Un informe sobre leyes
clave del modelo extractivo
que están forzando las corporaciones a sancionar
antes de fin de año
La ley del más fuerte
20 de noviembre de 2014
20 de noviembre de 2014
Por Darío Aranda (lavaca.org)
La retórica utiliza
palabras como patria, imprescindible, soberanía, necesidad imperiosa y alega
que, de no aprobar la ley, la Argentina será inviable. En la vereda opuesta,
legisladores nacionales denuncian la entrega de recursos nacionales y resuenan
palabras duras: cipayos, traidores a la patria. Finalmente ,
luego de horas de debate, gana el voto por la afirmativa. Los
legisladores se abrazan, celebran, sonríen.
Fue el 24 de
septiembre de 1992, cuando el Congreso Nacional sancionó la ley que posibilitó
la privatización de la empresa nacional Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF).
Veintidós años
después, la historia se repite. El bloque oficialista aprobó y celebró la
reforma a la ley de hidrocarburos, por la cual se otorga enormes beneficios a
las empresas internacionales y se justifica con dos palabras: “Soberanía
energética”.
Una línea de conducta
que se refleja en la manera de aprobar transgénicos, una nueva ley de
agrotóxicos y un proyecto para modificar la reglamentación referida a semillas
y que tiene un nombre: “Ley Monsanto”.
Sale con soja
Paseo Colón 982. Lunes
25 de marzo de 1996. El secretario de Agricultura, Felipe Solá firmó la
resolución 167 por la cual autorizó la producción y comercialización de la soja
transgénica, con uso de glifosato. Fue el comienzo de una política que produjo
un quiebre en el modelo agropecuario argentino. El trámite de aprobación llevó
sólo llevó 81 días, en base a estudios de las propia empresa Monsanto, faltó
información sobre posibles consecuencias en la salud y el ambiente y estuvo
plagado de irregularidades.
Dieciséis años después
de la primera soja transgénica en Argentina, la historia se repite. El 10 de
agosto de 2012, el secretario de Agricultura, Lorenzo Bazzo, firmó la
resolución 446/12 de aprobación de la nueva generación de soja, llamada
“Intacta RR2 Pro”. El 20 de agosto de 2012, el ministro, Norberto Yahuar, la
presentó junto a los directivos Monsanto en un acto público. La compañía la
publicitó como beneficiosa por su mayor rendimiento y se aseguró el cobro de
regalías (según la empresa, ya firmó acuerdos con el 75 por ciento de los
productores de soja del país).
El Centro de Estudios
Legales del Medio Ambiente (Celma) denunció ante la Justicia la forma
“irregular” en que fue aprobada la soja. Advirtió que no hubo consulta pública (como
establece la ley argentina), carece del debido estudio de impacto ambiental y
omite frondosa bibliografía científica que alerta sobre los efectos sanitarios
y ambientales de los transgénicos. La acción judicial, que tramita en la Justicia Federal ,
solicita que se anule la aprobación de la soja transgénica y se suspenda la
comercialización de la
semillas. También afirma que tres firmantes del expediente
“están vinculados a empresas” de agroquímicos y transgénicos.
El juez hizo lugar a
una diligencia preliminar y permitió que la parte denunciante (Celma) acceda al
expediente de aprobación de la nueva soja. Casi tres mil fojas, mucho lenguaje
técnico y, luego de la lectura legal, una decena de conclusiones: no posee una
“debida declaración de impacto ambiental” por parte de la Conabia (Comisión
Nacional de Biotecnología Agropecuaria) y la aprobación “se sustenta en
estudios sólo de Monsanto”. El Estado no realizó estudios y, según advierte el
Celma, ni siquiera realizó preguntas sobre los estudios citados por Monsanto.
La organización
denunciante también señaló que los estudios presentados por Monsanto tienen
“carencias significativas”. A modo de ejemplo, se contempló sólo la
intoxicación aguda (la que se genera en un primer momento) y no se estudiaron
los efectos crónicos (a largo plazo).
“Es como en el ’96, la
historia parece repetirse, pero ya conocemos las consecuencias de los
transgénicos y los agrotóxicos, por eso es necesario que se reexaminen todas
las semillas transgénicas liberadas en la Argentina y que la aprobación no se
haga a carpeta cerrada, el procedimiento debe ser transparente y se debe
cumplir el requisito de la participación ciudadana para poder realizar las
objeciones fundadas que hoy se ignoran abiertamente”, denunció Fernando
Cabaleiro, del Celma.
Desde 1996, en
Argentina se aprobaron 28 transgénicos. El 75 por ciento de ellos (21) fue
durante el kirchnerismo. Los expedientes no son de acceso público. Y todo hace
suponer que la forma de aprobación fue similar a la de la soja de 1996 y la de
2012.
La vuelta de YPF
En 1992, el Congreso
Nacional aprobó la privatización de YPF. Es el símbolo de la entrega de la
década menemista. Argentina se transformó en un (mal) ejemplo al vender su
empresa petrolera. La compra por Repsol fue el colmo de los hechos: como si un
almacén de barrio comprara un gran mercado. El mundo del revés en clave
noventosa. Lo que siguió es historia conocida. Repsol se desprendió de activos
de YPF, aumentó la producción (y exportó hidrocarburos) pero no invirtió en
exploración.
Exprimió a la vaca,
pero no la alimentó ni la
cuidó. Lo propio hicieron el resto de las empresas petroleras
asentadas en Argentina.
Declinó la producción
y el país tuvo que comenzar a importar. El “déficit energético” de 2011 rondó
los 3.500 millones de dólares.
En 2012, el Gobierno
decidió la expropiación parcial (51 por ciento) de YPF. Muchos argumentos, pero
dos principales: la falta de inversión y la contaminación ambiental. En marzo
de 2014, la Cámara de Senadores (con mayoría oficialista), y en abril la Cámara
de Diputados, aprobaron el pago a Repsol por 5000 millones de dólares. Nunca
hubo, por parte de Nación ni de las provincias, una tasación por los desastres
ambientales.
Decreto a medida
Vaca Muerta, en
Neuquén, es publicitada como una de las mayores reservas de hidrocarburos no
convencionales. Con la cuestionada técnica de la fractura hidráulica
(“fracking”).
El 15 de julio de 2013
el Gobierno publicó en el Boletín Oficial el Decreto 929/2013 de “Régimen de
Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos”. Estableció
beneficios de exportaciones para las empresas con proyectos de más de 1000
millones de dólares y beneficios a partir del quinto año de la ejecución de sus
proyectos de inversión del derecho a comercializar libremente en el mercado
externo el 20 por ciento de la producción de hidrocarburos y, de ese 20 por
ciento, “libre disponibilidad del cien por ciento de las divisas provenientes
de la exportación de tales hidrocarburos”.
Al día siguiente, el
16 de julio el Gobierno firmó un acuerdo con Chevron para explotar yacimientos
no convencionales en Vaca Muerta. Según lo difundido por YPF y la agencia
oficial Telam , implica una inversión
de 1240 millones de dólares en los próximos cinco años.
Publicitado por el
Gobierno como un acuerdo importante hacia la “soberanía energética” y que
podría marcar un quiebre en la situación energética del país, el contrato no
fue público.
El acuerdo firmado
entre Chevron e YPF debía contar con un voto positivo de Neuquén. El 28 de
agosto de 2013 la legislatura de Neuquén trataría el acuerdo entre el gobierno
provincial e YPF. También implicaba, de manera directa, darle la última luz
verde a Chevron para explotar Vaca Muerta.
Una masiva
movilización comenzó en la mañana del 28. Organizaciones sociales, partidos de
izquierda, sindicatos, estudiantes y comunidades mapuches, entre otros. La
Legislatura lucía repleta de policías y, en lo alto de la barda, militantes del
Movimiento Popular Neuquino (MPN), desafiantes.
Un grupo de
manifestantes derribó vallas. Excusa perfecto para que la policía entre en
acción. Gases lacrimógenos y balas de goma. “Acá hay niños, mujeres con sus
bebés, abuelos. Reprimieron a todos. Es culpa de la policía y los gobernantes.
No pasaba nada, estaba tranquilo y reprimieron. Reprimen, no dan la cara, solo
les importa los derechos humanos cuando están las urnas”, denunció Inés Ragni,
de Madres de Plaza de Mayo de Neuquén, presente en la marcha.
Comenzó lo que duraría
más de cinco horas. Los manifestantes se replegaban y volvían a acercarse a la Legislatura. La
policía volvía a tirar gases y balas de goma.
Por la tarde, cuando
aún se mantenía la represión, la mayoría del Movimiento Popular Neuquino y el
Frente para la Victoria aprobaron el
pacto entre Provincia e YPF.
Chevron, Chevron qué grande sos
“Necesitamos muchos
chevrones”. Afirmó en público, y reiteradas veces, el presidente de YPF, Miguel
Galuccio. Y gestó un proyecto de ley de hidrocarburos en ese sentido,
consensuado con los gobernadores de las provincias con petróleo (Ofephi,
Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos).
Fue aprobada el 30 de
octubre a la madrugada.
Con 130 votos a favor y 116 en contra. En línea con el
“decreto Chevron” (929), otorga numerosos beneficios a las empresa.
- Otorga plazos de explotación
inicial de 30 y 35 años, renovables por otros diez.
- Quita el tope a la cantidad
de áreas adjudicadas por empresa (la ley vigente permitía cinco, y
claramente no se cumplía). Favorece la concentración del mercado.
- Establece las regalías en 12
por ciento (con un techo de 18). En el caso de solicitar concesiones para
explotación en los primeros tres años de sanción de la ley, permite
reducir las regalías en un 25 por ciento. Y permite liquidar utilidades
(llevarse los dólares) a sus casas matrices a partir del quinto año de
explotación. Alcira Argumedo, diputada de Proyecto Sur, precisó en la
sesión en el Congreso que la regalías de la nueva ley son de las más bajas
del mercado. Y repasó la regalías en otros país. Bolivia cobra 50 por
ciento, Venezuela 30, Colombia 25, Australia 25, Canadá 20, Nigeria 19.
- Permite acceder a empresa con
una versión mínima de 250 millones de dólares. Es sólo el 25 por ciento de
lo que establecía el decreto 929 (mil millones). Cifra irrisoria para las
petroleras internacionales.
- Permite la exportación del 20
por ciento de lo extraído (y lo eleva a 60 por ciento en caso de
explotación en el mar).
- Prohíbe la reserva de áreas
de producción de hidrocarburos a favor de las empresas nacionales o
provinciales en las que el Estado tenga participación bajo cualquiera de
las formas jurídicas.
- La ley no contempla los
derechos de los pueblos indígenas (Vaca Muerta está en territorio donde
viven, y tienen derechos reconocidos por
Y es muy escaso e
impreciso en lo referido a las normas ambientales. “Aplicar las mejores
prácticas de gestión ambiental a las tareas de exploración, explotación y/o
transporte de hidrocarburos a fin de desarrollar una actividad con un adecuado
cuidado del ambiente”, señala la ley en una suerte de gesto de buena voluntad.
No precisa normas mínimas de protección ambiental ni mucho menos del principio
precautorio vigente en la
Ley Nacional del Ambiente.
Otro aspecto muy
criticado es la nula participación del resto de las provincias (las no
petroleras) y de las organizaciones de la sociedad civil. Una ley nacional de
enorme trascendencia y discutida y decidida sólo por un puñado de gobernadores
y funcionarios nacionales.
Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche
de Neuquén, definió a la flamante norma como “una ley a medida de las
multinacionales”, recordó que el derecho a la consulta (a los pueblos
indígenas) está vigente en el marco normativo argentino desde hace veinte años,
y sin embargo la nueva ley petrolera no lo tuvo en cuenta. Alertó que
impugnarán la norma en tribunales locales e internacionales y seguirán dando
las lucha en los territorios.
Otra vez sopa
La ley de
hidrocarburos fija como lugar de resolución de conflictos los tribunales extranjeros.
Nueva York y París. El Gobierno es muy crítico respecto a los “fondos buitre”,
donde un juez de Nueva York decide sobre acciones y hechos de Argentina. Suele
atribuir ese pecado a los Gobiernos que le precedieron (y tiene razón), pero
repite esa práctica con las petroleras, sector empresario con frondosos
antecedentes de contaminación y violación de contratos.
“Con la nueva ley se
pretende cumplir con los requerimientos de las petroleras transnacionales,
fijando beneficios económicos para bajar costos y garantizar una mayor
rentabilidad en la explotación de hidrocarburos no convencionales, offshore y
cuencas de frontera, con la falsa promesa de que esto permitirá al país salir
del atolladero energético”, afirmó la Multisectorial contra la Hidrofractura de
Neuquén (espacio donde confluyen organizaciones sociales, ambientales,
indígenas, sindicales y políticas) y alertó que el nuevo marco jurídico
“permite la continuidad del saqueo, la degradación del ambiente y una muerte
segura para las comunidades que habitamos dentro del territorio”.
La Multisectorial
acusó a Nación y provincias de no buscar el bien común sino “sólo discutir
quién se queda con el negocio que les permita la continuidad de la política
doméstica”, lamentaron que no se discuta sobre la necesaria diversificación de
la matriz energética y dejaron una advertencia: “La crisis actual (económica,
financiera y energética) no se salda siendo más flexible con las
transnacionales”.
Enrique Martínez, ex
presidente del INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) y parte del
Movimiento Evita, fue una de las pocas voces que –desde el kirchnerismo–
cuestionó la ley. Llamó
a no confundir abastecimiento con soberanía. “La actual reforma de la ley
refuerza el camino de canjear soberanía con petróleo, con una fuerza inusitada
para los tiempos del mundo en que vivimos. Permite reducir las regalías a
valores impensados del cinco por ciento, cuando la tendencia mundial es la
inversa, permite disponer de volúmenes importantes de producto para la exportación
directa y hasta impide que el Estado en cualquiera de sus formas de
participación se reserve futuras zonas. No es el camino”, lamentó.
La nueva ley va en
línea con la política menemista, busca soluciones de la mano de las mismas
empresas que ocasionaron la crisis energética y todo lo ejecuta bajo el
paraguas de dos palabras: “Soberanía energética”.
Lo que viene
El 28 de octubre se
realizó en el edificio anexo del Congreso Nacional una audiencia pública sobre
las escuelas rurales fumigadas de Buenos Aires, Entre Ríos, Chaco, Santa Fe y
Córdoba, entre otras provincias. Una treintena de maestros, trabajadores y
familias de niños afectados dieron testimonios. Exigieron una zona de resguardo
para proteger la salud de niños y trabajadores de la educación. En ese
mismo momento, sin anuncio público, la Comisión de Agricultura y de Comercio
daba luz a un nuevo proyecto de ley de agroquímicos y lo dejo listo para ser
votado en el recinto.
Fue presentada por el
diputado formoseño Luis Basterra. No establece ningún límite para fumigaciones,
no menciona el principio precautorio ni tiene en cuenta las decenas de estudios
que dan cuenta de las consecuencias de las fumigaciones. El proyecto de ley
modifica reglamentación actual que permite prohibir o recategorizar agroquímicos.
El Centro de Estudios Legales del Medio Ambiente (Celma) denunció que el
proyecto es regresivo y viola leyes nacionales.
El dictamen fue
firmado por 18 diputados. Entre otros, Mayra Mendoza (La Cámpora) y Miguel del
Sel (Pro). Sectores políticos enfrentados, pero unidos por los agroquímicos.
Las organizaciones
sociales, ambientales y campesinas también están en alerta por una nueva ley de
semillas, llamada “ley Monsanto”, que desde 2012 impulsan las grandes empresas
del sector y el Ministerio de Agricultura. De aprobarse, será otra de las leyes
en beneficio de las corporaciones.
Fuente original: http://www.lavaca.org/notas/la-ley-del-mas-fuerte/
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