Los trabajadores del campo
pueden desaparecer
12 de diciembre de 2014
Por
Lucas Paulinovich (Rebelión)12 de diciembre de 2014
Desde noviembre de 2011 Daniel Solano se encuentra desaparecido. Su caso permanece irresuelto y funciona como un emblema del funcionamiento del aparato productivo, donde los grandes actores gozan de las riquezas, construyen impunidad y actúan como gobiernos de facto en los territorios donde se emplazan. Una síntesis de la democracia custodiada por corporaciones.
Era el dos de
diciembre. Ese día, Daniel Solano cumplía 30 años. Ese día, también, Pablo,
Maira y Romina Solano fueron recibidos por un juez subrogante que les concedió
solo cinco minutos de entrevista. Le solicitaban que ordene la inspección de un
terreno que se encuentra a 25 kilómetros de Choele Choel, en la ruta 22,
en dirección al río Colorado. “Lo voy a pensar”, fue la respuesta del
magistrado. Sintética y definitoria.
“¿Y si sacan los restos
mientras el juez piensa?, ¿qué harían ustedes en el caso de que se tratare de
un hijo propio? El personal del Juzgado ya tiene conocimiento de esta
presentación, y otras personas también. Con toda la familia Solano
haremos guardia en el inmueble hasta que la justicia se decida a actuar”,
dijeron los familiares y su abogado tras la reunión.
La justicia, de tan
pensativa, a veces se vuelve somnolienta: pasaron más de tres años y los
avances en la causa son lentos, sólo empujados por la persistencia de la
familia y los abogados. El 10 de diciembre fue el día de los Derechos Humanos:
Daniel Solano es uno de los desaparecidos en democracia que ponen
en entredicho su vigencia plena.
Vuela, vuela
golondrina…
Daniel Solano venía
desde Tartagal, su lugar de nacimiento. Se había trasladado al sur para
trabajar en la cosecha de manzanas tercerizado por la empresa Agro Cosecha ,
subsidiaria de la multinacional belga, Expofrut. Pertenecía a la comunidad
guaraní Misión Cherenta: era uno más de los tantos indígenas que son reclutados
para los trabajos pesados del agro. Son actividades temporarias, las que nadie
quiere hacer. La fuerza de trabajo primaria que produce las grandes
riquezas de los negocios exportadores. Llegó a Lamarque, ubicada a pocos
kilómetros de Choele Choel en octubre de 2011. Un mes después, no se supo más
nada de él.
El 5 de noviembre fue a
bailar a Macuba. El día anterior había recibido 860 pesos. Expofrut giraba unos
tres mil pesos para cada trabajador, pero Agro Cosecha aplicaba una retención.
Solano advirtió la estafa y decidió organizar a sus compañeros para reclamar.
Estaba decidido a pedir el reintegro de lo que les estaban robando: una estafa
mediante la cual la empresa, en los últimos cuatro años, se había quedado con
alrededor de 18 millones de pesos de los trabajadores.
Semejante insolencia no
podía ser permitida por los patrones que manejan el negocio productivo como los
señores controlan su feudo. Esa noche enviaron un provocador al boliche
para generar la excusa perfecta que les permitiera intervenir. A Daniel lo
sacaron los policías y nunca más se lo volvió a ver.
Las autoridades, en un
oscuro pacto entre poder político, judicial y policial, rápidamente montaron su
coartada: dijeron que Daniel se había ido voluntariamente a Neuquén. La
familia recurrió enseguida a la justicia de Tartagal, donde la denuncia fue
robada de la comisaría 45 en una maniobra de falsificación de los libros. Más
tarde tomaron contacto con Sergio Heredia, quien asumió la representación de la
familia junto con Leonardo Aparicio, un colega suyo de Bahía Blanca. Se
trasladaron a Choele Choel, donde acamparon delante de los Tribunales. Pronto,
también, llegaron las amenazas y el abogado debió refugiarse en una iglesia y
recibir custodia. El 7 de diciembre, después de hacer una primera
investigación, había afirmado públicamente que Daniel había sido asesinado.
“Logramos detener a los
7 policías que participan del asesinato, también planteamos una teoría en el
mes de mayo del 2012, que Solano fue ordenado a asesinar por sus empleadores,
los dueños de Agro Cosecha –dijo Heredia a La Izquierda Diario-. Uno
de los policías que lo mata a Solano, que está preso se llama Sandro Berthe.
Sandro Berthe tenía una condena a 2 años de prisión y 4 años de inhabilitación
por apremios ilegales. Sin embargo no lo echaron de la policía, siguió siendo
policía y ahora está con el homicidio de Solano. La hija de Sandro Berthe, se
llama Johanna Berthe, es otra policía. Está procesada por nosotros por picanear
a un menor en una comisaría, que apoyaba las marchas de Solano. Vos tenés al
papá homicida y a la hija torturadora con picana y siguen siendo policías, y
siguen trabajando.”
A partir de ese mismo
nudo delictivo, mientras la justicia de amodorra, desaparecieron otros dos
trabajadores: Pedro Cabaña Cuba y Héctor Villagrán. “La causa Solano tiene 50
cuerpos de expediente, se han desprendido 22 causas paralelas en el juzgado
federal, es una mega causa, la más importante para mí de la Argentina -por la
complejidad-, de los últimos años, vos tenés aquí 3 muertos no únicamente
Solano”, certifica Heredia.
El poder empresarial articulando a las fuerzas policiales para
defender sus intereses con el amparo de la justicia y el poder político, una
trama perversa que sintetiza el mecanismo de funcionamiento del modelo
productivo, donde las grandes empresas se afincan en los territorios y, desde
su alta capacidad para comprar voluntades, digitan el funcionamiento de los
poderes institucionales y garantizan el orden que les permita producir sin
inconvenientes.
Su presencia omnímoda
en las localidades del interior les permite construirse impunidad y gozar de la
hegemonía: respeto, buen nombre e influencias para ejercer el control y
dominio; riquezas forjadas con el sudor y la sangre de los explotados que
viajan como golondrinas de un lugar a otro; miles de millones extraídos de la
tierra que se van desde los puertos dejando los despojos en la tierra y la
muerte en las poblaciones.
Mecanismos de la
estafa
Expofrut llevaba una
planilla de trabajadores donde constaba los días trabajados por cada uno. De
ahí surgía el monto que enviaba, con un adicional para los aportes. Pero Agro
Cosecha tomaba esa plata, desconocía los jornales trabajados y establecía
arbitrariamente una suma inferior a la que correspondía. “Para poder hacer esta
estafa tenía que traer a los aborígenes, que venían desde Tartagal, de la zona
pobre, los hacinaban en casas, bajo custodia policial, iban a cobrar con siete
efectivos atrás; y tenía que tener a la otra parte de la banda que era la
asesoría de trabajo local”, sintetiza Heredia.
El aprovechamiento de
la fuerza de trabajo se realiza mediante la sofocación de los trabajadores,
sometiéndolos a condiciones infrahumanas y extorsionándolos con su
desesperación. Los métodos de explotación tradicionales no pierden vigencia y
la historia parece no haber transcurrido.
La esclavitud se
reformula, pero insiste en no desterrarse: “a Solano en doce meses, la empresa
le hizo 33.000 pesos –cuenta el abogado- si se multiplica cien Solano en doce
meses son 3 millones. Solano se da cuenta que lo están estafando. Él habla con
su padre, porque compra un celular esa tarde, y le dice que el lunes iban a
pedir el reintegro. Si había un escándalo, la empresa no iba a poder facturar
más de 1 millón; entonces deciden matarlo. Porque ellos firmaron un contrato
que decía que si tenían problema con la policía o la justicia eran despedidos.
Los trabajadores eran cooptados a partir de un sistema en el que cuando
llegaban, les daban 50 pesos para que coman toda la semana, por lo que tenían
que ir a sacar crédito a la despensa, los hacían endeudarse con ropa entonces
cuando el aborigen que venía a trabajar por tres meses cuando iba a cobrar le
decían que tenía que cobrar 1000 pesos en lugar de los 3000 mil prometidos,
pero no se quejaba porque tenía la policía arriba que los golpeaba. Era toda
una mafia hecha por la policía, la empresa y la Secretaría de Trabajo local”.
Oh, juremos con
esclavos producir…
El 31 de enero de 2013
se cumplieron 200 años de la Asamblea General
Constituyente. Ese día, formalmente, quedó abolida la esclavitud. Pasaron
los siglos y la noticia todavía no llegó a oídos de los dueños de la tierra y
de sus frutos, que prefieren conmoverse sólo con algunas leyes.
De acuerdo a la Fundación La Alameda
y al Programa Esclavitud Cero, en 2012, registraban 500 mil personas que
padecían condiciones de esclavitud. La cifra real, obviamente, excede los
márgenes de verificación y, de acuerdo a sus estimaciones, superaba el millón.
La esclavitud, anulada en los papeles, se cuela en las relaciones de producción
por los pliegues mafiosos de las estructuras institucionales a fuerza de trabar
complicidades y mover millones de pesos.
El campo tiene un
rendimiento notable en el desconocimiento de los derechos: es el segundo sector
que más trabajo esclavo concentra, con un 60% de mano de obra informal, según la Unión Argentina de
Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre).
Los cultivos que
requieren mano de obra intensiva son un terreno fértil para el sometimiento de
la fuerza de trabajo: la condición estacional del empleo, la permanente
migración de los trabajadores, el alto índice de explotación infantil y los
sistemas coercitivos para el reclutamiento de la mano de obra, así como la
continuidad en las modalidades de pago en especies o con vales conforman el
panorama de la gran producción en la Argentina, donde la vigencia de los
métodos de explotación atravesaron cualquier empeño democrático de reforma y
sostienen el gran aparato productivo que se proyecta en crecimiento de
rendimientos e inserción en el comercio mundial.
La expansión de la
frontera agropecuaria implica nuevas necesidades de planificación para volver
más eficiente la mano de obra: era fundamental contar con los trabajadores en
el lugar, dedicados exclusivamente a la producción. La
imposibilidad de movilizarse sin autorización de los patrones y la utilización
de “papeletas” para no ser considerado como “vagos, rebeldes o malentretenidos”
son una constante que, pese a variar sus formulaciones, se perpetúan como los
fundamentos indispensables en el subsuelo de la gran producción agraria.
Ahí se despliega la operatoria de
captación por engaño: “les prometen un sueldo en dólares y unas condiciones
laborales que nunca se cumplen; una vez están lejos de su hogar, se les somete
a la servidumbre mediante la deuda que contraen por los gastos del viaje y del
alojamiento", afirma Gustavo
Vera, presidente de La
Alameda. Esa situación es una constante en las grandes explotaciones
del agro argentino que utilizan los más variados recursos para disminuir las
cargas laborales y aumentar significativamente sus ganancias.
Si la ley lo dicta, la
moneda lo calla…
En el 2011 se sancionó
la ley 26.727 que desplazó a la anterior legislación aplicada por la dictadura
militar (implementada por el decreto 22.248 en 1980 que creaba el Registro
Nacional de Trabajo Agraria para borrar las conquistas confirmadas con el
Estatuto del Peón Rural, sancionado en 1944 desde la Secretaria de Trabajo y
Previsión, conducida por Juan Domingo Perón) y establecía la creación del
Renatea (Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agropecuarios) como
organismo de derecho público en reemplazo del Renatre (Registro de Trabajadores
Rurales y Empleadores) de derecho privado.
La nueva ley prevé una
mayor protección del trabajo transitorio, más exigencias en las condiciones de
vivienda, alimentación y traslado; también elimina la modalidad de pago en
bonos, fichas o cualquier tipo de moneda distinta a la de curso legal, regula
la duración de las jornadas laborales y los descansos, junto con la prohibición
de cualquier tipo de retención o deducción por mercaderías entregadas por el
empleador, exigiendo remuneraciones iguales o mayores al salario mínimo vital y
móvil. Todas y cada una de las previsiones incumplidas que Daniel Solano
percibió y por las cuales fue desaparecido.
La manzana equivocada
A principios de marzo
de 2014, Expofrut anunció inversiones por 532 millones de pesos para los
próximos cinco años en la
Argentina. Además , proyecta invertir otros 182 millones de
pesos para incorporar nuevas zonas productivas y modernizar las plantaciones
existentes con nuevas tecnologías de riego, nutrición y manejo. La lógica
productiva en estado puro: aumento de las inversiones en tecnificación para el
incremento de los rendimientos y el aumento de la rentabilidad a través de las
ventas externas. Sacrificar tierras y hombres para ganar la batalla del
mercado.
La compañía, principal
exportadora de frutas, opera en el país desde 1971 y se expandió por Brasil y
Costa Rica. De fundación nacional, fue transferida en 1988 al grupo italiano
Brocchi, donde contactó con los mercados europeos y luego fue se incorporó al
grupo belga Univeg, que adquirió la totalidad del grupo italiano y, en
consecuencia, se quedó con el manejo de Expofrut.
El holding factura unos
tres mil millones de euros anuales y emplea a nueve mil personas en todo el
mundo. En la Argentina, a través de la empresa frutícola, tiene alrededor de 20
mil hectáreas productivas propias, cuatro mil de ellas en producción y factura
alrededor de 150 millones de dólares por año. Con esa ganancia cerraron el
2011, cuando desapareció Daniel.
También cuenta con una
veintena de establecimientos para el empaque y enfriado de las frutas frescas
en Río Negro, Cuyo y el Noa que en su mayoría se van para el exterior. Su
especialidad son las peras y manzanas que significan la porción más importante
de las 250 mil toneladas de producción anual, de las que vende al exterior el
90%, ocupando el 28% de las exportaciones del sector.
El 2013 fue un año de
repunte, tras un 2012 de ralentización: la Argentina exportó 446.665 toneladas
de peras y 165 mil toneladas de manzanas, fundamentalmente a Brasil, Rusia y
Holanda. La recuperación de las ventas, sin embargo, no le ahorran reclamos:
los altos costos internos –afirma Hien Deprez, su presidente- afectan
considerablemente la
rentabilidad. Con la nueva inversión planifican generar 1200
puestos de trabajo. Las condiciones de los mismos no están en discusión.
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