paridad entre ambos, aunque biológicamente podemos vivir sin consumir los derivados de los hidrocarburos. Es decir, lo que entra en juego no es la vida misma sino un modelo de vida: la Era Petrolera, que comenzó hace poco más de 150 años, es un ínfimo fragmento de la historia de la Humanidad.


 

La respuesta más común a esa consigna es: “vos usas tu auto y yo también”, cerrando el paso a pensar cualquier alternativa, trasladando todo el peso de la existencia de esta matriz energética al consumidor individual y no a decisiones políticas. Aceptando, por ende, la creación de zonas de sacrificiocomo un hecho irreversible. (Zonas de sacrificio que son territorios que albergan pueblos, culturas, ecosistemas: diferentes formas de vida.) Se evita la reflexión sobre quiénes habitan esas zonas de sacrificio y qué derechos tienen; por acción u omisión se valida la existencia de ciudadanos de segunda.

Desde el momento que se aceptan las zonas de sacrificio, se recrea el “desierto”: todo lo existente en ese lugar virtualmente desaparece, se crean una nueva geografía y un nuevo sentido del territorio con un único objetivo:extraer la energía almacenada en las entrañas de la Tierra.
Sin duda la dependencia de la sociedad actual respecto de los hidrocarburos es muy fuerte y no sólo en términos energéticos -que en Argentina representan la base de nuestra matriz-, ya que sus derivados están también presentes en el día a día: desde la ropa, el calzado y los recipientes plásticos a una amplia gama de productos que los requieren como insumo.Nuestro vínculo -dependencia- con los hidrocarburos no tiene punto de comparación con la relación que mantenemos con el oro -cuyo valor responde a una convención social más que a una aplicación material.

El punto no es dejar mañana de extraer hidrocarburos y de consumir sus derivados -ya que sencillamente es imposible-, sino empezar de una vez la transición hacia otras fuentes en lugar de profundizar la matriz existente, con sus costos socio-ambientales, sus zonas de sacrificio; y buscar otras alternativas para el desarrollo regional.

Hace años que se debate en ámbitos internacionales si hemos alcanzado o no el pico del petróleo, el Peak Oil,  el fin del petróleo barato. Haber llegado a él significa que en adelante extraer hidrocarburos demandará mayores inversiones, por lo que su precio aumentará y se trasladará a toda la cadena de producción y consumo; además del incremento de los riesgos ambientales, ya que se avanza en yacimientos ubicados en aguas profundas o en ecosistemas continentales muy delicados, fuentes de biodiversidad. (En el marco del concepto de desarrollo vigente, basado en la acumulación, la muletilla de la existencia de avances tecnológicos que disminuyen esos riesgos, los controles estatales y el compromiso ambiental de las empresas, se desvanecen ante catástrofes como el hundimiento de la plataforma de British Petroleum en el Golfo de México.)

4 de julio de 2012

III.Afianzamiento de la correlación de fuerzas contra la democracia o autodeterminación de los pueblos mediante la seguridad jurídica o intervención de gobiernos-estados que implica criminalización de la protesta social y Ley Antiterrorista


PRONUNCIAMIENTO SOBRE 
EL CONFLICTO DE CAJAMARCA DESDE EL SUR
Se sigue dividiendo al país. Por la defensa de la vida: alto a la violencia en CAJAMARCA 
Frente a los hechos de violencia suscitados el día de hoy, 03 de julio del  2012, en la provincia  hermana  de Celendín, Cajamarca, que dejó como  saldo la lamentable  pérdida de vidas humanas  y una gran cantidad de  heridos tanto de la población civil como de la policía; las organizaciones  sociales e instituciones  de Cusco y  Apurimac  abajo firmantes y las  organizaciones nacionales también presentes, FEMUCARINAP y CONACAMI, expresamos: 
1. Como es   de  conocimiento público desde hace seis meses  aproximadamente, la región Cajamarca ha venido desarrollando de  manera organizada y pacífica  una protesta por la defensa del  derecho al agua, frente a la amenaza que representa el Proyecto  minero Conga  el que  consideran pretende imponerse, a cualquier  costo,  desconociendo la voluntad y los acuerdos de las  organizaciones y autoridades de esta región. 
2. Estos hechos lamentables y dramáticos que enlutan a familias  peruanas y al país, nos recuerdan sucesos y tiempos que creíamos  superados, en donde proyectos de Empresas Transnacionales se  imponen sobre la vida humana, como la tragedia de Bagua, el  reciente conflicto de Espinar, entre otros.  
3. Creemos que ningún proyecto de desarrollo, por más  beneficioso  que parezca, puede llevarse a cabo en contra de la voluntad de los  pueblos. Este no es problema sólo de políticos y grandes empresas.  Es un problema que atañe a todas las peruanas y peruanos. 
4. Lamentamos que esto se presente en un Estado democrático y de  derecho y nos solidarizamos con las familias afectadas, con los  pueblos agraviados y con la región Cajamarca. 
5. Denunciamos que esta forma de intervención del Estado, se esta  convirtiendo en una práctica recurrente para encarar los conflictos socio-ambientales que implica la violación de los derechos  fundamentales. 
6. Alertamos que  la declaratoria de estado de emergencia y de un  conjunto de medidas, tales como, el incremento de efectivos  policiales y militares en la zona, podría agudizar el conflicto  dificultando una solución constructiva, dialogada y evitar la pérdida de más vidas humanas. 
7. Exigimos el cese inmediato de la violencia, la generación de  condiciones para el establecimiento de un proceso real de diálogo y el cese de la persecución a líderes y dirigentes sociales. Así como  una exhaustiva investigación que determine las responsabilidades y  sanciones correspondientes sobre los hechos de violencia en  Celendín. 
8. Llamamos a todos los peruanos y peruanas a reafirmar la defensa  de la vida como principio fundamental, a las organizaciones sociales  e instituciones que trabajan por el bienestar del país y a la  comunidad internacional a desarrollar acciones que frenen esta  lamentable tendencia a la  vulneración de derechos y actuar todos a  favor de la paz, diálogo, justicia social y defensa de la vida. ¡Ni un muerto más! 

Confederación Nacional de Comunidades del Perú afectadas por la   Minería  (CONACAMI) Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas,  Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (FEMUCARINAP) Centro Andino de Estudios Regionales Bartolomé de las Casas  Cusco (CBC) Asociación Arariwa Red de Municipalidades Rurales del Cusco (REMUR Cusco) Centro Andino de Educación y Promoción José María Arguedas  (CADEP JMA)Red Muqui Sur CEPRODER Apurímac Asociación Tarpurisunchis Centro para el Desarrollo Humano CDH Apurímac CooperAción CODECC (Coordinadora Departamental de Defensorías  Comunitarias de Cusco) Federación de Mujeres de la Región de Apurímac (FEMURA) Federación de Regidoras de la Región de Apurímac (ARERA) Programa de Democracia y Transformación Global (PDTG) 

Por favor responder a Jaime Borda: jaime_borda@yahoo.es
Jaime Cesar Borda Pari
Vicaria de Solidaridad - Sicuani
Telf. 084 - 351356 - oficina
Cel. 953975035
RPM: #953975035