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16 de abril de 2018

I. Progresismo vs. "plurinacionalizar el territorio del Estado moderno; dar cabida a la gestión del territorio sobre diversas formas de ver y reproducir la vida".


Integración, descolonización y
extractivismo minero
29 de marzo de 2018

Por Cristian Abad Restrepo
La democracia implica respetar los espacios de reproducción, lo que a su vez implica plurinacionalizar el territorio del Estado moderno; dar cabida a la gestión del territorio sobre diversas formas de ver y reproducir la vida.
Existe una revuelta de la naturaleza desde los pueblos del continente americano, dado el agotamiento de la reproducción de la vida que, como respuesta, abren sus mundos para reencantar el pensamiento desde-hacia otros horizontes de afectividades,para encontrar sentidos de vida ante la duda de la existencia porque la modernidad ya no ofrece futuro.

Esto quiere decir que desde los pueblos hay fisuras político-epistémicas que están situando las alternativas de vida, modos diversos de estar en el mundo, basadas en las relaciones comunales para recrear los sueños y posibilidades de un futuro abierto no prediseñado por el Estado moderno, cuyo modelo de más desarrollo, más progreso y más extractivismo minero nos quieren implantar a como dé lugar. Dice Zibechi que ‘ese mundo nuevo existe, ya no es un proyecto ni un programa sino múltiples realidades, incipientes y frágiles. Defenderlo, para permitir que crezca y se expanda, es una de las tareas más importantes durante las próximas décadas’ (Zibechi, 2003) en el siglo XXI. Dicho de otra forma, las múltiples realidades son aquellas que provienen de los pueblos racializados (indígenas, afrodescendientes y campesinos) que con sus dinámicas propias de sus lugares están reproduciendo otras formas de pensar y de sociabilizar. La democracia que requerimos en Panamá, México, Colombia, Argentina, Ecuador, Brasil, Honduras, en definitiva, en todos los países, implica respetar los espacios de reproducción, lo que a su vez implica plurinacionalizar el territorio del Estado moderno, es decir, darle cabida a la gestión del territorio sobre diversas formas de ver y reproducir la vida, lo que desencadenaría en una gestión pluriversal del territorio.

Resistencias y descolonización
Las resistencias contra la minería moderna nos abren esas posibilidades de descolonizar tanto el futuro como el espacio-tiempo presente regido por la modernidad. Es decir, un futuro abierto a los múltiples espacios-tiempos de los pueblos existentes que fueron encubiertos (Dussel, 1996), y que hoy pugnan, no sólo por su reconocimiento institucional, sino por la creación de mundos sin necesidad de recurrir al Estado y al mercado capitalista, cuya creación se basa en la autodeterminación y autonomía territorial.
Las resistencias que vemos en los últimos tiempos, no son resistencias propias de los actuales momentos, sino una manifestación de los pueblos silenciados por siglos, que cobran una importancia en la actualidad porque ya es imposible seguir encubriendo el entrampe de la modernidad (Bautista, 2015), que ha llevado todo a la muerte. Por eso, las resistencias por mantener la vida son luchas contra-modernas, de allí la importancia de valorar el legado milenario de saberes que nos han permitido ir más allá que la modernidad (Bautista, 2015).
Las actuales resistencias contra-extractivas además de ser expresiones contra la acumulación de hechos, de opresión, de aniquilamiento cultural, de racismo, de la humillación histórica, de la pérdida constante de la vida, en un contexto histórico de neocolonialismo minero, son también manifestaciones de la recreación de los paisajes de pensamiento como nunca antes visto y sentido en la historia latinoamericana. La valoración de formas de trabajo enfocadas en el alimento, en la gestión de cuidado de las montañas, del agua y el amor por el río, son ahora prácticas ‘críticas a la modernidad’ (Abdiel, 2018) que podemos hacer, porque la modernidad privilegió trabajos monstruosos basados en disparar bombas y balas, producir pobreza y acumular riqueza, estallar montañas y contaminar la tierra, expropiar la cultura de los cuerpos y territorios mediante la violencia.
Las resistencias son manifestaciones de la r-existencia [Por06], de aquel residuo que ha quedado después de siglos de destrucción constante de mundos y de saberes. Ese residuo se convierte hoy en la semilla que empieza a expandirse con potencia desde la solidaridad de los pueblos y de articulación de posicionalidades sobre la vida que guardan un objetivo presente común: reproducir la vida-cultura-naturaleza, en definitiva, el territorio.

Radicalidad de las múltiples alternativas
Los conflictos ambientales que resultan del extractivismo minero tienen entonces una solución, una única salida, la vida del territorio o la muerte del mismo. No hay puntos medios, ni negociación posible porque como indica Machado (2015) ‘allí donde se radica la mina, estalla el conflicto como conflictividad estructural de larga duración’.
La radicalidad no debe de entenderse como simple fundamentalismo ecológico, como lo piensan los extractivistas y funcionarios del Estado, es que no hay otra forma u otro modo posible sino descolonizar la naturaleza, lo que implica radicalizar las múltiples alternativas existentes al extractivismo minero. La negociación nos condena de antemano a la pauperización y creciente racismo (inferiorización) de nuestros pueblos. De allí, que las resistencias hayan comprendido que con el extractivismo minero no hay posibilidades de convivencia porque su razón y su lógica de ser es racializar al extremo a los pueblos, transferir/producir escasez, en definitiva, la ampliada destrucción de la vida. La descolonización de la madre naturaleza [Wal08] es ahora una visión desde el presente que asumieron/asumimos las resistencias contra el extractivismo minero, ya posible en el siglo XXI.

Las transiciones epistemológicas y políticas que requiere la humanidad están siendo construidas desde este continente para el mundo. Tomará años, como dice Dussel, para ver más nítidas esas transiciones, pero es un proceso no reversible de transición hacia otra cosa, hacia otra forma de vida. Esa es quizás la mayor característica que podamos asignar a las ‘sociedades en movimiento’ (Zibechi, 2017) en la actualidad, su capacidad de producir transiciones hacia otra vida posible en la diversidad. Arturo Escobar (2014) denomina este proceso como Pluriverso. Ya entendemos el porqué de la negación en las consultas populares-autonómicas contra la megaminería y la creciente hermandad de pueblos en diversos momentos en la historia reciente, donde convergen posicionalidades que se articulan en agendas y construcción de alternativas de liberación desde una geopolítica de otro modo. En definitiva, es una geopolítica que nos remite a la integración latinoamericana de los pueblos ‘desde’ abajo. Ganar más integración implica avanzar hacia la descolonización.

Más integración = más descolonización
Lo anterior supone la construcción de una integración latinoamericana desde abajo. Hemos visto en los últimos 20 años un sinnúmero de actores sociales y comunales contra el extractivismo minero en congresos, encuentros y creación de redes cuyo carácter ha sido integrista a favor de la causa de la liberación de Latinoamérica como el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero, la Red Colombiana Frente a la Gran Minería Transnacional, Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, Unión de Asambleas Ciudadanas en Argentina. Es decir, tales formas de organización en redes y congresos deben ser entendidos desde la integración de los pueblos en América sin las cuales no es posible avanzar hacia las múltiples descolonizaciones, precisamente porque la colonización implicó la fragmentación de los cuerpos de sus contextos y de los amplios territorios/territorialidades, al implantar fronteras modernas a favor de la gestión del extractivismo minero. 

Dicha integración desde abajo implica otra mirada desde la territorialidad de los pueblos que deciden/decidieron acabar con la continua soberanización de los minerales, es decir, radicalizar no solamente las alternativas de vida, sino fomentar más y de forma incluyente los diversos actores y perspectivas de/desde Latinoamérica. En ese sentido, tenemos que la integración de pueblos contra el extractivismo minero implica un avance en la descolonización que está siendo producida al radicalizar las alternativas a la modernidad desde las resistencias para liberar el presente y el futuro.
*periodistas@laestrella.com.pa
El autor es geógrafo.
25/03/2018

1 de marzo de 2018

La visión sobre el 24 de marzo de 2018



El balotaje fue insuficiente para despertarnos sobre cómo se degradó la democracia al ir legalizando-legitimando las expropiaciones de las transnacionales y sus socios locales.

Ahora la vemos y sufrimos pero la grieta o falso enfrentamiento nos hace creer en que es cuestión de cambiar de gobierno y no de que, como pueblo, dejemos de delegar en líderes y nos atrevamos a deliberar sobre cómo unirnos, organizarnos para adueñarnos del destino común.

Es hora de plantarnos para un Nunca Más al poder real.



Estamos a poco de otro aniversario del 24 de marzo de 1976 y domina el esfuerzo por la unidad con los K que, debido a la obediencia debida dentro de la militancia, es tolerar la impunidad de su lideresa y dirigentes e intelectuales que amplificaron sus capacidades hegemónicas. 

Discrepo, además, porque quedarnos en No a Macri es descontextualizarlo de la democracia desde 1984 (incluyendo a los gobiernos K) y descontextualizarlo del capitalismo global integrado. Es postergar el basta a estar subsumidos en una economía de sobreexplotación tanto de la naturaleza como de los trabajadores (formales, informales y desocupados) y de los otros sectores sociales. Cuando hay tantos sufrimientos  con origen en el extractivismo que continúa expandiéndose y significa mayor transnacionalización económica territorial a costa de profundizar la pobreza tanto de Argentina como de sus pueblos y generar  ecocidios-etnocidios y genocidios.      

Pienso que  el próximo 24 de marzo deberíamos deschavar el contubernio de capitales y estados imperialistas con los locales como los responsables de la dictadura militarizada y de la democracia cada vez más restringida. Es deschavar al poder real como genocida aplicando terrorismo paraestatal y  terrorismo de estado para instaurar su neoliberalismo. Es destapar cómo la democracia le sirvió no sólo legalizando-legitimando su acaparamiento de territorios, su saqueo y sus envenenamientos.  Sino también perfeccionando e intensificando la represión, el control sobre las poblaciones y la manipulación de la opinión pública para modelar consensos imprescindibles al clima de negocios o seguridad del contubernio de los poderes imperialistas con los locales.

Unirnos a los K es conciliar también con su lideresa y sus cúpulas que hicieron posible al gobierno de Mauricio Macri o mejor dicho promovieron la concentración y transnacionalización económico territorial. 

Es hora de romper con el círculo vicioso del poder y articular las resistencias comenzando por visibilizarlas el 24 de marzo e ir instalando espacios en común para apreciar, deliberar despertares, decisiones como el señalado en:

"Resulta inadmisible, impensable, injustificable creer que después de más de dos décadas de saqueo y contaminación de la empresa extractiva la Alumbrera, el pueblo de Andalgalá podría soportar un proyecto minero tres veces superior y así permitir la destrucción completa de ese lugar con la instalación de Agua Rica".



Andalgalá camina,
nunca más una mina
15 de febrero de 2018

Compartimos las reflexiones de una integrante de la Asamblea El Algarrobo, que da cuenta de los daños irreversibles que la megaminería provoca en nuestro medioambiente. Resaltar la lucha del pueblo de Andalgalá que lleva 8 años luchando y resistiendo el avance de un modelo extractivo que rapiña nuestros recursos. 

Por Silvina Reguera para ANRed
Resulta inadmisible, impensable, injustificable creer que después de más de dos décadas de saqueo y contaminación de la empresa extractiva la Alumbrera, el pueblo de Andalgalá podría soportar un proyecto minero tres veces superior y así permitir la destrucción completa de ese lugar con la instalación de Agua Rica.
El superlativo quizás suene exagerado, pero de algún modo hay que llamarlo. Los modelos de minería que se están practicando en Argentina, están llevando los métodos extractivos a niveles exponenciales, desconocidos desde veinte años a esta parte: Ecocidas.
Esa es la razón por la que han crecido también las resistencias de los diferentes pueblos, transformadas en asambleas, las cuales, a través del tiempo y en defensa propia se han ido agrandando con el poder ciudadano de la autodeterminación y en resguardo de sus recursos naturales.

La magnitud de los volúmenes extractivos son inéditas, directamente destruyen cerros y cadenas montañosas para luego depositar en cualquier parte el material triturado que no les interesa.

En Alumbrera, por cada tonelada de roca se obtienen seis gramos de oro y seis kilogramos de cobre. Datos de la misma empresa se ufanan que Alumbrera utiliza en un solo mes la misma cantidad de explosivos que se requiere por año en toda Argentina para otras actividades. No es casualidad que llueva polvo en la ciudad. Además, los especialistas advierten que la remoción de las montañas acelera la producción de sulfuros, que con el aire y el agua producen drenajes y lluvias ácidas, con su contaminación a cuestas.

El yacimiento se encuentra entre las más grandes explotaciones de cobre y oro del mundo, exporta 200 mil toneladas anuales de cobre y 25 mil toneladas de oro.

Cuenta con una lujosa ciudad en las alturas: 500 habitaciones, canchas de tenis y fútbol techadas, salas de juegos, gimnasio, línea de colectivo interna y tres aviones propios que hacen de taxi aéreo para ejecutivos, y servicios de agua y energía eléctrica que nunca se cortan.

El proceso de extracción consiste en dinamitar las paredes de la montaña, transformar las rocas en polvo y diluirlas en sopas ácidas que purifican el mineral.

Todos los desechos son destinados a un enorme basurero, de 40 hectáreas y casi 200 metros de profundidad, llamado “dique de colas”. El producto bruto es enviado por un extenso mineraloducto –un caño bajo tierra– de 310 kilómetros de largo que pasa por Catamarca hasta Tucumán. Llega hasta Cruz del Norte, donde el “Tren Alumbrera” transporta concentrados hasta el puerto de Santa Fe. De ahí viaja al exterior, donde es refinado. El megaemprendimiento también cuenta con un electroducto de 220 kilómetros, líneas de alta tensión que atraviesan gran parte de Catamarca y Tucumán.

El 15 de febrero de 2010 (y ante rumores de los días previos) el pueblo de Andalgalá salió a la calle de manera espontánea y masiva a decir: NO.

Pero no era un NO caprichoso y sin fundamentos, era y es un rotundo NO con conocimiento de causas y consecuencias.

Porque es mentira que la minería en gran escala es “progreso para los pueblos”, o que es un “motor de desarrollo para la economía del país”, o que crea “muchos puestos de trabajo”, o que la minería “se instala en zonas postergadas, creando un círculo virtuoso, generando desarrollo y elevando el nivel de vida de la población” o que puede ser “limpia, no contaminar el ambiente, y que se puede hacer sin riesgos ambientales” como también es mentira que “no se puede vivir sin minería”, hay modelos alternativos aplicando la teoría de las 3R: Recuperar, Reciclar y Reutilizar, tan simple como eso.

Ante la clara postura de gobiernos nacionales y provinciales, anteriores y actuales de seguir en ese camino de más saqueo, mas contaminación, más destrucción y más pobreza, y sabiendo que, mientras los minerales permanezcan en las montañas el peligro estará siempre latente, es que como ciudadanos de cualquier parte, afectado directa o indirectamente, tenemos la obligación moral de defender lo que ellos (elegidos por la mayoría y pagados por todos) no defienden.

Andalgalá lleva ya ocho años deteniendo el Proyecto Agua Rica, seguramente, en unos años estaremos rememorando los diez años y después las dos décadas y así por siempre. Lo cierto es que está comprobado que la lucha debe ser conjunta y permanente, sin olvidar que a la par de todo esto, se encuentra una “justicia” muy parcial, que actúa en beneficio de las corporaciones, violando leyes y apañando la represión de quienes se manifiestan.

Hoy, el aire que se respira en Andalgalá es de pura memoria porque todavía está a tiempo, porque en el inconsciente colectivo todavía está la esperanza de una vida mejor.
“No hay caminos para la libertad, la libertad es el camino”

V. Los gobiernos progresistas vs. las luchas desde abajo

Venezuela y 
el poder que se necesita
27 de enero de 2018

Por Guillermo Almeyra (Rebelión)
El gobierno de Nicolás Maduro, a diferencia del de Hugo Chávez, utiliza el apoyo de los trabajadores para mantener el statu quo, es decir, el régimen capitalista y su propia administración, no para intentar construir las bases del poder popular. Como con Chávez, pero en mucho mayor medida, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) es sólo un aparato burocrático ultracentralizado y sirve apenas para la lucha meramente electoral contra una oposición cuyos diversos aparatos partidarios son igualmente electoralistas.
El PSUV es un instrumento del gobierno, no un partido socialista. Nunca tuvo una vida interna democrática. Jamás discutió ideas ni estrategias ni los problemas que enfrentan los trabajadores en su vida cotidiana ni cómo vencer a la contrarrevolución apoyada por el imperialismo. Por el contrario, radió y separó a quienes - desde el campo de la revolución y en interés de ésta- hacían propuestas tácticas diferentes o discutían la estrategia conservadora de la dirección partidaria y del gobierno.
La construcción de las bases de un poder de los trabajadores y del socialismo requiere en cambio un partido vivo, libre y democrático, que haga continuamente un balance de los errores cometidos y de los resultados de sus proyectos y campañas y que tenga por lo tanto una vida interna y una independencia que le permita controlar al aparato del Estado –que sigue siendo burocrático y capitalista- durante el capitalismo de Estado resultante de las nacionalizaciones y de la creación de organismos centralizadores. Ese partido, si se quiere construir conciencia política y las bases para el socialismo, en vez de ser un mero instrumento electoral de las autoridades gubernamentales, debe ser el tutor de éstas y su legitimador y debe fijar los objetivos del gobierno.
Maduro ha tenido la habilidad suficiente para ganar la batalla electoral de la Asamblea Nacional Constituyente y la batalla en las urnas en las elecciones regionales y municipales. Ha podido dividir a los opositores negociadores con el gobierno y electoralistas de los golpistas, rompiendo así la Mesa de Unidad Democrática. Sobre esa base, tras el diálogo en la República Dominicana en el que un ala de la oposición reconoció implícitamente a la Asamblea Nacional Constituyente y al gobierno (por segunda vez después de las últimas elecciones), ahora ha sido posible adelantar la fecha de las elecciones presidenciales para aprovechar la desorganización de los opositores y encarar con confianza un nuevo triunfo en esos comicios en marzo próximo.
La derrota electoral del sector electoralista de la oposición, sin embargo, no resuelve los problemas del país sino que crea apenas una mejor situación política, sobre todo porque acalla a la jauría de los medios de (des)información venezolanos y mundiales que hasta hace poco denunciaban la supuesta “dictadura” de Maduro (mientras trabajaban en favor de un golpe de Estado apoyado por los marines yanquis).
Maduro, en efecto, cuenta sólo con el respaldo electoral de la mayoría sobre la base de que pocos quieren volver a un pasado que todos recuerdan de corrupción, sometimiento al imperialismo y matanzas y, por eso, apoyan al gobierno al que consideran mal menor. Tiene también como respaldo un nivel de conciencia mayoritariamente antiimperialista, pero no socialista y sobre todo el sostén de las Fuerzas Armadas Bolivarianas (FAB) que es la base principal de su bonapartismo particular. Ahora bien, en las FAB y en el gobierno se anida en gran parte la boliburguesía ya existente en tiempos de Chávez pero que éste combatía y las organizaciones del poder popular del chavismo perdieron su contenido potencialmente alternativo y son ahora meros organismos burocratizados, simples agencias gubernamentales.
El estado de la economía es desastroso. Ya emigraron por Colombia 450 mil venezolanos. La economía sumergida, el reabastecimiento en particular, está en manos de la especulación y de los bachaqueros (negociantes en pequeña escala transfronterizos ilegales). La gran burguesía sigue teniendo en sus manos las palancas de mando (bancos, grandes empresas, comercio exterior). La inflación del 700 por ciento en 2017 redujo brutalmente el poder adquisitivo de los salarios e ingresos de los más pobres a pesar de los aumentos nominales en los mismos. La lucha burocrática contra la burocracia, la utilización de la policía contra la especulación, el ocultamiento de mercancías vitales para el abastecimiento y el encarcelamiento de dirigentes corruptos, son sólo paliativos. Venezuela retrasará por tercer año consecutivo su generosa ayuda en petróleo a Cuba porque, si bien la reserva petrolera puede respaldar una moneda virtual, se necesita petróleo en barriles para pagar la deuda con China y los intereses de la deuda externa y la producción está cayendo debido a la situación económica y social que impacta a los trabajadores del sector y los desorganiza.
Venezuela sólo podrá obtener estabilidad si desarrolla el poder popular hoy asfixiado y burocratizado. Sin la energía y la plena participación de los trabajadores y sin profundizar la revolución persistirán la amenaza del descontento masivo, de su utilización por los imperialistas y los golpistas y la separación entre el gobierno y su base de apoyo, la cual es volátil dado su carácter electoral.
Un gobierno más sólido, incluso duro, será siempre frágil y las elecciones no lo blindarán contra los cambios internos y externos en el panorama político y social. Venezuela está enferma de falta de democracia en el partido, en los sindicatos, en las bases mismas. El control obrero y popular podría curarla. Las victorias electorales, si bien importantes, son efímeras. Hay que ganar en marzo pero imponiendo al mismo tiempo un golpe de timón hacia la construcción del socialismo.
almeyraguillermo@gmail.com

IV. Los gobiernos progresistas vs. las luchas desde abajo

La pueblada en Famatina 

(y la voz oficial)

23 de enero de 2012

En la tercera semana de un masivo acampe, para evitar el ingreso de una empresa minera, aumenta el rechazo a la actividad extractiva. El gobierno nacional festejó el récord de exploración minera.

Por Darío Aranda
Piquete. Corte de camino. Asamblea permanente. Pueblada. Distintas formas de llamar a la decisión del pueblo riojano de Famatina que rechaza la megaminería, industria extractiva que advierten impactará en la forma de vida de la región. Las Asambleas de Famatina y Chilecito mantienen 19 días de masiva movilización a 1800 metros sobre el nivel del mar, con calores extremos y una decisión: “El Famatina no se toca”. Cuenta con el apoyo del Intendente, el párroco local, la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC –donde confluyen organizaciones socioambientales de todo el país–), organismos de derechos humanos, el escritor uruguayo Eduardo Galeano y la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa). Ya fueron judicializados ocho asambleístas. El gobernador Luis Beder Herrera sigue de vacaciones y ningún funcionario del gobierno nacional se refirió al tema. El cordón montañoso de Famatina era pretendido en 2007 por la empresa Barrick Gold, líder mundial del sector. Pretendía extraer oro y cobre, pero chocó con las asambleas riojanas, que negaron el paso a la montaña. Barrick abandonó el emprendimiento, pero no fue el único traspié: el gobernador Angel Maza fue destituido, por “mal desempeño de sus funciones”, por la legislatura provincial, donde jugaron un papel fundamental los diputados que respondían al entonces vicegobernador Beder Herrera. Herrera enarbolaba un discurso antiminería. Aún hoy permanecen en Internet entrevistas donde llama “defender el agua” y rechazar la megaminería por “contaminante”. A poco de asumir, cambió de discurso y derogó la ley que limitaba la actividad extractiva en la provincia.

En junio de 2010 integró la comitiva oficial que viajó a Canadá, en el marco de la cumbre del G20, y se entrevistó con el presidente de Barrick Gold, Peter Munk. La foto de la Agencia de Noticias Télam muestra a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner sonriente, de vestido azul, junto a Munk, los gobernadores de La Rioja, San Juan (José Luis Gioja), Salta (Juan Manuel Urtubey), el secretario de Minería (Jorge Mayoral) y el entonces ministro de Economía (Amado Boudou). Otra foto oficial, también en Canadá, muestra a la Presidenta frente a un micrófono, al lado de Munk, disertando. De fondo, las banderas de Canadá, Argentina y otra de Barrick (blanca, amarilla y letras negras).

El comunicado de las Asambleas Riojanas, fechado el 7 de julio de 2010 remarca: “Instamos a las comunidades riojanas a organizarse para resistir e impedir la enajenación de nuestros bienes comunes en resguardo de los intereses y la soberanía provincial y nacional y de las futuras generaciones”. A fines de 2011 trascendió en La Rioja un acuerdo entre el gobierno provincial y la empresa canadiense Osisko Mining Corp para explorar el cerro Famatina. Volvió el estado de movilización. Que tuvo su pico cuando los asambleístas descubrieron una carpeta de la empresa con información de los activistas. Denunciaron “listas negras”, al mejor estilo de la última dictadura militar, en las que se detallaban lugares de trabajo y nivel de participación en las asambleas. El 2 de enero comenzó el corte en Alto Carrizal, camino vecinal por donde debiera pasar la empresa para explorar el Famatina. Casi tres semanas de corte, que ya se transformó en un acampe permanente y masivo. El jueves 12 hubo movilización, en respaldo a la lucha riojana, en seis provincias (Mendoza, Río Negro, Catamarca, Córdoba, Chubut y Buenos Aires). El lunes 16 venció el plazo que, según el convenio, tenía la empresa para ingresar al cerro. El mismo día hubo una masiva movilización desde Alto Carrizal hasta el casco urbano de Famatina. También hubo una concentración en la capital riojana.

Algunas de las voces de tres semanas de movilización: -”Es injusto que se tomen acciones de criminalización de la protesta social de los vecinos, quienes han realizado innumerables denuncias y las cuales nunca se han resuelto a su favor (…) El gobierno de la provincia privilegia el capital financiero sobre la vida del pueblo riojano” (Adolfo Pérez Esquivel). -”El pueblo de Famatina no quiere la actividad minera como una actividad para nuestra región. La gente apuesta al turismo o a la producción de nueces, duraznos, uvas, peras” (intendente Ismael Bardogaray). -”La intimidante presencia de fuerzas de seguridad especiales, la amenaza constante sobre la integridad física de los ciudadanos, sumado a las reiteradas vulneraciones de sus derechos básicos como el de manifestarse y expresarse, y la posición del gobierno nacional, son algunas de las preguntas de los pedidos de informes –al Gobierno– (Centro de Estudios Legales y Sociales -CELS-, Servicio de Paz y Justicia -Serpaj-, Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (Aadeaa), Colectivo Voces de Alerta, Colectivo por la Igualdad) -”La Constitución Nacional y Provincial prevén mecanismos de participación como la consulta popular, en la que el pueblo se manifiesta sobre situaciones que hacen a su destino social, cultural o económico.

Consideramos que estos instrumentos constitucionales respetuosamente aplicados, contribuirán a apreciar realmente la voluntad popular de los departamentos de Chilecito y Famatina y a valorar la palabra empeñada de aquellos que fueron constituidos por el pueblo riojano en rectores de los destinos de la Provincia” (Extracto del comunicado del obispo de La Rioja, Roberto Rodríguez). -”Apoyamos los reclamos de la población de La Rioja, rechazando el nuevo emprendimiento de la empresa Osisko que el Gobierno impulsa para el Cordón de Famatina, pronunciándonos contra el saqueo y la depredación del valle de Famatina, y haciendo nuestros los reclamos de la población organizada (…) Solicitamos la urgente revisión de la legislación nacional minera derogando las leyes que permiten el saqueo de los recursos naturales, la exención impositiva a este sector y la contaminación de la biosfera” (Resolución del Congreso de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina –Fesprosa–, integrada por 27 mil profesionales de la salud). -”Desde lejos, pero desde cerca, envío un abrazo de muchos brazos a los pobladores de Famatina, que no se dejan engañar con esos cuentos de las sanguijuelas modernas, que te venden buena salud mientras te acompañan al cementerio” (Eduardo Galeano). -”El Fatamina no se toca” (Asamblea de Famatina y Chilecito).

Ningún funcionario nacional se refirió al tema. Ni siquiera las secretarías de Ambiente, ni Derechos Humanos; las más directamente vinculados a la contaminación y a la criminalización de la protesta. Tampoco el Ministerio de Justicia ni la Jefatura de Gabinete. El 13 de enero –cuando la movilización riojana llevaba casi dos semanas, ya había ocho activistas imputados y se temía represión en el acampe– una dependencia del gobierno nacional rompió el silencio. “Histórica inversión de riesgo. 1.031.600 metro perforados. Se perforó un 41,3 por ciento más que en 2010 y un 664 por ciento con respecto al inicio de 2003. Permite promover nuevos empecimientos productivos”, celebró la Secretaría de Minería de Nación (“metros de perforaciones” es la forma en que se mide la actividad exploratoria). El comunicado remarcó que “el récord histórico ratifica a la Argentina como uno de los países con mayor dinámica en esta actividad”. Y explicó que ”el fuerte aumento de la actividad exploratoria generó la aparición de nuevos emprendimientos, el país ya cuenta con más de 600”. Y detalló que las principales provincias con proyectos mineros son Santa Cruz, San Juan, Salta, Catamarca, Jujuy,  Mendoza, Neuquén y La Rioja.

III. Los gobiernos progresistas vs. las luchas desde abajo

Ecuador ante un nuevo ciclo político

El pasado 4 de febrero el pueblo ecuatoriano decidió terminar con la hegemonía correista que dominó el país durante los últimos 11 años. Dos de cada tres ecuatorianos votaron a favor de las preguntas de la Consulta Popular impulsada por el Gobierno Nacional en una lógica de disputa auspiciada por el ex mandatario Rafael Correa, produciéndose por primera vez en la historia un rechazo ciudadano mayoritario a los postulados políticos del ex mandatario. Hasta entonces -mediante consultas populares, plebiscitos, referéndums y elecciones- el ex presidente Correa había llegado a acumular en tan solo diez años doce victorias consecutivas en las urnas. 
Por Decio Machado para Viento Sur
El pasado 4 de febrero el pueblo ecuatoriano decidió terminar con la hegemonía correista que dominó el país durante los últimos 11 años. Dos de cada tres ecuatorianos votaron a favor de las preguntas de la Consulta Popular impulsada por el Gobierno Nacional en una lógica de disputa auspiciada por el ex mandatario Rafael Correa, produciéndose por primera vez en la historia un rechazo ciudadano mayoritario a los postulados políticos del ex mandatario. Hasta entonces -mediante consultas populares, plebiscitos, referéndums y elecciones- el ex presidente Correa había llegado a acumular en tan solo diez años doce victorias consecutivas en las urnas.
De las siete preguntas impulsadas desde el Ejecutivo, las tres primeras tenían relación directa con el correísmo, abordando temáticas como:
- La supresión de derechos políticos a culpables de corrupción, lo cual afecta a un número cada vez mayor de altos funcionarios que formaron parte del núcleo de poder del antiguo régimen –son ya una decena de ex ministros correista los que se encuentran imputados en distintas causas y este número seguirá en aumento- y que podría terminar afectando al mismo Rafael Correa;
- La eliminación de la enmienda constitucional aprobada en la última fase del gobierno anterior por la cual implementaba la reelección indefinida en los cargos de gestión pública a partir de 2021 y que permitía a Correa volver a presentarse, tal como era su intención, en los próximos comicios presidenciales;
- Y, la recomposición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social –popularmente conocido como el quinto poder constitucional-, cuyos miembros designaban a parte de los titulares de las instituciones del país, lo cual se le permitió al aparato correista seguir manejando la estructura del Estado más allá de que el ex mandatario ya no ocupara el sillón presidencial.

¿Qué fue el correísmo?

Comprender la situación actual del Ecuador conlleva entender que es lo que fue esto que se ha definido como correísmo y el por qué ha dejado de ser funcional en este momento para las élites ecuatorianas.
Desde 1997, a partir del gobierno de Abdalá Bucaram, Ecuador inauguró una etapa de crisis institucional permanente que hizo que ningún presidente elegido desde entonces en las urnas lograra terminar su mandato. Evidentemente esto generaba gran inestabilidad política y se convirtió en un factor de desequilibrio importante respecto a una política de inversiones que se hacía cada vez más urgente y necesaria para la modernización capitalista que el país debía afrontar tras la crisis financiera vivida en los años 1999-2000.
A la entrada del presente siglo la economía mundial se estabilizó superando las varias e importantes crisis sufridas en diversos países del mundo –México y Venezuela (1994), Tailandia, Indonesia, Filipinas, Taiwán, Corea del Sur… (1997), Rusia (1998) o Argentina (2001)-, lo cual permitió a la economía internacional mejorar su desempeño, con crecimientos entre el 4% y el 6% al iniciar la década, hasta la llegada de la crisis financiera global de 2008.
De igual manera, desde 2003 los precios de los commodities aumentaron por los efectos de huracanes, como el Katrina, en instalaciones petroleras; el crecimiento en la economía de los países emergentes y en los industrializados; y, particularmente, por el auge de la industria de la construcción, que terminó en una burbuja especulativa, que al reventar hizo que los inversionistas vuelquen su interés a mercados especulativos tales como el oro y el petróleo, causando una sobre demanda artificial que hizo subir el precio del crudo a un máximo de 147,27 dólares por barril en julio de 2008.
En ese contexto, el crudo ecuatoriano que depende de la cotización del petróleo norteamericano West Texas Intermediate (WTI) -que es el crudo marcador para el continente americano- y que es básicamente vendido tanto por Petroecuador como por las compañías privadas extranjeras en el país, también elevó notablemente sus precios.
Siendo un país dependiente económicamente del crudo, el crecimiento promedio del PIB ecuatoriano durante la primera década del presente siglo fue de 4,4% mientras que durante los diez años anteriores dicho indicador no superó el 1,8%. Lo anterior indica que a partir del año 2000 la economía ecuatoriana comenzó a consolidarse en gran medida apoyada por condiciones externas favorables –precio del petróleo y las remesas provenientes de los migrantes- generándose las condiciones adecuadas para una tardomodernización del sistema capitalista nacional.
En ese contexto el sector más dinámico del capital ecuatoriano entendió que podía mejorar sus posibilidades de negocio propiciando un mayor nivel de consumo en los mercados internos a través de cierto reparto del excedente petrolero –no de la distribución de la riqueza que continúa en manos de unos pocos- y la incorporación al mercado de sectores populares mediante el endeudamiento familiar y financiarización popular (democratización del consumo con base en préstamos del sector financiero privado). Este es el rol que fundamentalmente desempeñó el gobierno de Rafael Correa durante el último período de bonanza económica en Ecuador.
A lo largo de la primera década del presente siglo, el mayor rubro de participación en el PIB en la economía nacional ha sido el consumo privado, el cual representó un promedio de 66,6% del PIB, convirtiéndose en el factor que más contribuyó al crecimiento nacional durante el período previo a la caída de los precios del petróleo.
La dinamización de la economía nacional teniendo como motor al Estado, eje de la política económica correista, significó que los sectores empresariales y financieros fueran los principales beneficiados de una acción que carecía de riesgos para la inversión privada pues se hacía en base al erario público. El respeto demostrado por el gobierno correista a la matriz de acumulación heredada de la era neoliberal, conllevó que no existiera la más mínima transformación de carácter estructural sobre los pilares que fundamentan los ejes constitutivos de poder en Ecuador; ello, pese a que los sectores históricamente olvidados pudieran beneficiarse durante el período de bonanza de ciertas políticas asistencialistas basadas en la transferencia del excedente derivado de la agudización de las políticas extractivistas. A la postre, esto significó que mientras se ponía hincapié en un propagandístico discurso soberanista, al interior del país se agudizara cada vez más la dependencia económica internacional de los mercados especulativos globales y se reprimarizara sustancialmente la economía nacional.
El modelo económico funcionó e incluso gozó de amplio apoyo popular, milagro económico lo llamaron, mientras duró el boom de los commodities, viniéndose al traste todo el andamiaje de las políticas sociales y económicas correistas a partir de la caída del precio del crudo en 2013.
Es a partir de entonces cuando comienzan a deteriorarse ciertos servicios públicos, la economía nacional se paraliza, el consumo interno cae y los indicadores de disminución de la pobreza e incremento de la capacidad adquisitiva por parte de los trabajadores comienza a deteriorarse.
En febrero del 2014 el gobierno del Presidente Rafael Correa comenzaría a sentir el desgaste político de su mandato, perdiendo en las elecciones seccionales las principales alcaldías del país ante partidos de oposición. Los sectores empresariales que en otro momento se habían visto beneficiados por las políticas correistas, entienden ahora que pasado el período de la economía fácil es necesario aminorar el gasto público, reducir el volumen del Estado y volver a liberalizar la economía. Ante la nueva falta de liquidez del Estado ecuatoriano, este dejó de ser funcional para seguir dinamizando la economía nacional y vuelve a ponerse en cuestión la política de subsidios sociales.
Lo anterior conllevó un incremento de las movilizaciones populares en el conjunto del país, lo cual derivó en una convocatoria de paro/movilización convocado en agosto del 2015 por el movimiento indígena y el sindicalismo no clientelar que terminó siendo vergonzosamente reprimido por las fuerzas de seguridad del Estado.

El conflicto Correa vs Moreno

En estas condiciones y en medio de una agresiva política de endeudamiento público que derivó en que el volumen de deuda externa actual supere con creces los niveles heredados de la época neoliberal, el entonces mandatario ecuatoriano decidió no presentarse a las elecciones del 2017, pero dejó abierta la puerta para una nueva postulación en 2021.
Estratégicamente el correísmo consideró que era mejor que fuera otro mandatario quien procediera con las políticas económicas de ajuste ya inaplazablemente necesarias en el país, permitiendo así una regeneración de la imagen de Rafael Correa, quien estratégicamente volvería en 2021 para “salvar” al Ecuador de los programas de ajuste fruto de un déficit fiscal galopante e insostenible. Así las cosas, en diciembre del 2015, la bancada oficialista aprobó forzadamente una reforma constitucional que permitía la reelección del mandatario para el período inmediatamente posterior a una legislatura marcada por la crisis económica heredada de la gestión saliente. Sin embargo, la estrategia para la vuelta al poder de Rafael Correa pasaba por la necesidad de seguir controlando el aparato del Estado durante el actual período, bloqueándose cualquier posibilidad de fiscalización y auditorias internas que pudiera hacerse sobre un modelo de gestión pública altamente corrupto que significó durante diez años la subyugación de todos los poderes y órganos del control del Estado al Ejecutivo.
Lo anterior implicó la necesidad de que Alianza PAIS ganara las elecciones del 2017, quedando la mayor parte de las instituciones públicas en manos de ex funcionarios de probada cercanía con el ex mandatario. La única figura con la que contaba Alianza PAIS para ganar estas elecciones era Lenín Moreno, quien por sus funciones como enviado especial del Secretario General de Naciones Unidos sobre Discapacidad y Accesibilidad había residido en Ginebra desde 2014, lo que implicaba que se hubiera mantenido al margen del deterioro correista de los últimos años.
Hay que remontarse muy atrás en la historia del Ecuador para encontrar un mandatario que tras diez años de gestión continuada en el poder terminase su período con cierto respaldo político -pese a la decadencia de los últimos años- como era el caso de Rafael Correa. Más allá la enorme polarización social creada entorno a su figura, Correa abandonó la poltrona presidencial con todavía un importante apoyo social fundamentalmente entre los sectores populares, los cuales le reconocían el impulso a proyectos sociales de carácter asistencialista y la inversión realizada durante la última década en el ámbito de la infraestructura y modernización del Estado. Sin embargo, ha sido una concatenación acelerada de errores político estratégicos los que han hecho que el ex mandatario perdiera la hegemonía que aun mantenía políticamente en el país.
Con la llegada la nueva administración de Lenín Moreno, el correísmo dejaba en puestos estratégicos a gran parte de su anterior equipo de gestión. Esto implicaba que mantenía el control sobre un enorme y desmedido aparato de propaganda gubernamental articulado durante la pasada década, al igual que lo hacía respecto al control sobre la producción –sobre la que el Estado ecuatoriano ha tenido una notable incidencia durante los últimos diez años-, en aras a las responsabilidades establecidas en torno a la figura del inicial Vicepresidente de la República, Jorge Glas, el principal hombre de confianza de Rafael Correa en el nuevo gabinete y quien se mantenía como responsable del cambio de matriz productiva y la inversión en megaproyectos. Pero al mismo tiempo, el correísmo mantenía el control también sobre el frente político del gobierno a través de figuras como la primera titular de la Cartera de la Gestión Política –Paola Pabón- y del consejero presidencial Ricardo Patiño –el principal operador político al interior de Alianza PAIS durante la gestión gubernamental anterior-, al igual que lo hacía respecto a la Asamblea Nacional –el legislativo ecuatoriano- a través de sus operadores en la bancada mayoritaria de Alianza PAIS. No contento con esto, Rafael Correa controlaba también, mediante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a los órganos de fiscalización y control del aparato del Estado, cuya designación de responsable respondía íntegramente a personalidades afines al ex presidente en instituciones tales como el Consejo Nacional Electoral, la Corte Constitucional, la Contraloría General del Estado, la Fiscalía General del Estado, el Tribunal Contencioso Electoral, el Consejo de la Judicatura o la Defensoría del Pueblo entre otras.
Pese a que las tensiones entre Lenín Moreno y el ala dura correista son palpables desde el mismo momento de la investidura del actual Presidente de la República, el 24 de mayo del pasado año, momento en que la nueva administración descubrió el estado real de las finanzas públicas, es la entrega de la sede social de la CONAIE –estructura organizativa del movimiento indígena y la organización social más importante del país- y el anuncio en julio pasado de los primeros indultos a líderes populares criminalizados durante el régimen anterior lo que generó las primeras reacciones descalificadoras de Rafael Correa respecto a su sucesor.
A partir de ahí los operadores correistas ubicados en funciones de dirección de los distintos medios públicos comienzan a articular una campaña contra la imagen del Presidente Moreno, aduciendo que el país volvía a las políticas del pasado y que se estaba produciendo un reparto de poderes con las élites oligárquicas, lo que conllevó a que la nueva administración morenista nombrase nuevos responsables en dichos medios de comunicación. De esta manera el ex presidente Correa perdía el control del inmenso aparato de propaganda y comunicación cuya creación había sido auspiciada por él mismo.
Un mes después, a primeros de agosto y ya con el agua al cuello fruto de las investigaciones judiciales que se hacían respecto a la trama de Odebrecht en Ecuador, el entonces Vicepresidente Jorge Glas –quien fuera también el segundo al mando durante la ultima fase de la era Correa- emitía una extensa carta pública contra el actual jefe de Estado, acusándolo de converger con los sectores políticamente más reaccionarios del país. La ruptura de relaciones entre el Presidente Moreno y Jorge Glas conllevó la inhabilitación en el cargo del segundo, lo que produjo la pérdida del control por parte de Rafael Correa sobre el aparato productivo y las inversiones en los megaproyectos implementados en el país. Meses más tarde y fruto de las investigaciones judiciales anticorrupción, Jorge Glas terminaría ocupando un celda en la Cárcel No. 4 de Quito y siendo revocado de su cargo. El correísmo perdía de esta forma también su incidencia sobre el aparato productivo.
Pocos días después del exabrupto vicepresidencial y en aras a solucionar este conflicto, el Presidente Moreno enviaría a Bruselas -lugar de residencia actual de Rafael Correa- a los principales operadores políticos del gobierno, todos ellos vinculados durante la gestión anterior al ex mandatario, con el fin de reconducir de forma amigable las relaciones con ex presidente. Para sorpresa del Ejecutivo, tras la vuelta a Quito de dicha delegación, sus principales cabezas -Ricardo Patiño, Paola Pabón y Virgilio Hernández- anunciaban en rueda de prensa la renuncia a sus cargos en el Ejecutivo. De esta manera, Rafael Correa perdía en este caso el control del frente político gubernamental.
Rotos ya todos los canales de comunicación entre el correísmo y el gobierno morenista, el Presidente Moreno anunciaría a primeros del pasado mes de octubre la convocatoria de una Consulta Popular donde algunas preguntas tenían que ver con una lógica de reforma institucional post-caudillista que encaminase al país por una vía superadora del régimen anterior. Esto terminaría de dinamitar internamente al partido de gobierno. Los sectores afines al ex mandatario determinaron expulsar, de forma irregular, a Lenín Moreno de Alianza PAIS convocando sin legitimidad jurídica una convención nacional de dicha organización política con escaso éxito de convocatoria. Lo anterior conllevó a que tras una decisión del Tribunal Contencioso Electoral, el correísmo perdiera también el control de su propio partido.
El último episodio de este mar de desaciertos correistas se dio ya en enero del presente año, cuando Correa llamó a la desafiliación de sus seguidores de Alianza PAIS, lo cual implicó que también perdiera el control del legislativo, quedando el correísmo con apenas 29 asambleístas y alineándose los 45 restantes de la bancada oficialista con Lenín Moreno.
En resumen, si bien es difícil encontrar un ex mandatario que tras diez años de gestión mantuviera el nivel de apoyo de Correa, también lo es encontrar alguno que haya demostrado tal capacidad para dilapidarlo tan rápidamente.

Consulta y posconsulta

Fue así que se llegó al 4 de febrero, momento en el que el correísmo saboreó por primera vez una derrota electoral. En el fondo, no asistimos a algo que fuera más allá que la plasmación política de una realidad indiscutible en Ecuador: el correísmo nunca construyó una fuerza social y política afín, sino que utilizó al aparato del Estado operando bajo lógicas clientelares en pro del partido de gobierno y la construcción de la imagen mediática de Rafael Correa como un gran caudillo populista. Esto implicó que tras abandonar la poltrona presidencial y no gozar a su antojo de las instituciones del Estado su apoyo político disminuyera notablemente.
La sociedad ecuatoriana ha votado por la conformación de un régimen de transición que le permita superar la herencia implantada por el anterior gobierno, generando las condiciones para la construcción de una nuevo escenario político tras el fin de la hegemonía correista. Queda cortado el cordón umbilical que vinculaba al nuevo gobierno con el régimen anterior, lo cual inhabilita la narrativa correista de que Lenín Moreno ocupa la presidencia del país gracias al endoso de votos derivado de la figura de Rafael Correa.
Tras esta consulta el país entra en una nueva fase política. Por un lado, el Presidente Lenín Moreno ha ganado momentáneamente su pulso con su antecesor, si bien todavía Rafael Correa mantiene un tercio del electorado ecuatoriano. Correa y sus seguidores, tras su desafiliación de Alianza PAIS, están obligados a conformar un nuevo movimiento político nacional, pese a que la popularidad de su líder esté en decadencia. Correa, consciente de que el sector de antiguos líderes de Alianza PAIS que le acompañan esta nueva aventura aportan realmente poco dada la mala imagen de la que gozan ante la sociedad, está obligado a liderar personalmente la construcción del nuevo partido. Será una tarea urgente y nada fácil para el neocorreísmo crear una nueva figura política que tenga posibilidades de disputar la Presidencia de la República en el año 2021.
Por su parte, la voluntad de esta tendencia es ocupar el espacio político de la izquierda ecuatoriana, algo que ya hicieron en el 2006 más allá de los desencuentros entre su discurso y su praxis. Conseguir tal objetivo pasa por bloquear cualquier posibilidad de construcción de alternativas políticas en el campo popular, algo urgentemente necesario para un país que sufre de una izquierda cuyo discurso político se encuentra sin capacidad de sintonizar con la sociedad, donde no existe generación de nuevos liderazgos, y que se ve carente de construir una propuesta convincente para un nuevo modelo de sociedad y país.
Si bien es cierto que la izquierda política y social ecuatoriana ha sido fraccionada, en muchos casos cooptada y hasta perseguida por el régimen correista durante los diez últimos años, también lo es que existe una incapacidad política por parte de su endogámica dirigencia para reinventarse y reposicionarse con un discurso adaptado al momento actual de vive el país. El mero hecho de que gran parte de esta izquierda apoyara en su lógica anticorreista la candidatura del conservador Guillermo Lasso en la segunda vuelta de las últimas presidenciales, es una demostración palpable de su desorientación política y el descrédito del que actualmente gozan ante la ciudadanía ecuatoriana.
En la orilla conservadora, las fuerzas políticas que hasta el momento decidieron no hacerle una oposición política contumaz al actual gobierno cambiaran de actitud. La cercanía de las próximas elecciones seccionales, las cuales tendrán lugar en un año, hace que las organizaciones políticas de la derecha vuelvan a asumir protagonismo tras una alianza anti-natura que permitió que muy diferentes sensibilidades ideológicas establecieran un pacto de no agresión a cambio de trabajar todos por el Sí en esta consulta con el fin de enterrar políticamente al correísmo.
Medios de comunicación, sectores empresariales y fuerzas políticas conservadoras ya anunciaron cambios respecto a su accionar frente el gobierno de Lenín Moreno, lo cual significará el incremento de la presión política y posiblemente movilizaciones callejeras, buscando que el Gobierno Nacional adopte posiciones más reaccionarias fundamentalmente en el ámbito de la política económica.
En todo caso los sectores de la derecha se mantiene divididos, existiendo dos cabezas, hasta ahora políticamente enfrentadas, que responden a grupos de intereses diferenciados. Tanto Guillermo Lasso de forma abierta como Jaime Nebot de manera más sutil aspiran a la Presidencia de la República en el año 2021 o incluso antes si son capaces de forzar el fin anticipado de mandato morenista, un gobierno sobre el que visualizan debilidades no existentes en el gobierno anterior.
Así las cosas, el Gobierno Nacional enfrenta una situación inédita a partir de ahora, la cual consistirá en recibir indiscriminadamente ataques tanto de la derecha –inclusive medios de comunicación privados y lobbies empresariales- como de esta pretendida nueva izquierda correista. Que Lenín Moreno y su equipo de gestión sean capaces de hacer frente a estas presiones está por ver, en todo caso, la estrategia de uno y otro bando ya ha comenzado, en algunos casos incluso con apoyo internacional, tal y como es el caso de Rafael Correa quien en breve dispondrá de la plataforma televisiva Russian Today (RT), un medio de comunicación sensacionalista al servicio del aparato de propaganda putiniano, como herramienta para atacar al actual gobierno.

Fuente: http://www.anred.org/spip.php?article16019

III. Los gobiernos progresistas vs. las luchas desde abajo

IIRSA: Resistencias desde los territorios indígenas a este nuevo ciclo de colonización

18 de enero de 2018

IIRSA-COSIPLAN: Un nuevo ciclo de colonización de los mundos indígenas
Por Ely Jiménez Cortés [1]
El plan IIRSA-COSIPLAN está avanzando, hoy son cerca de 600 proyectos y cada uno de ellos se asocia a otras iniciativas que, sin ser parte de la plataforma, la potencian. La transformación de los territorios está en marcha, pero también las resistencias. En estos 17 años, la conflictividad territorial sudamericana se ha intensificado y las reivindicaciones han abierto un nuevo ciclo, donde el control territorial se ha posicionado en el centro del debate político.

En América latina el siglo XXI se abre con la violenta expansión, material y simbólica, de las fronteras extractivas hacia espacios que sólo parcialmente habían sido ‘integrados’ al mundo capitalista, y en los cuales se despliega la vida de pueblos y naciones indígenas que han logrado resistir sucesivos procesos de conquista. Los mundos indígenas se enfrentan a un nuevo ciclo de colonización, donde las opciones para el saqueo se multiplican, como señala Guillermo Tascon de la OIA: “La fiebre del oro y la plata de la primera conquista hizo que no vieran los bosques, el agua, el conocimiento; de pronto la codicia nos salvó a muchos pueblos, porque se llevaron apenas lo más visible y lo que era valioso en ese entonces. Pero ahora todo puede convertirse en oro, en dinero. Vienen hasta por los olores de las plantas, por las palabras bonitas de los abuelos y las abuelas…Sobre nuestros territorios los empresarios y el Estado pintan mapas de recursos naturales donde nunca aparece un indio, y hablan de las tierras como si fueran baldías; otra vez no tenemos alma, no somos seres humanos…”

Mediante programas multinacionales como el Proyecto Mesoamericano (Ex Plan Puebla-Panamá) y la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA) del COSIPLAN, la máquina extractivista responde a las demandas del capitalismo depredador con megaobras que derriban las barreras naturales que dieron resguardo a los mundos indígenas en resistencia. No se trata de obras aisladas ejecutadas por gobiernos locales o nacionales, sino de programas de planificación territorial, de largo plazo, que son promovidos por la banca multilateral (liderada por el BID) y consensuados como política de Estado. El avance de las obras se legitima con el ‘evangelio’ desarrollista, que promete ‘superar la pobreza’, ‘generar emprendimientos’ y ‘reconocer el valor agregado de la diferencia cultural’. Así, sin renunciar al uso tradicional de la violencia, este nuevo ciclo de colonización se sostiene en la materialidad de la infraestructura, que avanza lenta y silenciosamente.
En la región sudamericana, IIRSA-COSIPLAN abre los territorios con infraestructuras viales (carreteras, puentes, túneles, hidrovías, etc.) que agilizan la circulación de los bienes que se consideran ‘mercancías’ y, paralelamente, nutre los emprendimientos extractivos con megaproyectos energéticos (hidroeléctricas, centrales nucleares, termoeléctricas, redes eléctricas, etc.). Si bien estas obras no se limitan a los territorios indígenas, es ahí donde han encontrado mayor resistencia.Efectivamente, desde sus inicios el año 2000, las obras IIRSA han desencadenado intensos conflictos territoriales que, paradójicamente, evidencian la capacidad de los pueblos y naciones indígenas para enfrentar, en condiciones de extrema desigualdad, las estrategias de ocupación territorial. Pueblos que la historiografía oficial había declarado extintos, se posicionan contra la IIRSA, desarrollando discursos reivindicativos y articulando alianzas con otros sectores subalternizados.

Aunque no se puede obviar que amplios sectores indígenas han asumido la lógica desarrollista y naturalizado la necesidad de infraestructura como requisito para un mejor vivir, se debe reconocer a los sectores críticos que en defensa de su territorio denuncian el carácter genocida del plan IIRSA-COSIPLAN. En esta línea, la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), ha declarado: “Las naciones y pueblos indígenas venimos sufriendo los impactos socio-ambientales y la violación de nuestros derechos humanos como efecto de la implementación de estos proyectos. Los hechos demuestran que IIRSA está provocando una acelerada destrucción de la Amazonía, del ecosistema del Pantanal, de los Andes y del Chaco, dañando territorios de los pueblos indígenas, comunidades costeras y ribereñas, desplazando miles de personas, con pérdida de biodiversidad, de medios de vida, agravando la pobreza y arriesgando la pervivencia de las futuras generaciones”.

Más allá de estos impactos ecosistémicos, la ejecución de proyectos IIRSA-COSIPLAN se asocia a un ‘régimen extractivista’ que las impone a través de complejas estrategias de control social, que consideran:
(a) La negación de la presencia indígena en los territorios que serán intervenidos. En este caso se ponen en juego dos mecanismos; por un lado, asumir que se trata de territorios no habitados, baldíos, que deben ser aprovechados; y por otro, negar el carácter de indígena a las poblaciones que lo habitan. En ambas situaciones, la negación supone que la consulta indígena, estipulada en el Convenio 169 de la OIT, no es necesaria ni pertinente.
(b) La aplicación selectiva y burocrática de la consulta indígena.En escenarios de conflicto, se aplica la consulta, pero solo a sectores afines o desinformados. Aquí suele operar una aplicación burocrática, que reduce el proceso de consulta a un taller informativo y/o la aplicación de una encuesta individual, que no reconoce las estructuras políticas internas. Generalmente, ésta se aplica cuando el proyecto ya está diseñado y puede usarse para negociar compensaciones.
(c) La implementación de campañas comunicacionales que favorecen el apoyo a las obras. Estas tienen el objetivo de neutralizar el rechazo y se sostienen en discursos de progreso y desarrollo, que dan centralidad a la generación de empleos. Las campañas suelen usar las memorias y tradiciones locales para lograr que las poblaciones se identifiquen con las obras, además de apelar constantemente al ‘bien común’ de la nación en oposición a los intereses particulares de ciertos grupos, que son estigmatizados como ‘conservadores’, ‘antidesarrollistas’ y en algunos casos ‘ignorantes’.
(d) La fragmentación de los proyectos y su desconexión del plan IIRSA. Es común que los proyectos sean divididos en tramos o etapas para tramitar los estudios de impacto e invisibilizar su impacto total. Esto también permite que se presenten como iniciativas locales, focalizadas, que responden a necesidades inmediatas, presentándose como desconectadas de IIRSA-COSIPLAN, de esta forma evaden el debate sobre la planificación territorial y el modelo de desarrollo que conlleva.
(e) Disociar los proyectos IIRSA de los emprendimientos extractivos. Discursivamente se niega o, por lo menos, invisibiliza la relación de las obras de infraestructura, como carreteras o hidroeléctricas, con megaproyectos mineros, hidrocarburíferos, agroindustriales, forestales, etc., que son rentables gracias a ellas. Así se gestiona el rechazo al extractivismo, argumentando que una carretera no explota la naturaleza y una hidroeléctrica es energía renovable.
En su conjunto estas estrategias buscan la ‘pacificación’ de las naciones y pueblos indígenas cuyos territorios serán intervenidos por una obra. En este punto es importante señalar que dichas estrategias, aunque con matices, están presentes en países que claramente asumen el multiculturalismo neoliberal, que les permite gestionar la diferencia cultural bajo las lógicas del mercado (por ejemplo, Chile [2]), y también en los Estados Plurinacionales que constitucionalmente reconocen ciertos niveles de autonomía indígena (Bolivia y Ecuador). En ambos casos, IIRSA-COSIPLAN se ha despolitizado y aceptado como un programa técnico, sin cuestionar su rol como soporte material de la expansión extractivista y, consecuentemente, del ejercicio colonizador.

Algunos conflictos emblemáticos:
El plan IIRSA-COSIPLAN está avanzando, hoy son cerca de 600 proyectos y cada uno de ellos se asocia a otras iniciativas que, sin ser parte de la plataforma, la potencian. La transformación de los territorios está en marcha, pero también las resistencias. En estos 17 años, la conflictividad territorial sudamericana se ha intensificado y las reivindicaciones han abierto un nuevo ciclo, donde el control territorial se ha posicionado en el centro del debate político. En los primeros años, la conflictividad derivada de obras IIRSA, se focalizó en tierras amazónicas, la máquina se abría paso desde el Atlántico, hoy está emerge, aun lentamente, en los territorios que miran al Pacífico. En este contexto, destacamos los siguientes conflictos:
(a) Conflicto por la variante San Francisco-Mocoa en el Putumayo (Colombia). Este proyecto es parte del EID Amazonas, que conecta los puertos de Belem do Pará (Brasil) y Tumaco (Colombia) y, por ende, los océanos Atlántico y Pacífico. Este corredor atravesaría la ruta ancestral Zachamates transitada por los sanadores tradicionales y caminantes de los pueblos Kamentsa e Inga. El gobierno colombiano negó la presencia de estos pueblos, argumentando que no había población habitando estos terrenos. La respuesta indígena es que son sus lugares sagrados, no se habitan porque están en resguardo, es el lugar donde nace el agua que los alimenta a ellos y otros pueblos. Los Kamentsa e Inga denuncian que el tramo abrirá el camino a las mineras y petroleras, que los desplazarán de sus territorios y destruirán la vida en el Putumayo. Los Kamentsa y los Inga se han movilizado con marchas y bloqueos, haciéndose parte, junto a otros 14 pueblos del Putumayo, de la Minga por la Vida, movilización indígena de carácter nacional.
(b) Conflicto por la hidroeléctrica Cachuela Esperanza (Bolivia).Este proyecto forma parte del Complejo hidroeléctrico del Río Madera, que incluye también las hidroeléctricas San Antonio y Jirau en Brasil; este complejo forma parte del EID Perú-Brasil-Bolivia. Es un proyecto muy polémico, ubicado en el oriente boliviano. Ha sido rechazado fuertemente por la CIDOB orgánica, institución que agrupa a los pueblos indígenas de tierras bajas (Amazonía y Chaco). Su retractores argumentan que no es una obra necesaria para el pueblo boliviano, pues su función es exportar energía a Brasil a un altísimo costo ambiental, principalmente por el riesgo de grandes inundaciones que afectarían a pueblos indígenas como los Chacobo, uno de los 14 pueblos que habitan la zona. La construcción de esta obra alteraría las dinámicas ecosistémicas de su entorno inmediato y tendría repercusiones en toda la zona del Beni. Si bien el descontento se ha instalado en la escena pública y ha convocado el apoyo urbano, aún se mantiene como un conflicto latente.
c) Conflicto por el tramo II de la carretera Villa Tunari- San Ignacio de Moxos (Bolivia). Más conocido como el conflicto del TIPNIS, se trata del conflicto más intenso que ha vivido la Bolivia postconstituyente. Si bien el tramo no está en la cartera de IIRSA-COSIPLAN, éste se articula con el corredor Bioceánico Norte que conecta el eje sojero de Rondonia (Brasil) con las costas peruanas y desde ahí con los mercados asiáticos. Desde el 2011, que la construcción del tramo, atravesando un parque nacional y el territorio de los pueblos yuracaré, mojeño y chiman, ha convocado un radical rechazo por parte de indígenas y no indígenas. Las movilizaciones, especialmente las marchas de más de 60 días (de la Amazonía a La Paz) generaron una fuerte crisis política que desestabilizó al gobierno de Evo Morales quien el 2012 debió suspender la obra. Hoy el conflicto nuevamente se hace público tras el anuncio presidencial que ha dado el ‘vamos’ al proyecto, desconociendo los acuerdos previos.
(d) Conflicto por la carretera Interoceánica Sur (Perú). Esta obra forma parte el EID Perú-Brasil-Bolivia; y su objetivo es unir el Acre y el Sur del Perú, pasando por las regiones de Madre de Dios, Cuzco y Puno. Esta obra pondría en riesgo a los indígenas en aislamiento voluntario, además de incrementar la migración andina hacía la región amazónica y la invasión de tierras indígenas en general. En este caso la resistencia indígena fue mucho más focalizada y no concitó solidaridades masivas a nivel nacional. Sin embargo, es importante mencionar el caso por su rol en el escándalo de corrupción protagonizado por la empresa Odebrecht, que aun remece la política peruana [3] y brasilera.

Estos casos ejemplifican claramente la intensidad y el impacto de los conflictos territoriales derivados de la implementación de obras IIRSA-COSIPLAN. Como ya se ha señalado, estas obras no se concentran en territorios indígenas, pero es ahí donde la defensa territorial es más intensa, pues lo que está en juego es la reproducción de territorialidades y sistemas de vida que se despliegan fuera, o en los márgenes, del sistema capitalista. Los proyectos de IIRSA-COSIPLAN ejercen sobre estos territorios un violento proceso de colonización, en que los territorios son domesticados bajo lógicas capitalistas y las identidades gestionadas en función de las nuevas dinámicas de acumulación. Las obras avanzan, pero los pueblos y naciones indígenas se resisten, no han sido derrotados.
Notas:
[1] Investigadora Colectivo El Kintral www.colectivoelkintral.cl
[2] En este país aún no existe un procedimiento consensuado para la consulta indígena y tampoco acuerdo sobre su rol vinculante. La situación no es muy diferente en los casos boliviano y ecuatoriano, donde este instrumento a pesar de haber sido constitucionalizado, su aplicación no logra cumplir los estándares mínimos.
[3] Las investigaciones del caso conllevan el actual arresto preventivo del ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia.