Ecuador: Carta Política del II Encuentro Nacional de Agroecología
21 de noviembre de 2014
Las
organizaciones campesinas e indígenas, los colectivos y personas que en
caravanas llegamos al II Encuentro Nacional de Agroecología, desde
distintos lugares del país hasta los Cantones Cayambe y Pedro Moncayo,
entre el 23 y 26 de octubre del 2014, para compartir reflexiones y
propuestas que se construyeron en cada territorio, juntamos las voces y
declaramos ante la sociedad ecuatoriana lo siguiente:
1. En el país se
profundiza el modelo extractivista y primario exportador.
El Plan Nacional de Desarrollo plantea la promoción
de nuevas industrias y sectores “con alta productividad, competitivos,
sostenibles, sustentables y diversos, con visión territorial y
de inclusión económica en los encadenamientos que genere”1.
Palabras más, palabras menos, el denominado
cambio de matriz productiva se asienta sobre estructuras sociales
y productivas que han determinado un país tremendamente desigual.
Se impulsa desde una mirada única e impositiva de desarrollo, del Bien
Estar, del Buen Vivir, y no desde un esfuerzo colectivo que integre la
diversidad social y cultural del país. Las políticas públicas que se han
implementado de redistribución del ingreso, de ampliación del acceso a los
servicios públicos como salud y educación, de construcción
de infraestructura física, se asientan en un modelo extractivista que no
es sostenible.
En el mundo rural se promueve
el agronegocio y los grandes monocultivos y no se democratiza el acceso a
los medios de producción como la
tierra y el agua, se amplían áreas para la explotación petrolera y minera
sin consideración de los enormes daños ambientales y graves conflictos
sociales que provoca. En el conjunto de la sociedad se favorece
un consumismo exacerbado que presiona hacia la intensificación del
extractivismo. El resultado es un país donde la pobreza sigue siendo alta,
la riqueza está concentrada en pocas manos, se agudiza la destrucción de
la naturaleza, se incrementa la concentración poblacional en las grandes
ciudades, continúa el abandono del campo y se profundiza el desequilibrio
territorial. En territorios campesinos se incentivan
formas de producción basadas en la revolución verde con su paquete de
fertilizantes químicos, agrotóxicos, uso de las denominadas semillas
mejoradas y en el encadenamiento del campesinado al agronegocio, perdiendo
así autonomía, soberanía alimentaria y contribuyendo a la degradación
ambiental a la que conllevan los monocultivos. Con el Tratado de
Libre Comercio con la
Unión Europea el gobierno ha tomado partido por la
agroexportación y en debilitamiento de las economías campesinas, que serán
afectadas por nuevas normas que limitan el acceso al mercado, permiten la
apropiación de semillas y conocimientos por parte de las empresas, y abren
las puertas a la importación de alimentos en los que hoy somos
autosuficientes.
En nuestra experiencia compartida de organizaciones
campesinas es evidente que la política pública agraria no contempla a la
agricultura campesina. Cotidianamente vemos el modo en que normas como las
denominadas Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) son aplicadas por igual
para grandes empresas como para las fincas campesinas, a sabiendas que
las últimas quedarán sin opciones. Se plantea que la viabilidad de
nuestras unidades productivas campesinas está atada a la aceptación de los
encadenamientos productivos, mientras queda fuera de toda discusión
real en las leyes agrarias la transformación de la estructura de propiedad
y de acceso a los recursos productivos en el campo, y se criminaliza la
lucha por la defensa de los territorios. Si bien se ha fortalecido una
institucionalidad pública debilitada en el periodo neoliberal, su acción
ha adquirido un carácter impositivo y hay cada vez menos capacidad de diálogo.
A la par se promueve una normatividad restrictiva de derechos y
sancionadora: el Código Integral Penal, el Decreto 16 y otros instrumentos
que penalizan la lucha social. Estas normativas a las que se suman el
conjunto de propuestas de enmiendas a la Constitución, afianzarán el
autoritarismo y la restricción de derechos. Planteamos que el modelo de
desarrollo es excluyente, y favorece a los mismos sectores dominantes que
por décadas se han aprovechado de los recursos naturales, y explotado
la fuerza de trabajo campesina, al amparo del Estado. Eso no ha
cambiado.
Los y las campesinas afirmamos que
hemos sido históricamente garantes de la soberanía alimentaria, aportando
en el 60% de la canasta básica alimentaria y conservando
la agrobiodiversidad y el agua que son recursos estratégicos. Miles de
familias con poca tierra y agua aportamos con nuestro trabajo al
desarrollo productivo del país mientras cuidamos a la Pachamama, esta es
una forma de cuidarnos a nosotros mismos. Apostamos por la diversidad, la
producción de alimentos sanos para alimentar al pueblo, la reconstrucción
ecológica de nuestros territorios dañados y enfermos por una agricultura
de la revolución verde, mientras recomponemos nuestros lazos solidarios y
comunitarios, rechazando el individualismo y la competencia inhumana que nos
propone el sistema capitalista. Los campesinos y campesinas somos
actores estratégicos para la alimentación y la economía de la sociedad
ecuatoriana.
2.
Nuestra propuesta agroecológica.
La agroecología recoge un conjunto de
prácticas productivas, enseñanzas del mundo campesino y de comunidades
indígenas y del conocimiento científico y proyecta un profundo sentido de
vida comunitaria y de convivencia con la naturaleza. En la
agroecología confluyen estrategias de resistencia, de construcción de
soberanía, de decisiones consensuadas en el territorio, de sostenimiento
de la cultura, de reconocimiento a nuestra herencia como sociedades
agrarias y de construcción de nuestra autonomía frente al capital. Es
un proyecto para la ruralidad pero también para toda la sociedad. Es una
opción política y económica que permite romper con el monopolio de las
transnacionales sobre los alimentos y devolver a la ciudadanía el derecho
a la alimentación sana y culturalmente adecuada. Es el instrumento para
afirmar que la comida no es una mercancía si no un derecho de todas las
personas. La agroecología nos permite enfrentar la desnutrición y
malnutrición que son problemas de salud pública. Su papel fundamental es
garantizar la soberanía alimentaria, sin dañar los ecosistemas, pues
permanentemente mantiene los procesos naturales. Nos permite
producir alimentos sanos para el pueblo. Es una propuesta que contribuye a
disminuir radicalmente la emisión de gases de efecto invernadero, menos
petróleo, más reciclaje, más conservación de la biodiversidad, por tanto,
es una contribución directa a enfriar el planeta y posibilita a que las
comunidades rurales puedan enfrentar en mejores condiciones los
impactos provocados por el cambio climático. Para nosotros campesinos
y campesinas la agroecología nos convoca a un permanente acercamiento con
la naturaleza, a trabajar con ella y no contra ella. Desde la
agroecología se valora el trabajo de la gente como el trabajo de la naturaleza. Se
plantea una constante tarea de reconstrucción ecológica de nuestros
territorios cada vez más devastados y degradados por malas prácticas
asociadas al extractivismo. Exigimos políticas sencillas, prácticas y
efectivas en torno a riego, tecnologías apropiadas, mercados locales y
aprendizajes agroecológicos, que tengan un carácter integral e integrador
del territorio.
3.
Nuestro primer horizonte es la reconstrucción del movimiento campesino.
La unidad es lo que nos fortalece para luchar, campesinos,
indígenas, trabajadores del campo y la ciudad, para encontrar caminos
hacia la soberanía alimentaria, ampliar la autonomía frente al modelo
extractivo y defender nuestros derechos básicos fundamentales. La nueva
matriz productiva nos afecta a todos, nos proletarizará y generará mayor
despojo. Por ello, más allá de las pertenencias culturales y regionales,
el campesinado debe actuar de forma unitaria, recuperar nuestra dignidad y
orgullo de ser productores de alimentos, e impulsar nuestra solidaridad
como clase. Dejamos de esperar que las
soluciones lleguen desde el Estado y desde los gobiernos, que como éste,
ya ha tomado posición por el agronegocio. Los campesinos y campesinas trabajamos
por construir poder popular desde los territorios. Desde allí planteamos
una diferente relación con la institucionalidad pública donde las normas y
políticas respondan al fortalecimiento de la vida social y cultural campesina. La
juventud rural y las mujeres están en el centro de nuestros procesos
organizativos. Las mujeres son el corazón de la soberanía alimentaria y
las principales promotoras de la agroecología y el cuidado de la agrobiodiversidad.
Debemos luchar contra el patriarcado y la violencia para
fortalecer la organización. Frente a las acciones por desarticular al
movimiento social, por controlar los procesos y dividir a las
organizaciones, los campesinos y las campesinas hablamos con voz propia,
y juntos nos representamos a nosotros mismos.
4.
Nuestra lucha por democratizar el acceso a la tierra y el agua.
La tierra y el agua están concentradas en pocas
manos, y no existe ninguna política de redistribución. Por el contrario,
prima el criterio de su uso y apropiación en función del aumento de
la productividad en los rubros prioritarios de la nueva matriz productiva,
caña, banano y palma entre otras, mientras que la producción que sostiene
la soberanía alimentaria, como es la agricultura campesina agroecológica y
diversa, es marginada. El régimen de uso de la tierra privilegia los
monocultivos de exportación, lo cual se verá ahondado con la nueva Ley de Tierras,
que no recoge las propuestas de las organizaciones indígenas y campesinas,
y no plantea mecanismos ciertos para sancionar el latifundio
y redistribuir la
tierra. Una verdadera redistribución debe poner la tierra
prioritariamente al servicio de la producción de alimentos para el mercado
interno en manos de campesinos y debe evitar toda forma de reconcentración
de la tierra. Es necesario que las organizaciones y las familias
productoras discutamos sobre la minifundización de la tierra, debido a que
esta poca tierra no permite tener una economía campesina de bienestar,
propongamos desde nuestra realidad, involucrando a los jóvenes, a las
mujeres, a los mayores para encontrar una respuesta que permita construir
un territorio de soberanía alimentaria y buen vivir. La propiedad y
formas de comunitarias de uso de la tierra deben ser protegidas
y denunciamos los intentos constantes del Estado por fraccionar e
individualizar nuestros territorios comunales. El riego es un
privilegio al que accede prioritariamente la agroindustria. Políticas
de redistribución del agua han estado y siguen ausentes, constituyendo el
acceso al agua en varias regiones del país un hecho de inequidad sin
nombre. Los que más utilizan y contaminan el agua, son los que menos
pagan. La Ley de Aguas restringe la participación de la sociedad en la
toma de decisiones, aun cuando cada vez es más evidente que solamente con
mayores niveles de participación de la sociedad en la toma de
decisiones sobre un patrimonio nacional de uso público, se puede
garantizar el derecho humano al agua, su uso equitativo y su cuidado. En
no pocos casos, los campesinos que hemos levantado nuestros sistemas de
agua con mingas y esfuerzos propios, y donde se ha dado inversión pública,
somos desconocidos por la Ley de Aguas que nos despoja de la competencia
sobre el riego, entregándola a los GADS. La gestión del agua no es solamente cobrar
tasas y entregar adjudicaciones, sino cuidar el agua en todas sus formas, los
páramos y los ecosistemas para que se mantenga el ciclo vital hidrológico,
y esta es nuestra exigencia tanto en la gestión pública como comunitaria
del agua.
5. Los
campesinos aportamos en múltiples planos a la economía.
Los campesinos y campesinas somos sujetos
fundamentales de la economía, que abordamos procesos de producción,
transformación e intercambio. Para ello hemos creado estrategias que
aseguren producción, cuidado del ambiente, justicia social y relaciones
menos inequitativas entre el campo y la ciudad. Cada vez más la
distribución de los alimentos se encuentra en manos de monopolios.
Los municipios de una u otra manera han favorecido la presencia de estos
monopolios y poco o nada han hecho para favorecer iniciativas de
intercambio directo productor consumidor, y por el contrario impiden que
se gesten mercados locales agroecológicos, salvo
contadas excepciones. En el país hay varias experiencias de mercados
locales agroecológicos que se han mantenido de hace varios años. Contamos
con mecanismos como los sistemas participativos de garantía (SPG) basados
en la confianza y el en derecho a controlar y ser controlado, por lo tanto
exigimos que el Estado y la sociedad lo respete sin disminuir
su autonomía. Demandamos un espacio para la comercialización e
intercambio a través de las ferias agroecológicas campesinas, que
reconozcan el aporte del producto agro ecológico como un producto sano
para el pueblo. Exigimos el derecho a establecer circuitos
de comercialización directa del productor al consumidor y a ampliar la
compra pública a los productores campesinos y fundamentalmente a los grupos que
producen agroecológicamente. Luchamos por un trato diferenciado a los
productores agroecológicos por todos los aportes que brindamos a la sociedad. Exigimos
se revea la aplicación del reglamento de buenas prácticas de manufactura
porque no responden a las realidades del mundo rural y son utilizadas para
favorecer a los agronegocios. Sí, nos comprometemos a trabajar
sobre buenas prácticas campesinas-artesanales para cuidar la salud de los
consumidores y la calidad de los productos. Las agriculturas
campesinas agroecológicas cumplen un rol fundamental en la ocupación de mano
de obra, incluso, población que no puede acceder a empleos ni en la
agroindustria, ni en industrias, como son las personas de la tercera edad,
cumplen un rol importante en la actividad productiva de las familias
campesinas. Este esfuerzo debe ser compensado por el estado desde el
impulso a iniciativas que combinen protección como gestación
de iniciativas sociales.
6. Las
semillas tradicionales son la fuente que posibilita la agroecología.
Reconocemos que la agrobiodiversidad y las semillas
son resultado del trabajo de hombres y mujeres que a través del tiempo ha
logrado conocer, seleccionar, mejorar, adaptar, perfeccionar variedades de
plantas y razas de animales, para cada ecosistema, nicho ecológico
y territorio. Por tanto la agrobiodiversidad es sustento y cultura, base
de la agroecología y soberanía alimentaria Nuestras semillas son un
patrimonio cultural y exigimos que sean reconocidas como tal, por tanto
son de libre circulación y no pueden ser apropiadas ni patentadas. El
agronegocio destruye la agrobiodiversidad, por ello, planteamos la defensa de
la semilla criolla y ancestral, su conservación y uso en las fincas, y la
permanente transmisión de los conocimientos asociados a nuestra juventud.
No pueden las empresas, las corporaciones o los Institutos de investigación
apropiarse o comprar el saber colectivo, nadie es dueño de éste, es
patrimonio de los pueblos y así debe seguir. Las semillas que hemos
entregado al Estado y que se mantienen en el Banco de Germoplasma del
INIAP, deben ser por derecho accesibles a través de mecanismos claros y no
burocráticos para su reintroducción a los agroecosistemas. Nos oponemos
radicalmente a la introducción de semillas y organismos transgénicos.
7. El
TLC-UE: el campesinado será profundamente afectado y no debe ser
ratificado.
El Tratado de Libre Comercio con
No hay comentarios:
Publicar un comentario